El valor de la ética en el ejercicio de la Abogacía

 

Hoy entrevistamos a D. José Ricardo Pardo Gato, Director del despacho Pardo Gato Abogados, Árbitro en Derecho de diversos tribunales arbitrales, académico de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, y responsable para Galicia de Scevola, Asociación Española para la Ética y la Calidad en la Abogacía, Autor de más de ochenta artículos y de más de veinte libros de tenor jurídico, entre ellos monografías, diccionarios, códigos y comentarios de jurisprudencia y legislación; junto con otros ensayos y estudios históricos, que le han valido a su vez el reconocimiento y la concesión de premios de literatura y ensayo. Por sus trabajos de investigación jurídica se ha hecho acreedor de más de quince premios de investigación. Entre los internacionales: Primer Premio García Goyena de la UNED, Premio Jurídico Internacional ISDE.

D. Ricardo Pardo Gato, premiado el 3 de dicembre , en los Premios a la Excelencia en la Práctica Jurídica, 2018

Premios

La Ley de artículos doctrinales; nacionales: Premio Estanislao de Aranzadi, Premio Scevola, Premio Magistrado Ruiz Vadillo, dos veces Premio Memorial Degá Roda i Ventura del Colegio de Abogados de Barcelona, además de los premios de los Colegios de Abogados de Madrid, Murcia, A Coruña o Vigo; así como de ámbito autonómico: Premio Manuel Colmeiro de Administración Pública de Galicia, Amando Losada del Consejo de la Abogacía Gallega, o Premio A la investigación de Galicia de la Diputación de Pontevedra; entre otros. Colabora permanentemente con distintas revistas y publicaciones de prestigio: coordina la revista jurídica más antigua de Galicia, Foro Galego, dirige la revista Aprosal y es miembro del consejo de redacción de Economist&Jurist. Está en posesión de la Gran Cruz y Cruz de Honor de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y de la Medalla de Oro al Mérito Profesional de las Relaciones Industriales y las Ciencias del Trabajo. Por su trayectoria profesional,en 2018 le fue concedido el Premio a la Excelencia en la Práctica Jurídica por su colaboracion en Big Data Jurist, codirigiendo el Área de Deontología de la Abogacía, y el Premio De Ley al mejor despacho de abogados de España en Derecho administrativo.

  1. – ¿Qué importancia ha tenido la ética profesional en su trayectoria como abogado?

El componente de la ética es fundamental a la hora de poder valorar cualquier trayectoria profesional, mucho más, si cabe, cuando nos referimos al ámbito del Derecho y las profesiones jurídicas, y, más aún, si esta versa sobre el ejercicio de la Abogacía.

Entre otros aspectos singulares que delimitan esta profesión, el vínculo que une al letrado con su cliente, por encima del componente económico, descansa sobre la confianza personal que este deposita en aquel; extremo sobre el que insiste el nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía el 6 de marzo de 2019 y que entró en vigor el 8 de mayo.

Buena muestra del respeto a estos valores a lo largo de mi desarrollo profesional, durante más de veinticinco años de ejercicio, ha venido avalada, desde el ámbito de la investigación científica, con la concesión de distintos reconocimientos por parte de entidades e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Pues bien, entre estos últimos reconocimientos figura el Premio a la excelencia en la Práctica Jurídica de Economist&Jurist, precisamente por la dirección del Área de Deontología del Abogado de la obra Big Data Jurist.

Junto a este galardón, otros que han tenido como telón de fondo la ética profesional y de los que he resultado acreedor son, entre los Premios nacionales: Scevola sobre Ética y Calidad de la Abogacía, y dos veces (en 2007 y 2017) el Premio Memorial Degà Roda i Ventura del Colegio de Abogados de Barcelona al mejor libro sobre ética profesional editado en España; o el Premio Jurídico Internacional del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), en la Sección de Profesionales y en el área también de Deontología del Abogado.

Además de numerosos artículos, monografías como Colegios de Abogados y sanciones disciplinarias, publicada por Tohmson Civitas;  La relación abogado-cliente, editada por Thomson Reuters Aranzadi; o La singularidad de la Abogacía, por Difusión Jurídica; y códigos con jurisprudencia, como el Código de la Abogacía Española, también por Aranzadi; constituyen el andamiaje científico sobre el que se sustentan los citados esfuerzos desempeñados en este ámbito. Trabajos, todos ellos, que elaboré desde el cariño que profeso a la Abogacía, en mayúsculas.

2.- Además de la deontología del abogado, ¿sobre qué otros aspectos ha profundizado en todo este tiempo?

Distintas han sido las materias que he ido, en la medida de lo deseable, abordando en profundidad, de la mano precisamente de aquellos aspectos que en el ejercicio como abogado he tenido la oportunidad de desarrollar con más frecuencia o intensidad.

Considero que un abogado no debe quedarse solo en el asesoramiento jurídico y la defensa ante los tribunales. Si le resulta posible, debe tratar de verter su opinión, a modo de jurista, sobre tales aspectos de los que es protagonista como dirección letrada y dar su opinión sobre las posibles controversias o discusiones que de los mismos se susciten. No en vano, el abogado es uno de los eslabones de los que pende la Justicia y su labor es importante que trascienda más allá del ejercicio diario de la profesión a la que se debe.

A este respecto, el Derecho administrativo y la contratación de obra pública; el Derecho mercantil y civil, en todas sus facetas; o la prevención de riesgos laborales; son algunas de las materias sobre las que más he trabajado y asesorado a lo largo de mi carrera profesional. Y en todas ellas, sus especialidades y casuísticas, han servido de base para su posterior valoración doctrinal.

3.- ¿Qué opinión le merecen los nuevos avances tecnológicos tales como la Inteligencia Artificial? ¿En qué medida pueden afectar al ejercicio de la Abogacía?

La robótica y la inteligencia artificial, el machine learning, los bitcoins y blockchain, chatbots o big data, junto a otras tecnologías (como las impresoras 3D, la computación, la realidad virtual y aumentada, los vehículos autónomos o la biotecnología), han ido cambiando nuestra percepción de entender el mundo. Por extensión, y como no puede ser de otra manera, esta transformación ha de ir ligada indisolublemente al modo de comprender el Derecho y la forma de ejercer las profesiones jurídicas, entre ellas la abogacía. Para contratar los servicios letrados es imprescindible la confianza y eso no es algo que la inteligencia artificial pueda reemplazar fácilmente, a resultas de que ese valor es intrínseco a la calidad del servicio jurídico: sin confianza no puede establecerse la relación abogado-cliente.

El primer y por ahora único paso legislativo dado en esta materia ha sido en 2016 a través del Proyecto europeo relativo a las normas de Derecho civil sobre robótica, que incide también, eso sí desde un prisma diferente, en los aspectos éticos a tener en cuenta. No obstante, todavía es prematuro hablar de legislación en un ámbito de actuación ni mucho menos consolidado. Pero teniendo presente la vertiginosa rapidez con la que este sector está avanzando, no resultaría descabellado anticipar debates jurídicos que abrirán nuevos retos desde el punto de vista legal y que, consecuentemente, nos harán reconfigurar nuestra manera convencional de entender el Derecho.

4.- ¿Cómo valora la nueva legislación sobre protección de datos?

Los despachos de abogados tienen, desde el 25 de mayo de 2018, nuevas obligaciones que cumplir en esta materia, debido a la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, de ámbito europeo, y, posteriormente, habida cuenta de la ley española de 5 de diciembre de 2018. Entre las nuevas exigencias a tener en cuenta se encuentran: efectuar un análisis de riesgos y una evaluación del impacto; llevar un registro de actividades de tratamiento; informar a los interesados y disponer de consentimientos explícitos e inequívocos por parte de estos; designar, en su caso, a un delegado de protección de datos; no relacionarse con los clientes a través de medios no seguros; cumplir garantías específicas para la preservación del uso adecuado de tales datos; y, principalmente, mantener en todo momento una actitud consciente, diligente y proactiva, pues no basta con ser respetuosos y cumplidores de la normativa en cuestión, es preciso prevenir y evitar los riesgos potenciales.

Todos estos requisitos, técnicos y jurídicos, hacen prever no pocos problemas prácticos e interpretativos, lo que evidencia la necesidad de profesionales especializados que ofrezcan suficientes garantías tanto a empresas como a otros afectados. En este sentido, se antoja importante para todos ellos contar con un asesoramiento jurídico especializado que ofrezca posibles soluciones a cada caso concreto.

De este modo, la dificultad que conlleva inicialmente la aplicabilidad práctica de la nueva legislación sobre protección de datos puede convertirse en una oportunidad para muchos abogados avezados en nuevas tecnologías y tratamiento de datos. De ello me hago eco en mi último libro titulado La ciberseguridad como deber deontológico del abogado, editado por Wolters Kluwer La Ley.

5.- En este año 2019 su bufete ha sido reconocido con el Premio De Ley al mejor despacho de España en Derecho administrativo. ¿Qué ha supuesto este premio para usted y sus compañeros?

Sin duda, un reconocimiento a la labor desarrollada a lo largo de todos estos años en el ámbito del Derecho administrativo, tanto respecto a la labor dispensada a particulares como a instituciones y entidades públicas.

Hay que tener presente que el Derecho administrativo, de un tiempo a esta parte, ha entrado de lleno, y cada vez en mayor medida, en el ámbito del Derecho privado. No solo por las numerosas empresas públicas que conviven con las netamente privadas y las propias Administraciones, sino también por la interrelación que ambas ramas del Derecho presentan a día de hoy, tanto legislativamente hablando como en cuanto al propio quehacer diario y jurisprudencial.

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