El TJUE declara que la morosidad constituye un incumplimiento económicamente provechoso para los deudores

Contratos celebrados antes de la expiración del plazo de transposición de la Directiva 2011/7/UE

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1, apartado 1, del artículo 2, punto 1, del artículo 3, del artículo 6, del artículo 8 y del artículo 12, apartado 4, de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que la morosidad constituye un incumplimiento de contrato que se ha hecho económicamente provechoso para los deudores en la mayoría de los Estados miembros a causa de los bajos intereses aplicados o la no aplicación de intereses a los pagos que incurren en demora o de la lentitud de los procedimientos de recurso. Es necesario un cambio decisivo hacia una cultura de pago sin demora, que prevea, entre otras cosas, que la exclusión del derecho a cobrar intereses sea siempre considerada una práctica o una cláusula contractual manifiestamente abusiva, para invertir esta tendencia y desalentar la morosidad. Este cambio también debe incluir la introducción de disposiciones concretas sobre los plazos de pago y la compensación a los acreedores por los costes en que hayan incurrido así como, entre otras cosas, la indicación de que la exclusión del derecho a una compensación por los costes de cobro debe presumirse manifiestamente abusiva.

El objeto de la Directiva mencionada es la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales a fin de asegurar el funcionamiento adecuado del mercado interior, fomentando de este modo la competitividad de las empresas y, en particular, de las PYME.

Dicha Directiva entiende por “operaciones comerciales” las realizadas entre empresas o entre empresas y poderes públicos que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación

Según el órgano jurisdiccional remitente, se desprende del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2011/7 que todo contrato es una operación comercial, pero no toda operación comercial ha de ser un contrato. Así, una serie de operaciones comerciales individuales pueden quedar comprendidas en un contrato marco. Además, según el mencionado órgano jurisdiccional, la protección del derecho del acreedor a obtener el cobro dentro de plazo en el marco de las operaciones comerciales incita a no limitar dicha protección a los contratos sino a ampliarla a las transacciones comerciales.

El Tribunal de Justicia recuerda que, según reiterada jurisprudencia, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme.

Consecuentemente y dado que el artículo 12, apartado 4, de la Directiva 2011/7 no contiene ninguna remisión al Derecho de los Estados miembros, debe interpretarse de manera autónoma y uniforme. Tal interpretación debe buscarse teniendo en cuenta a la vez el tenor de esta disposición, el contexto en el que se inscribe y el objetivo perseguido por la citada Directiva.

El Tribunal destaca lo mencionado en el artículo 6 de la presente Directiva, en la que se toman medidas de compensación por los costes de cobro:

  1. Los Estados miembros se asegurarán de que, en los casos en que resulte exigible el interés de demora en las operaciones comerciales con arreglo a los artículos 3 o 4, el acreedor tenga derecho a cobrar al deudor, como mínimo, una cantidad fija de 40 [euros].
  2. Los Estados miembros se asegurarán de que la cantidad fija mencionada en el apartado 1 sea pagadera sin necesidad de recordatorio como compensación por los costes de cobro en que haya incurrido el acreedor.
  3. Además de la cantidad fija establecida en el apartado 1, el acreedor tendrá derecho a obtener del deudor una compensación razonable por todos los demás costes de cobro que superen la cantidad fija y que haya sufrido a causa de la morosidad de este. Esta podría incluir, entre otros, los gastos que el acreedor haya debido sufragar para la contratación de un abogado o una agencia de gestión de cobro.

Finalmente, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros pueden excluir del ámbito de aplicación de esta Directiva la mora en la ejecución de un contrato celebrado antes del 16 de marzo de 2013, aun cuando tal mora se produzca con posterioridad a esa fecha.

Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casoserales.com Marginal: 70382946

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