El tiempo medio que tarda en resolverse una demanda en primera instancia en Catalunya es de 620 días

Un estudio realizado por la Cátedra del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) “Observatorio Social y Económico de la Justicia” señala el estado actual de la justicia en Catalunya.

Dicho estudio revela que, en Catalunya, el tiempo medio transcurrido desde la presentación de una demanda hasta que se notifica la sentencia de primera instancia es de 620,4 días (20,4 meses). En el caso de la presentación de recurso de apelación, la duración media es de 577,3 días (19 meses). Son datos que se desprenden de una encuesta realizada a los abogados catalanes durante el año 2016, que también pone de relieve que, en el caso de la jurisdicción penal, la duración media de la fase de instrucción es de 2248,5 días ( 6,2 años), con un valor máximo de 4.901 días (13,4 años). El estudio también señala que la admisión a trámite de demandas en Catalunya ha tardado, de media, 38,9 días en 2016, mientras que los señalamientos notificados han sido programados, en promedio, para una fecha de 128,9 días (4,2 meses) posterior a la fecha de la notificación. En un 25% de los casos, el acto se ha acabado suspendiendo.

Tendencia a la baja de la actividad judicial en Catalunya desde 2010

El estudio también constata que el número de asuntos ingresados en los juzgados catalanes el año 2015 fue de 1.237.491: un 72,2% de en la jurisdicción penal, un 21,6% en la civil, un 4,9% en la social y un 1,3% en la contencioso administrativa. Esto supone una disminución del 6,2% respecto al año 2014. En perspectiva temporal, el estudio destaca que continúa la tendencia a la baja en el ingreso de asuntos iniciada en 2010 y que afecta a todas las jurisdicciones.

Baja la tasa de litigiosidad en Catalunya
En Catalunya, la litigiosidad se ha reducido entre los años 2014 y 2015 en todos los órdenes jurisdiccionales. En conjunto, los asuntos ingresados 2015 han sido 164,8 por cada 1.000 habitantes, 10,6 menos que el año anterior (una reducción del 6,0%).  La litigiosidad en Catalunya es de un orden ligeramente inferior a la del conjunto del Estado, que es de 179,7 y se sitúa en la mitad del rango de las Comunidades Autónomas, siendo Andalucía la  Comunidad Autónoma que registró una mayor tasa con 209,4 asuntos por cada 1.000 habitantes, seguida de Madrid (202), Canarias (196,7) y Baleares (194,2).
En el otro extremo aparece el País Vasco (122,8) y La Rioja (123,5), que presentan
las tasas de litigiosidad más bajas de toda España.

Más jueces, pero Catalunya se mantiene a la cola del Estado Español
Entre los datos que aporta el estudio destaca que, a pesar de que en los últimos
años ha ido creciendo el número de jueces y magistrados, Catalunya todavía se
mantiene por debajo de la media española.  En 2015 había 11,5 jueces por cada 100.000 habitantes. Con todo, se trata de una proporción inferior a la media española, que es de 12,6, jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes, es decir, 1,1 jueces y magistrados superior que en Catalunya, que actualmente ocupa la decimotercera posición entre las Comunidades Autónomas. En la UE la ratio es, según el estudio, de 15 jueces y magistrados
por cada 100.000 habitantes, un nivel que en el Estado sólo alcanza Asturias.

Ante estos datos el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Carles McCragh,
ha pedido “que se destine a la Administración de Justicia un mayor presupuesto que
permita crear los nuevos juzgados que hacen falta en Catalunya y dotarlos de los medios humanos y materiales necesarios”. Para McCragh “la creación de nuevos juzgados es una necesidad y uno de los pilares fundamentales para un buen funcionamiento de la Justicia, un elemento clave para el Estado social y democrático de Derecho y una garantía de los derechos y libertades fundamentales del ciudadano” . El presidente del Consell considera que “dotando a la administración de justicia de los recursos necesarios, y con la colaboración de la Abogacía y del resto de operadores jurídicos, se puede alcanzar la justicia que necesita y quiere el ciudadano: una justicia moderna, eficaz, independiente, seria y cercana a los
ciudadanos, que esté desplegada por todo el territorio catalán”. En este sentido, McCragh ha criticado “las propuestas de mejora planteadas desde la judicatura, que van encaminadas a la concentración de juzgados”. Para el presidente del Consell “esta concentración no es la solución de la justicia del siglo XXI que todos deseamos, más bien parece que se quiera mantener la justicia del s. XIX, alejada del ciudadano “.

Puede consultar el informe aquí: Informe2016-2.

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