TASAS JUDICIALES A DEBATE

08/11/12

Por Sonia Gumpert Melgosa. Abogada.

La Ley catalana 5/2012 va m√°s lejos en su alcance, afectando a las personas f√≠sicas, con leves excepciones, marcando la senda del actual proyecto de ley de Tasas Judiciales estatal ( ¬Ņse habr√° reparado en la doble imposici√≥n? ).
 
El art√≠culo 119 de la Constituci√≥n Espa√Īola reza que la justicia ser√° gratuita, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar; y el ¬†art√≠culo 24 CE ¬†instaura la tutela judicial efectiva, regulaci√≥n suprema que deber√≠a quedar grabada a modo de dintel en la frente del legislador.
 
Empero, la <<mens legislatoris>> parece ocupada, como telón de fondo rígido, con la idea de considerar la Justicia como un bien de consumo más que debe ser pagado por quien lo demande; la necesaria medida profiláctica para rebajar la litigiosidad, por ende, el coste de la Justicia; y, finalmente, una fuente de ingresos para garantizar la viabilidad de la Justicia Gratuita. 
 
Estos planteamientos son de vacua dialéctica, artificiosos y de curioso barniz sofista.
 
En primer t√©rmino, subyace cierta inspiraci√≥n liberal ‚Äďsin duda, mal entendida- del pago del servicio para quien pueda permit√≠rselo, lo que se contrapone frontalmente con los principios de accesibilidad a la Justicia y de servicio p√ļblico. Las tasas suponen una barrera para quien demande el amparo judicial en solicitud de protecci√≥n, reparaci√≥n, etc., lo que ineludiblemente implica un beneficio correlativo para la parte que lesiona el derecho de aqu√©l. Basta como ejemplo una mera reclamaci√≥n de cantidad por una deuda de 250.- ‚ā¨, o un recurso contra una multa administrativa de similar cuant√≠a. El efecto inherente ser√° un fomento indirecto de la morosidad o el ejercicio de un automatismo sancionador abusivo, a sabiendas que a la v√≠a civil o contencioso-administrativa, respectivamente, llegar√° un m√≠nimo porcentaje de casos; siendo √©stos obra de una minor√≠a de empecinados patol√≥gicos en la b√ļsqueda de la justicia material, ¬†inasequibles al pragmatismo disuasorio.¬†
 
La cosa no queda ah√≠, el proyecto de ley ‚Äďya en tramitaci√≥n en el Senado- prev√© el pago de la tasa para la ejecuci√≥n del t√≠tulo judicial; esto es, quien ya tiene reconocido el derecho y obtenida la condena, en caso de impago de la deuda, se ver√° abocado a un nuevo desembolso, nuevo list√≥n a saltar, tan dif√≠cil de entender como obligado si quiere terminar el tramo final de la carrera.¬†
 
En segundo término, causa perplejidad la desconfianza del legislador hacia el justiciable, diagnosticando -sin pruebas rigurosas-  una fiebre querulante o impulso incontenible de litigar, que necesariamente deba ser pautado  con trabas económicas que aplaquen los ánimos. Para neutralizar al demandante compulsivo, la ley ya da solución al problema previendo la condena en costas bajo el criterio objetivo del vencimiento, con tratamiento más severo para el  demandante temerario y de mala fe. 
 
Que el importe de las tasas se incluya en la condena en costas (al final del proceso) no atempera el efecto disuasorio, por la razón obvia que éste se producirá al principio del mismo, albores donde uno se tendrá que preguntar si merece la pena iniciar el camino.
 
Finalmente, en lo relativo a la Justicia Gratuita, al hilo de lo expuesto, el efecto inmediato ser√° generar un incremento del reconocimiento del derecho, ergo mayor coste del servicio. El Proyecto de Ley prev√© la exenci√≥n subjetiva para quienes tengan reconocido √©ste (con referencia al IPREM multiplicado por dos o m√°s, seg√ļn parece). Una vez concedido, el justiciable ‚Äúgratuito‚ÄĚ no tendr√° tasas ni tampoco habr√° materializaci√≥n de costas, en caso que se pierda, hasta que vaya a mejor fortuna en los tres a√Īos siguientes. El encarecimiento del servicio ser√° inherente. Un espejismo con efecto rebote.
 
En otra vertiente de la misma colina se nos ofrece un discurso con tintes populistas de dif√≠cil encaje, cual es que las tasas coadyuvar√°n a sostener la gratuidad de la Justicia, cuando esta es s√≥lo una parcela del servicio p√ļblico global llamado Administraci√≥n de Justicia que precisa de obligada dotaci√≥n para su mejora, modernizaci√≥n, remuneraci√≥n digna de Jueces, Fiscales, Secretarios, ¬†personal de la oficina, medios materiales, y no menos digna retribuci√≥n de abogados de oficio, etc.
 
Si la tasa se compone de un importe fijo y otro variable en funci√≥n de la cuant√≠a, por puro sentido com√ļn ser√° imposible saber a priori cu√°nto dinero se va a recaudar y en cu√°nto sufragar√° el coste del servicio. De ah√≠ que no se alcance a comprender muy bien esa premisa de fomento de la gratuidad, m√°s all√° de la evidente obtenci√≥n de m√°s recursos para un servicio general que, parad√≥jicamente, dejar√° de serlo por excluyente.
 
Dicho cuanto antecede, es obligado girar hacia la Abogacía institucional, buscándola con la mirada, porque con el oído apenas se escuchan vagos susurros que difícilmente perturban ese silencio sordo y en mansedumbre. 
 
La conciencia de la Abogac√≠a como funci√≥n social parece, si aparece, taimada con sordina. Los Colegios de Abogados, corporaciones de Derecho P√ļblico a la postre, deben liderar la voz contra una Justicia exclusiva, excluyente y disuasoria. Los abogados somos los art√≠fices primarios de la tutela judicial porque, al fin y al cabo, toda resoluci√≥n ‚Äďdicho sea lato sensu- principia por demanda letrada. Acordes a nuestro rol social, en esta cr√≥nica hist√≥rica de las tasas judiciales, debemos postular por que se escriba un nuevo episodio de supresi√≥n total o, al menos, parcial. El mal menor ser√≠a una tributaci√≥n a partir de determinada cuant√≠a, para que al menos en una franja de pretensiones, si hay acci√≥n, √©stas no queden en vano.
 
Que la Justicia no sea una quimera de principios, esa debe ser nuestra voz.
 
 
 
 
 

Copyright © 2012 Todos los derechos reservados. El uso de este sitio web implica la aceptación de las Condiciones de uso y de la Política de privacidad de Informativo Jurídico.

a