Se inicia el año judicial con el 40 aniversario de la Constitución de fondo

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha dicho hoy, en el acto de apertura del Año Judicial que ha presidido el rey, que “cuando la Constitución resulta golpeada no puede renunciar a defenderse, pues ello comportaría renunciar a la defensa de sus principios configuradores, y del propio Estado, que es democrático y de Derecho”.

 

En el cuadragésimo aniversario de la Constitución, Lesmes ha destacado la impronta del texto constitucional como fundamento de convivencia y libertad, “sobre todo cuando de forma interesada se devalúa su valor normativo, cuando se confronta sin rubor principio democrático con Estado de Derecho o cuando se intenta erosionar la legitimidad del poder judicial mediante acciones que exceden con mucho la libertad de expresión o el derecho de defensa”.

La Constitución, ha añadido, es “permeable” a las transformaciones políticas y sociales, pero “no puede ser concebida como políticamente neutra, pues preserva la convivencia democrática a través de un determinado modelo, querido y definido por el pueblo español, como poder constituyente”.

“Fuera de sus premisas, la libertad y los derechos se debilitarían y solo podrían garantizarse frente a quienes se mostrasen sumisos al poder establecido en cada momento”, ha señalado Lesmes, que ha subrayado que la democracia “no existe sin reglas, sin Derecho, ni puede construirse sobre andamiajes que dividen a la sociedad” y ha alertado de los riesgos que para la existencia del Estado constitucional suponen “los movimientos populistas y los planteamientos identitarios excluyentes”.

Tras asegurar que “supone una falacia contraponer Estado de Derecho y democracia” y señalar que “los derechos civiles y políticos se respetan, precisamente, porque la ley los preserva”, el presidente del TS y del CGPJ ha recordado la advertencia del jurista alemán Gustav Radbruch sobre el peligro de identificar la ley con la voluntad del gobernante, pues tal proceder dejaría a los ciudadanos indefensos ante las arbitrariedades del poder.

“Si la Constitución es la expresión democrática del poder político, resulta una contradicción insuperable que ese poder, en alguna de sus formas, pretenda subvertir la norma que legitima su ejercicio”, ha dicho, para concluir que “la desobediencia a la Constitución es la máxima expresión de la arbitrariedad”.

Irrenunciable respeto al Derecho

En su intervención, el presidente del Poder Judicial se ha referido a la “grave incertidumbre” que recientes decisiones judiciales de otros Estados de la UE han generado al interpretar de forma unilateral conceptos jurídicos autónomos del denominado espacio europeo de libertad, seguridad y justicia; lo que ha provocado “la generalizada percepción de una irremisible pérdida de virtualidad de ciertos instrumentos de cooperación judicial” basados en la confianza mutua.

“Sin embargo, una Europa fuerte, unida y solidaria debe consolidar su liderazgo mediante los valores del Estado de Derecho y, por dicha razón, pese a las dificultades, nuestra Justicia está llamada a salvaguardar la Constitución, precisamente, por ser la expresión más intensa de nuestro compromiso con Europa”, ha añadido.

Lesmes también ha rememorado las palabras del jurista alemán Otto Bachof al tomar posesión en 1959 como rector de la Universidad de Tubinga y ha dicho que “cabría pensar que, quizás, ha recaído demasiado peso sobre los jueces, afirmación que comparten quienes denuncian la ‘judicialización’ de los asuntos de naturaleza política”.

“Sin embargo, aunque solo principalmente a través de la acción política pueden realizarse cambios significativos en la sociedad o aportarse soluciones a los más graves conflictos, es evidente que el respeto al Derecho es irrenunciable, como lo es también su constante salvaguarda judicial”, ha señalado.

Lesmes ha añadido que “estas premisas se desconocen cuando desde determinados poderes públicos, en lugar de preservar ese Derecho en el marco de una sociedad inclusiva, se alimenta la desafección del ciudadano respecto del poder judicial  -nuevamente, sobre la desenfocada visión de que ningún juez puede decidir en contra de la voluntad popular- demostrando una absoluta ignorancia de la dimensión y del significado del Estado de Derecho”.

Así, ha asegurado que “el Estado democrático de Derecho no admite disgregaciones entre ley y democracia ni entre democracia y poder judicial”, y que esos intentos de disgregación, “lejos de debilitar a los jueces, reafirman, por el contrario, su operatividad para responder con eficacia y absoluta independencia a las embestidas contra el marco amalgamador que representa la Constitución”.

“Frente a la posverdad, que persigue la impunidad bajo el cobijo aparente de la voluntad popular, los ciudadanos han de percatarse de que la respuesta del poder judicial se encamina a evitar el daño que supone desarbolar ni más ni menos que todo un pacto de convivencia intergeneracional, pues, si tal respuesta no se produjese, el efecto sería demoledor y el sistema de libertades quedaría fatalmente debilitado”, ha concluido.

Una Constitución plenamente democrática

El presidente del Poder Judicial ha manifestado que una Constitución “solo puede ser calificada de plenamente democrática cuando admite ser cambiada” y ha recordado que la española “prevé sus propios mecanismos de reforma e incluso de sustitución para dar satisfacción a las reclamaciones de cambio legítimo que permitan superar escenarios de insatisfacción, sin imponer”, a diferencia de la francesa o la alemana, “ningún núcleo normativo inaccesible al cambio”.

“Pero una Constitución plenamente democrática, y la nuestra lo es, obliga a que su reforma se acometa por los mecanismos previstos en el propio pacto constituyente. Lo contrario supondría liberar al poder público de toda sujeción a derecho, con daño irreparable para la libertad de los ciudadanos”, ha añadido.

Lesmes ha dicho que “en ocasiones la violencia o la astucia –cuando no la combinación de ambas- han permitido desbordar un determinado modelo orgánico de democracia constitucional sin seguir los procedimientos establecidos, pero no olvidemos que estos procesos de subversión, al desconocer los valores y principios del Estado de Derecho, dividen profundamente a la sociedad, alteran gravemente la convivencia y pueden producir efectos devastadores sobre la paz interna de un Estado”.

“Por ello, cuando la Constitución resulta golpeada no puede renunciar a defenderse, pues ello comportaría renunciar a la defensa de sus principios configuradores, y del propio Estado, que es democrático y de Derecho”, ha advertido.

La independencia judicial, pilar de la democracia

El presidente del TS y del CGPJ ha afirmado que los jueces, “conscientes de que el formidable conjunto de principios y valores de la Constitución constituye una condición existencial de nuestro modelo de convivencia, asumimos con abnegación, prudencia y responsabilidad el protagonismo que nos encomienda la sociedad para su defensa”.

Lesmes ha recordado que algunas reacciones a decisiones judiciales han desembocado, “incluso, en ataques personales a magistrados, alentados no solo desde ciertos sectores sociales, sino, lo que es más preocupante, por algunos responsables políticos, cuyos reproches resultan censurables en el marco de la normalidad y del respeto institucional”; y ha alertado de que “las visiones sesgadas o partidistas que persiguen el gratuito descrédito de la institución judicial pueden afectar a la libertad de ánimo y al sosiego con que ha de ejercerse la responsabilidad constitucional de juzgar”.

Ante estas situaciones, ha asegurado que el CGPJ “ha actuado y seguirá haciéndolo, sin vacilaciones, en defensa de los jueces y magistrados y de su decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.

Además, ha reclamado “responsabilidad y comprensión a todas las instituciones, no por un mal entendido ánimo corporativo de defensa de los jueces, sino por la necesidad de velar por la independencia de los tribunales, como uno de los pilares básicos del Estado de Derecho y de la democracia misma”.

Lealtad constitucional

Por último, Lesmes ha dicho que la Constitución arbitra un modelo de convivencia, pero que la clave de su eficacia reside “en la capacidad de generar la ‘adhesión emocional’ de una mayoría de ciudadanos”.

“Cobra así sentido la noción de ‘lealtad constitucional’”, ha señalado antes de añadir que esa lealtad no debe suponer necesariamente “una identificación emocional acrítica” con la Constitución, sino “una actitud sincera y positiva a la hora de interpretar y aplicar sus reglas y, sobre todo, al apreciar que nuestra norma fundamental se liga indisolublemente a la garantía de los valores supremos de una sociedad libre, sin los cuales ésta no resulta reconocible como tal”.

Esta actitud, ha agregado, “es deseable no solo para los ciudadanos, sino también para los Poderes Públicos, como premisa para mantener entre ellos un diálogo fructífero y tolerante a todos los niveles, sin perversiones ni ambigüedades en el uso del lenguaje, dando a las palabras el sentido que se corresponde con la realidad de lo que con ellas se quiere decir”.

Lesmes ha finalizado pidiendo un esfuerzo común “para que la sociedad encuentre motivos de adhesión” a la Constitución y para explicar su “formidable legado”, sin renunciar a su reforma “si así lo reclamara el pueblo español, depositario de la soberanía”.

“Mientras tanto, un sano sentimiento de identificación con el modelo de nuestro Estado merece ser valorado con la visión serena, propia de una sociedad madura que reconoce, al margen de frivolidades y demagogias, que ninguna Constitución en la azarosa historia política española ha dado lugar a una convivencia en paz y libertad como la que nos ha proporcionado la vigente de 1978”, ha concluido.

 

(Fuenete: Comunicación del poder judicial)

 

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