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16/01/17

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El Supremo declara nulo el canon digital

14/11/16

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensaci贸n equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, conocido como 鈥榗anon digital鈥, por ser contrario al derecho de la UE, tal como estableci贸 el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE) en sentencia del pasado 9 de junio.
El Supremo recuerda que el TJUE consider贸 que un sistema de compensaci贸n equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, como el espa帽ol, no era necesariamente contrario a la Directiva 2001/29/CE, pero inmediatamente impon铆a una condici贸n: que el coste efectivo pesase exclusivamente sobre los usuarios de la copia privada, y que en ning煤n caso pod铆an serlo, por definici贸n, las personas jur铆dicas. Dado que la regulaci贸n espa帽ola de la compensaci贸n equitativa no prev茅 medio alguno de que se cumpla dicha condici贸n, la sentencia del TJUE declar贸 tajantemente la incompatibilidad de dicha regulaci贸n con el derecho de la Uni贸n Europea.
La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Luis D铆ez-Picazo, rechaza la pretensi贸n del abogado del Estado de suspender el procedimiento hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso planteado contra el art铆culo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014, que hizo suya la regulaci贸n por Decreto-Ley de 2011 del actual 鈥榗anon digital鈥 con cargo a los Presupuestos.
El Supremo destaca que 鈥渟i una norma jur铆dica nacional es contraria al derecho de la Uni贸n Europea, ha de ser inaplicada independientemente de que adem谩s pueda ser inconstitucional. El deber que pesa sobre todos los 贸rganos judiciales nacionales de inaplicar 鈥損or s铆 solos, sin plantear previamente cuesti贸n alguna al propio Tribunal Constitucional- las normas jur铆dicas nacionales contrarias al derecho de la Uni贸n Europea es una exigencia dimanante del principio de primac铆a de 茅ste鈥.
De acuerdo a lo establecido en la sentencia del TJUE de junio de este a帽o, tanto la Ley 21/2014 sobre propiedad intelectual como el Decreto-Ley de 2011 deben ser inaplicados, lo que determina la nulidad del Real Decreto de 2012 que regul贸 el procedimiento de pago con cargo a los Presupuestos, ya que este 煤ltimo queda sin fundamento legal efectivo.

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Convocada la prueba de acceso a la profesi贸n de abogado para 2017

08/11/16

Est谩 previsto que la prueba de aptitud se celebre el s谩bado 25 de febrero de 2017
El Bolet铆n Oficial del Estado (BOE) ha publicado el viernes 04 de noviembre, la primera convocatoria de la prueba de evaluaci贸n para la aptitud profesional para el ejercicio de la profesi贸n de abogado para el a帽o 2017. La prueba est谩 dirigida, seg煤n el BOE, a comprobar 鈥渓a formaci贸n suficiente para el ejercicio de la profesi贸n, el conocimiento de las respectivas normas deontol贸gicas y profesionales y en particular la adquisici贸n de las competencias previstas en los cursos de formaci贸n impartidos por universidades o Escuelas de Pr谩ctica Jur铆dica debidamente acreditadas鈥.
Se constituir谩n las Comisiones evaluadoras con posteridad a esta convocatoria, en funci贸n del n煤mero de aspirantes presentados procedentes de las distintas universidades y escuelas de pr谩ctica jur铆dica de cada Comunidad Aut贸noma.
Tal y como se desprende de la Orden, el plazo de presentaci贸n de solicitudes de participaci贸n en la evaluaci贸n es de 20 d铆as naturales, contados a partir del siguiente al de publicaci贸n de la Orden de convocatoria en el Bolet铆n Oficial del Estado.
Seg煤n la nota informativa publicada por el Ministerio de Justicia, est谩 previsto que la prueba de aptitud se celebre el s谩bado 25 de febrero de 2017.
Todos aquellos aspirantes que deseen participar en dicha prueba deber谩n inscribirse en los t茅rminos previstos en la convocatoria desde el d铆a 5 de noviembre hasta el pr贸ximo 24 de noviembre de 2016, 煤ltimo d铆a de plazo para la inscripci贸n. El Ministerio de Justicia ha puesto a disposici贸n de los candidatos la posibilidad de realizar la inscripci贸n de forma electr贸nica, a trav茅s de la sede electr贸nica de este Departamento.
Por 煤ltimo, se informa que, con el objetivo de simplificar los tr谩mites y reducir las cargas administrativas que deben soportar los aspirantes, se solicitar谩 a las Universidades donde se haya cursado el M谩ster o a las Escuelas de Pr谩ctica jur铆dicas, las certificaciones acerca del cumplimiento requisitos de acceso a la prueba de evaluaci贸n as铆 como las notas finales del M谩ster o de los cursos de formaci贸n especializada de todos los aspirantes. Los aspirantes no deber谩n presentar ninguna documentaci贸n al Ministerio de Justicia salvo que expresamente se le solicite.

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Desaparece Lexnet Abogac铆a

31/10/16

El Pleno del Consejo General de la Abogac铆a Espa帽ola, celebrado el pasado viernes 21 de octubre, acord贸 redefinir su estrategia tecnol贸gica que entre otras cosas implica la transici贸n de Lexnet Abogac铆a hacia la plataforma del Ministerio de Justicia.
La Abogac铆a ha asumido su responsabilidad como actor fundamental de la Justicia y, fiel a su compromiso de modernizaci贸n, desarroll贸 Lexnet Abogac铆a para ayudar a los letrados en su adaptaci贸n a la justicia digital.
Tras un a帽o de funcionamiento con los nuevos requisitos, la Abogac铆a ha adoptado esta decisi贸n al considerar que es el momento oportuno para lograr mayor eficiencia y eficacia en las comunicaciones electr贸nicas con los juzgados y tribunales.

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Reconocen a los padres de hijos nacidos por gestaci贸n subrogada el derecho a cobrar prestaciones por maternidad

24/10/16

La Sala de lo Social ha reconocido por primera vez el derecho de los padres de hijos de vientres de alquiler a cobrar las prestaciones por maternidad reconocidas por la Seguridad Social, al resolver dos recursos de casaci贸n para unificaci贸n de doctrina en los que se planteaba si la maternidad por subrogaci贸n o sustituci贸n puede considerarse situaci贸n protegida a los fines de la prestaci贸n por maternidad, adopci贸n o acogimiento, con la particularidad de que en uno de los casos el solicitante de la prestaci贸n era un var贸n.
La Seguridad Social les hab铆a denegado las prestaciones sobre la base de la Ley de Reproducci贸n Asistida que considera nulos los contratos de maternidad por sustituci贸n.
En una nota informativa, el Pleno ha hecho p煤blica su decisi贸n de estimar los recursos planteados, en un caso, por una mujer que tiene un hijo mediante un contrato de gestaci贸n por sustituci贸n, que est谩 inscrito en el Registro del Consulado de Espa帽a en Los 脕ngeles; y en el otro caso, el de un hombre que concert贸 una reproducci贸n asistida en la India con su material gen茅tico.
En el segundo caso, la madre gestante alumbr贸 dos ni帽as y acept贸 que el hombre asuma, en exclusiva, 鈥渢odas las funciones y obligaciones que se derivan de la patria potestad鈥. Las menores fueron inscritas en el Registro Consular como hijas de los padres biol贸gicos (la madre 鈥渄e alquiler鈥 y el var贸n espa帽ol), siendo trasladadas a Espa帽a por su progenitor. La Seguridad Social espa帽ola deneg贸 las prestaciones 鈥渄e maternidad鈥 solicitadas por el padre de las menores puesto que la Ley de Reproducci贸n Asistida proclama la nulidad del contrato de maternidad por sustituci贸n.
El Tribunal Supremo ha dado la raz贸n a los solicitantes de tales prestaciones, pues ha estimado que ha de hacerse una interpretaci贸n integradora de las normas aplicadas, contempladas a la luz de la jurisprudencia del TEDH y de diversos preceptos constitucionales, legales y reglamentarios.
En el caso del var贸n, se recuerda que las prestaciones por maternidad tambi茅n cubren supuestos de adopci贸n o acogimiento, que la madre puede transferir al padre una parte de ellas y que, en ciertos casos, cuando la madre biol贸gica no puede disfrutarlas (muerte, ausencia de protecci贸n) se transfieren al padre, como debe hacerse en esta ocasi贸n.
En sus resoluciones, el Tribunal Supremo tambi茅n advierte que no se aprecia conducta fraudulenta, que la atenci贸n a los menores es el punto de vista predominante cuando se trata de prestaciones de Seguridad Social, que las prohibiciones sobre inscripci贸n registral o sobre el propio contrato de maternidad por sustituci贸n quedan al margen del problema y que no se est谩 creando una prestaci贸n de Seguridad Social, sino interpretando las exigencias de las actuales conforme a las exigencias del ordenamiento jur铆dico.

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La UE adopta una nueva Directiva para garantizar la asistencia jur铆dica gratuita en los procesos penales

17/10/16

Las nuevas normas sobre asistencia jur铆dica gratuita propuestas por la Comisi贸n en 2013 superaron el pasado 13 de octubre el 煤ltimo obst谩culo.
El Consejo ha adoptado la Directiva relativa a la asistencia jur铆dica gratuita para los sospechosos o acusados en los procesos penales y en los procedimientos relacionados con la orden de detenci贸n europea. La asistencia jur铆dica gratuita es el apoyo financiero o judicial que reciben los sospechosos o acusados que no disponen de recursos suficientes para cubrir los costes del procedimiento. Las nuevas normas garantizar谩n que el derecho a la asistencia jur铆dica gratuita se ejerza y la propia asistencia se ofrezca de manera uniforme en toda la UE. Los sospechosos o acusados deben beneficiarse de la asistencia jur铆dica gratuita desde las primeras fases de los procesos penales y esta se conceder谩 con arreglo a criterios claramente definidos en la Directiva.
V臅ra Jourov谩, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de G茅nero, ha declarado: 芦La asistencia jur铆dica gratuita es esencial para garantizar el acceso a un sistema de justicia equitativa al servicio de todos, incluidos los m谩s pobres. Hemos reforzado los derechos procesales durante los 煤ltimos a帽os. Toda persona sospechosa o acusada en Europa tendr谩 garantizado un juicio justo. Pero no tiene sentido que los ciudadanos tengan derecho de acceso a un abogado, si no pueden permit铆rselo. La decisi贸n de hoy es, por tanto, de crucial importancia para el espacio europeo de justicia y derechos fundamentales.禄
La nueva Directiva contempla las siguientes garant铆as:
Concesi贸n r谩pida de la asistencia jur铆dica gratuita
La asistencia jur铆dica gratuita se conceder谩, como muy tarde, antes del interrogatorio, en especial por parte de la polic铆a, o con anterioridad a determinados actos de investigaci贸n o de obtenci贸n de pruebas, tal como se establece en la Directiva.
Criterios claros para conceder la asistencia jur铆dica gratuita
Los Estados miembros utilizan diferentes tipos de evaluaci贸n para determinar si procede conceder la asistencia jur铆dica gratuita: La evaluaci贸n de los recursos (en relaci贸n con los recursos de la persona de que se trate, incluidos sus ingresos y su patrimonio), la evaluaci贸n del fundamento (en relaci贸n con la necesidad de garantizar el acceso efectivo a la justicia en las circunstancias del caso) o ambas cosas. Las nuevas normas establecen criterios claros para determinar estas evaluaciones:
- cuando un Estado miembro aplique una evaluaci贸n de los recursos, deber谩 tener en cuenta todos los factores pertinentes y objetivos, como los ingresos, el patrimonio y la situaci贸n familiar de la persona afectada, el coste de la asistencia jur铆dica y el nivel de vida del Estado miembro de que se trate. Esto les ayudar谩 a determinar si los sospechosos o acusados carecen o no de recursos suficientes para pagar la asistencia jur铆dica.
- cuando un Estado miembro aplique la evaluaci贸n del fundamento, deber谩 tener en cuenta la gravedad de la infracci贸n, la complejidad del asunto y la gravedad de la sanci贸n aplicable, a fin de determinar si los intereses de la justicia requieren la concesi贸n de asistencia jur铆dica gratuita.
Asistencia jur铆dica gratuita en los procedimientos relativos a la orden de detenci贸n europea
Existir谩 un derecho a la asistencia jur铆dica gratuita en el procedimiento de la orden de detenci贸n europea. Este derecho se aplicar谩 en el Estado miembro que ejecuta la orden de detenci贸n y tambi茅n en el Estado miembro en el que la orden haya sido dictada, en los procesos penales.
Un mejor proceso de toma de decisiones en materia de asistencia jur铆dica gratuita
La Directiva garantiza que las decisiones relativas a la asistencia jur铆dica gratuita se adopten con diligencia, y que las personas sean informadas por escrito si su solicitud es rechazada en su totalidad o en parte. Para ello, establece reglas relativas a la calidad de la asistencia jur铆dica gratuita y a la formaci贸n del personal que participa en el proceso de toma de decisiones, incluidos los abogados. En caso de vulneraci贸n de los derechos establecidos en la citada Directiva, deber谩 poderse acceder a una tutela judicial efectiva.
Pr贸ximos pasos
Los Estados miembros deber谩n transponer la citada Directiva en un plazo de 30 meses tras su publicaci贸n en el Diario Oficial de la Uni贸n Europea. Estos derechos ser谩n efectivos a partir de mayo de 2019.

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El TJUE establece la misma indemnizaci贸n para contratos fijos y temporales

10/10/16

El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea ha dictado una sentencia en la que declara que la normativa laboral espa帽ola que establece diferentes tipos de indemnizaci贸n por fin de contrato entre trabajadores fijos y temporales es contraria al Derecho de la Uni贸n.

En su sentencia, el TJUE ha visto el caso de una trabajadora interina que no ten铆a derecho a indemnizaci贸n por despido. El tribunal ha declarado que esta diferenciaci贸n con respecto a los trabajadores fijos es contraria al Acuerdo marco sobre el trabajo de duraci贸n determinada de la Directiva 1999/70 en tanto supone una discriminaci贸n que no puede justificarse por causas objetivas. Pero ha ido m谩s all谩, y ha aseverado que la diferente indemnizaci贸n entre temporales y fijos, 12 d铆as para trabajadores de duraci贸n determinada y 20 para los fijos, tambi茅n supone una discriminaci贸n no justificada en tanto se apoya 煤nicamente en la diferente duraci贸n del contrato.
El TJUE responde as铆 a las preguntas manifestadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que vio el recurso interpuesto por la trabajadora interina a la que se le denegaba la indemnizaci贸n tras trabajar 7 a帽os en el mismo lugar de trabajo. En la sentencia, el tribunal recuerda que la cl谩usula 1 del Acuerdo marco tiene por objeto impedir la discriminaci贸n del trabajo de duraci贸n determinada, as铆 como establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilizaci贸n de contratos temporales encadenados. La discriminaci贸n no debe producirse en las condiciones de trabajo, no debiendo ser estas peores que las de los trabajadores fijos.
El Tribunal resuelve, en primer lugar, sobre la cuesti贸n de si la indemnizaci贸n por finalizaci贸n de contrato entra dentro del concepto 鈥渃ondiciones de trabajo鈥. Al respecto se帽ala que la indemnizaci贸n, dado que se concede al trabajador por raz贸n de la finalizaci贸n del contrato de trabajo que le vincula a su empresario, est谩 incluida en el concepto de condiciones de trabajo.
En relaci贸n con el Acuerdo marco, el TJUE recuerda que 鈥渟u apartado 1 establece una prohibici贸n, en lo que respecta a las condiciones de trabajo, de tratar a los trabajadores con contrato de duraci贸n determinada de manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duraci贸n determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.鈥
Por tanto, existiendo una desigualdad en el trato, deber谩 estarse a la comparabilidad de las situaciones controvertidas y a la existencia de una posible justificaci贸n objetiva para determinar si tal desigualdad es discriminatoria o estar铆a por el contrario justificada.

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Anulada la medida de localizaci贸n permanente de deportistas para controles antidopaje por desproporcionada

26/09/16

El Tribunal Supremo la considera 鈥渄esproporcionada y contraria al derecho a la intimidad鈥
La Sala III del Tribunal Supremo ha ratificado la anulaci贸n parcial de la Resoluci贸n de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 4 de febrero de 2013, al considerar que el formulario de localizaci贸n de deportistas que establece, dentro del Plan Individualizado de Controles Antidopaje, vulnera su derecho a la intimidad. El alto tribunal destaca que no est谩 en cuesti贸n la represi贸n del dopaje, sino el nivel de localizaci贸n que la citada Resoluci贸n del CSD exige a los deportistas, que no puede calificarse de 鈥榣ocalizaci贸n habitual鈥 sino 鈥榣ocalizaci贸n permanente鈥, ya que alcanza a todos los d铆as y horas del a帽o, lo que resulta desproporcionado.
El Supremo rechaza el recurso de la Administraci贸n General del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que estim贸 un recurso de la Asociaci贸n de Ciclistas Profesionales, y anul贸 parcialmente el anexo II de la resoluci贸n mencionada, que es donde se regula el formulario de localizaci贸n. Anulaci贸n que ahora se confirma.
Para el Supremo, 鈥渟e trata de una medida que somete al deportista a un control permanente durante todas las jornadas y horas del a帽o, excediendo as铆 de lo que pueda considerarse como 鈥渉abitual o frecuente鈥, y debe calificarse de medida desproporcionada y contraria al derecho a la intimidad, equiparable (鈥) a medidas de car谩cter penal de localizaci贸n permanente, sin que exista la comisi贸n de un delito鈥.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado 脕ngel Arozamena, recuerda que el art铆culo 5.3 de la Ley Org谩nica 7/2007, de 21 de noviembre, de lucha contra el dopaje en el deporte, prev茅 una localizaci贸n habitual pero no permanente. Y el anexo II de la resoluci贸n excede de esa previsi贸n legal y de la reglamentaria que le da cobertura, siendo contrario al derecho a la intimidad protegido por el art铆culo 18 de la Constituci贸n.
La sentencia se帽ala que una cosa es la represi贸n del dopaje deportivo y otra el l铆mite de lo tolerable para lograr ese objetivo de lo que se ha dado en denominar 鈥渂uen orden deportivo鈥. 鈥淟a realizaci贸n de los controles fuera de competici贸n parece requerir contar con informaci贸n sobre el paradero habitual de los deportistas; se impone por ello a estos 煤ltimos la obligaci贸n de declararlo鈥, se帽alan los magistrados, que advierten a continuaci贸n: 鈥淎hora bien, si no todo vale para competir 鈥搚 de eso no cabe duda- tampoco vale todo para controlar鈥.

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El TJUE establece la misma indemnizaci贸n para fijos y temporales

21/09/16

En su sentencia, el TJUE ha visto el caso de una trabajadora interina que no ten铆a derecho a indemnizaci贸n por despido. El tribunal ha declarado que esta diferenciaci贸n con respecto a los trabajadores fijos es contraria al Acuerdo marco sobre el trabajo de duraci贸n determinada de la Directiva 1999/70 en tanto supone una discriminaci贸n que no puede justificarse por causas objetivas. Pero ha ido m谩s all谩, y ha aseverado que la diferente indemnizaci贸n entre temporales y fijos, 12 d铆as para trabajadores de duraci贸n determinada y 20 para los fijos, tambi茅n supone una discriminaci贸n no justificada en tanto se apoya 煤nicamente en la diferente duraci贸n del contrato.
El TJUE responde as铆 a las preguntas manifestadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que vio el recurso interpuesto por la trabajadora interina a la que se le denegaba la indemnizaci贸n tras trabajar 7 a帽os en el mismo lugar de trabajo. En la sentencia, el tribunal recuerda que la cl谩usula 1 del Acuerdo marco tiene por objeto impedir la discriminaci贸n del trabajo de duraci贸n determinada, as铆 como establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilizaci贸n de contratos temporales encadenados. La discriminaci贸n no debe producirse en las condiciones de trabajo, no debiendo ser estas peores que las de los trabajadores fijos.
El Tribunal resuelve, en primer lugar, sobre la cuesti贸n de si la indemnizaci贸n por finalizaci贸n de contrato entra dentro del concepto 鈥渃ondiciones de trabajo鈥. Al respecto se帽ala que la indemnizaci贸n, dado que se concede al trabajador por raz贸n de la finalizaci贸n del contrato de trabajo que le vincula a su empresario, est谩 incluida en el concepto de condiciones de trabajo.
En relaci贸n con el Acuerdo marco, el TJUE recuerda que 鈥渟u apartado 1 establece una prohibici贸n, en lo que respecta a las condiciones de trabajo, de tratar a los trabajadores con contrato de duraci贸n determinada de manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duraci贸n determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.鈥
Por tanto, existiendo una desigualdad en el trato, deber谩 estarse a la comparabilidad de las situaciones controvertidas y a la existencia de una posible justificaci贸n objetiva para determinar si tal desigualdad es discriminatoria o estar铆a por el contrario justificada.

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El Consejo de la UE aprueba la Directiva sobre accesibilidad web del sector p煤blico

21/07/16

El objeto de la Directiva es que los productos y servicios digitales sean accesibles a todos los usuarios Para ello, la Directiva simplificar谩 en gran medida la accesibilidad y el uso de los servicios por las personas con discapacidad.
As铆, los sitios web y las aplicaciones para dispositivos m贸viles de las administraciones, hospitales p煤blicos, tribunales y otros organismos p煤blicos deber谩n cumplir normas europeas de accesibilidad comunes. La Directiva establece condiciones m铆nimas y permite que los Estados miembros establezcan requisitos a煤n m谩s estrictos. Tambi茅n pueden aplicar estos requisitos u otros adicionales a los sitios web y a las aplicaciones para dispositivos m贸viles de otros tipos de organizaciones.
Los usuarios podr谩n solicitar informaci贸n espec铆fica si el contenido no est谩 accesible, o informar sobre problemas de conformidad, simplemente pulsando en un enlace para informaci贸n de retorno.
Para asegurarse de que las normas se ponen en pr谩ctica, los Estados miembros deben supervisar la conformidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos m贸viles de su sector p煤blico. Un mecanismo de ejecuci贸n garantizar谩 que las solicitudes y notificaciones reciben debida respuesta.
Se espera que un conjunto armonizado de medidas suponga un impulso para el desarrollo y la venta de m谩s productos de accesibilidad automatizados e innovadores.
Mas informaci贸n en http://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/el-consejo-de-la-ue-apr...

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El Supremo se帽ala que los progenitores no tienen legitimidad para plantear una demanda de paternidad en nombre de sus hijos si hay intereses contrapuestos

06/07/16

La resoluci贸n del Tribunal Supremo recoge la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que legitima los l铆mites que la ley establezca para la satisfacci贸n del inter茅s del hijo cuando existe conflicto de inter茅s entre el del progenitor a ver declarada su paternidad y la situaci贸n familiar que vive el hijo
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha confirmado la falta de legitimaci贸n de una madre para, como representante de su hija, plantear una demanda de reclamaci贸n de paternidad extramatrimonial de la ni帽a e impugnaci贸n de la filiaci贸n matrimonial, debido a que, en el caso examinado, existen intereses contrapuestos entre madre e hija.
El procedimiento se inici贸 cuando la madre, como representante legal de su hija, interpuso una demanda en la que reclamaba la paternidad de quien afirmaba que era el padre biol贸gico y, complementariamente, impugnaba la filiaci贸n matrimonial de su exmarido, que constaba formalmente en el Registro Civil como progenitor, alegando que la filiaci贸n registral se hab铆a determinado por un reconocimiento de complacencia y que deb铆a fijarse la filiaci贸n acorde con la verdad biol贸gica.
La sentencia de primera instancia estim贸 la demanda por considerar, sustancialmente, que la filiaci贸n biol贸gica extramatrimonial no hab铆a sido discutida por las partes y que exist铆a, adem谩s,prueba directa de la paternidad.
Posteriormente, la Audiencia Provincial estim贸 el recurso de apelaci贸n interpuesto por el padre registral al considerar que, frente a la l铆nea jurisprudencial tendente a dar prevalencia a la verdad biol贸gica, en este caso ten铆an mayor peso espec铆fico las razones que amparan la tesis de la irrevocabilidad del reconocimiento de complacencia, por entender que el bien de la hija estaba precisamente en el mantenimiento de la paternidad impugnada, y que la madre atend铆a a intereses puramente particulares y ajenos al inter茅s superior de la menor.
La sentencia del Tribunal Supremo, aunque desestima el recurso de casaci贸n, considera que la raz贸n de la desestimaci贸n de la demanda no debe ser la irrevocabilidad del reconocimiento de complacencia. Esta cuesti贸n s贸lo ser铆a relevante en la acci贸n de impugnaci贸n de la filiaci贸n extramatrimonial, que no es la que se hab铆a ejercitado con car谩cter principal, porque por su propia naturaleza est谩 subordinada al 茅xito de la acci贸n de reclamaci贸n de la filiaci贸n matrimonial.
La Sala considera, en cambio, que falta la legitimaci贸n de la madre para ejercitar en nombre de su hija las acciones de filiaci贸n por el conflicto de intereses apreciado y que 茅sta es la raz贸n por la que debe desestimarse su demanda
La sentencia explica los principios generales que inspiran el ejercicio de las acciones de filiaci贸n y la protecci贸n del inter茅s de los menores y se hace eco de los riesgos que puede causar la colisi贸n entre el derecho de los progenitores y el de los hijos cuando el ejercicio de este tipo de acciones irrumpe en una realidad familiar ya asentada, por contraposici贸n entre la verdad biol贸gica y la preservaci贸n de la paz familiar en inter茅s del hijo si se encuentra en una situaci贸n consolidada de familia que ha podido formarse al margen de la biol贸gica.

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La inversi贸n en Justicia Gratuita se mantiene estable en 2015 con una leve reducci贸n del 0,3%

05/07/16

905.000 solicitudes de Justicia Gratuita en 2015, de las cuales 621.000 se tramitaron a trav茅s del Expediente Electr贸nico
Una vez pasado el impacto de las tasas judiciales tras su derogaci贸n para los ciudadanos en febrero de 2015 se ha producido una leve disminuci贸n del 0,3% del gasto en Justicia Gratuita con respecto a 2014, alcanzando una inversi贸n de 227,1 millones de euros frente a los 227,8 millones de 2014. Esta es una de la conclusiones del X Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita en Espa帽a, elaborado por Abogac铆a Espa帽ola y Wolters Kluwer, y presentado hoy por la presidenta del Consejo General de la Abogac铆a Espa帽ola, Victoria Ortega; la presidenta de Wolters Kluwer,Rosalina D铆az; el presidente de la Comisi贸n de Asistencia Jur铆dica Gratuita del Consejo General de la Abogac铆a Espa帽ola, Antonio Mor谩n, y la directora adjunta y analista de Metroscopia, Silvia Bravo.
Victoria Ortega ha destacado que la Ley de Justicia Gratuita ha sido muy positiva 鈥減ero tras 20 a帽os de funcionamiento necesita una mejora鈥 ya que se necesita un 鈥渋mpulso para utilizar el Expediente Electr贸nico de Justicia Gratuita, establecer los servicios de vigilancia penitenciaria, realizar una dotaci贸n presupuestaria suficiente para que los abogados del turno de oficio tengan un cobro digno, prestar asesoramiento a los refugiados, son todas, entre otras, las reformas necesarias鈥.
Por su parte, Antonio Mor谩n ha pedido que se regule de forma actualizada el marco legal de la Justicia Gratuita, recordando que uno de los elementos fundamentales que integran el Pacto de Estado por la Justicia es la reforma del Servicio de Asistencia Jur铆dica Gratuita. Dur谩n ha recordado que la Justicia Gratuita apenas representa el 6,5% de los presupuestos de Justicia de todo el Estado.

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