Un paso m谩s hacia la nueva Ley de Propiedad Intelectual

23/07/14

El Congreso aprob贸 ayer la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que solo queda el tr谩mite en el Senado, que se espera sea este oto帽o para que la ley entre en vigor a partir del 2015.

Durante la tramitaci贸n parlamentaria se han presentado 169 enmiendas al texto que aprob贸 el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero.

La norma recog铆a entre otras, la compensaci贸n econ贸mica que se debe dar a los autores de las noticias por la explotaci贸n de su informaci贸n en el 谩mbito de los agregadores de noticias en internet, es decir, la "tasa google".

No obstante, y a la espera de la normativa comunitaria sobre protecci贸n de datos, se prev茅 que la citada reforma sufra importantes cambios antes de su entrada en vigor.

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La Abogac铆a en bloque se manifestar谩 el 24 de julio en Madrid en protesta por las reformas en Justicia y Colegios Profesionales impulsadas por el Gobierno

18/07/14

La abogac铆a institucional ha convocado una concentraci贸n en Madrid el pr贸ximo jueves, 24 de julio, para manifestar su rechazo al proyecto de Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita y al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Los 14 Colegios de Abogados Catalanes participar谩n en la concentraci贸n de los decanos y de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de todo el Estado, en protesta por estas y otras normas que promueve el Gobierno estatal, y especialmente el Ministerio de Justicia, por considerar que alejan la Justicia y afectan a la defensa de los derechos de los ciudadanos.

La concentraci贸n reunir谩 a los m谩ximos representantes -decanos y dem谩s miembros de las Juntas de Gobierno- de los 83 Colegios de Abogados de todo el Estado Espa帽ol -entre los cuales los 14 catalanes- en el Consejo General de la Abogac铆a Espa帽ola (CGAE), para recorrer juntos el trayecto que separa la sede del CGAE del Ministerio de Justicia. La Abogac铆a manifestar谩 de esta forma su m谩s rotundo rechazo al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, a punto de ser aprobado por el Consejo de Ministros, y al proyecto de Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita, que ya ha recibido luz verde por el Consejo de Ministros y pendiente s贸lo de ser debatido en el Senado para su aprobaci贸n definitiva.

La manifestaci贸n pretende tambi茅n extender el rechazo del colectivo de la Abogac铆a al resto de reformas en materia de Justicia impulsadas por el ministro Alberto Ruiz- Gallard贸n, como la controvertida Ley de Tasas Judiciales -en vigor desde noviembre de 2012, y pendiente de varios recursos de inconstitucionalidad- o el anteproyecto de Ley Org谩nica del Poder Judicial (LOPJ) aprobado el pasado mes de abril por el Consejo de Ministros, que prev茅 la desaparici贸n de los actuales partidos judiciales y la centralizaci贸n en las capitales de cada provincia de los 贸rganos judiciales.

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La futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales causar谩 entre 4.000 y 10.000 despidos

16/07/14

El m茅todo de c谩lculo empleado por el Ministerio de Econom铆a en el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales para estimar unas cuotas colegiales limitadas a 240 euros es arbitrario y err贸neo y su aplicaci贸n tendr谩 un impacto negativo en el empleo entre 4.000 y 10.000 despidos.

Estas son las principales conclusiones del Informe 鈥榁aloraci贸n de los c谩lculos sobre cuota de colegiaci贸n introducidos en el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales鈥 elaborado por Roland Berger Strategy Consultants para el Consejo General de la Abogac铆a Espa帽ola.

El Informe de la consultora ha analizado el anteproyecto para evaluar el m茅todo de c谩lculo seguido para determinar el importe m谩ximo de las cuotas satisfechas a Colegios Profesionales con colegiaci贸n obligatoria y estimar el impacto potencial en el empleo en Espa帽a que puede generar la imposici贸n de una cuota l铆mite de 240 euros.

Las cuotas de colegiaci贸n suponen una fuente de financiaci贸n muy importante en las corporaciones colegiales que se utilizan para cubrir gastos de personal (sueldos y salarios del personal contratado) y otros gastos de explotaci贸n de actividad (compra de material de oficina, publicaciones, seminarios, conferencias鈥) que revierten en el empleo indirecto.

En Espa帽a hay aproximadamente 6.000 empleados directos que prestan sus servicios a los 1,3 millones de profesionales colegiados que podr铆an verse afectados por el anteproyecto de Ley de Servicios y de Colegios Profesionales. Recopilando datos de distintas profesiones, la consultora considera que, en general, una gran mayor铆a de corporaciones colegiales tienen un ratio de 221 colegiados por cada empleado.

Roland Berger realiza su estudio en base a nueve escenarios que suponen una reducci贸n de empleos, incluyendo tambi茅n a los indirectos, que oscila entre 4.000 y 10.000 despidos 鈥渄ejando muy claro que la imposici贸n l铆mite, claramente arbitraria, de los 240 euros puede suponer un grave perjuicio para la econom铆a espa帽ola鈥.

Aparte de la reducci贸n de ingresos que sufrir谩n las corporaciones colegiales, estas instituciones tendr谩n que indemnizar a los despedidos en funci贸n de su antig眉edad en el empleo, con un impacto adicional para los Colegios Profesionales que oscila en el rango entre 11 y 50 millones de euros en el primer a帽o de ajuste.

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El Consejo de Ministros abre la puerta al proyecto de ley de seguridad ciudadana

14/07/14

El Proyecto de Ley responde, de manera m谩s concreta, a los siguientes objetivos:

En primer lugar, en perfecta sinton铆a con el Proyecto de reforma del C贸digo Penal que se est谩 tramitando en las Cortes Generales, este Proyecto hace posible la despenalizaci贸n de las faltas y, en consecuencia, determinadas conductas que hasta ahora estaban sancionadas en el C贸digo Penal pasar谩n a estarlo en una norma administrativa, partiendo de la base, en todo caso, de que el procedimiento administrativo sancionador goza de todas las garant铆as y est谩 siempre sometido a control judicial.
En segundo lugar, se establece una nueva regulaci贸n de las potestades de intervenci贸n policial en el 谩mbito de la seguridad ciudadana (identificaciones policiales, cacheo, controles en v铆as p煤blicas, etc.) mucho m谩s garantista, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo.
En tercer lugar, la nueva regulaci贸n mejora la tipificaci贸n de las infracciones con definiciones precisas, incrementando notablemente la seguridad jur铆dica.
En cuarto lugar, se reduce el margen de discrecionalidad en la imposici贸n de las sanciones, pues se detallan los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de concretar la cuant铆a de las multas.
En definitiva, esta Ley no trata de sancionar m谩s, sino de sancionar mejor, es decir, con mayores garant铆as y menor discrecionalidad. (LaMoncloa)

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No es v谩lido un pacto incluido en un contrato de alta direcci贸n que excluye totalmente la indemnizaci贸n

11/07/14

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha decidido que no es v谩lido un pacto incluido en un contrato de alta direcci贸n que excluye totalmente la indemnizaci贸n, en caso de cese efectuado por decisi贸n unilateral de la empresa.
El recurrente, Gerente de la Sociedad de Gesti贸n de Intereses de la Universidad de Santiago de Compostela, fue cesado por la entidad y su demanda fue sucesivamente desestimada por el Juzgado de lo Social y por el Tribunal Superior. Interpuesto recurso de casaci贸n, ha sido estimado por la Sala reconoci茅ndole el importe establecido por el RD 1382/1985 en defecto de pacto, de siete d铆as de salario por a帽o de antig眉edad.

A criterio del Tribunal Supremo, la norma no permite un pacto cuyo contenido no se limita a fijar una cuant铆a diferente de la se帽alada con car谩cter subsidiario en el Real Decreto en defecto de pacto, sino que elimina totalmente la indemnizaci贸n, ya que al permitir el libre desistimiento empresarial sin indemnizaci贸n alguna dejar铆a el contrato al arbitrio de uno de los contratantes.

La Sentencia cuenta con el voto particular de tres Magistrados, seg煤n el cual en la relaci贸n laboral especial de alta direcci贸n, a diferencia de otras relaciones laborales especiales, la autonom铆a de la voluntad de las partes contratantes tiene un margen m谩s amplio y no es aplicable la irrenunciabilidad de derechos del art. 3.5 del Estatuto de los Trabajadores.

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Las cargas derivadas del r茅gimen de visitas cuando ambos c贸nyuges residan en diferentes localidades correr谩 a cuenta de ambos

09/07/14

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha fijado doctrina, al resolver un recurso que presenta inter茅s casacional, sobre el sistema que ha de regir para el reparto equitativo entre los progenitores de las cargas derivadas del r茅gimen de visitas cuando ambos c贸nyuges residen en localidades muy distantes, a fin de que, como regla general, sean ambos los que se las realicen y no sea solamente el progenitor no custodio el que las asuma en exclusiva.
En el supuesto enjuiciado, tras la ruptura de la pareja, el padre tuvo que trasladarse a 32 kil贸metros del lugar de residencia de la madre y del menor. Para el cumplimiento del r茅gimen de visitas (visitas de d铆a 鈥 visitas de fin de semana 鈥 estancias vacacionales), el Juzgado consider贸 que lo adecuado era que el padre se desplazara para recoger al hijo en el domicilio materno y que la madre se encargase de recogerlo en el domicilio paterno. Sin embargo, la Audiencia consider贸 que deb铆a ser el padre, por ser quien viv铆a lejos del domicilio del menor, el que se desplazara en ambos casos, tanto para recogerle como para llevar a cabo su devoluci贸n.
La sentencia de la Sala Primera, fija doctrina en este particular, ante la existencia de posiciones dispares en las Audiencias Provinciales. La Sala se apoya, de una parte, en el inter茅s del menor, y, de otra, en el reparto equitativo de cargas a que se refieren los arts. 90 c) y 91 del C贸digo Civil.
Seg煤n declara la sentencia, 芦es esencial que el sistema que se establezca no pierda de vista el inter茅s del menor, de forma que no dificulte su relaci贸n con cada uno de los progenitores禄, pero, al mismo tiempo, 芦es preciso un reparto equitativo de cargas, de forma que ambos progenitores sufraguen los costes de traslado de forma equilibrada y proporcionada a su capacidad econ贸mica, teni茅ndose en cuenta sus circunstancias personales, familiares, disponibilidad, flexibilidad del horario laboral, etc.禄. De ah铆 que para determinar el criterio que contribuya a clarificar la cuesti贸n sea preciso, sigue diciendo, 芦que se establezca un sistema prioritario y otro subsidiario, dado que pueden presentarse diferentes situaciones y ser谩 necesario ofrecer soluciones alternativas adaptadas a las particularidades de cada situaci贸n禄. Como regla general, normal o habitual, se considera que lo adecuado es que 芦cada padre/madre recoger谩 al menor del domicilio del progenitor custodio, para ejercer el derecho de visita y el custodio lo retornar谩 a su domicilio禄 y, 芦subsidiariamente, cuando a la vista de las circunstancias del caso, el sistema habitual no se corresponda con los principios expresados de inter茅s del menor y distribuci贸n equitativa de las cargas, las partes o el juez podr谩n atribuir la obligaci贸n de recogida y retorno a uno de los progenitores con la correspondiente compensaci贸n econ贸mica, en su caso y debiendo motivarse en la resoluci贸n judicial禄. Tambi茅n se afirma que 芦estas dos soluciones se establecen sin perjuicio de situaciones extraordinarias que supongan un desplazamiento a larga distancia, que exigir谩 ponderar las circunstancias concurrentes y que deber谩 conllevar una singularizaci贸n de las medidas adoptables禄.

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Se podr谩n aplicar medidas cautelares sin esperar a que el imputado sea notificado

08/07/14

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica la regulaci贸n del Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administraci贸n de Justicia con el objeto de mejorar la protecci贸n a las v铆ctimas de agresiones y agilizar la comunicaci贸n entre las administraciones p煤blicas con acceso al sistema de registros.
El Real Decreto reforma y actualiza, especialmente, cuatro aspectos:
Las medidas cautelares de protecci贸n que se adopten por un tribunal en el curso de un proceso judicial se grabar谩n de forma inmediata en el Registro Central de Medidas Cautelares sin necesidad de esperar, como ocurr铆a ahora, a que le sean notificadas al imputado. El objetivo de la reforma es garantizar la protecci贸n de todas las v铆ctimas desde el mismo momento en que se dicte la medida. Entre los colectivos m谩s vulnerables que se ver谩n especialmente beneficiados por esta modificaci贸n figuran los menores, las mujeres v铆ctimas de agresi贸n o las v铆ctimas del terrorismo. Se evitan as铆 situaciones de riesgo para la v铆ctima, que la pr谩ctica diaria demuestra frecuentes, cuando la notificaci贸n al imputado no es posible por encontrarse en paradero desconocido o se demora hasta su localizaci贸n. Esta novedad ya estaba incorporada en el Registro Central para la Protecci贸n de las V铆ctimas de la Violencia Dom茅stica y de G茅nero y ahora se extiende al resto de v铆ctimas.
Las comunicaciones con la Direcci贸n General de Tr谩fico de los datos relativos a cualquier pena o medida relacionada con la seguridad vial se har谩n, a partir de ahora, de manera telem谩tica. Esta informaci贸n se remit铆a hasta ahora por el secretario judicial en formato papel, por lo que se mejora la calidad y confidencialidad de los datos transmitidos, y se descarga al funcionario del juzgado de dicha obligaci贸n al tratarse de datos que ya ha transmitido previamente al Registro. Con esta modificaci贸n se gana en inmediatez y en seguridad.
Se crea un fondo documental de requisitorias con la informaci贸n necesaria para poder resolver acerca de la situaci贸n personal del requisitoriado a trav茅s del sistema inform谩tico, accesible en cualquier momento desde cualquier 贸rgano judicial.
Cuando un ciudadano de la Uni贸n Europea solicite un certificado de antecedentes penales espa帽ol, estar谩 obligado a tramitar el certificado de antecedentes penales del pa铆s de origen. Esta medida cumple con lo dispuesto en la Decisi贸n Marco del Consejo Europeo, del 26 de febrero de 2009, relativa al intercambio de informaci贸n de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros de la Uni贸n Europea.
Sistema de Registros
El Real Decreto aprobado hoy modifica otro del 6 de febrero de 2009 que regula la organizaci贸n y funcionamiento del Sistema de Registros de apoyo a la actividad judicial y que est谩 integrado por el Registro Central de Penados, el Registro Central de Medidas Cautelares, el Registro Central para la Protecci贸n de las V铆ctimas de la Violencia Dom茅stica y de G茅nero, el Registro Central de Rebeldes Civiles y el Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores. Su 谩mbito territorial se extiende por todo el territorio nacional y constituye un sistema de informaci贸n no p煤blico de apoyo a la actividad de los 贸rganos judiciales, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros 贸rganos administrativos en el 谩mbito de sus competencias. (LaMoncloa)

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Nuevo Sistema de Alerta por Desaparici贸n de Menores "Alerta - Menor Desaparecido"

07/07/14

El Sistema de Alerta Menor Desaparecido es una nueva herramienta que emitir谩 alertas y llamamientos de colaboraci贸n a la poblaci贸n en las primeras horas de la desaparici贸n de un menor de edad a trav茅s de los medios de comunicaci贸n y de aquellas entidades y organismos p煤blicos o privados con la capacidad tecnol贸gica adecuada para la transmisi贸n de mensajes a la sociedad con el fin de conseguir la colaboraci贸n de todos los ciudadanos.
Este proyecto est谩 cofinanciado por la Comisi贸n Europea.

La Alerta Menor Desaparecido se activar谩 en determinadas condiciones en aquellos casos de secuestro de menores para actuar en las primeras horas de la manera m谩s r谩pida y eficaz. La decisi贸n para poner en marcha el Sistema Alerta Menor Desaparecido corresponde a la Secretar铆a de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, a propuesta de las autoridades policiales responsables de la investigaci贸n de la desaparici贸n del menor.

Para la solicitud de emisi贸n de una alerta se deben cumplir todas y cada una las condiciones siguientes:

Que el desaparecido sea menor de 18 a帽os.
Que la desaparici贸n haya sido previamente ratificada como de alto riesgo de acuerdo con la Instrucci贸n 1/2009 de la Secretar铆a de Estado de Seguridad.
Que existan indicios razonables de que la desaparici贸n ha sido de car谩cter forzoso.
Que los investigadores policiales tengan la presunci贸n de que el desaparecido est谩 en una situaci贸n de inminente peligro de muerte o riesgo para su integridad f铆sica, as铆 como que la emisi贸n de la alerta atiende al inter茅s de la investigaci贸n y no va a constituir un perjuicio a帽adido al menor.
Que se disponga de datos suficientes sobre el desaparecido para que la petici贸n de colaboraci贸n a la poblaci贸n pueda dar alg煤n resultado positivo.
Que exista consentimiento para la emisi贸n de la alerta por quien ostente la patria potestad o tutela legal del menor desaparecido.
(LaMoncloa)

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Carlos Carnicer reclama al presidente del Gobierno un di谩logo concreto, urgente y sincero sobre la Ley de Justicia Gratuita

03/07/14

Ante la prolongaci贸n del plazo de enmiendas a la Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita y la solicitud del Gobierno de habilitar el mes de julio para su tramitaci贸n parlamentaria, el presidente del Consejo General de la Abogac铆a Espa帽ola, Carlos Carnicer, ha reclamado formalmente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su implicaci贸n personal y un di谩logo 鈥渃oncreto, urgente, reflexivo, abierto y sincero鈥 sobre los aspectos a煤n no resueltos de la Ley, que ponen en riesgo un servicio fundamental para garantizar el derecho de defensa de los m谩s vulnerables.

Carnicer reitera en su misiva la voluntad de la Abogac铆a de dialogar en nombre de los 83 Colegios de Abogados y de sus 250.000 colegiados para salvaguardar un servicio que funciona muy satisfactoriamente, sin incidencias ni quejas por parte de los ciudadanos, y que solo ha sido noticia negativa 鈥減or los retrasos en los abonos en las exiguas retribuciones, incluso con los impagos y con los recortes unilaterales por parte de algunas Administraciones P煤blicas鈥.

El presidente de la Abogac铆a recuerda tambi茅n que el di谩logo mantenido con el Ministerio de Justicia y los innegables avances logrados en algunos aspectos no han impedido que, al parecer por imposici贸n del Ministerio de Econom铆a y de la Oficina Econ贸mica de la Presidencia del Gobierno, haya sido imposible rectificar los 鈥済raves errores del proyecto de Ley de Justicia Gratuita que perjudica al justiciable, no garantiza la financiaci贸n p煤blica ni la cercan铆a de la Justicia al ciudadano, no destina el dinero de las tasas a la Justicia Gratuita, desconf铆a y sospecha de los ciudadanos, no garantiza la digna retribuci贸n del servicio, burocratiza y hace m谩s lenta la labor de los abogados y de los Colegios y, sobre todo, deteriora un servicio de calidad y no mejora el actual modelo ni lo moderniza鈥.

Seg煤n Carnicer, en el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita hay temas nucleares que si no se cambian 鈥減ondr谩n en riesgo un servicio p煤blico mod茅lico prestado por 83 Colegios de Abogados y 42.500 abogados, 24 horas al d铆a, 365 d铆as al a帽o, que no s贸lo no cuesta m谩s a los ciudadanos espa帽oles sino que en 2013 cost贸 42 millones menos de euros respecto a 2009. Y con m谩s colectivos y personas con derecho a este servicio por decisi贸n legislativa. Esos recortes se han hecho fundamentalmente a base de reducir de forma sustancial los baremos que cobran los abogados de oficio, muchos de los cuales no se han tocado desde hace diez a帽os鈥.

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El Supremo estudiar谩 el alcance de la justicia universal el pr贸ximo 23 de julio

01/07/14

El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene previsto reunirse el pr贸ximo 23 de julio para estudiar el alcance de la reforma de la Justicia Universal aprobada por el Gobierno, en relaci贸n a la jurisdicci贸n de Espa帽a en la persecuci贸n del narcotr谩fico en aguas internacionales contra extranjeros cuando no hay constancia de que la droga tenga como destino Espa帽a.

La Sala estudiar谩 en concreto el recurso de la Fiscal铆a contra la decisi贸n de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, adoptada en Pleno el pasado 28 de abril por 13 votos a 3, que acord贸 la excarcelaci贸n de 13 ciudadanos egipcios que estaban en prisi贸n a la espera de juicio y para quienes la Fiscal铆a ped铆a 6 a帽os y 2 meses de prisi贸n por delito de narcotr谩fico.

Su barco, sin bandera, que transportaba un alijo de16.000 kilos de hach铆s, fue abordado el 31 de mayo de 2013 en aguas internacionales del Mar de Albor谩n.

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Reforma de la Ley de Justicia Gratuita y Pragmatismo

30/06/14

El Consejo General de la Abogac铆a Espa帽ola, est谩 realizando en los 煤ltimos meses un intenso esfuerzo para buscar puntos de encuentro con el Ministerio de Justicia en relaci贸n a la reforma de la Ley de Justicia Gratuita.
Las negociaciones, ordenadas por el Presidente Carlos Carnicer, tienen por objetivo buscar soluciones, pragm谩ticas y realistas, sin renunciar a las principales aspiraciones de la abogac铆a.

Las negociaciones son complicadas, pero en amplios sectores de la abogac铆a opinan que es clave para conseguir alcanzar un texto aceptable, que el Presidente Carnicer contin煤e, como hasta ahora, manteniendo en este tema la unidad de la abogac铆a espa帽ola. Seg煤n ha sabido este medio el Ministro Gallard贸n, ha valorado positivamente el esfuerzo negociador de las partes.

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Advertencia fundamental: la sentencia del Tribunal Supremo (n煤m. 838/2013 de 17 de enero de 2014) concreta, perfila y delimita claramente el efecto de aquellas cl谩usulas que proh铆ben toda intervenci贸n judicial en la testamentaria, con p茅rdida por el infra

27/06/14

Advertencia fundamental: la sentencia del Tribunal Supremo (n煤m. 838/2013 de 17 de enero de 2014) concreta, perfila y delimita claramente el efecto de aquellas cl谩usulas que proh铆ben toda intervenci贸n judicial en la testamentaria, con p茅rdida por el infractor impugnante de todo aquello dispuesto en testamento a su favor, conservando aquel infractor solo lo que por leg铆tima estricta le corresponde (sin derecho tampoco a la parte que le corresponder铆a respecto al tercio de mejora).
Es frecuente la 芦cl谩usula socini禄 por la cual el testador, gravada una leg铆tima, dispone que el legitimario ha de escoger entre aceptar la leg铆tima gravada, conservando todo lo dem谩s que el testamento le atribuye, o por el contrario reclamar la leg铆tima sin el gravamen pero perdiendo todo lo dem谩s atribuido.

La Sentencia, con amplio razonamiento que merece por su enjundia y acierto un profundo estudio, da pleno valor a la prohibici贸n de intervenci贸n judicial y posibilita decretar la perdida (en el caso de autos important铆sima) de las mayores atribuciones testamentarias del infractor que acrecen a los otros coherederos, quedando el derecho del infractor reducido a la leg铆tima estricta.

Por esto, a partir de esta resoluci贸n judicial, los abogados han de tener muy presente esta sentencia que merece un posterior estudio y glosa adecuados.

T茅ngase en cuenta que el principio de 芦favor testamenti禄 y el respeto a la voluntad del testador EXIGE LA MAYOR CAUTELA AL REALIZAR IMPUGNACIONES que puedan acarrear la p茅rdida de aquel plus dispositivo m谩s all谩 de la leg铆tima.

Esto es pues una llamada de alerta (1)
[1] Digamos, de paso, que antes de la claridad y definici贸n que esa sentencia proporciona, era explicable este ejercicio. Pero ahora, despu茅s de esta sentencia, se alerta a los abogados en el sentido de que deben ponderar muy bien el caso, antes de contravenir la prohibici贸n.

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