El Ministro presenta el nuevo Estatuto de la Víctima del Delito

31/07/14

Es fundamental ofrecer a la v√≠ctima directa, y tambi√©n a la indirecta (los familiares en caso de fallecimiento o desaparici√≥n, entre los que por primera vez se incluir√° a los hijos de su pareja si conviv√≠an con ella), las m√°ximas facilidades para el ejercicio y tutela de sus derechos. Eso se conseguir√° reduciendo los tr√°mites innecesarios que supongan una segunda victimizaci√≥n (por ejemplo, eliminando declaraciones que puedan ser prescindibles y que puedan producirle alg√ļn trauma) y otorg√°ndole informaci√≥n y orientaci√≥n sobre los derechos y servicios que le corresponden.

Para hacer efectivas estas actuaciones, siempre orientadas a la persona, lo que exige una evaluaci√≥n y un trato individualizado de toda v√≠ctima, es imprescindible la m√°xima colaboraci√≥n entre las distintas Administraciones P√ļblicas, el Poder Judicial, los colectivos de v√≠ctimas, los profesionales que las atienden y el conjunto de la sociedad a trav√©s de protocolos de actuaci√≥n, como, por ejemplo, los firmados la semana pasada sobre Menores Extranjeros No Acompa√Īados (MENAs) o el de Desplazamientos de v√≠ctimas de violencia de g√©nero y sus hijos entre casas de acogida. El proyecto de ley prev√© que "toda v√≠ctima tiene derecho a la protecci√≥n, informaci√≥n, apoyo, asistencia y atenci√≥n [‚Ķ] desde su primer contacto con la autoridad [‚Ķ], a lo largo de todo el proceso penal y por un periodo de tiempo adecuado despu√©s de su conclusi√≥n". Por eso tambi√©n se promover√°n las Oficinas de Asistencia a las V√≠ctimas, tanto del Ministerio como de las Comunidades Aut√≥nomas, a las que tendr√°n que ser derivadas las v√≠ctimas que lo necesiten en funci√≥n de la gravedad del delito o cuando lo soliciten.

El artículo 10 del proyecto de ley incluye también una importante novedad que consiste en que los hijos menores que se encuentran en un entorno de violencia de género o de violencia doméstica tendrán derecho a las mismas medidas de asistencia y protección que las víctimas de estos delitos.

Derechos de la víctima

El nuevo Estatuto atribuye una serie de derechos a las víctimas estén o no personadas en el proceso penal. Así, todas ellas tendrán derecho a que se les proporcione información en un lenguaje comprensible sobre cómo interponer una denuncia, los servicios asistenciales de los que dispone y cómo pueden acceder a medidas de protección y a asesoramiento legal, así como a la traducción de las resoluciones que se produzcan.

Se reconoce el derecho de la v√≠ctima a estar acompa√Īada por la persona que designe y a ser informada sobre la causa abierta por el delito que sufri√≥ aunque no est√© personada. Se le informar√° de cu√°ndo se celebrar√° el juicio, se le notificar√°n las sentencias y los sobreseimientos, as√≠ como la adopci√≥n de medidas cautelares y de libertad del encausado y las resoluciones de las autoridades judiciales o penitenciarias que puedan poner en riesgo la seguridad de la v√≠ctima (permisos de salida, por ejemplo), siempre y cuando lo solicite previamente y exista una situaci√≥n de peligro. En el caso de v√≠ctimas de violencia de g√©nero, estas ser√°n informadas de la situaci√≥n en la que se encuentre el encausado (puesta en libertad, fuga o medidas cautelares) incluso sin que lo hayan solicitado, salvo que manifiesten su voluntad expresa de no ser notificadas.

En los casos de grandes catástrofes, los abogados y procuradores no podrán dirigirse a las víctimas para ofrecerles sus servicios profesionales hasta que no haya transcurrido un mes desde el suceso. Esta prohibición quedará sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima.

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El Supremo declara la competencia espa√Īola en materia internacional

28/07/14

El Tribunal Supremo reconoce as√≠, la jurisdicci√≥n espa√Īola para apresar barcos en alta mar que lleven droga, siempre que los tratados internacionales otorguen competencia para el apresamiento
La Sala ha revocado as√≠ la decisi√≥n de sobreseer la causa adoptada por la Audiencia Nacional al entender que Espa√Īa es competente en virtud del art√≠culo 23.4.d de la Ley Org√°nica del Poder Judicial en los casos de abordaje por supuesto delito de tr√°fico de drogas en el √°mbito marino. El apartado d del citado precepto reconoce la jurisdicci√≥n para apresar barcos en alta mar que lleven droga, siempre que los tratados internacionales otorguen competencia para el apresamiento. Los magistrados del Supremo han entendido que en este caso -y en todos en los que se den las mismas circunstancias- la jurisdicci√≥n viene otorgada por la Convenci√≥n de Viena de 1988 y por los acuerdos del mar de Montego Bay de 1982. (Comunicaci√≥n Poder Judicial)

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Un paso m√°s hacia la nueva Ley de Propiedad Intelectual

23/07/14

El Congreso aprob√≥ ayer la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que solo queda el tr√°mite en el Senado, que se espera sea este oto√Īo para que la ley entre en vigor a partir del 2015.

Durante la tramitación parlamentaria se han presentado 169 enmiendas al texto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero.

La norma recogía entre otras, la compensación económica que se debe dar a los autores de las noticias por la explotación de su información en el ámbito de los agregadores de noticias en internet, es decir, la "tasa google".

No obstante, y a la espera de la normativa comunitaria sobre protección de datos, se prevé que la citada reforma sufra importantes cambios antes de su entrada en vigor.

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La Abogacía en bloque se manifestará el 24 de julio en Madrid en protesta por las reformas en Justicia y Colegios Profesionales impulsadas por el Gobierno

18/07/14

La abogacía institucional ha convocado una concentración en Madrid el próximo jueves, 24 de julio, para manifestar su rechazo al proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Los 14 Colegios de Abogados Catalanes participarán en la concentración de los decanos y de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de todo el Estado, en protesta por estas y otras normas que promueve el Gobierno estatal, y especialmente el Ministerio de Justicia, por considerar que alejan la Justicia y afectan a la defensa de los derechos de los ciudadanos.

La concentraci√≥n reunir√° a los m√°ximos representantes -decanos y dem√°s miembros de las Juntas de Gobierno- de los 83 Colegios de Abogados de todo el Estado Espa√Īol -entre los cuales los 14 catalanes- en el Consejo General de la Abogac√≠a Espa√Īola (CGAE), para recorrer juntos el trayecto que separa la sede del CGAE del Ministerio de Justicia. La Abogac√≠a manifestar√° de esta forma su m√°s rotundo rechazo al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, a punto de ser aprobado por el Consejo de Ministros, y al proyecto de Ley de Asistencia Jur√≠dica Gratuita, que ya ha recibido luz verde por el Consejo de Ministros y pendiente s√≥lo de ser debatido en el Senado para su aprobaci√≥n definitiva.

La manifestación pretende también extender el rechazo del colectivo de la Abogacía al resto de reformas en materia de Justicia impulsadas por el ministro Alberto Ruiz- Gallardón, como la controvertida Ley de Tasas Judiciales -en vigor desde noviembre de 2012, y pendiente de varios recursos de inconstitucionalidad- o el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobado el pasado mes de abril por el Consejo de Ministros, que prevé la desaparición de los actuales partidos judiciales y la centralización en las capitales de cada provincia de los órganos judiciales.

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La futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales causar√° entre 4.000 y 10.000 despidos

16/07/14

El método de cálculo empleado por el Ministerio de Economía en el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales para estimar unas cuotas colegiales limitadas a 240 euros es arbitrario y erróneo y su aplicación tendrá un impacto negativo en el empleo entre 4.000 y 10.000 despidos.

Estas son las principales conclusiones del Informe ‚ÄėValoraci√≥n de los c√°lculos sobre cuota de colegiaci√≥n introducidos en el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales‚Äô elaborado por Roland Berger Strategy Consultants para el Consejo General de la Abogac√≠a Espa√Īola.

El Informe de la consultora ha analizado el anteproyecto para evaluar el m√©todo de c√°lculo seguido para determinar el importe m√°ximo de las cuotas satisfechas a Colegios Profesionales con colegiaci√≥n obligatoria y estimar el impacto potencial en el empleo en Espa√Īa que puede generar la imposici√≥n de una cuota l√≠mite de 240 euros.

Las cuotas de colegiación suponen una fuente de financiación muy importante en las corporaciones colegiales que se utilizan para cubrir gastos de personal (sueldos y salarios del personal contratado) y otros gastos de explotación de actividad (compra de material de oficina, publicaciones, seminarios, conferencias…) que revierten en el empleo indirecto.

En Espa√Īa hay aproximadamente 6.000 empleados directos que prestan sus servicios a los 1,3 millones de profesionales colegiados que podr√≠an verse afectados por el anteproyecto de Ley de Servicios y de Colegios Profesionales. Recopilando datos de distintas profesiones, la consultora considera que, en general, una gran mayor√≠a de corporaciones colegiales tienen un ratio de 221 colegiados por cada empleado.

Roland Berger realiza su estudio en base a nueve escenarios que suponen una reducci√≥n de empleos, incluyendo tambi√©n a los indirectos, que oscila entre 4.000 y 10.000 despidos ‚Äúdejando muy claro que la imposici√≥n l√≠mite, claramente arbitraria, de los 240 euros puede suponer un grave perjuicio para la econom√≠a espa√Īola‚ÄĚ.

Aparte de la reducci√≥n de ingresos que sufrir√°n las corporaciones colegiales, estas instituciones tendr√°n que indemnizar a los despedidos en funci√≥n de su antig√ľedad en el empleo, con un impacto adicional para los Colegios Profesionales que oscila en el rango entre 11 y 50 millones de euros en el primer a√Īo de ajuste.

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El Consejo de Ministros abre la puerta al proyecto de ley de seguridad ciudadana

14/07/14

El Proyecto de Ley responde, de manera m√°s concreta, a los siguientes objetivos:

En primer lugar, en perfecta sintonía con el Proyecto de reforma del Código Penal que se está tramitando en las Cortes Generales, este Proyecto hace posible la despenalización de las faltas y, en consecuencia, determinadas conductas que hasta ahora estaban sancionadas en el Código Penal pasarán a estarlo en una norma administrativa, partiendo de la base, en todo caso, de que el procedimiento administrativo sancionador goza de todas las garantías y está siempre sometido a control judicial.
En segundo lugar, se establece una nueva regulaci√≥n de las potestades de intervenci√≥n policial en el √°mbito de la seguridad ciudadana (identificaciones policiales, cacheo, controles en v√≠as p√ļblicas, etc.) mucho m√°s garantista, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo.
En tercer lugar, la nueva regulación mejora la tipificación de las infracciones con definiciones precisas, incrementando notablemente la seguridad jurídica.
En cuarto lugar, se reduce el margen de discrecionalidad en la imposición de las sanciones, pues se detallan los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de concretar la cuantía de las multas.
En definitiva, esta Ley no trata de sancionar más, sino de sancionar mejor, es decir, con mayores garantías y menor discrecionalidad. (LaMoncloa)

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No es válido un pacto incluido en un contrato de alta dirección que excluye totalmente la indemnización

11/07/14

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha decidido que no es válido un pacto incluido en un contrato de alta dirección que excluye totalmente la indemnización, en caso de cese efectuado por decisión unilateral de la empresa.
El recurrente, Gerente de la Sociedad de Gesti√≥n de Intereses de la Universidad de Santiago de Compostela, fue cesado por la entidad y su demanda fue sucesivamente desestimada por el Juzgado de lo Social y por el Tribunal Superior. Interpuesto recurso de casaci√≥n, ha sido estimado por la Sala reconoci√©ndole el importe establecido por el RD 1382/1985 en defecto de pacto, de siete d√≠as de salario por a√Īo de antig√ľedad.

A criterio del Tribunal Supremo, la norma no permite un pacto cuyo contenido no se limita a fijar una cuant√≠a diferente de la se√Īalada con car√°cter subsidiario en el Real Decreto en defecto de pacto, sino que elimina totalmente la indemnizaci√≥n, ya que al permitir el libre desistimiento empresarial sin indemnizaci√≥n alguna dejar√≠a el contrato al arbitrio de uno de los contratantes.

La Sentencia cuenta con el voto particular de tres Magistrados, seg√ļn el cual en la relaci√≥n laboral especial de alta direcci√≥n, a diferencia de otras relaciones laborales especiales, la autonom√≠a de la voluntad de las partes contratantes tiene un margen m√°s amplio y no es aplicable la irrenunciabilidad de derechos del art. 3.5 del Estatuto de los Trabajadores.

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Las cargas derivadas del régimen de visitas cuando ambos cónyuges residan en diferentes localidades correrá a cuenta de ambos

09/07/14

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha fijado doctrina, al resolver un recurso que presenta interés casacional, sobre el sistema que ha de regir para el reparto equitativo entre los progenitores de las cargas derivadas del régimen de visitas cuando ambos cónyuges residen en localidades muy distantes, a fin de que, como regla general, sean ambos los que se las realicen y no sea solamente el progenitor no custodio el que las asuma en exclusiva.
En el supuesto enjuiciado, tras la ruptura de la pareja, el padre tuvo que trasladarse a 32 kil√≥metros del lugar de residencia de la madre y del menor. Para el cumplimiento del r√©gimen de visitas (visitas de d√≠a ‚Äď visitas de fin de semana ‚Äď estancias vacacionales), el Juzgado consider√≥ que lo adecuado era que el padre se desplazara para recoger al hijo en el domicilio materno y que la madre se encargase de recogerlo en el domicilio paterno. Sin embargo, la Audiencia consider√≥ que deb√≠a ser el padre, por ser quien viv√≠a lejos del domicilio del menor, el que se desplazara en ambos casos, tanto para recogerle como para llevar a cabo su devoluci√≥n.
La sentencia de la Sala Primera, fija doctrina en este particular, ante la existencia de posiciones dispares en las Audiencias Provinciales. La Sala se apoya, de una parte, en el interés del menor, y, de otra, en el reparto equitativo de cargas a que se refieren los arts. 90 c) y 91 del Código Civil.
Seg√ļn declara la sentencia, ¬ęes esencial que el sistema que se establezca no pierda de vista el inter√©s del menor, de forma que no dificulte su relaci√≥n con cada uno de los progenitores¬Ľ, pero, al mismo tiempo, ¬ęes preciso un reparto equitativo de cargas, de forma que ambos progenitores sufraguen los costes de traslado de forma equilibrada y proporcionada a su capacidad econ√≥mica, teni√©ndose en cuenta sus circunstancias personales, familiares, disponibilidad, flexibilidad del horario laboral, etc.¬Ľ. De ah√≠ que para determinar el criterio que contribuya a clarificar la cuesti√≥n sea preciso, sigue diciendo, ¬ęque se establezca un sistema prioritario y otro subsidiario, dado que pueden presentarse diferentes situaciones y ser√° necesario ofrecer soluciones alternativas adaptadas a las particularidades de cada situaci√≥n¬Ľ. Como regla general, normal o habitual, se considera que lo adecuado es que ¬ęcada padre/madre recoger√° al menor del domicilio del progenitor custodio, para ejercer el derecho de visita y el custodio lo retornar√° a su domicilio¬Ľ y, ¬ęsubsidiariamente, cuando a la vista de las circunstancias del caso, el sistema habitual no se corresponda con los principios expresados de inter√©s del menor y distribuci√≥n equitativa de las cargas, las partes o el juez podr√°n atribuir la obligaci√≥n de recogida y retorno a uno de los progenitores con la correspondiente compensaci√≥n econ√≥mica, en su caso y debiendo motivarse en la resoluci√≥n judicial¬Ľ. Tambi√©n se afirma que ¬ęestas dos soluciones se establecen sin perjuicio de situaciones extraordinarias que supongan un desplazamiento a larga distancia, que exigir√° ponderar las circunstancias concurrentes y que deber√° conllevar una singularizaci√≥n de las medidas adoptables¬Ľ.

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Se podr√°n aplicar medidas cautelares sin esperar a que el imputado sea notificado

08/07/14

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica la regulaci√≥n del Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administraci√≥n de Justicia con el objeto de mejorar la protecci√≥n a las v√≠ctimas de agresiones y agilizar la comunicaci√≥n entre las administraciones p√ļblicas con acceso al sistema de registros.
El Real Decreto reforma y actualiza, especialmente, cuatro aspectos:
Las medidas cautelares de protección que se adopten por un tribunal en el curso de un proceso judicial se grabarán de forma inmediata en el Registro Central de Medidas Cautelares sin necesidad de esperar, como ocurría ahora, a que le sean notificadas al imputado. El objetivo de la reforma es garantizar la protección de todas las víctimas desde el mismo momento en que se dicte la medida. Entre los colectivos más vulnerables que se verán especialmente beneficiados por esta modificación figuran los menores, las mujeres víctimas de agresión o las víctimas del terrorismo. Se evitan así situaciones de riesgo para la víctima, que la práctica diaria demuestra frecuentes, cuando la notificación al imputado no es posible por encontrarse en paradero desconocido o se demora hasta su localización. Esta novedad ya estaba incorporada en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género y ahora se extiende al resto de víctimas.
Las comunicaciones con la Dirección General de Tráfico de los datos relativos a cualquier pena o medida relacionada con la seguridad vial se harán, a partir de ahora, de manera telemática. Esta información se remitía hasta ahora por el secretario judicial en formato papel, por lo que se mejora la calidad y confidencialidad de los datos transmitidos, y se descarga al funcionario del juzgado de dicha obligación al tratarse de datos que ya ha transmitido previamente al Registro. Con esta modificación se gana en inmediatez y en seguridad.
Se crea un fondo documental de requisitorias con la información necesaria para poder resolver acerca de la situación personal del requisitoriado a través del sistema informático, accesible en cualquier momento desde cualquier órgano judicial.
Cuando un ciudadano de la Uni√≥n Europea solicite un certificado de antecedentes penales espa√Īol, estar√° obligado a tramitar el certificado de antecedentes penales del pa√≠s de origen. Esta medida cumple con lo dispuesto en la Decisi√≥n Marco del Consejo Europeo, del 26 de febrero de 2009, relativa al intercambio de informaci√≥n de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros de la Uni√≥n Europea.
Sistema de Registros
El Real Decreto aprobado hoy modifica otro del 6 de febrero de 2009 que regula la organizaci√≥n y funcionamiento del Sistema de Registros de apoyo a la actividad judicial y que est√° integrado por el Registro Central de Penados, el Registro Central de Medidas Cautelares, el Registro Central para la Protecci√≥n de las V√≠ctimas de la Violencia Dom√©stica y de G√©nero, el Registro Central de Rebeldes Civiles y el Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores. Su √°mbito territorial se extiende por todo el territorio nacional y constituye un sistema de informaci√≥n no p√ļblico de apoyo a la actividad de los √≥rganos judiciales, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros √≥rganos administrativos en el √°mbito de sus competencias. (LaMoncloa)

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Nuevo Sistema de Alerta por Desaparición de Menores "Alerta - Menor Desaparecido"

07/07/14

El Sistema de Alerta Menor Desaparecido es una nueva herramienta que emitir√° alertas y llamamientos de colaboraci√≥n a la poblaci√≥n en las primeras horas de la desaparici√≥n de un menor de edad a trav√©s de los medios de comunicaci√≥n y de aquellas entidades y organismos p√ļblicos o privados con la capacidad tecnol√≥gica adecuada para la transmisi√≥n de mensajes a la sociedad con el fin de conseguir la colaboraci√≥n de todos los ciudadanos.
Este proyecto está cofinanciado por la Comisión Europea.

La Alerta Menor Desaparecido se activará en determinadas condiciones en aquellos casos de secuestro de menores para actuar en las primeras horas de la manera más rápida y eficaz. La decisión para poner en marcha el Sistema Alerta Menor Desaparecido corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, a propuesta de las autoridades policiales responsables de la investigación de la desaparición del menor.

Para la solicitud de emisión de una alerta se deben cumplir todas y cada una las condiciones siguientes:

Que el desaparecido sea menor de 18 a√Īos.
Que la desaparición haya sido previamente ratificada como de alto riesgo de acuerdo con la Instrucción 1/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Que existan indicios razonables de que la desaparición ha sido de carácter forzoso.
Que los investigadores policiales tengan la presunci√≥n de que el desaparecido est√° en una situaci√≥n de inminente peligro de muerte o riesgo para su integridad f√≠sica, as√≠ como que la emisi√≥n de la alerta atiende al inter√©s de la investigaci√≥n y no va a constituir un perjuicio a√Īadido al menor.
Que se disponga de datos suficientes sobre el desaparecido para que la petici√≥n de colaboraci√≥n a la poblaci√≥n pueda dar alg√ļn resultado positivo.
Que exista consentimiento para la emisión de la alerta por quien ostente la patria potestad o tutela legal del menor desaparecido.
(LaMoncloa)

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Carlos Carnicer reclama al presidente del Gobierno un di√°logo concreto, urgente y sincero sobre la Ley de Justicia Gratuita

03/07/14

Ante la prolongaci√≥n del plazo de enmiendas a la Ley de Asistencia Jur√≠dica Gratuita y la solicitud del Gobierno de habilitar el mes de julio para su tramitaci√≥n parlamentaria, el presidente del Consejo General de la Abogac√≠a Espa√Īola, Carlos Carnicer, ha reclamado formalmente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su implicaci√≥n personal y un di√°logo ‚Äúconcreto, urgente, reflexivo, abierto y sincero‚ÄĚ sobre los aspectos a√ļn no resueltos de la Ley, que ponen en riesgo un servicio fundamental para garantizar el derecho de defensa de los m√°s vulnerables.

Carnicer reitera en su misiva la voluntad de la Abogac√≠a de dialogar en nombre de los 83 Colegios de Abogados y de sus 250.000 colegiados para salvaguardar un servicio que funciona muy satisfactoriamente, sin incidencias ni quejas por parte de los ciudadanos, y que solo ha sido noticia negativa ‚Äúpor los retrasos en los abonos en las exiguas retribuciones, incluso con los impagos y con los recortes unilaterales por parte de algunas Administraciones P√ļblicas‚ÄĚ.

El presidente de la Abogac√≠a recuerda tambi√©n que el di√°logo mantenido con el Ministerio de Justicia y los innegables avances logrados en algunos aspectos no han impedido que, al parecer por imposici√≥n del Ministerio de Econom√≠a y de la Oficina Econ√≥mica de la Presidencia del Gobierno, haya sido imposible rectificar los ‚Äúgraves errores del proyecto de Ley de Justicia Gratuita que perjudica al justiciable, no garantiza la financiaci√≥n p√ļblica ni la cercan√≠a de la Justicia al ciudadano, no destina el dinero de las tasas a la Justicia Gratuita, desconf√≠a y sospecha de los ciudadanos, no garantiza la digna retribuci√≥n del servicio, burocratiza y hace m√°s lenta la labor de los abogados y de los Colegios y, sobre todo, deteriora un servicio de calidad y no mejora el actual modelo ni lo moderniza‚ÄĚ.

Seg√ļn Carnicer, en el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita hay temas nucleares que si no se cambian ‚Äúpondr√°n en riesgo un servicio p√ļblico mod√©lico prestado por 83 Colegios de Abogados y 42.500 abogados, 24 horas al d√≠a, 365 d√≠as al a√Īo, que no s√≥lo no cuesta m√°s a los ciudadanos espa√Īoles sino que en 2013 cost√≥ 42 millones menos de euros respecto a 2009. Y con m√°s colectivos y personas con derecho a este servicio por decisi√≥n legislativa. Esos recortes se han hecho fundamentalmente a base de reducir de forma sustancial los baremos que cobran los abogados de oficio, muchos de los cuales no se han tocado desde hace diez a√Īos‚ÄĚ.

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El Supremo estudiará el alcance de la justicia universal el próximo 23 de julio

01/07/14

El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene previsto reunirse el pr√≥ximo 23 de julio para estudiar el alcance de la reforma de la Justicia Universal aprobada por el Gobierno, en relaci√≥n a la jurisdicci√≥n de Espa√Īa en la persecuci√≥n del narcotr√°fico en aguas internacionales contra extranjeros cuando no hay constancia de que la droga tenga como destino Espa√Īa.

La Sala estudiar√° en concreto el recurso de la Fiscal√≠a contra la decisi√≥n de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, adoptada en Pleno el pasado 28 de abril por 13 votos a 3, que acord√≥ la excarcelaci√≥n de 13 ciudadanos egipcios que estaban en prisi√≥n a la espera de juicio y para quienes la Fiscal√≠a ped√≠a 6 a√Īos y 2 meses de prisi√≥n por delito de narcotr√°fico.

Su barco, sin bandera, que transportaba un alijo de16.000 kilos de hachís, fue abordado el 31 de mayo de 2013 en aguas internacionales del Mar de Alborán.

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