La c谩rcel no exime del pago de la pensi贸n de alimentos

21/10/14

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que la obligaci贸n del pago de la pensi贸n de alimentos a los hijos menores no se extingue por el solo hecho de haber ingresado en prisi贸n el progenitor que debe prestarla si al tiempo no acredita la falta de ingresos o recursos para poder hacerlos efectivos.

El caso tiene su origen en la demanda de divorcio planteada por un padre que solicit贸 la suspensi贸n de la medida durante los casi dos a帽os (de abril de 2008 a febrero de 2012) que estuvo encarcelado cumpliendo condena por una causa de violencia de g茅nero. La Audiencia Provincial de Ja茅n, que revoc贸 parcialmente la sentencia de divorcio del juzgado de instancia, accedi贸 a la petici贸n y dej贸 en suspenso el pago de la pensi贸n -300 euros mensuales por los dos hijos menores- durante la estancia del progenitor en el centro penitenciario.

Su ex mujer present贸 recurso de casaci贸n contra dicha sentencia y ahora el Tribunal Supremo soluciona el problema que de forma contradictoria hab铆an resuelto las audiencias provinciales, aunque la mayor铆a optaba por la suspensi贸n con el argumento de que la c谩rcel reduce la capacidad del pago mientras permanece en ella.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jos茅 Antonio Seijas Quintana, se帽ala que la obligaci贸n alimenticia que se presta a los hijos no est谩 a expensas 煤nicamente de los ingresos sino tambi茅n de los medios o recursos de uno de los c贸nyuges o de "las circunstancias econ贸micas y necesidades de los hijos en cada momento", seg煤n el art铆culo 93 del C贸digo Civil.

No es necesaria, seg煤n la sentencia, una liquidez dineraria inmediata para hacer frente al pago de la pensi贸n sino que es posible responder con el patrimonio personal siempre que su fortuna no se hubiese reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus necesidades y las de su familia.

El Tribunal Supremo afirma que "ning煤n alimento se puede suspender por el simple hecho de haber ingresado en prisi贸n el progenitor alimentante, gravando a la madre de los menores con la obligaci贸n de soportarlos en exclusiva, cuando no se acredita la falta de ingresos o de recursos". Afirma que entonces, y no ahora, el condenado pudo solicitar la modificaci贸n de la medida alegando un cambio de las circunstancias, algo que no hizo.

(Comunicaci贸n del Consejo General del Poder Judicial)

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Se puede volver a anular una liquidaci贸n tributaria por incurrir en defectos de fondo, materiales o sustantivos si no ha prescrito

15/10/14

La Sala Tercera del alto tribunal establece que, en caso de que una liquidaci贸n tributaria sea anulada por incurrir en defectos de fondo, materiales o sustantivos, la Administraci贸n puede liquidar de nuevo, siempre que su potestad no haya prescrito.El Supremo determina el criterio correcto en estas situaciones al haberse producido contradicci贸n entre sentencias de la Audiencia Nacional y el TSJ de Catalunya sobre la materia."No compartimos las posiciones que, de una u otra forma, conducen a interpretar que la Administraci贸n est谩 obligada a acertar siempre, de modo que si se equivoca (por m铆nimo que sea el yerro) pierde la posibilidad de liquidar el tributo, aun cuando su potestad siga viva, porque carecen de sustento normativo que las avale, tanto ordinario como constitucional", dice la sentencia.
Adem谩s, se opondr铆an al principio de eficacia administrativa (art铆culo 130.1 de la Constituci贸n), y al logro de un sistema tributario justo en el que cada cual ha de contribuir al sostenimiento de los gastos p煤blicos de acuerdo con su capacidad econ贸mica (art铆culo 31.1).
La sentencia cuenta con el voto particular de tres de los siete magistrados que la firman, que rechazan que el acto anulado interrumpiese el periodo de prescripci贸n, por lo que, en el caso concreto examinado, procedente de un recurso de la empresa Alcoholera Catalana, S.A., habr铆a prescrito la posibilidad de hacer la nueva liquidaci贸n.
Uno de los votos se帽ala que el planteamiento de la mayor铆a "supone premiar al que hace mal las cosas鈥 y deja indefinidamente abiertos los procedimientos tributarios. (Comunicaci贸n del Poder Judicial)

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Las demandas de disoluci贸n matrimonial aumentan un 2,4% en el segundo trimestre de 2014

14/10/14

Los divorcios de mutuo acuerdo se incrementan un 2,6% y los contenciosos un 3%. Las separaciones consensuadas bajan el 6,8% y las contenciosas experimentan un ligero aumento del 0,9%.
El n煤mero de demandas de disoluci贸n matrimonial iniciadas en el segundo trimestre de 2014 experiment贸 un incremento del 2,4% respecto al mismo periodo del a帽o anterior, seg煤n los datos recogidos por el Servicio de Estad铆stica del Consejo General del Poder Judicial.
Las demandas de divorcio 鈥搕anto de mutuo acuerdo como no consensuadas- registradas en Espa帽a en el segundo trimestre del a帽o fueron 31.876, frente a las 31.019 del segundo trimestre de 2013, un 2,8% m谩s.
Entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados se presentaron 19.251 demandas de divorcio de mutuo acuerdo, un 2,6% m谩s que en el mismo periodo del a帽o anterior; mientras que las demandas de divorcio no consensuado fueron 12.625, lo que supone un incremento del 3%.
El n煤mero de demandas relativas a las separaciones ha reflejado una disminuci贸n del 4,5%. En las de mutuo acuerdo (1.226), la reducci贸n ha sido del 6,8%, mientras que en las contenciosas (567) se observa un ligero incremento interanual del 0,9%.
En cuanto a las nulidades, este tipo de procedimiento de disoluci贸n matrimonial experiment贸 un incremento del 15,2%, destacando el dato de Catalu帽a, donde se ha pasado de las 10 nulidades del segundo trimestre de 2013 a las 30 observadas en igual periodo de 2014, ello a consecuencia de procesos instados por la Fiscal铆a ante matrimonios de conveniencia.
La crisis econ贸mica sigue haci茅ndose sentir en los procedimientos de medidas en procesos de separaci贸n o divorcio, as铆 como en los relacionados con la guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales. Todos ellos han experimentado importantes incrementos interanuales.
En el segundo trimestre de 2014 se iniciaron 2.411 procedimientos de modificaci贸n de medidas consensuadas, un 13,8% m谩s que en mismo periodo del a帽o anterior; y 8.733 procedimientos de modificaci贸n de medidas no consensuadas, un 4,2% m谩s.
En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se iniciaron 4.203 consensuados (un 13,6% m谩s que en el mismo trimestre de 2013) y 7.101 no consensuados (un 7% m谩s).

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鈥淓l arbitraje es una pieza clave en la competitividad econ贸mica de Espa帽a鈥

07/10/14

La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) cumpli贸 25 a帽os y reuni贸 en Madrid a m谩s de doscientos expertos del 谩mbito del arbitraje, nacional e internacional, del mundo de la empresa y de la judicatura, para analizar y reflexionar sobre el futuro de esta v铆a extrajudicial de resoluci贸n de conflictos.

La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya S谩enz de Santamar铆a particip贸 en la inauguraci贸n del Congreso para elogiar las posibilidades que brinda el arbitraje cuyo uso, ha asegurado, 鈥渆s propio de una sociedad moderna que requiere procesos 谩giles y espec铆ficos en la resoluci贸n de conflictos鈥. Seg煤n Soraya S谩enz de Santamar铆a, 鈥渓as reformas estructurales que ha puesto en marcha el Gobierno est谩n y van a seguir cambiando Espa帽a鈥. As铆, ha defendido la apuesta del ejecutivo 鈥減or una nueva cultura la justicia en la que se asuma que el laudo tiene la misma validez que una sentencia judicial鈥. El arbitraje, ha resumido, 鈥渆s una pieza clave en la competitividad econ贸mica de Espa帽a鈥.

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Nuevo r茅gimen jur铆dico para los pr茅stamos o la emisi贸n de acciones, obligaciones o participaciones de responsabilidad limitada a trav茅s de internet

06/10/14

El Proyecto de Ley establece, adem谩s, y por primera vez en Espa帽a, un r茅gimen jur铆dico para las plataformas de internet que promueven la financiaci贸n participativa mediante pr茅stamos o la emisi贸n de acciones, obligaciones o participaciones de responsabilidad limitada. Se proporciona, as铆, un marco adecuado para el denominado "crowdfunding" con el objetivo de garantizar, de manera equilibrada, la correcta protecci贸n de los inversores y de impulsar, al mismo tiempo, esta nueva herramienta de financiaci贸n directa de proyectos empresariales en sus fases iniciales.

Esta norma regula exclusivamente las operaciones de financiaci贸n participativa que busquen un rendimiento dinerario derivado de la financiaci贸n empresarial o de consumo, a diferencia de otros tipos de "crowdfunding" como son los vinculados al mecenazgo o la compraventa.

La supervisi贸n correr谩 a cargo de la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores, con la implicaci贸n del Banco de Espa帽a, cuando la actividad consista en la intermediaci贸n de pr茅stamos. La transparencia es otra de las exigencias de la nueva regulaci贸n al garantizar que todos los inversores tengan acceso a informaci贸n suficiente sobre aspectos como la propia plataforma, el promotor y las caracter铆sticas del veh铆culo utilizado para captar la financiaci贸n, as铆 como sobre todos los riesgos que implica la inversi贸n en este tipo de proyectos. (LaMoncloa)

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Desciende el n煤mero de personas condenadas por sentencia firme

30/09/14

Entre los adultos, los delitos m谩s frecuentes fueron los relacionados con la seguridad vial (36,8% del total), los de lesiones (12,3%) y los robos (11,1%)

Seg煤n los datos publicados por Instituto Nacional de Estad铆stica, en el a帽o 2013 fueron inscritos en el Registro Central de Penados 219.776 personas condenadas adultas seg煤n las sentencias firmes dictadas y comunicadas al mismo ese a帽o, lo que supuso un 0,6% menos que el a帽o anterior. En el caso de los varones supuso un 1,2% menos, mientras que en el de las mujeres aument贸 un 3,9%

El 88,5% de las personas condenadas fueron varones y el 11,5% mujeres. La tasa de personas condenadas por cada 1.000 habitantes (de 18 y m谩s a帽os) fue de 5,7.

Al igual que en el a帽o anterior, la edad media de las personas condenadas fue de 35,7 a帽os (35,8 a帽os en los varones y 34,7 en las mujeres).

Analizando la distribuci贸n porcentual de las personas condenadas por grupos de edad se observa que el grupo m谩s frecuente es el de 41 a 50 a帽os, tanto en el caso de los varones (19,8% del total), como en el de las mujeres (18,6%).

La mayor parte de los condenados en 2013 fueron de nacionalidad espa帽ola (75,0% frente al 74,2% del a帽o anterior).

Entre los extranjeros, los de pa铆ses de Am茅rica representaron el mayor porcentaje de condenados (35,2% del total).

La tasa de condenados por cada 1000 habitantes de 18 y m谩s a帽os fue casi tres veces superior en los condenados de nacionalidad extranjera (13,7) que en los de nacionalidad espa帽ola (4,8).

Del total de condenados, el 82,6% lo fue por un solo delito y el 17,4% por m谩s de uno.

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Un colegio de abogados no puede oponerse a que Hacienda embargue a un letrado sus honorarios por el turno de oficio

25/09/14

As铆 lo establece una consulta vinculante de la Direcci贸n General de Tributos (DGT), del pasado 13 de junio, seg煤n la cual el colegio que satisface la retribuci贸n no puede entrar a valorar si el acto administrativo o la actuaci贸n tributaria que determina la deuda o la diligencia recibida incurren en errores materiales o si se ajustan o no a derecho.
Con ello, la Administraci贸n Tributaria da respuesta a una consulta que hab铆a sido planteada por un colegio de abogados ante las diligencias de embargo recibidas de diversas dependencias de recaudaci贸n, en relaci贸n con las cantidades que, como intermediario, debe abonar a sus colegiados por los servicios profesionales que prestan en el turno de oficio.
En concreto, el colegio preguntaba c贸mo deb铆a proceder en el caso de que el deudor, el abogado embargado, acreditara que no percibe otros ingresos o que el total de los percibidos no superan el m铆nimo inembargable, o alegue cualquier otra cuesti贸n de derecho, como la prescripci贸n de la deuda.
La Direcci贸n General de Tributos ofrece una postura clara: las diligencias de embargo deben ejecutarse en sus estrictos t茅rminos sin que le corresponda al pagador, el colegio profesional en este caso, entrar a valorar si la actuaci贸n de la Administraci贸n Tributaria es la adecuada o si cumple con la legalidad.
Adem谩s, la DGT advierte de que, si el colegio pagador eventualmente incumple la orden de embargo recibida, puede incurrir en la responsabilidad solidaria que contempla el art铆culo 42.2 de la Ley General Tributaria, seg煤n el cual la instituci贸n colegial tendr铆a que hacerse cargo 鈥渄el pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el inter茅s de demora del per铆odo ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administraci贸n tributaria鈥. Y es que, tal y como insiste la respuesta de Tributos, es competencia del 贸rgano gestor competente, es decir, Hacienda, delimitar si concurren los presupuestos de hecho y de derecho para el embargo.
En este sentido, vuelve a incidir en que s贸lo el 贸rgano revisor puede valorar los medios de prueba aportados por el obligado tributario que es el 煤nico facultado para oponerse a las diligencias de embargo mediante interposici贸n en tiempo y forma del correspondiente recurso o reclamaci贸n econ贸mico-administrativa si considera que la diligencia de embargo no se ajusta a derecho.

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El Supremo plantea cuesti贸n prejudicial sobre el sistema de compensaci贸n econ贸mica por copia privada

19/09/14

En su escrito, los jueces explican que hasta ahora el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea no se ha pronunciado sobre esta forma de compensaci贸n econ贸mica. La Sala entiende que la compensaci贸n tiene que ser equitativa y debe reflejar el perjuicio sufrido, guardando un justo equilibrio entre los intereses de los titulares de los derechos de autor y de los usuarios, pero tambi茅n afirma que no es claro que cargar dicha compensaci贸n a los Presupuestos Generales impida alcanzar esos objetivos, pues el inter茅s econ贸mico de los titulares de derechos de autor puede quedar satisfecho por esta v铆a, por no mencionar que los usuarios resultan obviamente beneficiados.

La Sala no alcanza a ver con claridad que 鈥渓a compensaci贸n equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado tenga una incidencia negativa sobre el mercado interior, pues no se trata de una ayuda estatal a una actividad empresarial鈥 y tampoco que el mercado interior resulte distorsionado por la disparidad de condiciones en materia de copia privada que existe entre unos Estados miembros y otros.

El Tribunal Supremo ha dejado en suspenso la resoluci贸n de los recursos presentados por Entidad de Gesti贸n de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), de Derechos de Autos de Medios Audiovisuales (DAMA) y de Visual, Entidad de Gesti贸n de Artistas Pl谩sticos (VEGAP) contra Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, que regula el procedimiento para el pago de la compensaci贸n por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

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Crecen los conflictos legales de las apps con una jurisprudencia muy variada

15/09/14

Injurias realizadas a trav茅s de Twitter, mensajes de WhatsApp utilizados en juicios como prueba, robos de informaci贸n o fotograf铆as personales realizados en perfiles de Facebook.

Las defensas que realicen los letrados en este tipo de asuntos deber谩n ser novedosas, pero siempre tendr谩n que ce帽irse a la realidad normativa de su pa铆s y usar las armas legales de las que disponen, a la espera de que la legislaci贸n evolucione para hacer frente a las nuevas realidades del mundo virtual.

Uno de los mayores problemas de este nuevo universo legal es que las sentencias de los jueces var铆an demasiado entre tribunales, lo que provoca que no sea f谩cil crear una jurisprudencia clara y establecer herramientas 煤nicas para solucionar los mismos conflictos en diferentes territorios.

La Constituci贸n espa帽ola no hace ninguna referencia al anonimato. En estos asuntos, los jueces espa帽oles s贸lo podr谩n contraponer la libertad de expresi贸n de la persona que ha emitido el mensaje frente al derecho a la intimidad de aquel que se sienta perjudicado", explica Alonso Hurtado, socio del 谩rea de tecnolog铆as de la informaci贸n de Ecija.

Frente a la posibilidad de prohibir la aplicaci贸n, Alonso piensa que s贸lo se podr铆a plantear si fuera "un foco de comisi贸n de delitos o il铆citos claro. Sin embargo, esta posibilidad es bastante improbable. El verdadero problema en este asunto es que si la aplicaci贸n cumple los requisitos legales no existe ning煤n argumento para solicitar su cierre. En la mayor parte de los casos, el software se ci帽e a la normativa vigente y lo que es ilegal es el mal uso del mismo.

Otro de los problemas que engendran estas aplicaciones m贸viles es la limitaci贸n territorial de las decisiones de los tribunales. Es decir, que una aplicaci贸n puede estar prohibida en un pa铆s y ser completamente legal en el estado vecino porque las legislaciones son diferentes.

No siempre las aplicaciones tienen que llegar a los tribunales para ser prohibidas. Tambi茅n se dan casos en los que se incumplen derechos de propiedad intelectual o industrial y aplicaciones que son eliminadas por las plataformas virtuales porque incumplen los t茅rminos de servicio o porque son peligrosas, ya sea porque exaltan la violencia, incitan al consumo de alcohol o drogas o violan la intimidad de los usuarios. Existen infinidad de aplicaciones que han sido eliminadas por las tiendas virtuales Apple Store o Google Play.

La pol茅mica ha llegado hasta Espa帽a y la Uni贸n de Consumidores de Andaluc铆a ya ha solicitado la creaci贸n de regulaci贸n restrictiva en cuanto a las posibilidades de descargar estos programas.

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Confirmada la nulidad de un ERE por falta de causa legal e incumplimiento del procedimiento

03/09/14

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo aprecia fraude de ley, falta de causa legal e incumplimiento de los requisitos procedimentales en el expediente de regulaci贸n de empleo de la Agencia de Protecci贸n de Datos de la Comunidad de Madrid.
El despido colectivo que afect贸 a toda la plantilla -16 trabajadores- se inici贸 por extinci贸n de la personalidad jur铆dica de la Agencia de Protecci贸n de Datos de la Comunidad de Madrid, seg煤n la sentencia, cuando dicha extinci贸n jur铆dicamente todav铆a no se hab铆a producido. En este caso, se帽ala tambi茅n que no se entreg贸 ning煤n documento contable sobre la situaci贸n econ贸mica y financiera de la Agencia, s贸lo una Memoria Explicativa, y que las causas concretas que justifican el despido colectivo no pueden ser sustituidas por la mera invocaci贸n a la mala situaci贸n de la econom铆a en general, a la reducci贸n del gasto en el sector p煤blico y al ahorro que supone la extinci贸n.

La Sala de lo Social declara la responsabilidad solidaria de la Agencia y de la Comunidad de Madrid, y se帽ala que antes de que por ley se extinga, "se toma la decisi贸n de despedir colectivamente -con el incumplimiento palmario de los requisitos legales y procedimentales- a toda la plantilla de la misma para evitar que el 贸rgano administrativo que asuma sus funciones tenga que hacerse cargo del personal".
(Comunicaci贸n Poder Judicial)

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Se simplifica el proceso constitutivo de las fundaciones

01/09/14

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de Fundaciones que sustituir谩 a la vigente Ley del 26 de diciembre de 2002, con el objetivo de garantizar un mejor ejercicio del derecho de fundaci贸n y del cumplimiento de las obligaciones que de 茅l se derivan, tanto respecto de la sociedad -a trav茅s de los fines que justifican su existencia-, como de las administraciones p煤blicas, al supervisar su actuaci贸n y otorgar, cuando corresponde, beneficios fiscales.

El anteproyecto, formado por 44 art铆culos distribuidos en 10 cap铆tulos, garantiza la agilizaci贸n de la constituci贸n de las fundaciones mediante el asesoramiento que proporcionar谩 el Protectorado 煤nico en el 谩mbito de la Administraci贸n General del Estado. Con 茅l se acabar谩 con la dispersi贸n existente con distintos protectorados en funci贸n de los fines de la fundaci贸n, lo que genera dudas sobre a cu谩l acudir.

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Casi 270.000 personas se convierten en aut贸nomos con la tarifa plana de 50 euros

19/08/14

Un total de 267.964 personas se han aprovechado de la tarifa plana de 50 euros de cotizaci贸n a la Seguridad Social para convertirse en aut贸nomos, de los que casi el 41%, en concreto, 109.287, son j贸venes menores de 30 a帽os, seg煤n informa el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La tarifa plana de 50 euros para nuevos aut贸nomos se introdujo en el Real Decreto-ley de apoyo al emprendedor y de est铆mulo al crecimiento y a la creaci贸n de empleo aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2013, en el marco de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016.

Esta estrategia contempla una serie de medidas destinadas a impulsar la contrataci贸n juvenil y el emprendimiento para contribuir a reducir el paro en los menores de 30 a帽os.

Posteriormente, la Ley de Emprendedores ampli贸 el 谩mbito de aplicaci贸n de la tarifa plana de 50 euros a todos los nuevos aut贸nomos, con independencia de su edad.

Esta medida consiste en que durante los seis meses siguientes a la fecha de alta en el R茅gimen Especial de Trabajadores Aut贸nomos (RETA), los nuevos emprendedores se beneficiar谩n de una reducci贸n del 80% de la cuota, de forma que el nuevo aut贸nomo podr谩 cotizar durante el primer semestre por 50 euros, frente a los 250 euros que cotiza habitualmente de media. Posteriormente, y durante los siguientes seis meses, se aplicar谩 una nueva reducci贸n sobre la base m铆nima de un 50%.

Transcurrido este periodo, los aut贸nomos de 30 o m谩s a帽os se beneficiar谩n de una reducci贸n del 30% en su cotizaci贸n durante los seis meses siguientes. Por su parte, los hombres de hasta 30 a帽os y las mujeres de hasta 35 se beneficiar谩n del mantenimiento de una reducci贸n y una bonificaci贸n en sus cotizaciones de un 30% durante los siguientes 18 meses.

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