El Supremo declara nulo el canon digital

14/11/16

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, conocido como ‘canon digital’, por ser contrario al derecho de la UE, tal como estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en sentencia del pasado 9 de junio.
El Supremo recuerda que el TJUE consideró que un sistema de compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, como el español, no era necesariamente contrario a la Directiva 2001/29/CE, pero inmediatamente imponía una condición: que el coste efectivo pesase exclusivamente sobre los usuarios de la copia privada, y que en ningún caso podían serlo, por definición, las personas jurídicas. Dado que la regulación española de la compensación equitativa no prevé medio alguno de que se cumpla dicha condición, la sentencia del TJUE declaró tajantemente la incompatibilidad de dicha regulación con el derecho de la Unión Europea.
La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Luis Díez-Picazo, rechaza la pretensión del abogado del Estado de suspender el procedimiento hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso planteado contra el artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014, que hizo suya la regulación por Decreto-Ley de 2011 del actual ‘canon digital’ con cargo a los Presupuestos.
El Supremo destaca que “si una norma jurídica nacional es contraria al derecho de la Unión Europea, ha de ser inaplicada independientemente de que además pueda ser inconstitucional. El deber que pesa sobre todos los órganos judiciales nacionales de inaplicar –por sí solos, sin plantear previamente cuestión alguna al propio Tribunal Constitucional- las normas jurídicas nacionales contrarias al derecho de la Unión Europea es una exigencia dimanante del principio de primacía de éste”.
De acuerdo a lo establecido en la sentencia del TJUE de junio de este año, tanto la Ley 21/2014 sobre propiedad intelectual como el Decreto-Ley de 2011 deben ser inaplicados, lo que determina la nulidad del Real Decreto de 2012 que reguló el procedimiento de pago con cargo a los Presupuestos, ya que este último queda sin fundamento legal efectivo.

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Convocada la prueba de acceso a la profesión de abogado para 2017

08/11/16

Está previsto que la prueba de aptitud se celebre el sábado 25 de febrero de 2017
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el viernes 04 de noviembre, la primera convocatoria de la prueba de evaluación para la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2017. La prueba está dirigida, según el BOE, a comprobar “la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales y en particular la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por universidades o Escuelas de Práctica Jurídica debidamente acreditadas”.
Se constituirán las Comisiones evaluadoras con posteridad a esta convocatoria, en función del número de aspirantes presentados procedentes de las distintas universidades y escuelas de práctica jurídica de cada Comunidad Autónoma.
Tal y como se desprende de la Orden, el plazo de presentación de solicitudes de participación en la evaluación es de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Según la nota informativa publicada por el Ministerio de Justicia, está previsto que la prueba de aptitud se celebre el sábado 25 de febrero de 2017.
Todos aquellos aspirantes que deseen participar en dicha prueba deberán inscribirse en los términos previstos en la convocatoria desde el día 5 de noviembre hasta el próximo 24 de noviembre de 2016, último día de plazo para la inscripción. El Ministerio de Justicia ha puesto a disposición de los candidatos la posibilidad de realizar la inscripción de forma electrónica, a través de la sede electrónica de este Departamento.
Por último, se informa que, con el objetivo de simplificar los trámites y reducir las cargas administrativas que deben soportar los aspirantes, se solicitará a las Universidades donde se haya cursado el Máster o a las Escuelas de Práctica jurídicas, las certificaciones acerca del cumplimiento requisitos de acceso a la prueba de evaluación así como las notas finales del Máster o de los cursos de formación especializada de todos los aspirantes. Los aspirantes no deberán presentar ninguna documentación al Ministerio de Justicia salvo que expresamente se le solicite.

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Desaparece Lexnet Abogacía

31/10/16

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, celebrado el pasado viernes 21 de octubre, acordó redefinir su estrategia tecnológica que entre otras cosas implica la transición de Lexnet Abogacía hacia la plataforma del Ministerio de Justicia.
La Abogacía ha asumido su responsabilidad como actor fundamental de la Justicia y, fiel a su compromiso de modernización, desarrolló Lexnet Abogacía para ayudar a los letrados en su adaptación a la justicia digital.
Tras un año de funcionamiento con los nuevos requisitos, la Abogacía ha adoptado esta decisión al considerar que es el momento oportuno para lograr mayor eficiencia y eficacia en las comunicaciones electrónicas con los juzgados y tribunales.

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Reconocen a los padres de hijos nacidos por gestación subrogada el derecho a cobrar prestaciones por maternidad

24/10/16

La Sala de lo Social ha reconocido por primera vez el derecho de los padres de hijos de vientres de alquiler a cobrar las prestaciones por maternidad reconocidas por la Seguridad Social, al resolver dos recursos de casación para unificación de doctrina en los que se planteaba si la maternidad por subrogación o sustitución puede considerarse situación protegida a los fines de la prestación por maternidad, adopción o acogimiento, con la particularidad de que en uno de los casos el solicitante de la prestación era un varón.
La Seguridad Social les había denegado las prestaciones sobre la base de la Ley de Reproducción Asistida que considera nulos los contratos de maternidad por sustitución.
En una nota informativa, el Pleno ha hecho pública su decisión de estimar los recursos planteados, en un caso, por una mujer que tiene un hijo mediante un contrato de gestación por sustitución, que está inscrito en el Registro del Consulado de España en Los Ángeles; y en el otro caso, el de un hombre que concertó una reproducción asistida en la India con su material genético.
En el segundo caso, la madre gestante alumbró dos niñas y aceptó que el hombre asuma, en exclusiva, “todas las funciones y obligaciones que se derivan de la patria potestad”. Las menores fueron inscritas en el Registro Consular como hijas de los padres biológicos (la madre “de alquiler” y el varón español), siendo trasladadas a España por su progenitor. La Seguridad Social española denegó las prestaciones “de maternidad” solicitadas por el padre de las menores puesto que la Ley de Reproducción Asistida proclama la nulidad del contrato de maternidad por sustitución.
El Tribunal Supremo ha dado la razón a los solicitantes de tales prestaciones, pues ha estimado que ha de hacerse una interpretación integradora de las normas aplicadas, contempladas a la luz de la jurisprudencia del TEDH y de diversos preceptos constitucionales, legales y reglamentarios.
En el caso del varón, se recuerda que las prestaciones por maternidad también cubren supuestos de adopción o acogimiento, que la madre puede transferir al padre una parte de ellas y que, en ciertos casos, cuando la madre biológica no puede disfrutarlas (muerte, ausencia de protección) se transfieren al padre, como debe hacerse en esta ocasión.
En sus resoluciones, el Tribunal Supremo también advierte que no se aprecia conducta fraudulenta, que la atención a los menores es el punto de vista predominante cuando se trata de prestaciones de Seguridad Social, que las prohibiciones sobre inscripción registral o sobre el propio contrato de maternidad por sustitución quedan al margen del problema y que no se está creando una prestación de Seguridad Social, sino interpretando las exigencias de las actuales conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico.

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La UE adopta una nueva Directiva para garantizar la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales

17/10/16

Las nuevas normas sobre asistencia jurídica gratuita propuestas por la Comisión en 2013 superaron el pasado 13 de octubre el último obstáculo.
El Consejo ha adoptado la Directiva relativa a la asistencia jurídica gratuita para los sospechosos o acusados en los procesos penales y en los procedimientos relacionados con la orden de detención europea. La asistencia jurídica gratuita es el apoyo financiero o judicial que reciben los sospechosos o acusados que no disponen de recursos suficientes para cubrir los costes del procedimiento. Las nuevas normas garantizarán que el derecho a la asistencia jurídica gratuita se ejerza y la propia asistencia se ofrezca de manera uniforme en toda la UE. Los sospechosos o acusados deben beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita desde las primeras fases de los procesos penales y esta se concederá con arreglo a criterios claramente definidos en la Directiva.
Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha declarado: «La asistencia jurídica gratuita es esencial para garantizar el acceso a un sistema de justicia equitativa al servicio de todos, incluidos los más pobres. Hemos reforzado los derechos procesales durante los últimos años. Toda persona sospechosa o acusada en Europa tendrá garantizado un juicio justo. Pero no tiene sentido que los ciudadanos tengan derecho de acceso a un abogado, si no pueden permitírselo. La decisión de hoy es, por tanto, de crucial importancia para el espacio europeo de justicia y derechos fundamentales.»
La nueva Directiva contempla las siguientes garantías:
Concesión rápida de la asistencia jurídica gratuita
La asistencia jurídica gratuita se concederá, como muy tarde, antes del interrogatorio, en especial por parte de la policía, o con anterioridad a determinados actos de investigación o de obtención de pruebas, tal como se establece en la Directiva.
Criterios claros para conceder la asistencia jurídica gratuita
Los Estados miembros utilizan diferentes tipos de evaluación para determinar si procede conceder la asistencia jurídica gratuita: La evaluación de los recursos (en relación con los recursos de la persona de que se trate, incluidos sus ingresos y su patrimonio), la evaluación del fundamento (en relación con la necesidad de garantizar el acceso efectivo a la justicia en las circunstancias del caso) o ambas cosas. Las nuevas normas establecen criterios claros para determinar estas evaluaciones:
- cuando un Estado miembro aplique una evaluación de los recursos, deberá tener en cuenta todos los factores pertinentes y objetivos, como los ingresos, el patrimonio y la situación familiar de la persona afectada, el coste de la asistencia jurídica y el nivel de vida del Estado miembro de que se trate. Esto les ayudará a determinar si los sospechosos o acusados carecen o no de recursos suficientes para pagar la asistencia jurídica.
- cuando un Estado miembro aplique la evaluación del fundamento, deberá tener en cuenta la gravedad de la infracción, la complejidad del asunto y la gravedad de la sanción aplicable, a fin de determinar si los intereses de la justicia requieren la concesión de asistencia jurídica gratuita.
Asistencia jurídica gratuita en los procedimientos relativos a la orden de detención europea
Existirá un derecho a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de la orden de detención europea. Este derecho se aplicará en el Estado miembro que ejecuta la orden de detención y también en el Estado miembro en el que la orden haya sido dictada, en los procesos penales.
Un mejor proceso de toma de decisiones en materia de asistencia jurídica gratuita
La Directiva garantiza que las decisiones relativas a la asistencia jurídica gratuita se adopten con diligencia, y que las personas sean informadas por escrito si su solicitud es rechazada en su totalidad o en parte. Para ello, establece reglas relativas a la calidad de la asistencia jurídica gratuita y a la formación del personal que participa en el proceso de toma de decisiones, incluidos los abogados. En caso de vulneración de los derechos establecidos en la citada Directiva, deberá poderse acceder a una tutela judicial efectiva.
Próximos pasos
Los Estados miembros deberán transponer la citada Directiva en un plazo de 30 meses tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Estos derechos serán efectivos a partir de mayo de 2019.

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El TJUE establece la misma indemnización para contratos fijos y temporales

10/10/16

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia en la que declara que la normativa laboral española que establece diferentes tipos de indemnización por fin de contrato entre trabajadores fijos y temporales es contraria al Derecho de la Unión.

En su sentencia, el TJUE ha visto el caso de una trabajadora interina que no tenía derecho a indemnización por despido. El tribunal ha declarado que esta diferenciación con respecto a los trabajadores fijos es contraria al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada de la Directiva 1999/70 en tanto supone una discriminación que no puede justificarse por causas objetivas. Pero ha ido más allá, y ha aseverado que la diferente indemnización entre temporales y fijos, 12 días para trabajadores de duración determinada y 20 para los fijos, también supone una discriminación no justificada en tanto se apoya únicamente en la diferente duración del contrato.
El TJUE responde así a las preguntas manifestadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que vio el recurso interpuesto por la trabajadora interina a la que se le denegaba la indemnización tras trabajar 7 años en el mismo lugar de trabajo. En la sentencia, el tribunal recuerda que la cláusula 1 del Acuerdo marco tiene por objeto impedir la discriminación del trabajo de duración determinada, así como establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de contratos temporales encadenados. La discriminación no debe producirse en las condiciones de trabajo, no debiendo ser estas peores que las de los trabajadores fijos.
El Tribunal resuelve, en primer lugar, sobre la cuestión de si la indemnización por finalización de contrato entra dentro del concepto “condiciones de trabajo”. Al respecto señala que la indemnización, dado que se concede al trabajador por razón de la finalización del contrato de trabajo que le vincula a su empresario, está incluida en el concepto de condiciones de trabajo.
En relación con el Acuerdo marco, el TJUE recuerda que “su apartado 1 establece una prohibición, en lo que respecta a las condiciones de trabajo, de tratar a los trabajadores con contrato de duración determinada de manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.”
Por tanto, existiendo una desigualdad en el trato, deberá estarse a la comparabilidad de las situaciones controvertidas y a la existencia de una posible justificación objetiva para determinar si tal desigualdad es discriminatoria o estaría por el contrario justificada.

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Anulada la medida de localización permanente de deportistas para controles antidopaje por desproporcionada

26/09/16

El Tribunal Supremo la considera “desproporcionada y contraria al derecho a la intimidad”
La Sala III del Tribunal Supremo ha ratificado la anulación parcial de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 4 de febrero de 2013, al considerar que el formulario de localización de deportistas que establece, dentro del Plan Individualizado de Controles Antidopaje, vulnera su derecho a la intimidad. El alto tribunal destaca que no está en cuestión la represión del dopaje, sino el nivel de localización que la citada Resolución del CSD exige a los deportistas, que no puede calificarse de ‘localización habitual’ sino ‘localización permanente’, ya que alcanza a todos los días y horas del año, lo que resulta desproporcionado.
El Supremo rechaza el recurso de la Administración General del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que estimó un recurso de la Asociación de Ciclistas Profesionales, y anuló parcialmente el anexo II de la resolución mencionada, que es donde se regula el formulario de localización. Anulación que ahora se confirma.
Para el Supremo, “se trata de una medida que somete al deportista a un control permanente durante todas las jornadas y horas del año, excediendo así de lo que pueda considerarse como “habitual o frecuente”, y debe calificarse de medida desproporcionada y contraria al derecho a la intimidad, equiparable (…) a medidas de carácter penal de localización permanente, sin que exista la comisión de un delito”.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Arozamena, recuerda que el artículo 5.3 de la Ley Orgánica 7/2007, de 21 de noviembre, de lucha contra el dopaje en el deporte, prevé una localización habitual pero no permanente. Y el anexo II de la resolución excede de esa previsión legal y de la reglamentaria que le da cobertura, siendo contrario al derecho a la intimidad protegido por el artículo 18 de la Constitución.
La sentencia señala que una cosa es la represión del dopaje deportivo y otra el límite de lo tolerable para lograr ese objetivo de lo que se ha dado en denominar “buen orden deportivo”. “La realización de los controles fuera de competición parece requerir contar con información sobre el paradero habitual de los deportistas; se impone por ello a estos últimos la obligación de declararlo”, señalan los magistrados, que advierten a continuación: “Ahora bien, si no todo vale para competir –y de eso no cabe duda- tampoco vale todo para controlar”.

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El TJUE establece la misma indemnización para fijos y temporales

21/09/16

En su sentencia, el TJUE ha visto el caso de una trabajadora interina que no tenía derecho a indemnización por despido. El tribunal ha declarado que esta diferenciación con respecto a los trabajadores fijos es contraria al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada de la Directiva 1999/70 en tanto supone una discriminación que no puede justificarse por causas objetivas. Pero ha ido más allá, y ha aseverado que la diferente indemnización entre temporales y fijos, 12 días para trabajadores de duración determinada y 20 para los fijos, también supone una discriminación no justificada en tanto se apoya únicamente en la diferente duración del contrato.
El TJUE responde así a las preguntas manifestadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que vio el recurso interpuesto por la trabajadora interina a la que se le denegaba la indemnización tras trabajar 7 años en el mismo lugar de trabajo. En la sentencia, el tribunal recuerda que la cláusula 1 del Acuerdo marco tiene por objeto impedir la discriminación del trabajo de duración determinada, así como establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de contratos temporales encadenados. La discriminación no debe producirse en las condiciones de trabajo, no debiendo ser estas peores que las de los trabajadores fijos.
El Tribunal resuelve, en primer lugar, sobre la cuestión de si la indemnización por finalización de contrato entra dentro del concepto “condiciones de trabajo”. Al respecto señala que la indemnización, dado que se concede al trabajador por razón de la finalización del contrato de trabajo que le vincula a su empresario, está incluida en el concepto de condiciones de trabajo.
En relación con el Acuerdo marco, el TJUE recuerda que “su apartado 1 establece una prohibición, en lo que respecta a las condiciones de trabajo, de tratar a los trabajadores con contrato de duración determinada de manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.”
Por tanto, existiendo una desigualdad en el trato, deberá estarse a la comparabilidad de las situaciones controvertidas y a la existencia de una posible justificación objetiva para determinar si tal desigualdad es discriminatoria o estaría por el contrario justificada.

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El Consejo de la UE aprueba la Directiva sobre accesibilidad web del sector público

21/07/16

El objeto de la Directiva es que los productos y servicios digitales sean accesibles a todos los usuarios Para ello, la Directiva simplificará en gran medida la accesibilidad y el uso de los servicios por las personas con discapacidad.
Así, los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles de las administraciones, hospitales públicos, tribunales y otros organismos públicos deberán cumplir normas europeas de accesibilidad comunes. La Directiva establece condiciones mínimas y permite que los Estados miembros establezcan requisitos aún más estrictos. También pueden aplicar estos requisitos u otros adicionales a los sitios web y a las aplicaciones para dispositivos móviles de otros tipos de organizaciones.
Los usuarios podrán solicitar información específica si el contenido no está accesible, o informar sobre problemas de conformidad, simplemente pulsando en un enlace para información de retorno.
Para asegurarse de que las normas se ponen en práctica, los Estados miembros deben supervisar la conformidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de su sector público. Un mecanismo de ejecución garantizará que las solicitudes y notificaciones reciben debida respuesta.
Se espera que un conjunto armonizado de medidas suponga un impulso para el desarrollo y la venta de más productos de accesibilidad automatizados e innovadores.
Mas información en http://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/el-consejo-de-la-ue-apr...

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El Supremo señala que los progenitores no tienen legitimidad para plantear una demanda de paternidad en nombre de sus hijos si hay intereses contrapuestos

06/07/16

La resolución del Tribunal Supremo recoge la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que legitima los límites que la ley establezca para la satisfacción del interés del hijo cuando existe conflicto de interés entre el del progenitor a ver declarada su paternidad y la situación familiar que vive el hijo
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha confirmado la falta de legitimación de una madre para, como representante de su hija, plantear una demanda de reclamación de paternidad extramatrimonial de la niña e impugnación de la filiación matrimonial, debido a que, en el caso examinado, existen intereses contrapuestos entre madre e hija.
El procedimiento se inició cuando la madre, como representante legal de su hija, interpuso una demanda en la que reclamaba la paternidad de quien afirmaba que era el padre biológico y, complementariamente, impugnaba la filiación matrimonial de su exmarido, que constaba formalmente en el Registro Civil como progenitor, alegando que la filiación registral se había determinado por un reconocimiento de complacencia y que debía fijarse la filiación acorde con la verdad biológica.
La sentencia de primera instancia estimó la demanda por considerar, sustancialmente, que la filiación biológica extramatrimonial no había sido discutida por las partes y que existía, además,prueba directa de la paternidad.
Posteriormente, la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación interpuesto por el padre registral al considerar que, frente a la línea jurisprudencial tendente a dar prevalencia a la verdad biológica, en este caso tenían mayor peso específico las razones que amparan la tesis de la irrevocabilidad del reconocimiento de complacencia, por entender que el bien de la hija estaba precisamente en el mantenimiento de la paternidad impugnada, y que la madre atendía a intereses puramente particulares y ajenos al interés superior de la menor.
La sentencia del Tribunal Supremo, aunque desestima el recurso de casación, considera que la razón de la desestimación de la demanda no debe ser la irrevocabilidad del reconocimiento de complacencia. Esta cuestión sólo sería relevante en la acción de impugnación de la filiación extramatrimonial, que no es la que se había ejercitado con carácter principal, porque por su propia naturaleza está subordinada al éxito de la acción de reclamación de la filiación matrimonial.
La Sala considera, en cambio, que falta la legitimación de la madre para ejercitar en nombre de su hija las acciones de filiación por el conflicto de intereses apreciado y que ésta es la razón por la que debe desestimarse su demanda
La sentencia explica los principios generales que inspiran el ejercicio de las acciones de filiación y la protección del interés de los menores y se hace eco de los riesgos que puede causar la colisión entre el derecho de los progenitores y el de los hijos cuando el ejercicio de este tipo de acciones irrumpe en una realidad familiar ya asentada, por contraposición entre la verdad biológica y la preservación de la paz familiar en interés del hijo si se encuentra en una situación consolidada de familia que ha podido formarse al margen de la biológica.

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La inversión en Justicia Gratuita se mantiene estable en 2015 con una leve reducción del 0,3%

05/07/16

905.000 solicitudes de Justicia Gratuita en 2015, de las cuales 621.000 se tramitaron a través del Expediente Electrónico
Una vez pasado el impacto de las tasas judiciales tras su derogación para los ciudadanos en febrero de 2015 se ha producido una leve disminución del 0,3% del gasto en Justicia Gratuita con respecto a 2014, alcanzando una inversión de 227,1 millones de euros frente a los 227,8 millones de 2014. Esta es una de la conclusiones del X Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita en España, elaborado por Abogacía Española y Wolters Kluwer, y presentado hoy por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; la presidenta de Wolters Kluwer,Rosalina Díaz; el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, Antonio Morán, y la directora adjunta y analista de Metroscopia, Silvia Bravo.
Victoria Ortega ha destacado que la Ley de Justicia Gratuita ha sido muy positiva “pero tras 20 años de funcionamiento necesita una mejora” ya que se necesita un “impulso para utilizar el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita, establecer los servicios de vigilancia penitenciaria, realizar una dotación presupuestaria suficiente para que los abogados del turno de oficio tengan un cobro digno, prestar asesoramiento a los refugiados, son todas, entre otras, las reformas necesarias”.
Por su parte, Antonio Morán ha pedido que se regule de forma actualizada el marco legal de la Justicia Gratuita, recordando que uno de los elementos fundamentales que integran el Pacto de Estado por la Justicia es la reforma del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Durán ha recordado que la Justicia Gratuita apenas representa el 6,5% de los presupuestos de Justicia de todo el Estado.

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El Supremo clarifica la prelación del pago de los honorarios de la administración concursal cuando hay insuficiencia de masa activa

01/07/16

El Tribunal Supremo determina en su Sentencia de 8 de junio de 2016 el orden de prelación de pagos del concurso cuando existe insuficiencia de masa activa, en relación al crédito generado por los honorarios de la administración concursal.
Al respecto, el Supremo señala que dado que el artículo 176 bis 2, que es el que dispone el orden de prelación, no hace mención expresa a los honorarios de la administración concursal, se genera la duda de si deben incluirse en el apartado residual del número 5 (“los demás créditos contra la masa”) o pueden asimilarse a las costas y gastos judiciales, que se encuentran en el apartado cuarto.
La Sentencia recurrida que da lugar a la Sentencia del Tribunal Supremo, había considerado que los honorarios debían asimilarse a las costas y gastos judiciales, al considerar que no debían postergarse como si fueran de peor condición que la de los demás profesionales cuyas minutas se incluyen dentro de tal concepto.
El Tribunal Supremo realiza una diferenciación entre los gastos judiciales y las retribuciones de la administración concursal. En los primeros describe que se trata de los indispensables para el desarrollo del procedimiento, como los derivados de incidentes concursales e incluso de costas y gastos ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o de los acreedores en los juicios que, en interés de la masa inicien o continuén de acuerdo con la propia ley.
Por otro lado, los honorarios de la administración concursal los considera como gastos de administración, que deberán incluirse entre los demás créditos contra la masa del apartado cinco del 176 bis 2 LC.
Por lo que, concluye “habrá actuaciones de la administración concursal que puedan ser consideradas costas y gastos de justicia, en los términos expuestos, pero los honorarios corresponden a otro concepto, que es el de gastos de administración.”
No todos los actos de la administración concursal reciben el tratamiento singular del 176 bis 2 LC
El Supremo atribuye a la administración concursal la cualidad de órgano imprescindible del concurso, sin cuya actuación el procedimiento “devendría imposible y encallaría sin solución”.
Sin embargo, recuerda que el 176 bis 2 LC establece un matiz, pues no da tratamiento singular a todos los actos de la administración generadores del derecho a honorarios, sino únicamente “a aquellos que tengan el carácter de imprescindibles, una vez que se ha comunicado la insuficiencia de masa activa. Por ello, a falta de identificación legal expresa, resulta exigible que sea la propia administración concursal quien identifique con precisión qué actuaciones son estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el pago, y cuál es su importe, para que el juez del concurso, con audiencia del resto de acreedores contra la masa ( art. 188.2 LC ), valore aquellas circunstancias que justifiquen un pago prededucible.”

Puede leer la Sentencia en www.casosreales.es número de marginal: 69743196

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