El Gobierno refuerza el apoyo tecnológico a la actividad judicial

05/10/15

Esta encomienda permitirá impulsar técnicamente las plataformas y sistemas de información y otras actuaciones relacionadas con la modernización tecnológica de la Administración de Justicia para cumplir con los compromisos establecidos en el Plan 2015 para la aceleración de la Justicia en entornos digitales. La entidad TRAGSATEC desarrollará está encomienda por un periodo de un año.

El grado de especialización y la complejidad de los planes estratégicos aprobados en esta Legislatura para el desarrollo de la modernización tecnológica de la Administración de Justicia exigen el mantenimiento, la evolución funcional e interoperabilidad del Sistema Integral de Registros Judiciales (SIRAJ), así como la mejora de la arquitectura técnica global de plataformas judiciales como el Expediente Judicial Electrónico de la Audiencia Nacional, la Firma Electrónica y portafirmas del Ministerio de Justicia o la integración de los servicios judiciales en un punto único de acceso para todos los operadores.

La encomienda incluye, entre otras actuaciones, la adaptación del Sistema de Información del Ministerio Fiscal, el soporte técnico y funcional a la Fiscalía General del Estado y la mejora del actual archivo judicial del Tribunal Supremo.

(LaMoncloa

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Las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal son públicas

14/09/15

En el artículo único se introduce en pesta Ley Orgánica un nuevo artículo 235 ter en la
Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo primer apartado reconoce el carácter público del
acceso al fallo de las sentencias condenatorias firmes en materias especialmente
relevantes para el control fiscal: delitos contra la Hacienda Pública, delitos de insolvencia
punible, cuando el acreedor sea el erario público o, finalmente, los delitos de contrabando,
permitiendo en estos supuestos el acceso público a determinados datos personales del
condenado o del responsable civil.
En el apartado segundo se desarrolla la anterior previsión, estableciendo que el acceso
público se efectuará mediante la publicación de un extracto del fallo condenatorio que
contenga únicamente los datos que permitan la identificación del proceso, del condenado
y del responsable civil, el delito por el que lo haya sido, así como la pena y la cuantía de la
responsabilidad civil impuesta. De este modo quedan plenamente salvaguardados los
derechos a la protección de datos de otras personas que hubieran podido participar en el
proceso, pero que no resulten afectadas por la condena, limitando el ámbito de la
publicidad a aquello que es estrictamente necesario para cumplir con la finalidad
perseguida. El extracto y la publicidad se efectuarán por el Secretario Judicial, quien, de
conformidad con lo señalado en los artículos 452 y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, asume en exclusiva la función de fe pública judicial e
igualmente ha asumido importantes funciones en materia de ejecución de las sentencias
en los términos establecidos por las leyes procesales.
La publicidad se efectuará a través del «Boletín Oficial del Estado», por lo que los
datos gozarán de la garantía adicional que supone la aplicación de su normativa específica,
impidiendo un tratamiento indebido de los mismos gracias a la desindexación de los datos

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Aprobada la Ley de Seguridad Nacional

11/09/15

Esta Ley es la primera que en el ordenamiento jurídico español aborda la Seguridad Nacional de forma integral implicando a todas las Administraciones Públicas y a la sociedad en general. Su elaboración se inició en 2013, fruto de la necesidad de incorporar la Seguridad Nacional en el ordenamiento jurídico español mediante una norma legal, en cumplimiento de lo establecido en la Estrategia de Seguridad Nacional.

La Ley es una respuesta a los nuevos retos a la seguridad que afectan a la sociedad del siglo XXI. Define la Seguridad Nacional y refuerza las capacidades del Estado para ofrecer soluciones a estos desafíos de forma rápida, eficaz y coordinada.

Para hacer frente a las crisis de forma tanto preventiva como reactiva, el Consejo de Seguridad Nacional dirige y coordina las actuaciones pertinentes, y estará asistido por un Comité Especializado de gestión de crisis, que busca mejorar la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas para favorecer la rapidez y flexibilidad en la respuesta a estas situaciones.

Situaciones de interés para la Seguridad Nacional

Una novedad importante de la Ley es la regulación de las situaciones de interés para la Seguridad Nacional, que viene a rellenar un vacío normativo existente entre las crisis más graves contempladas en la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio, y aquellas otras que se afrontan con los medios y recursos habituales de las autoridades competentes.

En esta nueva situación no se ven afectados los derechos fundamentales y libertades públicas, pues su finalidad es permitir una coordinación más eficiente en el uso de los instrumentos del Estado, ni implica la alteración del desempeño ordinario de las respectivas atribuciones por parte de las autoridades competentes, que actuarán, desde la declaración de la situación por el presidente del Gobierno, bajo la dirección del Gobierno.

El funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional se basa, principalmente, en el ejercicio responsable y solidario del conjunto de las Administraciones Públicas de los principios de coordinación y cooperación en los respectivos ámbitos competenciales.

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El Constitucional podrá multar y suspender a las Administraciones que no cumplan sus resoluciones

02/09/15

El Partido Popular ha presentado una proposición de ley de reforma del TC para multar e incluso suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplan sus sentencias y resoluciones, una iniciativa aplicable a todas las Administraciones

Con este trámite de urgencia se evita que tengan que pronunciarse de manera preceptiva el Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.

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Más de 60 millones de euros para eliminar el papel en la Administración de Justicia

24/08/15

El Ministerio de Justicia tendrá, en 2016, 64,6 millones de euros para su plan de modernización tecnológica, es decir, 17 millones más que en 2015, lo que representa un incremento del 26%. Esta cuantía permitirá avanzar en conseguir una justicia sin papel y una mejora en el intercambio de información online entre las administraciones.
La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, ha destacado durante la presentación de las cuentas de su departamento para 2016, en la Comisión de Presupuestos del Congreso, los 64,6 millones que se invertirán en alcanzar el papel cero en la Administración de Justicia.
El ministerio de Justicia contará en 2016 con un presupuesto total de 1.577 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,2 % al aumentar en 106,5 millones con respecto a los de este año.
De esa cifra, 97,9 millones se corresponden al capítulo de inversiones, el que experimenta un mayor aumento (20 millones más), que engloba el plan de modernización de la justicia en los entornos digitales, al que se destinan 17 millones más.
Esta modernización tendrá tres vertientes, según ha indicado la secretaria de Estado. Una de ellas es la que pretende conseguir la tan buscada justicia sin papel, valiéndose de aplicaciones para compartir datos con abogados y otras personas del ámbito jurídico.
La segunda será la justicia en red, con registros que engloben al conjunto de administraciones públicas, y la última buscará facilitar el intercambio internacional de información por Internet.
La mayor parte del presupuesto -1.303 millones de euros- se destinará al departamento de personal, que se ha visto incrementado en un 7%.
Sánchez-Cortés ha explicado que, en 2016, se mantendrá la oferta pública de empleo en jueces y fiscales, en torno a 100 plazas, y también la del resto del personal, más de 2.000, lo que implica avanzar para conseguir la profesionalización de la justicia y que haya menos jueces sustitutos e interinos.

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No es aplicable a la vía administrativa el “Día de gracia” para la presentación de escritos prevista en el art. 135 de la LEC

14/07/15

En su Sentencia dictada en fecha 19 de noviembre de 2014, el Tribunal Supremo señala que no existe previsión normativa alguna en la Ley de Enjuiciamiento Civil o en la Ley 30/1992 que permita deducir que la Ley Procesal tiene carácter supletorio respecto a la Ley Administrativa.

Esta doctrina se mantiene únicamente en los escritos de interposición de un recurso administrativo de reposición.

Según el tenor literal de la Sentencia, no se infringe el derecho a la igualdad proclamado en el Art. 14 CE ya que no existe «un término válido de comparación entre la regulación de las formalidades procedimentales exigidas para la presentación de escritos ante la Administración Pública, en que, como recuerda el Abogado del Estado, la Ley procedimental administrativa autoriza que se efectúe ante cualquier dependencia administrativa o registro administrativo, y la regulación establecida para ordenar las actuaciones procesales de parte, y, significativamente, para la presentación de escritos sometidos a plazo, que obedece a presupuestos y objetivos claramente diferenciados».

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El régimen de gananciales subsiste mientras los cónyuges vivan juntos, según el Supremo

06/07/15

El Supremo considera que debe existir voluntad efectiva de romper para que se considere separada de hecho a una pareja.

El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación interpuestos por el hijo de su padre fallecido contra la sentencia que establecía la permanencia del vínculo económico en el matrimonio.

El Alto Tribunal ha dictado una sentencia en la que establece que el régimen de gananciales de un matrimonio no se disuelve mientras exista convivencia aunque de facto, la relación se haya roto tiempo atrás, ya que entiende que para considerar separada de hecho a una pareja tiene que existir «voluntad efectiva de romper la relación conyugal».

La sentencia hace referencia al caso de una pareja en la que el marido empezó a tener relaciones extramatrimoniales en 1969 aunque la separación física no llegó hasta 1981. El hijo pedía que la sociedad de gananciales se considerase disuelta en la primera fecha y que desde entonces, los bienes adquiridos por su padre fuesen considerados exclusivamente suyos y no parte de los gananciales del matrimonio.

El Supremo dice que si bien la doctrina jurisprudencial establece que «acreditada una ruptura seria y prolongada de la relación conyugal no se exige, por innecesario, el requisito previo de la declaración judicial para declarar extinguida la sociedad de gananciales», esta premisa «no puede aplicarse de un modo dogmático o absoluto, desprovista del necesario análisis de las circunstancias del caso».

Esto, según el Supremo, «comportaría, entre otros extremos, una injustificada aplicación de esta doctrina en aquellos supuestos en que pese a existir una separación de hecho, no obstante, no hay o no se constata una voluntad efectiva e inequívoca de romper la relación conyugal a estos efectos, bien por razones de índole económica, o bien por razones afectivas».

«En el presente caso esto es lo que ocurre, dado que la sentencia recurrida, tras la valoración conjunta de la prueba, concluye que los cónyuges, pese a estar separados de hecho, quisieron mantener sus vínculos económicos conforme al régimen de ganancialidad», y así lo hicieron entre 1969, cuando empezaron las relaciones extramatrimoniales y 1981, cuando finalmente se separaron, conforme detalla la sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Francisco Javier Orduña Moreno.

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Entra en vigor la reforma del Código Penal

02/07/15

El 1 de julio entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo que reforma el vigente Código Penal de 1995
El nuevo texto introduce importantes modificaciones, ya sea reformando el texto existente o introduciendo nuevos tipos penales, destacándose la supresión de las faltas que en buena parte se incorporan al Libro II del Código Penal y que pasan a ser tipificadas como delitos leves. Derivado de la supresión de las faltas, la misma Ley modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adecuarla al enjuiciamiento de los delitos leves de nueva creación, similar a la regulación existente hasta la fecha para las faltas.
Puede encontrar todas las modificaciones al Código Penal en: http://www.economistjurist.es/articulos-destacados/reforma-del-codigo-pe...

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Se aprueba el Reglamento Europeo de Protección de Datos

16/06/15

El objetivo es mantener un marco normativo único para toda la Unión Europea uniformando el régimen jurídico actual, así como facilitar la libre circulación de datos personales en el marco de la UE y con otros países e instituciones internacionales respetando el derecho a la libertad de expresión, prensa y las condiciones necesarias para la investigación científica.
Todo ello en el contexto de la estrategia de mercado único digital que impulsa la Comisión Europea.​

La norma se aplicará a empresas europeas y a extracomunitarias que ofrezcan sus servicios a usuarios de la UE, de manera que solo podrán procesar información personal si cuentan con el consentimiento de los consumidores. Se simplifican así los trámites para las empresas que procesen datos personales, con lo que Bruselas calcula que se ahorrarán 2.000 millones de euros al año en cargas burocráticas. Los Estados miembros han reconocido además el derecho de los ciudadanos a ser olvidados en la red, de manera que cualquier usuario tendrá derecho a que se borren sus datos personales si así lo demanda. (LaMoncloa)

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Si los estatutos de una sociedad no disponen lo contrario, el órgano de administración por sí solo puede trasladar el domicilio social a cualquier lugar del territorio nacional

10/06/15

Toda modificación de estatutos debe ser aprobada por la Junta General de Socios
Como salvedad a este principio, establecido en el párrafo 1 del artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital, el párrafo 2 de ese mismo artículo decía “por excepción a lo establecido en el apartado anterior, salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del mismo término municipal.”
Este segundo párrafo ha sido modificado por la Disposición Final Primera de la Ley 9/2015 de Medidas en Materia Concursal.
Ahora dice: «2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.»
Ésa ley se publicó en el BOE el día 26 de mayo y como suele ser habitual entró en vigor al día siguiente.
Esta nueva facultad que se da al órgano de Administración de cambiar el domicilio social a cualquier lugar del territorio nacional debe relacionarse con el artículo 175 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que “el lugar de celebración de la Junta General de Socios, salvo disposición contraria de los estatutos, será en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio”.
Por Luis Jorquera García. Notario

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Las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio

05/06/15

No pueden operar como corroboración de los medios de prueba. Ni ser contrastadas por la vía del art. 714 de la LECR.

Ni cabe su utilización como prueba preconstituida en los términos del art. 730 de la LECR. Tampoco pueden ser incorporadas al acervo probatorio mediante la llamada como testigos de los agentes policiales que las recogieron. Sin embargo, cuando los datos objetivos contenidos en la autoinculpación son acreditados como veraces por verdaderos medios de prueba, el conocimiento de aquellos datos por el declarante evidenciado en la autoinculpación puede constituir un hecho base para legítimas y lógicas inferencias. Para constatar, a estos exclusivos efectos, la validez y el contenido de la declaración policial deberán prestar testimonio en el juicio los agentes policiales que la presenciaron. Este acuerdo sustituye el que sobre la materia se había adoptado en el mes de noviembre de 2006.
(Comunicación del Poder Judicial)

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Los condenados por delito fiscal serán públicos

02/06/15

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. Para su tramitación parlamentaria se solicita el procedimiento de urgencia.

La norma va a permitir que se publiquen datos esenciales de sentencias condenatorias por delitos contra la Hacienda Pública. Con esta Ley, el Gobierno no busca someter al defraudador a un castigo adicional a la pena que se le pueda imponer, sino que busca alcanzar una mayor eficacia y transparencia en la actuación tributaria y en la lucha contra el fraude, de manera que todo ciudadano debe saber que sus datos estarán a disposición del público si no cumple con sus obligaciones fiscales y es condenado por ello. La Ley tiene, por tanto, carácter procesal, en busca del interés público, y no sancionador.
(LaMoncloa)

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