El Supremo aplica por primera vez la vía del recurso de revisión para hacer cumplir sentencias del TEDH

18/11/14

El Tribunal Supremo ha aplicado por primera vez a un caso concreto su acuerdo del pasado 21 de octubre que estableci√≥ el cauce para hacer cumplir en Espa√Īa las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El auto dado a conocer este jueves por el alto tribunal fue el que obligó a los magistrados de lo Penal del alto tribunal a reunirse en un Pleno no jurisdiccional para estudiar qué hacer para aplicar las sentencias del TEDH, ante la falta de reforma legislativa al respecto.

En concreto, y por unanimidad, los magistrados de lo Penal del Tribunal Supremo acordaron que "en tanto no exista en el Ordenamiento Jurídico una expresa previsión legal" para la efectividad de las sentencias dictadas por el TEDH se da por bueno que el recurso de revisión que se regula en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) es el que "cumple este cometido".

El acuerdo adoptado por la Sala Segunda del alto tribunal tenía su importancia, pues la duda se planteaba tras resoluciones del tribunal de Estrasburgo como la que supuso la anulación de la denominada "doctrina Parot".

Como consecuencia de esa decisión se ha dictado un auto en el que se autoriza a la defensa de Pedro Tomás LL.G a interponer un recurso de revisión para hacer cumplir la sentencia de Estrasburgo que le amparó frente a una condena que le impuso el propio Supremo en 2006 por un delito contra el medio ambiente. Anteriormente había sido absuelto por la Audiencia Provincial de Castellón.

En su auto, del que ha sido ponente el magistrado Joaquín Giménez, el Supremo destaca lo excepcional del recurso de revisión, que "tiene por fin anular una sentencia firme de naturaleza condenatoria", como es el caso, "por acreditarse hechos y circunstancias objetivas que vulnerando el debido proceso evidencian la inocencia del condenado".

"En definitiva -a√Īade el auto-, el objeto de la revisi√≥n prevista en el articulo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) es evitar el mantenimiento de una persona como condenada cuando hay datos que a trav√©s de dicho art√≠culo cuestionan tal condena y por ello la nulidad de la sentencia es obligada".

El caso de este demandante no es comparable, seg√ļn fuentes del alto tribunal, con la resoluci√≥n adoptada por el TEDH respecto de la miembro de ETA In√©s del R√≠o que dio posteriormente lugar a la excarcelaci√≥n de decenas de integrantes de la banda, ya que en dicho caso no se cuestionaba su culpabilidad.

Durante la discusión de dicho asunto por el alto tribunal, no obstante, algunos magistrados se postularon a favor de permitir de ejecutar la sentencia de Estrasburgo a través del recurso de revisión.

Seg√ļn el citado art√≠culo 954, hay lugar al recurso de revisi√≥n contra las sentencias firmes cuando est√©n sufriendo condena dos o m√°s personas en virtud de sentencias contradictorias por un mismo delito o cuando alguien est√© cumpliendo pena por homicidio cuya existencia se acredite despu√©s de dictarse dicha condena.

También cabe este recuro cuando alguien cumpla condena por testimonios declarados falsos posteriormente o cuando después de una sentencia sobrevenga conocimiento de nuevas pruebas que evidencien la inocencia del condenado.

Se da la circunstancia de que, unos días después de conocerse el acuerdo del Supremo sobre el cauce a aplicar para sentencias de Estrasburgo, una delegación del Colectivo de víctimas del terrorismo COVITE encabezado por su presidenta, Consuelo Ordónez, hizo entrega este viernes en el Tribunal Supremo de una veintena de cartas dirigidas a cada a uno de los magistrados de la Sala de lo Penal de este órgano censurando su reciente acuerdo sobre cuál debe ser el cauce procesal adecuado para hacer cumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Apuntaban que si esta decisi√≥n, que establece el recurso de revisi√≥n como tr√°mite adecuado mientras no exista una nueva regulaci√≥n al respecto, se hubiera aplicado hace un a√Īo se hubiera evitado la excarcelaci√≥n de casi 60 presos a los que se les estaba aplicando la denominada "doctrina Parot".

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El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Patentes

17/11/14

El Proyecto de Ley de Patentes clarifica y simplifica el procedimiento de concesi√≥n de la patente, que siempre conllevar√° un examen previo. Adem√°s, se adapta la normativa espa√Īola al √°mbito comunitario y a otras normas y tratados internacionales.

Por otro lado, se fomenta la iniciativa emprendedora mediante la reducción de un 50 por 100 de la tasa para la obtención de una patente para los emprendedores.

Las patentes se hacen más fuertes, lo que significa que siempre llevarán un examen previo que acredite que la invención es nueva, inventiva y tiene aplicación industrial. Si no se cumplen estos requisitos, no se concederá la patente, desapareciendo las "patentes débiles", patentes "curriculares", que existían hasta ahora, sin examen previo.

Los modelos de utilidad, para invenciones menores, también se fortalecen. Se amplía su ámbito a los productos químicos y se modifica su régimen mediante el requisito de novedad mundial. Además, se garantiza su solidez mediante la exigencia del informe sobre el estado de la técnica prejudicial.

Por √ļltimo, se incluyen expresamente entre los t√≠tulos de protecci√≥n los Certificados Complementarios de Protecci√≥n, o CCP, t√≠tulo de propiedad industrial que extiende por un plazo m√°ximo de cinco a√Īos la protecci√≥n otorgada a una patente de un producto farmac√©utico o fitosanitario, para compensar el mayor plazo de tiempo que transcurre para estos productos desde que se concede la patente hasta que se autoriza su comercializaci√≥n.(LaMoncloa)

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Condenado por suministrar cocaína a su hijo

13/11/14

El Tribunal Supremo ha condenado a tres a√Īos de prisi√≥n a un padre por facilitar a su hijo 105 gramos de coca√≠na en seis meses. Se estima el recurso de la Fiscal√≠a contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que absolvi√≥ al acusado de un delito contra la salud p√ļblica al entender que la tenencia y entrega de la droga no s√≥lo no supon√≠a intenci√≥n de tr√°fico ni √°nimo de lucro, sino que estaba destinada al hijo del acusado para su uso exclusivo y particular consumo.
Cada 30 o 40 d√≠as, el condenado, un ciudadano colombiano, viajaba desde Madrid a Lal√≠n en autob√ļs llevando en cada viaje entre 25 o 30 gramos de coca√≠na, en terrones prensados y duros envueltos en bolsas, para el consumo de su hijo. En seis meses le entreg√≥ 105 gramos sin que se haya demostrado, seg√ļn los hechos probados, que el acusado adquiriese la droga para traficar con terceras personas.
La Sala de lo Penal reconoce que en algunos casos ha acogido la tesis de la ausencia de delito en ciertos supuestos de entrega de drogas a parientes o allegados, pero siempre han sido casos de facilitaci√≥n de peque√Īas cantidades destinadas a aliviar el s√≠ndrome de abstinencia. Sin embargo, seg√ļn la sentencia, estamos ante ‚Äúun suministro continuado en el tiempo de una elevada cantidad que en ning√ļn modo puede aceptarse ya que ello supone facilitar el mantenimiento de la situaci√≥n de consumidor del destinatario, existiendo, como existen, otras opciones o alternativas terap√©uticas tendentes, a medio o largo plazo, a la superaci√≥n del trastorno por consumo abusivo de sustancias t√≥xicas de il√≠cito tr√°fico‚ÄĚ que sufr√≠a el hijo del ahora condenado. (Comunicaci√≥n del Poder Judicial)

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La Seguridad Social pagar√° 120.000 euros por un informe sobre posibles reformas en el sistema de pensiones

07/11/14

La Seguridad Social pagar√° unos 120.000 euros a una empresa asesora por realizar un informe relativo a posibles reformas que se puedan acometer en el sistema p√ļblico de pensiones, particularmente referidas a las estrategias que diferentes pa√≠ses aplican para elevar la edad efectiva de jubilaci√≥n e incentivar el envejecimiento activo.

El contrato de licitación, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en la sede electrónica de la Seguridad Social el pasado 2 de septiembre, tiene como objeto contratar a una empresa asesora para que recopile datos en relación con diferentes experiencias y reformas internacionales en la materia.

A cambio, el Estado abonar√° un m√°ximo de 99.173 euros (m√°s 20.826 euros de IVA) a pagar de una sola vez en el a√Īo 2015. Para entregar su informe, la adjudicataria contar√° con un plazo de cuatro meses improrrogables a partir del pr√≥ximo 15 de diciembre o de la fecha de formalizaci√≥n del contrato.

En concreto, las condiciones del contrato se√Īalan que la adjudicataria tendr√° que recopilar datos relativos, entre otros temas, a las edades (legales y obligatorias), requisitos, prestaciones y fiscalidad de la jubilaci√≥n y la jubilaci√≥n anticipada, as√≠ como a la relaci√≥n entre la expectativa de vida, la edad de retiro y la pensi√≥n.

También deberá analizar cómo otros países y organismos internacionales han ajustado el cálculo de las prestaciones y del periodo de cotización mínimo necesario a la cuantía de la pensión, con las particularidades también de la jubilación parcial o a tiempo parcial, los historiales de cotización mínimos, los incentivos para prolongar la vida laboral, las reducciones de las edades por diferentes causas, la relación entre paro y jubilación, los periodos transitorios y otros aspectos que afecten a la sostenibilidad del sistema o que tengan incidencia en función del género.

Este trabajo deber√° realizarse en un plazo de un mes y deber√° abarcar como m√≠nimo a Alemania, B√©lgica, Rep√ļblica Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungr√≠a, Irlanda, Polonia, Portugal y Suecia.

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Se anula la condena por agresión sexual al vulnerarse la presunción de inocencia del condenado en el proceso

04/11/14

El Supremo revoca la sentencia de la Audiencia de Badajoz (sede de M√©rida) y absuelve al acusado al entender que el tribunal de instancia, en la valoraci√≥n que le llev√≥ al fallo condenatorio, omiti√≥ y silenci√≥ valorar la prueba de descargo constituida por las testificales de la defensa y el resultado de la prueba de reconocimiento en rueda, donde la joven identific√≥ en una primera rueda al acusado y en una segunda, a otro hombre. A√Īade que en el caso no se alcanza el axiom√°tico juicio de certeza "m√°s all√° de toda duda razonable", exigible para todo pronunciamiento condenatorio seg√ļn reiterada jurisprudencia del Supremo, del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El tribunal considera además censurable que la menor mantuviera una larga "conversación" con un capitán de la Guardia Civil, que no fue recogida por escrito, antes de la denuncia ante los miembros de la Guardia Civil especializados en violencia a menores y a la muestra de una sola fotografía del acusado, que fue identificado por ella.
El Supremo recuerda en la sentencia, como criterios generales, que "no existe una especie de presunción de inocencia invertida en clave de condena al agresor", ni cabe elucubrar sobre un pretendido principio 'In dubio pro víctima' que eliminaría una de las garantías vertebrales de todo imputado, que es el 'In dubio pro reo".
Ello no supone, seg√ļn la sentencia, "ninguna desprotecci√≥n ni para la v√≠ctima ni para la sociedad", sino la exigencia de observar y respetar las l√≠neas infranqueables del proceso debido. "Tanto se hace justicia condenando como absolviendo, una sentencia absolutoria no puede ser interpretada como un fracaso del sistema de justicia penal", resalta el TS. Asimismo, deja claro que no se est√° diciendo que la menor haya mentido, sino que hay razones para estimar que, con independencia de la veracidad que ella otorga a su manifestaci√≥n, la capacidad de transmitir certeza y de tener por cre√≠ble lo manifestado es claramente defectuoso".(Comunicaci√≥n Poder Judicial)

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Se crean 112 plazas de magistrado en órganos colegiados, 167 de juez de adscripción territorial y 3 nuevos juzgados de lo penal

03/11/14

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crean un total de 282 plazas de jueces y magistrados, para adecuar la planta judicial a las necesidades actuales existentes en la Administración de Justicia y contribuir a la lucha contra la corrupción.
Estas nuevas plazas ser√°n efectivas desde el 1 de enero de 2015. De ellas, 167 se corresponden con la categor√≠a de juez de adscripci√≥n territorial, una figura que contribuye a la agilizaci√≥n de la Justicia y mejora de su calidad al evitar la interinidad en el desempe√Īo de estas funciones, de modo que sean realizadas por miembros de la carrera judicial.
El resto, 112 plazas más, tienen por objeto aumentar los efectivos en distintos órganos colegiados: 108 pertenecen a distintas Audiencias Provinciales, dos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y otras dos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De este modo, se refuerza la actuación de jueces y magistrados en el orden penal, y en concreto, su lucha contra la corrupción impulsadas por el Gobierno con el fin de la que la justicia sea cada vez más rápida y eficaz.
Adem√°s, se crean y constituyen tres nuevos Juzgados de lo Penal en Huesca, Palma de Mallorca y Tortosa, que contribuir√°n a ofrecer, as√≠, mecanismos de respuesta √°gil a las reclamaciones que a diario se resuelven en los Tribunales de Justicia y que m√°s preocupaci√≥n generan en la opini√≥n p√ļblica.
La creación de 167 plazas de juez de adscripción territorial ofrece gran flexibilidad a la hora de cubrir ausencias y vacantes en los órganos judiciales de manera profesionalizada. Además, permitirá la colaboración con aquellos tribunales que, en un momento dado, puedan encontrarse sobrecargados o necesitados de una especial medida de refuerzo.
Además de estas plazas, se crean dos más de magistrado para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que responde a las medidas de lucha contra la corrupción impulsadas por el Gobierno con el fin de que la justicia sea cada vez más rápida, diligente y eficaz, especialmente en esta sede judicial, órgano encargado de la instrucción y enjuiciamiento de delitos de especial gravedad relacionados con la corrupción.
El Real Decreto supone la mayor creaci√≥n de plazas judiciales de los √ļltimos veinticinco a√Īos. Se trata de una decisi√≥n sin precedentes cercanos. Hay que remontarse a 1989 para encontrar una creaci√≥n de plazas similar, cuando se constituyeron 303 unidades judiciales, si bien la raz√≥n estuvo en el despliegue de los Juzgados de lo Penal y 221 de las 303 unidades fueron Juzgados de lo Penal de nueva creaci√≥n.(LaMoncloa)

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El delito de malversaci√≥n de fondos p√ļblicos es aplicable a todas las empresas y sociedades mercantiles aunque sean entes instrumentales

29/10/14

Seg√ļn sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 7 de Octubre de 2014 (rec.238/2014) quienes se apropien de dinero p√ļblico tendr√°n un agravante al tratarse de una Administraci√≥n

"Cuando las sociedades de capital exclusivamente p√ļblico desarrollen funciones asimilables a las p√ļblicas, entendidas en un sentido lato sus caudales tendr√°n car√°cter necesariamente p√ļblico" fija la sala penal del Tribunal Supremo.

El Supremo ampl√≠a los efectos del delito de malversaci√≥n a las empresas y sociedades mercantiles, cuando tengan la exclusiva titularidad p√ļblica y el desempe√Īo de funciones p√ļblicas

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El Supremo reitera doctrina y anula las cl√°usulas suelo por falta de trasparencia

24/10/14

La sentencia, de la que es ponente el magistrado D. Francisco Javier Ordu√Īa, reitera la doctrina ya fijada por la anterior sentencia de 9 de mayo de 2013 en orden a la consideraci√≥n de la cl√°usula suelo inserta en los pr√©stamos hipotecarios como una cl√°usula impuesta al consumidor y no negociada, sometida a los controles de las condiciones generales de contrataci√≥n, los cuales no se superan por el cumplimiento de la regulaci√≥n sectorial bancaria sino que se han de someter a un control de legalidad impl√≠cito en el control de transparencia y de necesaria supervisi√≥n judicial.
En esta línea, la sentencia, depurando la sentencia anterior de la Sala sobre cláusulas suelo, consagra definidamente el control de transparencia real que se enmarca en el control general de abusividad y que implica el necesario cumplimiento por el predisponente de unos especiales deberes a la hora de configurar estos contratos que permitan que el consumidor comprenda realmente las consecuencias jurídicas y económicas del producto o servicio ofertado. Y este control de transparencia no se reduce a la necesidad de que las cláusulas sean simplemente claras desde el punto de vista gramatical.
En el caso analizado por el TS -cláusulas insertas en los préstamos de Caja Segovia- la cláusula suelo no superó este juicio de transparencia al no formar parte de las negociaciones y tratos preliminares que se llevaron a cabo, ni tampoco resultó destacada y diferenciada en el contrato ni en la previa oferta vinculante al quedar inserta en una cláusula mucho más amplia y genérica sobre el interés variable.
La sentencia reconoce también la labor realizada por los Notarios en el control previo de la abusividad de las cláusulas contractuales, si bien insiste en que el juicio de transparencia es un juicio judicial.
La sentencia concluye que la Sala se ve imposibilitada de examinar las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula suelo a la hora de declarar si las cantidades cobradas por el banco en aplicación de dicha cláusula habrían de devolverse al consumidor ya que tal cuestión fue rechazada en primera instancia y no fue recurrida en apelación por la parte perjudicada.(Tribunal Supremo)

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La cárcel no exime del pago de la pensión de alimentos

21/10/14

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que la obligación del pago de la pensión de alimentos a los hijos menores no se extingue por el solo hecho de haber ingresado en prisión el progenitor que debe prestarla si al tiempo no acredita la falta de ingresos o recursos para poder hacerlos efectivos.

El caso tiene su origen en la demanda de divorcio planteada por un padre que solicit√≥ la suspensi√≥n de la medida durante los casi dos a√Īos (de abril de 2008 a febrero de 2012) que estuvo encarcelado cumpliendo condena por una causa de violencia de g√©nero. La Audiencia Provincial de Ja√©n, que revoc√≥ parcialmente la sentencia de divorcio del juzgado de instancia, accedi√≥ a la petici√≥n y dej√≥ en suspenso el pago de la pensi√≥n -300 euros mensuales por los dos hijos menores- durante la estancia del progenitor en el centro penitenciario.

Su ex mujer presentó recurso de casación contra dicha sentencia y ahora el Tribunal Supremo soluciona el problema que de forma contradictoria habían resuelto las audiencias provinciales, aunque la mayoría optaba por la suspensión con el argumento de que la cárcel reduce la capacidad del pago mientras permanece en ella.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jos√© Antonio Seijas Quintana, se√Īala que la obligaci√≥n alimenticia que se presta a los hijos no est√° a expensas √ļnicamente de los ingresos sino tambi√©n de los medios o recursos de uno de los c√≥nyuges o de "las circunstancias econ√≥micas y necesidades de los hijos en cada momento", seg√ļn el art√≠culo 93 del C√≥digo Civil.

No es necesaria, seg√ļn la sentencia, una liquidez dineraria inmediata para hacer frente al pago de la pensi√≥n sino que es posible responder con el patrimonio personal siempre que su fortuna no se hubiese reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus necesidades y las de su familia.

El Tribunal Supremo afirma que "ning√ļn alimento se puede suspender por el simple hecho de haber ingresado en prisi√≥n el progenitor alimentante, gravando a la madre de los menores con la obligaci√≥n de soportarlos en exclusiva, cuando no se acredita la falta de ingresos o de recursos". Afirma que entonces, y no ahora, el condenado pudo solicitar la modificaci√≥n de la medida alegando un cambio de las circunstancias, algo que no hizo.

(Comunicación del Consejo General del Poder Judicial)

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Se puede volver a anular una liquidación tributaria por incurrir en defectos de fondo, materiales o sustantivos si no ha prescrito

15/10/14

La Sala Tercera del alto tribunal establece que, en caso de que una liquidación tributaria sea anulada por incurrir en defectos de fondo, materiales o sustantivos, la Administración puede liquidar de nuevo, siempre que su potestad no haya prescrito.El Supremo determina el criterio correcto en estas situaciones al haberse producido contradicción entre sentencias de la Audiencia Nacional y el TSJ de Catalunya sobre la materia."No compartimos las posiciones que, de una u otra forma, conducen a interpretar que la Administración está obligada a acertar siempre, de modo que si se equivoca (por mínimo que sea el yerro) pierde la posibilidad de liquidar el tributo, aun cuando su potestad siga viva, porque carecen de sustento normativo que las avale, tanto ordinario como constitucional", dice la sentencia.
Adem√°s, se opondr√≠an al principio de eficacia administrativa (art√≠culo 130.1 de la Constituci√≥n), y al logro de un sistema tributario justo en el que cada cual ha de contribuir al sostenimiento de los gastos p√ļblicos de acuerdo con su capacidad econ√≥mica (art√≠culo 31.1).
La sentencia cuenta con el voto particular de tres de los siete magistrados que la firman, que rechazan que el acto anulado interrumpiese el periodo de prescripción, por lo que, en el caso concreto examinado, procedente de un recurso de la empresa Alcoholera Catalana, S.A., habría prescrito la posibilidad de hacer la nueva liquidación.
Uno de los votos se√Īala que el planteamiento de la mayor√≠a "supone premiar al que hace mal las cosas‚ÄĚ y deja indefinidamente abiertos los procedimientos tributarios. (Comunicaci√≥n del Poder Judicial)

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Las demandas de disolución matrimonial aumentan un 2,4% en el segundo trimestre de 2014

14/10/14

Los divorcios de mutuo acuerdo se incrementan un 2,6% y los contenciosos un 3%. Las separaciones consensuadas bajan el 6,8% y las contenciosas experimentan un ligero aumento del 0,9%.
El n√ļmero de demandas de disoluci√≥n matrimonial iniciadas en el segundo trimestre de 2014 experiment√≥ un incremento del 2,4% respecto al mismo periodo del a√Īo anterior, seg√ļn los datos recogidos por el Servicio de Estad√≠stica del Consejo General del Poder Judicial.
Las demandas de divorcio ‚Äďtanto de mutuo acuerdo como no consensuadas- registradas en Espa√Īa en el segundo trimestre del a√Īo fueron 31.876, frente a las 31.019 del segundo trimestre de 2013, un 2,8% m√°s.
Entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados se presentaron 19.251 demandas de divorcio de mutuo acuerdo, un 2,6% m√°s que en el mismo periodo del a√Īo anterior; mientras que las demandas de divorcio no consensuado fueron 12.625, lo que supone un incremento del 3%.
El n√ļmero de demandas relativas a las separaciones ha reflejado una disminuci√≥n del 4,5%. En las de mutuo acuerdo (1.226), la reducci√≥n ha sido del 6,8%, mientras que en las contenciosas (567) se observa un ligero incremento interanual del 0,9%.
En cuanto a las nulidades, este tipo de procedimiento de disoluci√≥n matrimonial experiment√≥ un incremento del 15,2%, destacando el dato de Catalu√Īa, donde se ha pasado de las 10 nulidades del segundo trimestre de 2013 a las 30 observadas en igual periodo de 2014, ello a consecuencia de procesos instados por la Fiscal√≠a ante matrimonios de conveniencia.
La crisis económica sigue haciéndose sentir en los procedimientos de medidas en procesos de separación o divorcio, así como en los relacionados con la guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales. Todos ellos han experimentado importantes incrementos interanuales.
En el segundo trimestre de 2014 se iniciaron 2.411 procedimientos de modificaci√≥n de medidas consensuadas, un 13,8% m√°s que en mismo periodo del a√Īo anterior; y 8.733 procedimientos de modificaci√≥n de medidas no consensuadas, un 4,2% m√°s.
En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se iniciaron 4.203 consensuados (un 13,6% m√°s que en el mismo trimestre de 2013) y 7.101 no consensuados (un 7% m√°s).

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‚ÄúEl arbitraje es una pieza clave en la competitividad econ√≥mica de Espa√Īa‚ÄĚ

07/10/14

La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) cumpli√≥ 25 a√Īos y reuni√≥ en Madrid a m√°s de doscientos expertos del √°mbito del arbitraje, nacional e internacional, del mundo de la empresa y de la judicatura, para analizar y reflexionar sobre el futuro de esta v√≠a extrajudicial de resoluci√≥n de conflictos.

La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya S√°enz de Santamar√≠a particip√≥ en la inauguraci√≥n del Congreso para elogiar las posibilidades que brinda el arbitraje cuyo uso, ha asegurado, ‚Äúes propio de una sociedad moderna que requiere procesos √°giles y espec√≠ficos en la resoluci√≥n de conflictos‚ÄĚ. Seg√ļn Soraya S√°enz de Santamar√≠a, ‚Äúlas reformas estructurales que ha puesto en marcha el Gobierno est√°n y van a seguir cambiando Espa√Īa‚ÄĚ. As√≠, ha defendido la apuesta del ejecutivo ‚Äúpor una nueva cultura la justicia en la que se asuma que el laudo tiene la misma validez que una sentencia judicial‚ÄĚ. El arbitraje, ha resumido, ‚Äúes una pieza clave en la competitividad econ√≥mica de Espa√Īa‚ÄĚ.

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