Más de 60 millones de euros para eliminar el papel en la Administración de Justicia

24/08/15

El Ministerio de Justicia tendrá, en 2016, 64,6 millones de euros para su plan de modernización tecnológica, es decir, 17 millones más que en 2015, lo que representa un incremento del 26%. Esta cuantía permitirá avanzar en conseguir una justicia sin papel y una mejora en el intercambio de información online entre las administraciones.
La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, ha destacado durante la presentación de las cuentas de su departamento para 2016, en la Comisión de Presupuestos del Congreso, los 64,6 millones que se invertirán en alcanzar el papel cero en la Administración de Justicia.
El ministerio de Justicia contará en 2016 con un presupuesto total de 1.577 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,2 % al aumentar en 106,5 millones con respecto a los de este año.
De esa cifra, 97,9 millones se corresponden al capítulo de inversiones, el que experimenta un mayor aumento (20 millones más), que engloba el plan de modernización de la justicia en los entornos digitales, al que se destinan 17 millones más.
Esta modernización tendrá tres vertientes, según ha indicado la secretaria de Estado. Una de ellas es la que pretende conseguir la tan buscada justicia sin papel, valiéndose de aplicaciones para compartir datos con abogados y otras personas del ámbito jurídico.
La segunda será la justicia en red, con registros que engloben al conjunto de administraciones públicas, y la última buscará facilitar el intercambio internacional de información por Internet.
La mayor parte del presupuesto -1.303 millones de euros- se destinará al departamento de personal, que se ha visto incrementado en un 7%.
Sánchez-Cortés ha explicado que, en 2016, se mantendrá la oferta pública de empleo en jueces y fiscales, en torno a 100 plazas, y también la del resto del personal, más de 2.000, lo que implica avanzar para conseguir la profesionalización de la justicia y que haya menos jueces sustitutos e interinos.

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No es aplicable a la vía administrativa el “Día de gracia” para la presentación de escritos prevista en el art. 135 de la LEC

14/07/15

En su Sentencia dictada en fecha 19 de noviembre de 2014, el Tribunal Supremo señala que no existe previsión normativa alguna en la Ley de Enjuiciamiento Civil o en la Ley 30/1992 que permita deducir que la Ley Procesal tiene carácter supletorio respecto a la Ley Administrativa.

Esta doctrina se mantiene únicamente en los escritos de interposición de un recurso administrativo de reposición.

Según el tenor literal de la Sentencia, no se infringe el derecho a la igualdad proclamado en el Art. 14 CE ya que no existe «un término válido de comparación entre la regulación de las formalidades procedimentales exigidas para la presentación de escritos ante la Administración Pública, en que, como recuerda el Abogado del Estado, la Ley procedimental administrativa autoriza que se efectúe ante cualquier dependencia administrativa o registro administrativo, y la regulación establecida para ordenar las actuaciones procesales de parte, y, significativamente, para la presentación de escritos sometidos a plazo, que obedece a presupuestos y objetivos claramente diferenciados».

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El régimen de gananciales subsiste mientras los cónyuges vivan juntos, según el Supremo

06/07/15

El Supremo considera que debe existir voluntad efectiva de romper para que se considere separada de hecho a una pareja.

El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación interpuestos por el hijo de su padre fallecido contra la sentencia que establecía la permanencia del vínculo económico en el matrimonio.

El Alto Tribunal ha dictado una sentencia en la que establece que el régimen de gananciales de un matrimonio no se disuelve mientras exista convivencia aunque de facto, la relación se haya roto tiempo atrás, ya que entiende que para considerar separada de hecho a una pareja tiene que existir «voluntad efectiva de romper la relación conyugal».

La sentencia hace referencia al caso de una pareja en la que el marido empezó a tener relaciones extramatrimoniales en 1969 aunque la separación física no llegó hasta 1981. El hijo pedía que la sociedad de gananciales se considerase disuelta en la primera fecha y que desde entonces, los bienes adquiridos por su padre fuesen considerados exclusivamente suyos y no parte de los gananciales del matrimonio.

El Supremo dice que si bien la doctrina jurisprudencial establece que «acreditada una ruptura seria y prolongada de la relación conyugal no se exige, por innecesario, el requisito previo de la declaración judicial para declarar extinguida la sociedad de gananciales», esta premisa «no puede aplicarse de un modo dogmático o absoluto, desprovista del necesario análisis de las circunstancias del caso».

Esto, según el Supremo, «comportaría, entre otros extremos, una injustificada aplicación de esta doctrina en aquellos supuestos en que pese a existir una separación de hecho, no obstante, no hay o no se constata una voluntad efectiva e inequívoca de romper la relación conyugal a estos efectos, bien por razones de índole económica, o bien por razones afectivas».

«En el presente caso esto es lo que ocurre, dado que la sentencia recurrida, tras la valoración conjunta de la prueba, concluye que los cónyuges, pese a estar separados de hecho, quisieron mantener sus vínculos económicos conforme al régimen de ganancialidad», y así lo hicieron entre 1969, cuando empezaron las relaciones extramatrimoniales y 1981, cuando finalmente se separaron, conforme detalla la sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Francisco Javier Orduña Moreno.

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Entra en vigor la reforma del Código Penal

02/07/15

El 1 de julio entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo que reforma el vigente Código Penal de 1995
El nuevo texto introduce importantes modificaciones, ya sea reformando el texto existente o introduciendo nuevos tipos penales, destacándose la supresión de las faltas que en buena parte se incorporan al Libro II del Código Penal y que pasan a ser tipificadas como delitos leves. Derivado de la supresión de las faltas, la misma Ley modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adecuarla al enjuiciamiento de los delitos leves de nueva creación, similar a la regulación existente hasta la fecha para las faltas.
Puede encontrar todas las modificaciones al Código Penal en: http://www.economistjurist.es/articulos-destacados/reforma-del-codigo-pe...

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Se aprueba el Reglamento Europeo de Protección de Datos

16/06/15

El objetivo es mantener un marco normativo único para toda la Unión Europea uniformando el régimen jurídico actual, así como facilitar la libre circulación de datos personales en el marco de la UE y con otros países e instituciones internacionales respetando el derecho a la libertad de expresión, prensa y las condiciones necesarias para la investigación científica.
Todo ello en el contexto de la estrategia de mercado único digital que impulsa la Comisión Europea.​

La norma se aplicará a empresas europeas y a extracomunitarias que ofrezcan sus servicios a usuarios de la UE, de manera que solo podrán procesar información personal si cuentan con el consentimiento de los consumidores. Se simplifican así los trámites para las empresas que procesen datos personales, con lo que Bruselas calcula que se ahorrarán 2.000 millones de euros al año en cargas burocráticas. Los Estados miembros han reconocido además el derecho de los ciudadanos a ser olvidados en la red, de manera que cualquier usuario tendrá derecho a que se borren sus datos personales si así lo demanda. (LaMoncloa)

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Si los estatutos de una sociedad no disponen lo contrario, el órgano de administración por sí solo puede trasladar el domicilio social a cualquier lugar del territorio nacional

10/06/15

Toda modificación de estatutos debe ser aprobada por la Junta General de Socios
Como salvedad a este principio, establecido en el párrafo 1 del artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital, el párrafo 2 de ese mismo artículo decía “por excepción a lo establecido en el apartado anterior, salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del mismo término municipal.”
Este segundo párrafo ha sido modificado por la Disposición Final Primera de la Ley 9/2015 de Medidas en Materia Concursal.
Ahora dice: «2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.»
Ésa ley se publicó en el BOE el día 26 de mayo y como suele ser habitual entró en vigor al día siguiente.
Esta nueva facultad que se da al órgano de Administración de cambiar el domicilio social a cualquier lugar del territorio nacional debe relacionarse con el artículo 175 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que “el lugar de celebración de la Junta General de Socios, salvo disposición contraria de los estatutos, será en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio”.
Por Luis Jorquera García. Notario

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Las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio

05/06/15

No pueden operar como corroboración de los medios de prueba. Ni ser contrastadas por la vía del art. 714 de la LECR.

Ni cabe su utilización como prueba preconstituida en los términos del art. 730 de la LECR. Tampoco pueden ser incorporadas al acervo probatorio mediante la llamada como testigos de los agentes policiales que las recogieron. Sin embargo, cuando los datos objetivos contenidos en la autoinculpación son acreditados como veraces por verdaderos medios de prueba, el conocimiento de aquellos datos por el declarante evidenciado en la autoinculpación puede constituir un hecho base para legítimas y lógicas inferencias. Para constatar, a estos exclusivos efectos, la validez y el contenido de la declaración policial deberán prestar testimonio en el juicio los agentes policiales que la presenciaron. Este acuerdo sustituye el que sobre la materia se había adoptado en el mes de noviembre de 2006.
(Comunicación del Poder Judicial)

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Los condenados por delito fiscal serán públicos

02/06/15

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. Para su tramitación parlamentaria se solicita el procedimiento de urgencia.

La norma va a permitir que se publiquen datos esenciales de sentencias condenatorias por delitos contra la Hacienda Pública. Con esta Ley, el Gobierno no busca someter al defraudador a un castigo adicional a la pena que se le pueda imponer, sino que busca alcanzar una mayor eficacia y transparencia en la actuación tributaria y en la lucha contra el fraude, de manera que todo ciudadano debe saber que sus datos estarán a disposición del público si no cumple con sus obligaciones fiscales y es condenado por ello. La Ley tiene, por tanto, carácter procesal, en busca del interés público, y no sancionador.
(LaMoncloa)

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Nueva reforma de la Ley Concursal

28/05/15

La Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, publicada hoy en el BOE, modifica varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, relativos al convenio concursal, a la fase de liquidación, a la calificación del concurso, al acuerdo extrajudicial de pagos y a los acuerdos de refinanciación, así como a otros preceptos de la misma Ley relacionados con dichos aspectos.
La parte dispositiva de esta Ley consta de un único artículo, dividido a su vez en cuatro apartados, en cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, Ley Concursal), relativos al convenio concursal, a la fase de liquidación, a la calificación del concurso, al acuerdo extrajudicial de pagos y a los acuerdos de refinanciación, así como a otros preceptos de la misma Ley relacionados con dichos aspectos.
Respecto al convenio concursal, se introducen, en primer lugar, previsiones análogas a las de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacción dada por la Ley 17/2014) relativas a la valoración de las garantías sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se modifican los artículos 90 y 94 de la Ley Concursal.

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Nuevos trámites para constituir una sociedad laboral

18/05/15

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de dos Proyectos de Ley para fomentar el trabajo autónomo y la economía social e impulsar el emprendimiento, tras recibir el dictamen y la valoración global positiva del Consejo Económico y Social. Para la tramitación parlamentaria de ambos textos será solicitado el procedimiento de urgencia.
Se trata del Proyecto de Ley por el que se modifica y actualiza toda la normativa en materia de autoempleo, y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social, y del Proyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas. Con este nuevo paquete de medidas y conforme a las previsiones de crecimiento, el Gobierno estima que el autoempleo pueda crecer en 550.000 personas hasta 2019.

AUTÓNOMOS Y ECONOMÍA SOCIAL

El Proyecto de Ley de Autónomos y Economía Social modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo. Los diferentes incentivos en vigor que hasta ahora se encontraban dispersos en diversas normas se recogerán en un único texto que se incluirá en el título V de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo y en la Ley de Economía Social.

La nueva Ley amplía, además, algunos incentivos ya existentes a otros colectivos y pone en marcha nuevas medidas para impulsar el autoempleo, ya sea individual o colectivo, y para apoyar el trabajo autónomo y la Economía Social.

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Se consolida: las empresas en concurso disminuyen

11/05/15

El número de deudores concursados alcanza la cifra de 1.560 en el primer trimestre de 2015, lo que supone una disminución del 26,6% respecto al mismo periodo del año anterior.
Según los datos oficiales del INE, por tipo de concurso, 1.460 son voluntarios (un 26,5% menos que en el primer trimestre de 2014) y 100 necesarios (un 28,6% menos). Atendiendo a la clase de procedimiento, los ordinarios disminuyen un 24,7% y los abreviados un 27,0%.

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El Senado aprueba el Código Penal de la prisión permanente revisable

13/03/15

El Pleno del Senado ha aprobado la reforma del Código Penal que introduce en España la prisión permanente revisable, reduce las penas de los piquetes de las huelgas y fija penas de cárcel para los dirigentes políticos que acepten donaciones ilegales superiores a 500.000 euros. Tras un largo debate que se ha prolongado durante más de siete horas, la cámara alta ha dado luz verde, con 148 votos a favor, a este proyecto legislativo que será ahora remitido de nuevo al Congreso de los Diputados para su examen definitivo.
La norma, para cuya modificación se introdujeron 1.044 enmiendas, incluye finalmente varias transaccionales que modifican distintos artículos. Se han incluido penas de hasta ocho años para quienes incurran en la trata de seres humanos para imponerles la esclavitud, servidumbre, servicios forzados u otras prácticas similares a las anteriores, incluida la mendicidad.
También ha agregado al articulado una enmienda que permitirá multar a aquellos que falten al respeto y la consideración debida a la autoridad y ha añadido la paralización del derribo de viviendas ilegales hasta que los propietarios que compraron de buena fe y sin conocer las irregularidades cobren las indemnizaciones.
Además, eleva de uno a dos años la condena mínima para quienes inciten a la prostitución a menores discapacitados y especifica la posibilidad de introducir la libertad vigilada para aquellos maltratadores que provoquen lesiones a sus parejas.
El nuevo Código Penal sigue la senda de otros países europeos en la aplicación de la prisión permanente, que podrá ser impuesta en casos de excepcional gravedad, como el homicidio del Rey o su heredero, de jefes de Estado extranjeros, genocidio, asesinatos en serie, cometidos en el seno de una organización criminal o contra menores de 16 años o personas especialmente vulnerables. La medida ha levantado la crítica unánime de toda la oposición que la considera como una cadena perpetua encubierta.
La prisión permanente prevé que las penas sean revisadas, tras el cumplimiento de 25 a 35 años, para verificar si el pronóstico es favorable a la reinserción social. Los jueces examinarán si debe mantenerse la prisión cada dos años de oficio o a petición del recluso, si bien puede no dar curso a nuevas solicitudes durante un año.
Penas de corrupción
El Código Penal dificulta además el acceso la libertad condicional a los corruptos que no hayan reparado el daño causado, fija en 500.000 euros la cuantía para imponer cárcel por financiación ilegal –salvo que sea extranjero que será de 100.000– y mantiene el límite de 120.000 euros para hablar de fraude fiscal.
Las personas que participan en “estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos” al margen de la ley serán castigadas con una pena de prisión de uno a cinco años de cárcel, con independencia de la cuantía de la comisión.
El texto amplía, además, el decomiso para que los jueces puedan ordenar la intervención de bienes del condenado procedentes de otras actividades delictivas siempre que existan indicios de su procedencia ilícita, como puede ser la desproporción entre el patrimonio y su medio de vida o el recurso de paraísos fiscales o empresas interpuestas.
Además, se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de activos procedentes del delito y se reduce la pena de cárcel a quienes dificultan o impiden el ejercicio de huelga y a los piquetes que, no obstante, seguirán teniendo castigos más duros cuando actúen con violencia.
Modifica la Ley del Indulto
De otro lado, la norma modifica la Ley del Indulto para que un alto cargo del Ministerio de Justicia comparezca sobre estos expedientes cada seis meses. Asimismo, suprime el Libro III relativo a las faltas, para convertirlas en delitos leves o sanciones administrativas.
Por otra parte, se mantiene la idea de fijar el consentimiento sexual en 16 años y se aumenta la persecución del maltrato, abandono y explotación sexual de animales.
Se tipifican nuevos delitos como el matrimonio forzado, el hostigamiento, la divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con la anuencia de la persona afectada o la manipulación de los dispositivos de control que sirven para vigilar el cumplimiento de las penas. También se trasponen decisiones europeas sobre pornografía infantil, explotación sexual de menores, trata de seres humanos o inmigración ilegal.

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