Empieza el trabajo de la Comisi贸n para el nuevo C贸digo Concursal

26/11/14

Las funciones de la Comisi贸n son las siguientes:

a) Realizar un seguimiento de la efectividad de las medidas adoptadas por este real decreto-ley en materia concursal y de refinanciaci贸n preconcursal de deuda y sobre la evoluci贸n del endeudamiento del sector privado y sus implicaciones macroecon贸micas.

b) Evaluar su aplicaci贸n y, en su caso, proponer al Gobierno las reformas que resulte conveniente acometer para facilitar la reestructuraci贸n preconcursal o concursal de deuda de empresas econ贸micamente viables.

c) Verificar el cumplimiento de los c贸digos de buenas pr谩cticas que se puedan adoptar en materia de refinanciaci贸n preconcursal de deudas.

La Comisi贸n podr谩 solicitar, directamente o a trav茅s de alguno de sus miembros, la informaci贸n relativa a acuerdos de refinanciaci贸n y reestructuraci贸n preconcursales y procesos concursales que considere necesaria para el adecuado ejercicio de esta funci贸n. Con periodicidad anual, la comisi贸n elaborar谩 un informe sobre el resultado del ejercicio de sus funciones que deber谩 remitirse al Gobierno y a la Comisi贸n de Econom铆a y Competitividad del Congreso de los Diputados.

La comisi贸n est谩 integrada por los siguientes miembros permanentes:

a) Dos nombrados por el Ministerio de Econom铆a y Competitividad, uno de los cuales asumir谩 la presidencia.
b) Dos nombrados por el Ministerio de Justicia, uno de los cuales asumir谩 las funciones de secretar铆a.
c) Uno nombrado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones P煤blicas.
d) Uno nombrado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
e) Uno nombrado por el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo.
f) Uno nombrado por el Banco de Espa帽a.
g) Un juez nombrado por el Consejo General del Poder Judicial.
(LaMoncloa)

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El Supremo aplica por primera vez la v铆a del recurso de revisi贸n para hacer cumplir sentencias del TEDH

18/11/14

El Tribunal Supremo ha aplicado por primera vez a un caso concreto su acuerdo del pasado 21 de octubre que estableci贸 el cauce para hacer cumplir en Espa帽a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El auto dado a conocer este jueves por el alto tribunal fue el que oblig贸 a los magistrados de lo Penal del alto tribunal a reunirse en un Pleno no jurisdiccional para estudiar qu茅 hacer para aplicar las sentencias del TEDH, ante la falta de reforma legislativa al respecto.

En concreto, y por unanimidad, los magistrados de lo Penal del Tribunal Supremo acordaron que "en tanto no exista en el Ordenamiento Jur铆dico una expresa previsi贸n legal" para la efectividad de las sentencias dictadas por el TEDH se da por bueno que el recurso de revisi贸n que se regula en el art铆culo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) es el que "cumple este cometido".

El acuerdo adoptado por la Sala Segunda del alto tribunal ten铆a su importancia, pues la duda se planteaba tras resoluciones del tribunal de Estrasburgo como la que supuso la anulaci贸n de la denominada "doctrina Parot".

Como consecuencia de esa decisi贸n se ha dictado un auto en el que se autoriza a la defensa de Pedro Tom谩s LL.G a interponer un recurso de revisi贸n para hacer cumplir la sentencia de Estrasburgo que le ampar贸 frente a una condena que le impuso el propio Supremo en 2006 por un delito contra el medio ambiente. Anteriormente hab铆a sido absuelto por la Audiencia Provincial de Castell贸n.

En su auto, del que ha sido ponente el magistrado Joaqu铆n Gim茅nez, el Supremo destaca lo excepcional del recurso de revisi贸n, que "tiene por fin anular una sentencia firme de naturaleza condenatoria", como es el caso, "por acreditarse hechos y circunstancias objetivas que vulnerando el debido proceso evidencian la inocencia del condenado".

"En definitiva -a帽ade el auto-, el objeto de la revisi贸n prevista en el articulo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) es evitar el mantenimiento de una persona como condenada cuando hay datos que a trav茅s de dicho art铆culo cuestionan tal condena y por ello la nulidad de la sentencia es obligada".

El caso de este demandante no es comparable, seg煤n fuentes del alto tribunal, con la resoluci贸n adoptada por el TEDH respecto de la miembro de ETA In茅s del R铆o que dio posteriormente lugar a la excarcelaci贸n de decenas de integrantes de la banda, ya que en dicho caso no se cuestionaba su culpabilidad.

Durante la discusi贸n de dicho asunto por el alto tribunal, no obstante, algunos magistrados se postularon a favor de permitir de ejecutar la sentencia de Estrasburgo a trav茅s del recurso de revisi贸n.

Seg煤n el citado art铆culo 954, hay lugar al recurso de revisi贸n contra las sentencias firmes cuando est茅n sufriendo condena dos o m谩s personas en virtud de sentencias contradictorias por un mismo delito o cuando alguien est茅 cumpliendo pena por homicidio cuya existencia se acredite despu茅s de dictarse dicha condena.

Tambi茅n cabe este recuro cuando alguien cumpla condena por testimonios declarados falsos posteriormente o cuando despu茅s de una sentencia sobrevenga conocimiento de nuevas pruebas que evidencien la inocencia del condenado.

Se da la circunstancia de que, unos d铆as despu茅s de conocerse el acuerdo del Supremo sobre el cauce a aplicar para sentencias de Estrasburgo, una delegaci贸n del Colectivo de v铆ctimas del terrorismo COVITE encabezado por su presidenta, Consuelo Ord贸nez, hizo entrega este viernes en el Tribunal Supremo de una veintena de cartas dirigidas a cada a uno de los magistrados de la Sala de lo Penal de este 贸rgano censurando su reciente acuerdo sobre cu谩l debe ser el cauce procesal adecuado para hacer cumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Apuntaban que si esta decisi贸n, que establece el recurso de revisi贸n como tr谩mite adecuado mientras no exista una nueva regulaci贸n al respecto, se hubiera aplicado hace un a帽o se hubiera evitado la excarcelaci贸n de casi 60 presos a los que se les estaba aplicando la denominada "doctrina Parot".

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El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Patentes

17/11/14

El Proyecto de Ley de Patentes clarifica y simplifica el procedimiento de concesi贸n de la patente, que siempre conllevar谩 un examen previo. Adem谩s, se adapta la normativa espa帽ola al 谩mbito comunitario y a otras normas y tratados internacionales.

Por otro lado, se fomenta la iniciativa emprendedora mediante la reducci贸n de un 50 por 100 de la tasa para la obtenci贸n de una patente para los emprendedores.

Las patentes se hacen m谩s fuertes, lo que significa que siempre llevar谩n un examen previo que acredite que la invenci贸n es nueva, inventiva y tiene aplicaci贸n industrial. Si no se cumplen estos requisitos, no se conceder谩 la patente, desapareciendo las "patentes d茅biles", patentes "curriculares", que exist铆an hasta ahora, sin examen previo.

Los modelos de utilidad, para invenciones menores, tambi茅n se fortalecen. Se ampl铆a su 谩mbito a los productos qu铆micos y se modifica su r茅gimen mediante el requisito de novedad mundial. Adem谩s, se garantiza su solidez mediante la exigencia del informe sobre el estado de la t茅cnica prejudicial.

Por 煤ltimo, se incluyen expresamente entre los t铆tulos de protecci贸n los Certificados Complementarios de Protecci贸n, o CCP, t铆tulo de propiedad industrial que extiende por un plazo m谩ximo de cinco a帽os la protecci贸n otorgada a una patente de un producto farmac茅utico o fitosanitario, para compensar el mayor plazo de tiempo que transcurre para estos productos desde que se concede la patente hasta que se autoriza su comercializaci贸n.(LaMoncloa)

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Condenado por suministrar coca铆na a su hijo

13/11/14

El Tribunal Supremo ha condenado a tres a帽os de prisi贸n a un padre por facilitar a su hijo 105 gramos de coca铆na en seis meses. Se estima el recurso de la Fiscal铆a contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que absolvi贸 al acusado de un delito contra la salud p煤blica al entender que la tenencia y entrega de la droga no s贸lo no supon铆a intenci贸n de tr谩fico ni 谩nimo de lucro, sino que estaba destinada al hijo del acusado para su uso exclusivo y particular consumo.
Cada 30 o 40 d铆as, el condenado, un ciudadano colombiano, viajaba desde Madrid a Lal铆n en autob煤s llevando en cada viaje entre 25 o 30 gramos de coca铆na, en terrones prensados y duros envueltos en bolsas, para el consumo de su hijo. En seis meses le entreg贸 105 gramos sin que se haya demostrado, seg煤n los hechos probados, que el acusado adquiriese la droga para traficar con terceras personas.
La Sala de lo Penal reconoce que en algunos casos ha acogido la tesis de la ausencia de delito en ciertos supuestos de entrega de drogas a parientes o allegados, pero siempre han sido casos de facilitaci贸n de peque帽as cantidades destinadas a aliviar el s铆ndrome de abstinencia. Sin embargo, seg煤n la sentencia, estamos ante 鈥渦n suministro continuado en el tiempo de una elevada cantidad que en ning煤n modo puede aceptarse ya que ello supone facilitar el mantenimiento de la situaci贸n de consumidor del destinatario, existiendo, como existen, otras opciones o alternativas terap茅uticas tendentes, a medio o largo plazo, a la superaci贸n del trastorno por consumo abusivo de sustancias t贸xicas de il铆cito tr谩fico鈥 que sufr铆a el hijo del ahora condenado. (Comunicaci贸n del Poder Judicial)

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La Seguridad Social pagar谩 120.000 euros por un informe sobre posibles reformas en el sistema de pensiones

07/11/14

La Seguridad Social pagar谩 unos 120.000 euros a una empresa asesora por realizar un informe relativo a posibles reformas que se puedan acometer en el sistema p煤blico de pensiones, particularmente referidas a las estrategias que diferentes pa铆ses aplican para elevar la edad efectiva de jubilaci贸n e incentivar el envejecimiento activo.

El contrato de licitaci贸n, que fue publicado en el Bolet铆n Oficial del Estado (BOE) y en la sede electr贸nica de la Seguridad Social el pasado 2 de septiembre, tiene como objeto contratar a una empresa asesora para que recopile datos en relaci贸n con diferentes experiencias y reformas internacionales en la materia.

A cambio, el Estado abonar谩 un m谩ximo de 99.173 euros (m谩s 20.826 euros de IVA) a pagar de una sola vez en el a帽o 2015. Para entregar su informe, la adjudicataria contar谩 con un plazo de cuatro meses improrrogables a partir del pr贸ximo 15 de diciembre o de la fecha de formalizaci贸n del contrato.

En concreto, las condiciones del contrato se帽alan que la adjudicataria tendr谩 que recopilar datos relativos, entre otros temas, a las edades (legales y obligatorias), requisitos, prestaciones y fiscalidad de la jubilaci贸n y la jubilaci贸n anticipada, as铆 como a la relaci贸n entre la expectativa de vida, la edad de retiro y la pensi贸n.

Tambi茅n deber谩 analizar c贸mo otros pa铆ses y organismos internacionales han ajustado el c谩lculo de las prestaciones y del periodo de cotizaci贸n m铆nimo necesario a la cuant铆a de la pensi贸n, con las particularidades tambi茅n de la jubilaci贸n parcial o a tiempo parcial, los historiales de cotizaci贸n m铆nimos, los incentivos para prolongar la vida laboral, las reducciones de las edades por diferentes causas, la relaci贸n entre paro y jubilaci贸n, los periodos transitorios y otros aspectos que afecten a la sostenibilidad del sistema o que tengan incidencia en funci贸n del g茅nero.

Este trabajo deber谩 realizarse en un plazo de un mes y deber谩 abarcar como m铆nimo a Alemania, B茅lgica, Rep煤blica Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungr铆a, Irlanda, Polonia, Portugal y Suecia.

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Se anula la condena por agresi贸n sexual al vulnerarse la presunci贸n de inocencia del condenado en el proceso

04/11/14

El Supremo revoca la sentencia de la Audiencia de Badajoz (sede de M茅rida) y absuelve al acusado al entender que el tribunal de instancia, en la valoraci贸n que le llev贸 al fallo condenatorio, omiti贸 y silenci贸 valorar la prueba de descargo constituida por las testificales de la defensa y el resultado de la prueba de reconocimiento en rueda, donde la joven identific贸 en una primera rueda al acusado y en una segunda, a otro hombre. A帽ade que en el caso no se alcanza el axiom谩tico juicio de certeza "m谩s all谩 de toda duda razonable", exigible para todo pronunciamiento condenatorio seg煤n reiterada jurisprudencia del Supremo, del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El tribunal considera adem谩s censurable que la menor mantuviera una larga "conversaci贸n" con un capit谩n de la Guardia Civil, que no fue recogida por escrito, antes de la denuncia ante los miembros de la Guardia Civil especializados en violencia a menores y a la muestra de una sola fotograf铆a del acusado, que fue identificado por ella.
El Supremo recuerda en la sentencia, como criterios generales, que "no existe una especie de presunci贸n de inocencia invertida en clave de condena al agresor", ni cabe elucubrar sobre un pretendido principio 'In dubio pro v铆ctima' que eliminar铆a una de las garant铆as vertebrales de todo imputado, que es el 'In dubio pro reo".
Ello no supone, seg煤n la sentencia, "ninguna desprotecci贸n ni para la v铆ctima ni para la sociedad", sino la exigencia de observar y respetar las l铆neas infranqueables del proceso debido. "Tanto se hace justicia condenando como absolviendo, una sentencia absolutoria no puede ser interpretada como un fracaso del sistema de justicia penal", resalta el TS. Asimismo, deja claro que no se est谩 diciendo que la menor haya mentido, sino que hay razones para estimar que, con independencia de la veracidad que ella otorga a su manifestaci贸n, la capacidad de transmitir certeza y de tener por cre铆ble lo manifestado es claramente defectuoso".(Comunicaci贸n Poder Judicial)

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Se crean 112 plazas de magistrado en 贸rganos colegiados, 167 de juez de adscripci贸n territorial y 3 nuevos juzgados de lo penal

03/11/14

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crean un total de 282 plazas de jueces y magistrados, para adecuar la planta judicial a las necesidades actuales existentes en la Administraci贸n de Justicia y contribuir a la lucha contra la corrupci贸n.
Estas nuevas plazas ser谩n efectivas desde el 1 de enero de 2015. De ellas, 167 se corresponden con la categor铆a de juez de adscripci贸n territorial, una figura que contribuye a la agilizaci贸n de la Justicia y mejora de su calidad al evitar la interinidad en el desempe帽o de estas funciones, de modo que sean realizadas por miembros de la carrera judicial.
El resto, 112 plazas m谩s, tienen por objeto aumentar los efectivos en distintos 贸rganos colegiados: 108 pertenecen a distintas Audiencias Provinciales, dos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y otras dos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De este modo, se refuerza la actuaci贸n de jueces y magistrados en el orden penal, y en concreto, su lucha contra la corrupci贸n impulsadas por el Gobierno con el fin de la que la justicia sea cada vez m谩s r谩pida y eficaz.
Adem谩s, se crean y constituyen tres nuevos Juzgados de lo Penal en Huesca, Palma de Mallorca y Tortosa, que contribuir谩n a ofrecer, as铆, mecanismos de respuesta 谩gil a las reclamaciones que a diario se resuelven en los Tribunales de Justicia y que m谩s preocupaci贸n generan en la opini贸n p煤blica.
La creaci贸n de 167 plazas de juez de adscripci贸n territorial ofrece gran flexibilidad a la hora de cubrir ausencias y vacantes en los 贸rganos judiciales de manera profesionalizada. Adem谩s, permitir谩 la colaboraci贸n con aquellos tribunales que, en un momento dado, puedan encontrarse sobrecargados o necesitados de una especial medida de refuerzo.
Adem谩s de estas plazas, se crean dos m谩s de magistrado para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que responde a las medidas de lucha contra la corrupci贸n impulsadas por el Gobierno con el fin de que la justicia sea cada vez m谩s r谩pida, diligente y eficaz, especialmente en esta sede judicial, 贸rgano encargado de la instrucci贸n y enjuiciamiento de delitos de especial gravedad relacionados con la corrupci贸n.
El Real Decreto supone la mayor creaci贸n de plazas judiciales de los 煤ltimos veinticinco a帽os. Se trata de una decisi贸n sin precedentes cercanos. Hay que remontarse a 1989 para encontrar una creaci贸n de plazas similar, cuando se constituyeron 303 unidades judiciales, si bien la raz贸n estuvo en el despliegue de los Juzgados de lo Penal y 221 de las 303 unidades fueron Juzgados de lo Penal de nueva creaci贸n.(LaMoncloa)

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El delito de malversaci贸n de fondos p煤blicos es aplicable a todas las empresas y sociedades mercantiles aunque sean entes instrumentales

29/10/14

Seg煤n sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 7 de Octubre de 2014 (rec.238/2014) quienes se apropien de dinero p煤blico tendr谩n un agravante al tratarse de una Administraci贸n

"Cuando las sociedades de capital exclusivamente p煤blico desarrollen funciones asimilables a las p煤blicas, entendidas en un sentido lato sus caudales tendr谩n car谩cter necesariamente p煤blico" fija la sala penal del Tribunal Supremo.

El Supremo ampl铆a los efectos del delito de malversaci贸n a las empresas y sociedades mercantiles, cuando tengan la exclusiva titularidad p煤blica y el desempe帽o de funciones p煤blicas

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El Supremo reitera doctrina y anula las cl谩usulas suelo por falta de trasparencia

24/10/14

La sentencia, de la que es ponente el magistrado D. Francisco Javier Ordu帽a, reitera la doctrina ya fijada por la anterior sentencia de 9 de mayo de 2013 en orden a la consideraci贸n de la cl谩usula suelo inserta en los pr茅stamos hipotecarios como una cl谩usula impuesta al consumidor y no negociada, sometida a los controles de las condiciones generales de contrataci贸n, los cuales no se superan por el cumplimiento de la regulaci贸n sectorial bancaria sino que se han de someter a un control de legalidad impl铆cito en el control de transparencia y de necesaria supervisi贸n judicial.
En esta l铆nea, la sentencia, depurando la sentencia anterior de la Sala sobre cl谩usulas suelo, consagra definidamente el control de transparencia real que se enmarca en el control general de abusividad y que implica el necesario cumplimiento por el predisponente de unos especiales deberes a la hora de configurar estos contratos que permitan que el consumidor comprenda realmente las consecuencias jur铆dicas y econ贸micas del producto o servicio ofertado. Y este control de transparencia no se reduce a la necesidad de que las cl谩usulas sean simplemente claras desde el punto de vista gramatical.
En el caso analizado por el TS -cl谩usulas insertas en los pr茅stamos de Caja Segovia- la cl谩usula suelo no super贸 este juicio de transparencia al no formar parte de las negociaciones y tratos preliminares que se llevaron a cabo, ni tampoco result贸 destacada y diferenciada en el contrato ni en la previa oferta vinculante al quedar inserta en una cl谩usula mucho m谩s amplia y gen茅rica sobre el inter茅s variable.
La sentencia reconoce tambi茅n la labor realizada por los Notarios en el control previo de la abusividad de las cl谩usulas contractuales, si bien insiste en que el juicio de transparencia es un juicio judicial.
La sentencia concluye que la Sala se ve imposibilitada de examinar las consecuencias de la declaraci贸n de nulidad de la cl谩usula suelo a la hora de declarar si las cantidades cobradas por el banco en aplicaci贸n de dicha cl谩usula habr铆an de devolverse al consumidor ya que tal cuesti贸n fue rechazada en primera instancia y no fue recurrida en apelaci贸n por la parte perjudicada.(Tribunal Supremo)

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La c谩rcel no exime del pago de la pensi贸n de alimentos

21/10/14

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que la obligaci贸n del pago de la pensi贸n de alimentos a los hijos menores no se extingue por el solo hecho de haber ingresado en prisi贸n el progenitor que debe prestarla si al tiempo no acredita la falta de ingresos o recursos para poder hacerlos efectivos.

El caso tiene su origen en la demanda de divorcio planteada por un padre que solicit贸 la suspensi贸n de la medida durante los casi dos a帽os (de abril de 2008 a febrero de 2012) que estuvo encarcelado cumpliendo condena por una causa de violencia de g茅nero. La Audiencia Provincial de Ja茅n, que revoc贸 parcialmente la sentencia de divorcio del juzgado de instancia, accedi贸 a la petici贸n y dej贸 en suspenso el pago de la pensi贸n -300 euros mensuales por los dos hijos menores- durante la estancia del progenitor en el centro penitenciario.

Su ex mujer present贸 recurso de casaci贸n contra dicha sentencia y ahora el Tribunal Supremo soluciona el problema que de forma contradictoria hab铆an resuelto las audiencias provinciales, aunque la mayor铆a optaba por la suspensi贸n con el argumento de que la c谩rcel reduce la capacidad del pago mientras permanece en ella.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jos茅 Antonio Seijas Quintana, se帽ala que la obligaci贸n alimenticia que se presta a los hijos no est谩 a expensas 煤nicamente de los ingresos sino tambi茅n de los medios o recursos de uno de los c贸nyuges o de "las circunstancias econ贸micas y necesidades de los hijos en cada momento", seg煤n el art铆culo 93 del C贸digo Civil.

No es necesaria, seg煤n la sentencia, una liquidez dineraria inmediata para hacer frente al pago de la pensi贸n sino que es posible responder con el patrimonio personal siempre que su fortuna no se hubiese reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus necesidades y las de su familia.

El Tribunal Supremo afirma que "ning煤n alimento se puede suspender por el simple hecho de haber ingresado en prisi贸n el progenitor alimentante, gravando a la madre de los menores con la obligaci贸n de soportarlos en exclusiva, cuando no se acredita la falta de ingresos o de recursos". Afirma que entonces, y no ahora, el condenado pudo solicitar la modificaci贸n de la medida alegando un cambio de las circunstancias, algo que no hizo.

(Comunicaci贸n del Consejo General del Poder Judicial)

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Se puede volver a anular una liquidaci贸n tributaria por incurrir en defectos de fondo, materiales o sustantivos si no ha prescrito

15/10/14

La Sala Tercera del alto tribunal establece que, en caso de que una liquidaci贸n tributaria sea anulada por incurrir en defectos de fondo, materiales o sustantivos, la Administraci贸n puede liquidar de nuevo, siempre que su potestad no haya prescrito.El Supremo determina el criterio correcto en estas situaciones al haberse producido contradicci贸n entre sentencias de la Audiencia Nacional y el TSJ de Catalunya sobre la materia."No compartimos las posiciones que, de una u otra forma, conducen a interpretar que la Administraci贸n est谩 obligada a acertar siempre, de modo que si se equivoca (por m铆nimo que sea el yerro) pierde la posibilidad de liquidar el tributo, aun cuando su potestad siga viva, porque carecen de sustento normativo que las avale, tanto ordinario como constitucional", dice la sentencia.
Adem谩s, se opondr铆an al principio de eficacia administrativa (art铆culo 130.1 de la Constituci贸n), y al logro de un sistema tributario justo en el que cada cual ha de contribuir al sostenimiento de los gastos p煤blicos de acuerdo con su capacidad econ贸mica (art铆culo 31.1).
La sentencia cuenta con el voto particular de tres de los siete magistrados que la firman, que rechazan que el acto anulado interrumpiese el periodo de prescripci贸n, por lo que, en el caso concreto examinado, procedente de un recurso de la empresa Alcoholera Catalana, S.A., habr铆a prescrito la posibilidad de hacer la nueva liquidaci贸n.
Uno de los votos se帽ala que el planteamiento de la mayor铆a "supone premiar al que hace mal las cosas鈥 y deja indefinidamente abiertos los procedimientos tributarios. (Comunicaci贸n del Poder Judicial)

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Las demandas de disoluci贸n matrimonial aumentan un 2,4% en el segundo trimestre de 2014

14/10/14

Los divorcios de mutuo acuerdo se incrementan un 2,6% y los contenciosos un 3%. Las separaciones consensuadas bajan el 6,8% y las contenciosas experimentan un ligero aumento del 0,9%.
El n煤mero de demandas de disoluci贸n matrimonial iniciadas en el segundo trimestre de 2014 experiment贸 un incremento del 2,4% respecto al mismo periodo del a帽o anterior, seg煤n los datos recogidos por el Servicio de Estad铆stica del Consejo General del Poder Judicial.
Las demandas de divorcio 鈥搕anto de mutuo acuerdo como no consensuadas- registradas en Espa帽a en el segundo trimestre del a帽o fueron 31.876, frente a las 31.019 del segundo trimestre de 2013, un 2,8% m谩s.
Entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados se presentaron 19.251 demandas de divorcio de mutuo acuerdo, un 2,6% m谩s que en el mismo periodo del a帽o anterior; mientras que las demandas de divorcio no consensuado fueron 12.625, lo que supone un incremento del 3%.
El n煤mero de demandas relativas a las separaciones ha reflejado una disminuci贸n del 4,5%. En las de mutuo acuerdo (1.226), la reducci贸n ha sido del 6,8%, mientras que en las contenciosas (567) se observa un ligero incremento interanual del 0,9%.
En cuanto a las nulidades, este tipo de procedimiento de disoluci贸n matrimonial experiment贸 un incremento del 15,2%, destacando el dato de Catalu帽a, donde se ha pasado de las 10 nulidades del segundo trimestre de 2013 a las 30 observadas en igual periodo de 2014, ello a consecuencia de procesos instados por la Fiscal铆a ante matrimonios de conveniencia.
La crisis econ贸mica sigue haci茅ndose sentir en los procedimientos de medidas en procesos de separaci贸n o divorcio, as铆 como en los relacionados con la guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales. Todos ellos han experimentado importantes incrementos interanuales.
En el segundo trimestre de 2014 se iniciaron 2.411 procedimientos de modificaci贸n de medidas consensuadas, un 13,8% m谩s que en mismo periodo del a帽o anterior; y 8.733 procedimientos de modificaci贸n de medidas no consensuadas, un 4,2% m谩s.
En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se iniciaron 4.203 consensuados (un 13,6% m谩s que en el mismo trimestre de 2013) y 7.101 no consensuados (un 7% m谩s).

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