Nueva reforma de la Ley Concursal

28/05/15

La Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, publicada hoy en el BOE, modifica varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, relativos al convenio concursal, a la fase de liquidaci贸n, a la calificaci贸n del concurso, al acuerdo extrajudicial de pagos y a los acuerdos de refinanciaci贸n, as铆 como a otros preceptos de la misma Ley relacionados con dichos aspectos.
La parte dispositiva de esta Ley consta de un 煤nico art铆culo, dividido a su vez en cuatro apartados, en cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, Ley Concursal), relativos al convenio concursal, a la fase de liquidaci贸n, a la calificaci贸n del concurso, al acuerdo extrajudicial de pagos y a los acuerdos de refinanciaci贸n, as铆 como a otros preceptos de la misma Ley relacionados con dichos aspectos.
Respecto al convenio concursal, se introducen, en primer lugar, previsiones an谩logas a las de la disposici贸n adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacci贸n dada por la Ley 17/2014) relativas a la valoraci贸n de las garant铆as sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se modifican los art铆culos 90 y 94 de la Ley Concursal.

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Nuevos tr谩mites para constituir una sociedad laboral

18/05/15

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisi贸n a las Cortes Generales de dos Proyectos de Ley para fomentar el trabajo aut贸nomo y la econom铆a social e impulsar el emprendimiento, tras recibir el dictamen y la valoraci贸n global positiva del Consejo Econ贸mico y Social. Para la tramitaci贸n parlamentaria de ambos textos ser谩 solicitado el procedimiento de urgencia.
Se trata del Proyecto de Ley por el que se modifica y actualiza toda la normativa en materia de autoempleo, y se adoptan medidas de fomento y promoci贸n del trabajo aut贸nomo y de la Econom铆a Social, y del Proyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas. Con este nuevo paquete de medidas y conforme a las previsiones de crecimiento, el Gobierno estima que el autoempleo pueda crecer en 550.000 personas hasta 2019.

AUT脫NOMOS Y ECONOM脥A SOCIAL

El Proyecto de Ley de Aut贸nomos y Econom铆a Social modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo. Los diferentes incentivos en vigor que hasta ahora se encontraban dispersos en diversas normas se recoger谩n en un 煤nico texto que se incluir谩 en el t铆tulo V de la Ley del Estatuto del Trabajo Aut贸nomo y en la Ley de Econom铆a Social.

La nueva Ley ampl铆a, adem谩s, algunos incentivos ya existentes a otros colectivos y pone en marcha nuevas medidas para impulsar el autoempleo, ya sea individual o colectivo, y para apoyar el trabajo aut贸nomo y la Econom铆a Social.

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Se consolida: las empresas en concurso disminuyen

11/05/15

El n煤mero de deudores concursados alcanza la cifra de 1.560 en el primer trimestre de 2015, lo que supone una disminuci贸n del 26,6% respecto al mismo periodo del a帽o anterior.
Seg煤n los datos oficiales del INE, por tipo de concurso, 1.460 son voluntarios (un 26,5% menos que en el primer trimestre de 2014) y 100 necesarios (un 28,6% menos). Atendiendo a la clase de procedimiento, los ordinarios disminuyen un 24,7% y los abreviados un 27,0%.

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El Senado aprueba el C贸digo Penal de la prisi贸n permanente revisable

13/03/15

El Pleno del Senado ha aprobado la reforma del C贸digo Penal que introduce en Espa帽a la prisi贸n permanente revisable, reduce las penas de los piquetes de las huelgas y fija penas de c谩rcel para los dirigentes pol铆ticos que acepten donaciones ilegales superiores a 500.000 euros. Tras un largo debate que se ha prolongado durante m谩s de siete horas, la c谩mara alta ha dado luz verde, con 148 votos a favor, a este proyecto legislativo que ser谩 ahora remitido de nuevo al Congreso de los Diputados para su examen definitivo.
La norma, para cuya modificaci贸n se introdujeron 1.044 enmiendas, incluye finalmente varias transaccionales que modifican distintos art铆culos. Se han incluido penas de hasta ocho a帽os para quienes incurran en la trata de seres humanos para imponerles la esclavitud, servidumbre, servicios forzados u otras pr谩cticas similares a las anteriores, incluida la mendicidad.
Tambi茅n ha agregado al articulado una enmienda que permitir谩 multar a aquellos que falten al respeto y la consideraci贸n debida a la autoridad y ha a帽adido la paralizaci贸n del derribo de viviendas ilegales hasta que los propietarios que compraron de buena fe y sin conocer las irregularidades cobren las indemnizaciones.
Adem谩s, eleva de uno a dos a帽os la condena m铆nima para quienes inciten a la prostituci贸n a menores discapacitados y especifica la posibilidad de introducir la libertad vigilada para aquellos maltratadores que provoquen lesiones a sus parejas.
El nuevo C贸digo Penal sigue la senda de otros pa铆ses europeos en la aplicaci贸n de la prisi贸n permanente, que podr谩 ser impuesta en casos de excepcional gravedad, como el homicidio del Rey o su heredero, de jefes de Estado extranjeros, genocidio, asesinatos en serie, cometidos en el seno de una organizaci贸n criminal o contra menores de 16 a帽os o personas especialmente vulnerables. La medida ha levantado la cr铆tica un谩nime de toda la oposici贸n que la considera como una cadena perpetua encubierta.
La prisi贸n permanente prev茅 que las penas sean revisadas, tras el cumplimiento de 25 a 35 a帽os, para verificar si el pron贸stico es favorable a la reinserci贸n social. Los jueces examinar谩n si debe mantenerse la prisi贸n cada dos a帽os de oficio o a petici贸n del recluso, si bien puede no dar curso a nuevas solicitudes durante un a帽o.
Penas de corrupci贸n
El C贸digo Penal dificulta adem谩s el acceso la libertad condicional a los corruptos que no hayan reparado el da帽o causado, fija en 500.000 euros la cuant铆a para imponer c谩rcel por financiaci贸n ilegal 鈥搒alvo que sea extranjero que ser谩 de 100.000鈥 y mantiene el l铆mite de 120.000 euros para hablar de fraude fiscal.
Las personas que participan en 鈥渆structuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiaci贸n de partidos pol铆ticos鈥 al margen de la ley ser谩n castigadas con una pena de prisi贸n de uno a cinco a帽os de c谩rcel, con independencia de la cuant铆a de la comisi贸n.
El texto ampl铆a, adem谩s, el decomiso para que los jueces puedan ordenar la intervenci贸n de bienes del condenado procedentes de otras actividades delictivas siempre que existan indicios de su procedencia il铆cita, como puede ser la desproporci贸n entre el patrimonio y su medio de vida o el recurso de para铆sos fiscales o empresas interpuestas.
Adem谩s, se regula la Oficina de Recuperaci贸n y Gesti贸n de activos procedentes del delito y se reduce la pena de c谩rcel a quienes dificultan o impiden el ejercicio de huelga y a los piquetes que, no obstante, seguir谩n teniendo castigos m谩s duros cuando act煤en con violencia.
Modifica la Ley del Indulto
De otro lado, la norma modifica la Ley del Indulto para que un alto cargo del Ministerio de Justicia comparezca sobre estos expedientes cada seis meses. Asimismo, suprime el Libro III relativo a las faltas, para convertirlas en delitos leves o sanciones administrativas.
Por otra parte, se mantiene la idea de fijar el consentimiento sexual en 16 a帽os y se aumenta la persecuci贸n del maltrato, abandono y explotaci贸n sexual de animales.
Se tipifican nuevos delitos como el matrimonio forzado, el hostigamiento, la divulgaci贸n no autorizada de im谩genes o grabaciones 铆ntimas obtenidas con la anuencia de la persona afectada o la manipulaci贸n de los dispositivos de control que sirven para vigilar el cumplimiento de las penas. Tambi茅n se trasponen decisiones europeas sobre pornograf铆a infantil, explotaci贸n sexual de menores, trata de seres humanos o inmigraci贸n ilegal.

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Es apropiaci贸n indebida el uso de la VISA de empresa para gastos particulares

28/01/15

El Tribunal Supremo destaca que "el m谩s elemental sentido com煤n impone al titular de una tarjeta de empresa excluir su utilizaci贸n para gastos personales", aunque no exista limitaci贸n expresa por parte de quien haya autorizado su uso
Adem谩s, el alto tribunal establece que ese uso constituye delito de apropiaci贸n indebida cuando se realiza "con vocaci贸n de apropiaci贸n permanente", lo que se deduce de la naturaleza particular del gasto (en el caso examinado, el pago de la instalaci贸n de aire acondicionado en la casa del acusado) y de la inexistencia de gesti贸n alguna para liquidar o devolver los fondos destinados a usos manifiestamente ajenos a los que corresponden en la pr谩ctica mercantil a una tarjeta de empresa, que son los destinados a gastos de representaci贸n u otros relacionados con la empresa.

La sentencia del Supremo se refiere al administrador solidario de tres empresas de venta y alquiler de coches, y a su esposa, que trabajaba de administrativa en las mismas, que cargaron en las cuentas de las sociedades gastos estrictamente personales, como comidas de fines de semana, muebles, viajes y un sistema de aire acondicionado para su domicilio particular, por importe superior a los 450.000 euros.

El TS confirma una pena de 4 a帽os y medio de c谩rcel a cada uno de ellos por delito continuado de falsedad como medio para cometer otro tambi茅n continuado de apropiaci贸n indebida, donde se integra el uso delictivo de las tarjetas junto a otras pr谩cticas. La sentencia condena al hombre a otros 4 a帽os y 8 meses de prisi贸n por falsedad y estafa (en relaci贸n a hechos distintos a los del uso de la VISA). Otras dos personas implicadas en los hechos son condenadas.

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Se anulan los acuerdos de la una Junta que proh铆be la cesi贸n onerosa del derecho al voto

12/01/15

La sentencia estima en parte el recurso planteado por Residencial Monte Carmelo S.A., que ten铆a cuando se celebr贸 la controvertida Junta el 6,1 % del capital social de Iberdrola, y que estaba integraba en el grupo ACS, que en conjunto ten铆a un 19,026 % de ese capital social, porcentaje no superado en esa fecha por ning煤n otro socio.

Monte Carmelo recurri贸 varios de los acuerdos de aquella Junta. Un Juzgado Mercantil de Bilbao rechaz贸 la demanda, pero la Audiencia Provincial de Vizcaya, ante quien se plante贸 apelaci贸n, dio la raz贸n a Monte Carmelo por los acuerdos de la Junta de la compa帽铆a el茅ctrica que introduc铆an causas gen茅ricas para denegar informaci贸n a los accionistas o privarles, por conflicto de intereses, del derecho al voto.

El Supremo anula m谩s acuerdos de aquella Junta, como los que prohib铆an la cesi贸n onerosa del derecho al voto u otorgaban "gran discrecionalidad" -se帽ala la resoluci贸n- al presidente para no reconocer ese derecho.
(Comunicaci贸n Poder Judicial)

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Grabar al jefe sin su consentimiento no atenta contra su intimidad

08/01/15

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del apoderado de una empresa que quer铆a que una trabajadora despedida le indemnizara con 3.000 euros por grabarle con el tel茅fono m贸vil sin su consentimiento, al considerar lesionado su derecho constitucional a la intimidad.

La sentencia indica que la conducta de la empleada -quien se consideraba sometida a un hostigamiento laboral continuado, incluyendo ofensas verbales y escritas- no supuso una intromisi贸n ileg铆tima en la intimidad personal del apoderado, ya que en la grabaci贸n realizada por la trabajadora con su m贸vil no hab铆a nada que pudiera considerarse como concerniente a su vida 铆ntima o intimidad personal, ya que 茅l actu贸 como representante de la empresa y en el ejercicio de facultades disciplinarias respecto de ella, "sin que eso suponga una manifestaci贸n de su intimidad". Agrega el Supremo que la existencia de una previa situaci贸n de conflicto entre las partes a帽ade "una nota de razonabilidad a la conducta de la demandada".

La conversaci贸n grabada se desarroll贸 en la puerta de la empresa en agosto de 2009, y cuando el apoderado le daba a la demandada una carta de amonestaci贸n y sanci贸n de suspensi贸n de empleo y sueldo. (Comunicaci贸n Poder Judicial)

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La conflictividad entre los progenitores es causa de denegaci贸n de la custodia compartida

26/12/14

La pareja contrajo matrimonio en 2007 y el marido present贸 demanda de divorcio antes de que naciera el hijo en 2009. El Tribunal Supremo afirma que las sentencias de primera y segunda instancia reconocen que ambos progenitores est谩n capacitados para ostentar la guarda y custodia del menor, pero se帽ala que la sentencia del juzgado de Dos Hermanas (Sevilla) valor贸 la conflictividad entre los progenitores como perjudicial para el inter茅s del menor lo que desaconseja la custodia compartida.
La sentencia explica que la madre present贸 ante la Sala de lo Civil un auto de modificaci贸n de medidas para acreditar la situaci贸n de enfrentamiento 鈥揹ocumental que no fue admitida por no tener relaci贸n con el recurso- en el que se fijaba el domicilio de los abuelos paternos como lugar de entrega y se suprim铆an los contactos telef贸nicos del padre con el menor por unas llamadas telef贸nicas que la juzgadora entendi贸 como agresivas, motivo por el que se dedujo testimonio al juzgado de violencia contra la mujer.
La Sala de lo Civil reitera su doctrina sobre la custodia compartida que 鈥渄ebe estar fundada en el inter茅s de los menores que van a quedar afectados por la medida que se va a tomar鈥. Recuerda que no se trata de 鈥渦na medida excepcional鈥, sino que, al contrario, 鈥渉abr谩 de considerarse normal e incluso deseable鈥 porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea鈥.
En esta sentencia, el Tribunal Supremo declara por primera vez que la custodia compartida en caso de divorcio conlleva como premisa 鈥渓a necesidad de que entre los padres exista una relaci贸n de mutuo respeto que permita la adopci贸n de aptitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento arm贸nico de su personalidad鈥.
Comunicaci贸n Poder Judicial

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La Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Uni贸n Europea entra en vigor

19/12/14

Quedan derogadas la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detenci贸n y entrega; la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Uni贸n Europea de las resoluciones de embargo y aseguramiento de pruebas en procedimientos penales; la Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecuci贸n en la Uni贸n Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias y la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecuci贸n en la Uni贸n Europea de resoluciones judiciales de decomiso.

Las autoridades judiciales espa帽olas que dicten una orden o resoluci贸n penal pueden transmitirla a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecuci贸n.
La Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Uni贸n Europea, reconocer谩n y ejecutar谩n en Espa帽a dentro del plazo previsto, las 贸rdenes europeas y resoluciones penales previstas en esta Ley cuando hayan sido transmitidas correctamente por la autoridad competente de otro Estado miembro y no concurra ning煤n motivo tasado de denegaci贸n del reconocimiento o la ejecuci贸n.

Cuando una orden o resoluci贸n dictada en otro Estado miembro sea transmitida a Espa帽a para su reconocimiento y ejecuci贸n, estos instrumentos no est谩n sujetos al control de la doble tipificaci贸n por el Juez o Tribunal espa帽ol, en la medida en que se refiera a alguno de los delitos enumerados en esta Ley 23/2014 art.20 (entre otros, pertenencia a una organizaci贸n delictiva, trata de seres humanos o ayuda a la entrada y residencia en situaci贸n ilegal), y se cumplan las condiciones exigidas cada tipo de instrumento de reconocimiento mutuo.

La ejecuci贸n de la orden o resoluci贸n que haya sido transmitida por otro Estado miembro se rige por el Derecho espa帽ol y se lleva a cabo del mismo modo que si hubiera sido dictada por una autoridad judicial espa帽ola. No obstante lo anterior, la autoridad judicial espa帽ola competente ha de observar las formalidades y procedimientos expresamente indicados por la autoridad judicial del Estado de emisi贸n siempre que esas formalidades y procedimientos no sean contrarios a los principios fundamentales del ordenamiento jur铆dico espa帽ol.

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No constituye intrusismo ejercer como abogado sin estar colegiado

18/12/14

La Audiencia Provincial de Madrid ha sentenciado que no es intrusismo ejercer como abogado sin estar colegiado, tal y como le ocurri贸 a un abogado que ejercicio en un proceso penal estando de baja en el Colegio de Abogados
El tribunal considera que ejercer como abogado sin colegiarse no es una falta o delito penal sino una cuesti贸n meramente disciplinaria, sancionable por el Colegio correspondiente.
As铆 lo dicta la Secci贸n n潞 2 de la Audiencia Provincial de Madrid, a 4 de diciembre de 2014, mediante Auto N潞 983/2014 por recurso de apelaci贸n 48/2014.

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Catal谩 avanza que en las pr贸ximas semanas se presentar谩 una propuesta de ajuste de las tasas judiciales

17/12/14

El ministro de Justicia, Rafael Catal谩, avanz贸 el viernes 12 de diciembre en Soria que en las pr贸ximas semanas se va a presentar una propuesta de "mejora y ajuste" de las tasas judiciales "para que no se generen limitaciones" a la hora de que los ciudadanos accedan a la justicia.

Catal谩 ha se帽alado que su "compromiso" es analizar la situaci贸n, "revisarlo y compartirlo con los profesionales de la justicia" y formular una propuesta

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Los Magistrados de lo Mercantil de Madrid unifican criterios sobre la aplicaci贸n de las 煤ltimas reformas concursales

12/12/14

Conclusiones de la reuni贸n de Magistrados de lo Mercantil de Madrid, celebradas los d铆as 7 y 21 de noviembre de 2014, sobre unificaci贸n de criterios de aplicaci贸n de las reformas de la Ley Concursal operadas por el Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, y la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciaci贸n y reestructuraci贸n de deuda empresarial.
En las reuniones de unificaci贸n de criterios celebradas en fecha 7 y 21 de noviembre de 2014 por la mayor parte de los Jueces Mercantiles de Madrid, once en total (con la participaci贸n posterior de los restantes), se ha tratado de adoptar unos criterios comunes sobre algunas de las cuestiones m谩s conflictivas que pueden surgir en la aplicaci贸n de la Ley Concursal tras las reformas que han sido introducidas por las disposiciones aludidas en el t铆tulo del presente documento.
No se trata de acuerdos cerrados, ni de decisiones vinculantes que puedan condicionar ninguna resoluci贸n judicial, sino de una primera aproximaci贸n a los criterios con los que enfrentarse a los problemas pr谩cticos de posible aparici贸n que han sido detectados hasta el momento. Tampoco se pretende abordar cuestiones de especial calado dogm谩tico o doctrinal, sino s贸lo ofrecer unas pautas interpretativas frente a cuestiones dudosas, principalmente de 铆ndole pr谩ctica y de funcionamiento. El objetivo no es, por otra parte, agotar la totalidad de los problemas que de la aplicaci贸n de las citadas normas pueden derivarse, labor que debe confiarse a los estudios cient铆ficos o doctrinales que en el futuro puedan publicarse sobre estas materias.
Se expresan 煤nicamente los criterios, sin una exposici贸n completa o razonada extensa, lo cual ser铆a propio de otro tipo de documento, salvo en alg煤n punto conflictivo, ya que el fin de la reuni贸n no es tanto profundizar en los argumentos en liza respecto de cada cuesti贸n, sino fijar (al menos provisionalmente) posiciones comunes que garanticen, en la medida de lo posible, una homogeneidad en el tratamiento judicial y una seguridad jur铆dica para los operadores que act煤an en esta plaza. Carecen de cualquier otro valor o pretensi贸n. Son, en resumidas cuentas, un posicionamiento provisorio frente a los problemas derivados de los cambios normativos introducidos en las reformas concursales de 2014, cuyo an谩lisis en abstracto por los Jueces Mercantiles se ha querido compartir con todos los dem谩s profesionales dedicados a esta jurisdicci贸n con el exclusivo prop贸sito de que puedan efectuar pron贸sticos fiables al dise帽ar sus estrategias procesales.
Tienen un mero valor aproximativo al problema, son claudicantes, en tanto los tribunales superiores no formen criterio al respecto, en cuyo caso habr谩 que estar a lo que se decida; y no son vinculantes, ya que en cada resoluci贸n judicial se dispondr谩 lo que exija la justicia del caso concreto. Esta 煤ltima puede justificar apartarse del criterio ahora adoptado en atenci贸n al conjunto de circunstancias que en el supuesto enjuiciado est茅n presentes.

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