Desciende el número de personas condenadas por sentencia firme

30/09/14

Entre los adultos, los delitos más frecuentes fueron los relacionados con la seguridad vial (36,8% del total), los de lesiones (12,3%) y los robos (11,1%)

Según los datos publicados por Instituto Nacional de Estadística, en el año 2013 fueron inscritos en el Registro Central de Penados 219.776 personas condenadas adultas según las sentencias firmes dictadas y comunicadas al mismo ese año, lo que supuso un 0,6% menos que el año anterior. En el caso de los varones supuso un 1,2% menos, mientras que en el de las mujeres aumentó un 3,9%

El 88,5% de las personas condenadas fueron varones y el 11,5% mujeres. La tasa de personas condenadas por cada 1.000 habitantes (de 18 y más años) fue de 5,7.

Al igual que en el año anterior, la edad media de las personas condenadas fue de 35,7 años (35,8 años en los varones y 34,7 en las mujeres).

Analizando la distribución porcentual de las personas condenadas por grupos de edad se observa que el grupo más frecuente es el de 41 a 50 años, tanto en el caso de los varones (19,8% del total), como en el de las mujeres (18,6%).

La mayor parte de los condenados en 2013 fueron de nacionalidad española (75,0% frente al 74,2% del año anterior).

Entre los extranjeros, los de países de América representaron el mayor porcentaje de condenados (35,2% del total).

La tasa de condenados por cada 1000 habitantes de 18 y más años fue casi tres veces superior en los condenados de nacionalidad extranjera (13,7) que en los de nacionalidad española (4,8).

Del total de condenados, el 82,6% lo fue por un solo delito y el 17,4% por más de uno.

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Un colegio de abogados no puede oponerse a que Hacienda embargue a un letrado sus honorarios por el turno de oficio

25/09/14

Así lo establece una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (DGT), del pasado 13 de junio, según la cual el colegio que satisface la retribución no puede entrar a valorar si el acto administrativo o la actuación tributaria que determina la deuda o la diligencia recibida incurren en errores materiales o si se ajustan o no a derecho.
Con ello, la Administración Tributaria da respuesta a una consulta que había sido planteada por un colegio de abogados ante las diligencias de embargo recibidas de diversas dependencias de recaudación, en relación con las cantidades que, como intermediario, debe abonar a sus colegiados por los servicios profesionales que prestan en el turno de oficio.
En concreto, el colegio preguntaba cómo debía proceder en el caso de que el deudor, el abogado embargado, acreditara que no percibe otros ingresos o que el total de los percibidos no superan el mínimo inembargable, o alegue cualquier otra cuestión de derecho, como la prescripción de la deuda.
La Dirección General de Tributos ofrece una postura clara: las diligencias de embargo deben ejecutarse en sus estrictos términos sin que le corresponda al pagador, el colegio profesional en este caso, entrar a valorar si la actuación de la Administración Tributaria es la adecuada o si cumple con la legalidad.
Además, la DGT advierte de que, si el colegio pagador eventualmente incumple la orden de embargo recibida, puede incurrir en la responsabilidad solidaria que contempla el artículo 42.2 de la Ley General Tributaria, según el cual la institución colegial tendría que hacerse cargo “del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria”. Y es que, tal y como insiste la respuesta de Tributos, es competencia del órgano gestor competente, es decir, Hacienda, delimitar si concurren los presupuestos de hecho y de derecho para el embargo.
En este sentido, vuelve a incidir en que sólo el órgano revisor puede valorar los medios de prueba aportados por el obligado tributario que es el único facultado para oponerse a las diligencias de embargo mediante interposición en tiempo y forma del correspondiente recurso o reclamación económico-administrativa si considera que la diligencia de embargo no se ajusta a derecho.

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El Supremo plantea cuestión prejudicial sobre el sistema de compensación económica por copia privada

19/09/14

En su escrito, los jueces explican que hasta ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se ha pronunciado sobre esta forma de compensación económica. La Sala entiende que la compensación tiene que ser equitativa y debe reflejar el perjuicio sufrido, guardando un justo equilibrio entre los intereses de los titulares de los derechos de autor y de los usuarios, pero también afirma que no es claro que cargar dicha compensación a los Presupuestos Generales impida alcanzar esos objetivos, pues el interés económico de los titulares de derechos de autor puede quedar satisfecho por esta vía, por no mencionar que los usuarios resultan obviamente beneficiados.

La Sala no alcanza a ver con claridad que “la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado tenga una incidencia negativa sobre el mercado interior, pues no se trata de una ayuda estatal a una actividad empresarial” y tampoco que el mercado interior resulte distorsionado por la disparidad de condiciones en materia de copia privada que existe entre unos Estados miembros y otros.

El Tribunal Supremo ha dejado en suspenso la resolución de los recursos presentados por Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), de Derechos de Autos de Medios Audiovisuales (DAMA) y de Visual, Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) contra Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, que regula el procedimiento para el pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

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Crecen los conflictos legales de las apps con una jurisprudencia muy variada

15/09/14

Injurias realizadas a través de Twitter, mensajes de WhatsApp utilizados en juicios como prueba, robos de información o fotografías personales realizados en perfiles de Facebook.

Las defensas que realicen los letrados en este tipo de asuntos deberán ser novedosas, pero siempre tendrán que ceñirse a la realidad normativa de su país y usar las armas legales de las que disponen, a la espera de que la legislación evolucione para hacer frente a las nuevas realidades del mundo virtual.

Uno de los mayores problemas de este nuevo universo legal es que las sentencias de los jueces varían demasiado entre tribunales, lo que provoca que no sea fácil crear una jurisprudencia clara y establecer herramientas únicas para solucionar los mismos conflictos en diferentes territorios.

La Constitución española no hace ninguna referencia al anonimato. En estos asuntos, los jueces españoles sólo podrán contraponer la libertad de expresión de la persona que ha emitido el mensaje frente al derecho a la intimidad de aquel que se sienta perjudicado", explica Alonso Hurtado, socio del área de tecnologías de la información de Ecija.

Frente a la posibilidad de prohibir la aplicación, Alonso piensa que sólo se podría plantear si fuera "un foco de comisión de delitos o ilícitos claro. Sin embargo, esta posibilidad es bastante improbable. El verdadero problema en este asunto es que si la aplicación cumple los requisitos legales no existe ningún argumento para solicitar su cierre. En la mayor parte de los casos, el software se ciñe a la normativa vigente y lo que es ilegal es el mal uso del mismo.

Otro de los problemas que engendran estas aplicaciones móviles es la limitación territorial de las decisiones de los tribunales. Es decir, que una aplicación puede estar prohibida en un país y ser completamente legal en el estado vecino porque las legislaciones son diferentes.

No siempre las aplicaciones tienen que llegar a los tribunales para ser prohibidas. También se dan casos en los que se incumplen derechos de propiedad intelectual o industrial y aplicaciones que son eliminadas por las plataformas virtuales porque incumplen los términos de servicio o porque son peligrosas, ya sea porque exaltan la violencia, incitan al consumo de alcohol o drogas o violan la intimidad de los usuarios. Existen infinidad de aplicaciones que han sido eliminadas por las tiendas virtuales Apple Store o Google Play.

La polémica ha llegado hasta España y la Unión de Consumidores de Andalucía ya ha solicitado la creación de regulación restrictiva en cuanto a las posibilidades de descargar estos programas.

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Confirmada la nulidad de un ERE por falta de causa legal e incumplimiento del procedimiento

03/09/14

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo aprecia fraude de ley, falta de causa legal e incumplimiento de los requisitos procedimentales en el expediente de regulación de empleo de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.
El despido colectivo que afectó a toda la plantilla -16 trabajadores- se inició por extinción de la personalidad jurídica de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, según la sentencia, cuando dicha extinción jurídicamente todavía no se había producido. En este caso, señala también que no se entregó ningún documento contable sobre la situación económica y financiera de la Agencia, sólo una Memoria Explicativa, y que las causas concretas que justifican el despido colectivo no pueden ser sustituidas por la mera invocación a la mala situación de la economía en general, a la reducción del gasto en el sector público y al ahorro que supone la extinción.

La Sala de lo Social declara la responsabilidad solidaria de la Agencia y de la Comunidad de Madrid, y señala que antes de que por ley se extinga, "se toma la decisión de despedir colectivamente -con el incumplimiento palmario de los requisitos legales y procedimentales- a toda la plantilla de la misma para evitar que el órgano administrativo que asuma sus funciones tenga que hacerse cargo del personal".
(Comunicación Poder Judicial)

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Se simplifica el proceso constitutivo de las fundaciones

01/09/14

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de Fundaciones que sustituirá a la vigente Ley del 26 de diciembre de 2002, con el objetivo de garantizar un mejor ejercicio del derecho de fundación y del cumplimiento de las obligaciones que de él se derivan, tanto respecto de la sociedad -a través de los fines que justifican su existencia-, como de las administraciones públicas, al supervisar su actuación y otorgar, cuando corresponde, beneficios fiscales.

El anteproyecto, formado por 44 artículos distribuidos en 10 capítulos, garantiza la agilización de la constitución de las fundaciones mediante el asesoramiento que proporcionará el Protectorado único en el ámbito de la Administración General del Estado. Con él se acabará con la dispersión existente con distintos protectorados en función de los fines de la fundación, lo que genera dudas sobre a cuál acudir.

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Casi 270.000 personas se convierten en autónomos con la tarifa plana de 50 euros

19/08/14

Un total de 267.964 personas se han aprovechado de la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social para convertirse en autónomos, de los que casi el 41%, en concreto, 109.287, son jóvenes menores de 30 años, según informa el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos se introdujo en el Real Decreto-ley de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y a la creación de empleo aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2013, en el marco de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016.

Esta estrategia contempla una serie de medidas destinadas a impulsar la contratación juvenil y el emprendimiento para contribuir a reducir el paro en los menores de 30 años.

Posteriormente, la Ley de Emprendedores amplió el ámbito de aplicación de la tarifa plana de 50 euros a todos los nuevos autónomos, con independencia de su edad.

Esta medida consiste en que durante los seis meses siguientes a la fecha de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los nuevos emprendedores se beneficiarán de una reducción del 80% de la cuota, de forma que el nuevo autónomo podrá cotizar durante el primer semestre por 50 euros, frente a los 250 euros que cotiza habitualmente de media. Posteriormente, y durante los siguientes seis meses, se aplicará una nueva reducción sobre la base mínima de un 50%.

Transcurrido este periodo, los autónomos de 30 o más años se beneficiarán de una reducción del 30% en su cotización durante los seis meses siguientes. Por su parte, los hombres de hasta 30 años y las mujeres de hasta 35 se beneficiarán del mantenimiento de una reducción y una bonificación en sus cotizaciones de un 30% durante los siguientes 18 meses.

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España ratifica el Convenio Iberoamericano sobre uso de la videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia

13/08/14

Instrumento de ratificación del Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia, hecho en Mar del Plata el 3 de diciembre de 2010. (BOE núm. 196, de 13 de agosto de 2014)

El día 3 de diciembre de 2010, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Mar del Plata (Argentina) el Convenio Iberoamericano sobre el uso de la Videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia y Protocolo Adicional al Convenio Iberoamericano sobre el uso de videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia relacionado con los costos, régimen lingüístico y remisión de solicitudes, hechos en el mismo lugar y fecha.

El presente Convenio favorece el uso de la videoconferencia entre las autoridades competentes de las Partes como un medio concreto para fortalecer y agilizar la cooperación mutua en materia civil, comercial y penal, y en otras materias que las Partes
acuerden de manera expresa.

Se tenderá por «videoconferencia», en el ámbito de este Convenio, un sistema interactivo de comunicación que transmita, de forma simultánea y en tiempo real, imagen, sonido y datos a distancia de una o más personas que presten declaración, ubicadas en un lugar distinto de la autoridad competente, para un proceso, con el fin de permitir la toma de declaraciones en los términos del derecho aplicable de los Estados involucrados.

El presente Convenio y Protocolo entraron en vigor de forma general y para España el 17 de julio de 2014, de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 11 y 4, respectivamente.

Puede leer el texto completo de la norma en www.bdifusion.es

El TS fija doctrina sobre el régimen jurídico de la cláusula rebus sic stantibus

07/08/14

La Sala Primera del TS ha dictado una sentencia el 30 de junio de 2014 por la que establece los criterios de aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, y la relevancia de la actual crísis económica para la apreciación de su concurrencia

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Aprobado el Proyecto de Jurisdicción Voluntaria

04/08/14

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria que sistematiza la dispersa normativa existente en la materia, y cuyo objetivo es simplificar y actualizar los procedimientos en aquellos asuntos en los que no hay controversia, pero sí se necesita que intervenga un órgano judicial para la tutela de determinados derechos e intereses relativos al Derecho Civil y Mercantil.

El Proyecto de Ley cumple con el mandato que la Ley de Enjuiciamiento Civil, del 7 de enero del 2000, daba al Gobierno para el desarrollo de una Ley de Jurisdicción Voluntaria. El texto aprobado hoy, que cuenta con mejoras técnicas tras estudiar los informes emitidos por los órganos consultivos, distingue entre lo que es propiamente jurisdicción voluntaria, en la que los expedientes son tramitados en sede judicial por jueces o secretarios judiciales (detallados en los 134 artículos del Proyecto de Ley), y aquellos otros asuntos que pasarán a ser expedientes notariales y registrales. Estos se regularán en otras leyes, según se establece en las disposiciones adicionales del texto, y son encomendados a notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

Con esta distinción entre expedientes se da un paso más en la consecución de uno de los objetivos del Ministerio de Justicia, que es lograr que los jueces y magistrados puedan centrarse en su verdadera función: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Además, se reducen costes para el ciudadano y se agilizan los trámites ya que, al ordenar los procedimientos referidos a la jurisdicción voluntaria que se mantienen en sede judicial, se hace posible que en muchos de ellos deje de ser necesaria la presencia de abogado y procurador.

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El Ministro presenta el nuevo Estatuto de la Víctima del Delito

31/07/14

Es fundamental ofrecer a la víctima directa, y también a la indirecta (los familiares en caso de fallecimiento o desaparición, entre los que por primera vez se incluirá a los hijos de su pareja si convivían con ella), las máximas facilidades para el ejercicio y tutela de sus derechos. Eso se conseguirá reduciendo los trámites innecesarios que supongan una segunda victimización (por ejemplo, eliminando declaraciones que puedan ser prescindibles y que puedan producirle algún trauma) y otorgándole información y orientación sobre los derechos y servicios que le corresponden.

Para hacer efectivas estas actuaciones, siempre orientadas a la persona, lo que exige una evaluación y un trato individualizado de toda víctima, es imprescindible la máxima colaboración entre las distintas Administraciones Públicas, el Poder Judicial, los colectivos de víctimas, los profesionales que las atienden y el conjunto de la sociedad a través de protocolos de actuación, como, por ejemplo, los firmados la semana pasada sobre Menores Extranjeros No Acompañados (MENAs) o el de Desplazamientos de víctimas de violencia de género y sus hijos entre casas de acogida. El proyecto de ley prevé que "toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención […] desde su primer contacto con la autoridad […], a lo largo de todo el proceso penal y por un periodo de tiempo adecuado después de su conclusión". Por eso también se promoverán las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, tanto del Ministerio como de las Comunidades Autónomas, a las que tendrán que ser derivadas las víctimas que lo necesiten en función de la gravedad del delito o cuando lo soliciten.

El artículo 10 del proyecto de ley incluye también una importante novedad que consiste en que los hijos menores que se encuentran en un entorno de violencia de género o de violencia doméstica tendrán derecho a las mismas medidas de asistencia y protección que las víctimas de estos delitos.

Derechos de la víctima

El nuevo Estatuto atribuye una serie de derechos a las víctimas estén o no personadas en el proceso penal. Así, todas ellas tendrán derecho a que se les proporcione información en un lenguaje comprensible sobre cómo interponer una denuncia, los servicios asistenciales de los que dispone y cómo pueden acceder a medidas de protección y a asesoramiento legal, así como a la traducción de las resoluciones que se produzcan.

Se reconoce el derecho de la víctima a estar acompañada por la persona que designe y a ser informada sobre la causa abierta por el delito que sufrió aunque no esté personada. Se le informará de cuándo se celebrará el juicio, se le notificarán las sentencias y los sobreseimientos, así como la adopción de medidas cautelares y de libertad del encausado y las resoluciones de las autoridades judiciales o penitenciarias que puedan poner en riesgo la seguridad de la víctima (permisos de salida, por ejemplo), siempre y cuando lo solicite previamente y exista una situación de peligro. En el caso de víctimas de violencia de género, estas serán informadas de la situación en la que se encuentre el encausado (puesta en libertad, fuga o medidas cautelares) incluso sin que lo hayan solicitado, salvo que manifiesten su voluntad expresa de no ser notificadas.

En los casos de grandes catástrofes, los abogados y procuradores no podrán dirigirse a las víctimas para ofrecerles sus servicios profesionales hasta que no haya transcurrido un mes desde el suceso. Esta prohibición quedará sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima.

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El Supremo declara la competencia española en materia internacional

28/07/14

El Tribunal Supremo reconoce así, la jurisdicción española para apresar barcos en alta mar que lleven droga, siempre que los tratados internacionales otorguen competencia para el apresamiento
La Sala ha revocado así la decisión de sobreseer la causa adoptada por la Audiencia Nacional al entender que España es competente en virtud del artículo 23.4.d de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los casos de abordaje por supuesto delito de tráfico de drogas en el ámbito marino. El apartado d del citado precepto reconoce la jurisdicción para apresar barcos en alta mar que lleven droga, siempre que los tratados internacionales otorguen competencia para el apresamiento. Los magistrados del Supremo han entendido que en este caso -y en todos en los que se den las mismas circunstancias- la jurisdicción viene otorgada por la Convención de Viena de 1988 y por los acuerdos del mar de Montego Bay de 1982. (Comunicación Poder Judicial)

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