La Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Uni贸n Europea entra en vigor

19/12/14

Quedan derogadas la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detenci贸n y entrega; la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Uni贸n Europea de las resoluciones de embargo y aseguramiento de pruebas en procedimientos penales; la Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecuci贸n en la Uni贸n Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias y la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecuci贸n en la Uni贸n Europea de resoluciones judiciales de decomiso.

Las autoridades judiciales espa帽olas que dicten una orden o resoluci贸n penal pueden transmitirla a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecuci贸n.
La Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Uni贸n Europea, reconocer谩n y ejecutar谩n en Espa帽a dentro del plazo previsto, las 贸rdenes europeas y resoluciones penales previstas en esta Ley cuando hayan sido transmitidas correctamente por la autoridad competente de otro Estado miembro y no concurra ning煤n motivo tasado de denegaci贸n del reconocimiento o la ejecuci贸n.

Cuando una orden o resoluci贸n dictada en otro Estado miembro sea transmitida a Espa帽a para su reconocimiento y ejecuci贸n, estos instrumentos no est谩n sujetos al control de la doble tipificaci贸n por el Juez o Tribunal espa帽ol, en la medida en que se refiera a alguno de los delitos enumerados en esta Ley 23/2014 art.20 (entre otros, pertenencia a una organizaci贸n delictiva, trata de seres humanos o ayuda a la entrada y residencia en situaci贸n ilegal), y se cumplan las condiciones exigidas cada tipo de instrumento de reconocimiento mutuo.

La ejecuci贸n de la orden o resoluci贸n que haya sido transmitida por otro Estado miembro se rige por el Derecho espa帽ol y se lleva a cabo del mismo modo que si hubiera sido dictada por una autoridad judicial espa帽ola. No obstante lo anterior, la autoridad judicial espa帽ola competente ha de observar las formalidades y procedimientos expresamente indicados por la autoridad judicial del Estado de emisi贸n siempre que esas formalidades y procedimientos no sean contrarios a los principios fundamentales del ordenamiento jur铆dico espa帽ol.

comentarios

No constituye intrusismo ejercer como abogado sin estar colegiado

18/12/14

La Audiencia Provincial de Madrid ha sentenciado que no es intrusismo ejercer como abogado sin estar colegiado, tal y como le ocurri贸 a un abogado que ejercicio en un proceso penal estando de baja en el Colegio de Abogados
El tribunal considera que ejercer como abogado sin colegiarse no es una falta o delito penal sino una cuesti贸n meramente disciplinaria, sancionable por el Colegio correspondiente.
As铆 lo dicta la Secci贸n n潞 2 de la Audiencia Provincial de Madrid, a 4 de diciembre de 2014, mediante Auto N潞 983/2014 por recurso de apelaci贸n 48/2014.

comentarios

Catal谩 avanza que en las pr贸ximas semanas se presentar谩 una propuesta de ajuste de las tasas judiciales

17/12/14

El ministro de Justicia, Rafael Catal谩, avanz贸 el viernes 12 de diciembre en Soria que en las pr贸ximas semanas se va a presentar una propuesta de "mejora y ajuste" de las tasas judiciales "para que no se generen limitaciones" a la hora de que los ciudadanos accedan a la justicia.

Catal谩 ha se帽alado que su "compromiso" es analizar la situaci贸n, "revisarlo y compartirlo con los profesionales de la justicia" y formular una propuesta

comentarios

Los Magistrados de lo Mercantil de Madrid unifican criterios sobre la aplicaci贸n de las 煤ltimas reformas concursales

12/12/14

Conclusiones de la reuni贸n de Magistrados de lo Mercantil de Madrid, celebradas los d铆as 7 y 21 de noviembre de 2014, sobre unificaci贸n de criterios de aplicaci贸n de las reformas de la Ley Concursal operadas por el Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, y la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciaci贸n y reestructuraci贸n de deuda empresarial.
En las reuniones de unificaci贸n de criterios celebradas en fecha 7 y 21 de noviembre de 2014 por la mayor parte de los Jueces Mercantiles de Madrid, once en total (con la participaci贸n posterior de los restantes), se ha tratado de adoptar unos criterios comunes sobre algunas de las cuestiones m谩s conflictivas que pueden surgir en la aplicaci贸n de la Ley Concursal tras las reformas que han sido introducidas por las disposiciones aludidas en el t铆tulo del presente documento.
No se trata de acuerdos cerrados, ni de decisiones vinculantes que puedan condicionar ninguna resoluci贸n judicial, sino de una primera aproximaci贸n a los criterios con los que enfrentarse a los problemas pr谩cticos de posible aparici贸n que han sido detectados hasta el momento. Tampoco se pretende abordar cuestiones de especial calado dogm谩tico o doctrinal, sino s贸lo ofrecer unas pautas interpretativas frente a cuestiones dudosas, principalmente de 铆ndole pr谩ctica y de funcionamiento. El objetivo no es, por otra parte, agotar la totalidad de los problemas que de la aplicaci贸n de las citadas normas pueden derivarse, labor que debe confiarse a los estudios cient铆ficos o doctrinales que en el futuro puedan publicarse sobre estas materias.
Se expresan 煤nicamente los criterios, sin una exposici贸n completa o razonada extensa, lo cual ser铆a propio de otro tipo de documento, salvo en alg煤n punto conflictivo, ya que el fin de la reuni贸n no es tanto profundizar en los argumentos en liza respecto de cada cuesti贸n, sino fijar (al menos provisionalmente) posiciones comunes que garanticen, en la medida de lo posible, una homogeneidad en el tratamiento judicial y una seguridad jur铆dica para los operadores que act煤an en esta plaza. Carecen de cualquier otro valor o pretensi贸n. Son, en resumidas cuentas, un posicionamiento provisorio frente a los problemas derivados de los cambios normativos introducidos en las reformas concursales de 2014, cuyo an谩lisis en abstracto por los Jueces Mercantiles se ha querido compartir con todos los dem谩s profesionales dedicados a esta jurisdicci贸n con el exclusivo prop贸sito de que puedan efectuar pron贸sticos fiables al dise帽ar sus estrategias procesales.
Tienen un mero valor aproximativo al problema, son claudicantes, en tanto los tribunales superiores no formen criterio al respecto, en cuyo caso habr谩 que estar a lo que se decida; y no son vinculantes, ya que en cada resoluci贸n judicial se dispondr谩 lo que exija la justicia del caso concreto. Esta 煤ltima puede justificar apartarse del criterio ahora adoptado en atenci贸n al conjunto de circunstancias que en el supuesto enjuiciado est茅n presentes.

comentarios

Se limitan las causas para que las aseguradoras puedan reclamar a los conductores en caso de accidente de tr谩fico

10/12/14

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha abordado el tema referido a la legalidad de la cl谩usula contractual incorporada a un contrato de seguro de responsabilidad civil derivada de la conducci贸n de veh铆culo a motor por la que se exclu铆an de cobertura los da帽os y perjuicios causados por conductor no autorizado expresamente, que fuera adem谩s menor de veintis茅is a帽os, quedando as铆 abierta a la aseguradora la acci贸n de repetici贸n una vez que ha satisfecho las indemnizaciones oportunas a los perjudicados.

En concreto, examina la facultad de repetici贸n de la aseguradora a la luz del r茅gimen aplicable, introducido por la reforma de 2007, que limita las posibilidades de repetici贸n de la indemnizaci贸n satisfecha por el asegurador frente al tomador o asegurado a las causas previstas en la Ley, impidiendo la repetici贸n con base en causas previstas en el propio contrato de seguro.

En el pleito origen de los recursos, la aseguradora demandante pretendi贸 repetir contra su asegurado el importe de la indemnizaci贸n satisfecha, pero el Juzgado de Primera Instancia rechaz贸 dicha pretensi贸n al considerar nula la referida estipulaci贸n contractual.

La Audiencia Provincial, por el contrario, entendi贸 que se trataba de una cl谩usula meridianamente clara y expresiva de la intenci贸n de los contratantes (lo que exclu铆a otras interpretaciones) y v谩lida, puesto que la exclusi贸n de cobertura de conductores de menor edad que la estipulada, no declarados por el asegurado, puede obedecer a diversas motivaciones o finalidades subjetivas queridas y aceptadas por las partes al contratar (p.ej. conocimiento de los declarados, impedir que el veh铆culo sea conducido por m煤ltiples conductores noveles, etc...) perfectamente l铆citas, y aunque se tratase de una cl谩usula limitativa de los derechos del asegurado, no pod铆a cuestionarse su validez desde el momento en que aparec铆a 芦convenientemente destacada en la p贸liza y suscrita por el tomador禄, cumpliendo los requisitos exigibles para su virtualidad por el art铆culo 3 de la Ley de Contrato de Seguro.

Tambi茅n consider贸 que era suficiente para acreditar las sumas reclamadas como indemnizaci贸n la justificaci贸n de la aseguradora demandante y el escrito de la lesionada-perjudicada presentado ante el Juzgado. Ahora, el Supremo llega a una conclusi贸n distinta.

La sentencia de la Sala, de la que es ponente el magistrado Antonio Salas Carceller, estima en primer lugar el recurso extraordinario por infracci贸n procesal al considerar que se infringieron las normas reguladoras de la carga probatoria, puesto que a la aseguradora demandante le incumb铆a no solo acreditar que hab铆a pagado determinadas cantidades sino tambi茅n que tales cantidades resultaban verdaderamente exigibles por corresponderse con el da帽o o perjuicio realmente causado, lo que la Audiencia no consider贸 necesario.(Comunicaci贸n Poder Judicial)

comentarios

El Supremo confirma que es obligatoria la asistencia de letrado para la obtenci贸n de muestras de ADN

05/12/14

El Tribunal Supremo ha aplicado por primera vez su nueva doctrina sobre pruebas de ADN y ha revocado una absoluci贸n de asesinato dictada por la Audiencia de Sevilla, ordenando a dicho tribunal que pronuncie nueva sentencia en la que incluya y valore dentro del cuadro probatorio la prueba gen茅tica relativa a los dos acusados.

El tribunal reafirma en la sentencia que se requiere la asistencia de letrado en la prestaci贸n del consentimiento del detenido para la obtenci贸n de material biol贸gico para la determinaci贸n de su ADN no codificante. Sin embargo, el cuestionamiento de la validez de esa actuaci贸n policial por parte de la defensa en otra causa, debe producirse durante la instrucci贸n para que pueda ser examinada de forma contradictoria.

En el caso tratado, los abogados la impugnaron una vez concluida la instrucci贸n, por lo que la prueba de ADN de ambos acusados s铆 debe tenerse en cuenta por el tribunal sentenciador.

La sentencia tiene dos votos particulares. El magistrado Juan Ram贸n Berdugo discrepa de la exigencia de que el consentimiento del acusado detenido para la pr谩ctica de prueba de ADN y su inclusi贸n en la base de datos policial precise de asistencia letrada, al considerarlo tan improcedente como si se exigiese para la rese帽a de la huella dactilar o la fotogr谩fica. Por su parte, el magistrado Perfecto Andr茅s Ib谩帽ez, que abog贸 por la confirmaci贸n de la absoluci贸n de los dos acusados, entiende que no cabe limitar temporalmente a la instrucci贸n la posibilidad de las defensas de impugnar la prueba de ADN por haber sido practicada sin asistencia letrada.
(Comunicaci贸n Poder Judicial)

comentarios

La apertura del juicio oral es el l铆mite para renunciar al fuero

03/12/14

El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por unanimidad, ha acordado que es el auto de apertura de juicio oral el que determina la imposibilidad de una renuncia del aforamiento con efectos procesales.
El asunto fue llevado a Pleno en relaci贸n, entre otros, al recurso de la Fiscal铆a Anticorrupci贸n contra la decisi贸n del TSJ de la Comunidad Valenciana en el caso Fitur, de remitir a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento del caso tras la renuncia a su acta de diputadas auton贸micas de dos acusadas, despu茅s de que el tribunal superior hubiese se帽alado ya el inicio de la vista oral.
Con el pronunciamiento de hoy de la Sala Penal del Supremo, los aforados no tendr谩n opci贸n a renunciar a su fuero una vez que se haya dictado auto de apertura de juicio oral contra ellos.(Comunicaci贸n Poder Judicial)

comentarios

En delitos de abusos sexuales se debe imponer la libertad vigilada

02/12/14

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha se帽alado la obligaci贸n de la libertad vigilada como medida postdelictiva en cuanto a delitos sexuales se refiere. El alto tribunal lo recuerda tras confirmar una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que conden贸 a un hombre de 79 a帽os de edad a la pena de dos a帽os de prisi贸n por abusar sexualmente de dos ni帽as de 10 y 12 a帽os. Asimismo, obliga a que se cumpla la medida de libertad vigilada durante cinco a帽os.
La Sala recuerda que la posibilidad de suspensi贸n de la pena privativa de libertad (arts. 80 y ss. CP) no habilita para dejar de imponer tal medida que deber谩 cumplirse una vez extinguida la pena principal, sin perjuicio de las posibilidades de reducci贸n, revisi贸n o incluso cese que previene el C贸digo Penal.(Comunicaci贸n Poder Judicial)

comentarios

Nueva interpretaci贸n del Supremo del art铆culo 564 de la LEC

27/11/14

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, con ocasi贸n de un recurso extraordinario por infracci贸n procesal, que ha sido desestimado, ha interpretado el art铆culo 564 de la LEC. Este art铆culo regula la defensa jur铆dica
del ejecutado fundada en hechos y actos no comprendidos en las causas de oposici贸n a la ejecuci贸n, permitiendo que se aleguen en un proceso posterior.
Ante la existencia de pronunciamientos judiciales diversos sobre la admisibilidad o no en el proceso ejecutivo como causa de oposici贸n de la nulidad de la cl谩usula de vencimiento anticipado por impago de una sola cuota, la Sala en sentencia, cuyo ponente ha sido D. Francisco Mar铆n Cast谩n, ha considerado que las circunstancias relativas al vencimiento de la obligaci贸n que resulten del propio t铆tulo no judicial s铆 son oponibles en el proceso de ejecuci贸n
y que si el ejecutado pudiendo hacerlo, no la hubiera alegado, no puede promover un juicio declarativo posterior, y si lo hiciera deber铆a aplicarse la excepci贸n procesal de la cosa juzgada, pero si lo hizo y le fue rechazado judicialmente solo porque el juzgador entendiera que las circunstancias que consten en el propio t铆tulo no pueden oponerse en el proceso de ejecuci贸n, entonces s铆 puede promover juicio declarativo posterior. Esta interpretaci贸n resultado de una interpretaci贸n conjunta de la normativa y la jurisprudencia en la materia se considera por la Sala acorde con el esp铆ritu de las normas para evitar fomentar la pasividad en el proceso de ejecuci贸n con la intenci贸n de paralizarlo mediante un declarativo posterior.

comentarios

Empieza el trabajo de la Comisi贸n para el nuevo C贸digo Concursal

26/11/14

Las funciones de la Comisi贸n son las siguientes:

a) Realizar un seguimiento de la efectividad de las medidas adoptadas por este real decreto-ley en materia concursal y de refinanciaci贸n preconcursal de deuda y sobre la evoluci贸n del endeudamiento del sector privado y sus implicaciones macroecon贸micas.

b) Evaluar su aplicaci贸n y, en su caso, proponer al Gobierno las reformas que resulte conveniente acometer para facilitar la reestructuraci贸n preconcursal o concursal de deuda de empresas econ贸micamente viables.

c) Verificar el cumplimiento de los c贸digos de buenas pr谩cticas que se puedan adoptar en materia de refinanciaci贸n preconcursal de deudas.

La Comisi贸n podr谩 solicitar, directamente o a trav茅s de alguno de sus miembros, la informaci贸n relativa a acuerdos de refinanciaci贸n y reestructuraci贸n preconcursales y procesos concursales que considere necesaria para el adecuado ejercicio de esta funci贸n. Con periodicidad anual, la comisi贸n elaborar谩 un informe sobre el resultado del ejercicio de sus funciones que deber谩 remitirse al Gobierno y a la Comisi贸n de Econom铆a y Competitividad del Congreso de los Diputados.

La comisi贸n est谩 integrada por los siguientes miembros permanentes:

a) Dos nombrados por el Ministerio de Econom铆a y Competitividad, uno de los cuales asumir谩 la presidencia.
b) Dos nombrados por el Ministerio de Justicia, uno de los cuales asumir谩 las funciones de secretar铆a.
c) Uno nombrado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones P煤blicas.
d) Uno nombrado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
e) Uno nombrado por el Ministerio de Industria, Energ铆a y Turismo.
f) Uno nombrado por el Banco de Espa帽a.
g) Un juez nombrado por el Consejo General del Poder Judicial.
(LaMoncloa)

comentarios

El Supremo aplica por primera vez la v铆a del recurso de revisi贸n para hacer cumplir sentencias del TEDH

18/11/14

El Tribunal Supremo ha aplicado por primera vez a un caso concreto su acuerdo del pasado 21 de octubre que estableci贸 el cauce para hacer cumplir en Espa帽a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El auto dado a conocer este jueves por el alto tribunal fue el que oblig贸 a los magistrados de lo Penal del alto tribunal a reunirse en un Pleno no jurisdiccional para estudiar qu茅 hacer para aplicar las sentencias del TEDH, ante la falta de reforma legislativa al respecto.

En concreto, y por unanimidad, los magistrados de lo Penal del Tribunal Supremo acordaron que "en tanto no exista en el Ordenamiento Jur铆dico una expresa previsi贸n legal" para la efectividad de las sentencias dictadas por el TEDH se da por bueno que el recurso de revisi贸n que se regula en el art铆culo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) es el que "cumple este cometido".

El acuerdo adoptado por la Sala Segunda del alto tribunal ten铆a su importancia, pues la duda se planteaba tras resoluciones del tribunal de Estrasburgo como la que supuso la anulaci贸n de la denominada "doctrina Parot".

Como consecuencia de esa decisi贸n se ha dictado un auto en el que se autoriza a la defensa de Pedro Tom谩s LL.G a interponer un recurso de revisi贸n para hacer cumplir la sentencia de Estrasburgo que le ampar贸 frente a una condena que le impuso el propio Supremo en 2006 por un delito contra el medio ambiente. Anteriormente hab铆a sido absuelto por la Audiencia Provincial de Castell贸n.

En su auto, del que ha sido ponente el magistrado Joaqu铆n Gim茅nez, el Supremo destaca lo excepcional del recurso de revisi贸n, que "tiene por fin anular una sentencia firme de naturaleza condenatoria", como es el caso, "por acreditarse hechos y circunstancias objetivas que vulnerando el debido proceso evidencian la inocencia del condenado".

"En definitiva -a帽ade el auto-, el objeto de la revisi贸n prevista en el articulo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) es evitar el mantenimiento de una persona como condenada cuando hay datos que a trav茅s de dicho art铆culo cuestionan tal condena y por ello la nulidad de la sentencia es obligada".

El caso de este demandante no es comparable, seg煤n fuentes del alto tribunal, con la resoluci贸n adoptada por el TEDH respecto de la miembro de ETA In茅s del R铆o que dio posteriormente lugar a la excarcelaci贸n de decenas de integrantes de la banda, ya que en dicho caso no se cuestionaba su culpabilidad.

Durante la discusi贸n de dicho asunto por el alto tribunal, no obstante, algunos magistrados se postularon a favor de permitir de ejecutar la sentencia de Estrasburgo a trav茅s del recurso de revisi贸n.

Seg煤n el citado art铆culo 954, hay lugar al recurso de revisi贸n contra las sentencias firmes cuando est茅n sufriendo condena dos o m谩s personas en virtud de sentencias contradictorias por un mismo delito o cuando alguien est茅 cumpliendo pena por homicidio cuya existencia se acredite despu茅s de dictarse dicha condena.

Tambi茅n cabe este recuro cuando alguien cumpla condena por testimonios declarados falsos posteriormente o cuando despu茅s de una sentencia sobrevenga conocimiento de nuevas pruebas que evidencien la inocencia del condenado.

Se da la circunstancia de que, unos d铆as despu茅s de conocerse el acuerdo del Supremo sobre el cauce a aplicar para sentencias de Estrasburgo, una delegaci贸n del Colectivo de v铆ctimas del terrorismo COVITE encabezado por su presidenta, Consuelo Ord贸nez, hizo entrega este viernes en el Tribunal Supremo de una veintena de cartas dirigidas a cada a uno de los magistrados de la Sala de lo Penal de este 贸rgano censurando su reciente acuerdo sobre cu谩l debe ser el cauce procesal adecuado para hacer cumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Apuntaban que si esta decisi贸n, que establece el recurso de revisi贸n como tr谩mite adecuado mientras no exista una nueva regulaci贸n al respecto, se hubiera aplicado hace un a帽o se hubiera evitado la excarcelaci贸n de casi 60 presos a los que se les estaba aplicando la denominada "doctrina Parot".

comentarios

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Patentes

17/11/14

El Proyecto de Ley de Patentes clarifica y simplifica el procedimiento de concesi贸n de la patente, que siempre conllevar谩 un examen previo. Adem谩s, se adapta la normativa espa帽ola al 谩mbito comunitario y a otras normas y tratados internacionales.

Por otro lado, se fomenta la iniciativa emprendedora mediante la reducci贸n de un 50 por 100 de la tasa para la obtenci贸n de una patente para los emprendedores.

Las patentes se hacen m谩s fuertes, lo que significa que siempre llevar谩n un examen previo que acredite que la invenci贸n es nueva, inventiva y tiene aplicaci贸n industrial. Si no se cumplen estos requisitos, no se conceder谩 la patente, desapareciendo las "patentes d茅biles", patentes "curriculares", que exist铆an hasta ahora, sin examen previo.

Los modelos de utilidad, para invenciones menores, tambi茅n se fortalecen. Se ampl铆a su 谩mbito a los productos qu铆micos y se modifica su r茅gimen mediante el requisito de novedad mundial. Adem谩s, se garantiza su solidez mediante la exigencia del informe sobre el estado de la t茅cnica prejudicial.

Por 煤ltimo, se incluyen expresamente entre los t铆tulos de protecci贸n los Certificados Complementarios de Protecci贸n, o CCP, t铆tulo de propiedad industrial que extiende por un plazo m谩ximo de cinco a帽os la protecci贸n otorgada a una patente de un producto farmac茅utico o fitosanitario, para compensar el mayor plazo de tiempo que transcurre para estos productos desde que se concede la patente hasta que se autoriza su comercializaci贸n.(LaMoncloa)

comentarios

Copyright © 2012 Todos los derechos reservados. El uso de este sitio web implica la aceptación de las Condiciones de uso y de la Política de privacidad de Informativo Jurídico.

a