Entra en vigor la reforma del C贸digo Penal

02/07/15

El 1 de julio entr贸 en vigor la Ley Org谩nica 1/2015 de 30 de marzo que reforma el vigente C贸digo Penal de 1995
El nuevo texto introduce importantes modificaciones, ya sea reformando el texto existente o introduciendo nuevos tipos penales, destac谩ndose la supresi贸n de las faltas que en buena parte se incorporan al Libro II del C贸digo Penal y que pasan a ser tipificadas como delitos leves. Derivado de la supresi贸n de las faltas, la misma Ley modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adecuarla al enjuiciamiento de los delitos leves de nueva creaci贸n, similar a la regulaci贸n existente hasta la fecha para las faltas.
Puede encontrar todas las modificaciones al C贸digo Penal en: http://www.economistjurist.es/articulos-destacados/reforma-del-codigo-pe...

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Se aprueba el Reglamento Europeo de Protecci贸n de Datos

16/06/15

El objetivo es mantener un marco normativo 煤nico para toda la Uni贸n Europea uniformando el r茅gimen jur铆dico actual, as铆 como facilitar la libre circulaci贸n de datos personales en el marco de la UE y con otros pa铆ses e instituciones internacionales respetando el derecho a la libertad de expresi贸n, prensa y las condiciones necesarias para la investigaci贸n cient铆fica.
Todo ello en el contexto de la estrategia de mercado 煤nico digital que impulsa la Comisi贸n Europea.鈥

La norma se aplicar谩 a empresas europeas y a extracomunitarias que ofrezcan sus servicios a usuarios de la UE, de manera que solo podr谩n procesar informaci贸n personal si cuentan con el consentimiento de los consumidores. Se simplifican as铆 los tr谩mites para las empresas que procesen datos personales, con lo que Bruselas calcula que se ahorrar谩n 2.000 millones de euros al a帽o en cargas burocr谩ticas. Los Estados miembros han reconocido adem谩s el derecho de los ciudadanos a ser olvidados en la red, de manera que cualquier usuario tendr谩 derecho a que se borren sus datos personales si as铆 lo demanda. (LaMoncloa)

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Si los estatutos de una sociedad no disponen lo contrario, el 贸rgano de administraci贸n por s铆 solo puede trasladar el domicilio social a cualquier lugar del territorio nacional

10/06/15

Toda modificaci贸n de estatutos debe ser aprobada por la Junta General de Socios
Como salvedad a este principio, establecido en el p谩rrafo 1 del art铆culo 285 de la Ley de Sociedades de Capital, el p谩rrafo 2 de ese mismo art铆culo dec铆a 鈥減or excepci贸n a lo establecido en el apartado anterior, salvo disposici贸n contraria de los estatutos, el 贸rgano de administraci贸n ser谩 competente para cambiar el domicilio social dentro del mismo t茅rmino municipal.鈥
Este segundo p谩rrafo ha sido modificado por la Disposici贸n Final Primera de la Ley 9/2015 de Medidas en Materia Concursal.
Ahora dice: 芦2. Por excepci贸n a lo establecido en el apartado anterior, salvo disposici贸n contraria de los estatutos, el 贸rgano de administraci贸n ser谩 competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.禄
脡sa ley se public贸 en el BOE el d铆a 26 de mayo y como suele ser habitual entr贸 en vigor al d铆a siguiente.
Esta nueva facultad que se da al 贸rgano de Administraci贸n de cambiar el domicilio social a cualquier lugar del territorio nacional debe relacionarse con el art铆culo 175 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que 鈥渆l lugar de celebraci贸n de la Junta General de Socios, salvo disposici贸n contraria de los estatutos, ser谩 en el t茅rmino municipal donde la sociedad tenga su domicilio鈥.
Por Luis Jorquera Garc铆a. Notario

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Las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio

05/06/15

No pueden operar como corroboraci贸n de los medios de prueba. Ni ser contrastadas por la v铆a del art. 714 de la LECR.

Ni cabe su utilizaci贸n como prueba preconstituida en los t茅rminos del art. 730 de la LECR. Tampoco pueden ser incorporadas al acervo probatorio mediante la llamada como testigos de los agentes policiales que las recogieron. Sin embargo, cuando los datos objetivos contenidos en la autoinculpaci贸n son acreditados como veraces por verdaderos medios de prueba, el conocimiento de aquellos datos por el declarante evidenciado en la autoinculpaci贸n puede constituir un hecho base para leg铆timas y l贸gicas inferencias. Para constatar, a estos exclusivos efectos, la validez y el contenido de la declaraci贸n policial deber谩n prestar testimonio en el juicio los agentes policiales que la presenciaron. Este acuerdo sustituye el que sobre la materia se hab铆a adoptado en el mes de noviembre de 2006.
(Comunicaci贸n del Poder Judicial)

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Los condenados por delito fiscal ser谩n p煤blicos

02/06/15

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisi贸n a las Cortes del Proyecto de Ley Org谩nica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada informaci贸n contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. Para su tramitaci贸n parlamentaria se solicita el procedimiento de urgencia.

La norma va a permitir que se publiquen datos esenciales de sentencias condenatorias por delitos contra la Hacienda P煤blica. Con esta Ley, el Gobierno no busca someter al defraudador a un castigo adicional a la pena que se le pueda imponer, sino que busca alcanzar una mayor eficacia y transparencia en la actuaci贸n tributaria y en la lucha contra el fraude, de manera que todo ciudadano debe saber que sus datos estar谩n a disposici贸n del p煤blico si no cumple con sus obligaciones fiscales y es condenado por ello. La Ley tiene, por tanto, car谩cter procesal, en busca del inter茅s p煤blico, y no sancionador.
(LaMoncloa)

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Nueva reforma de la Ley Concursal

28/05/15

La Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, publicada hoy en el BOE, modifica varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, relativos al convenio concursal, a la fase de liquidaci贸n, a la calificaci贸n del concurso, al acuerdo extrajudicial de pagos y a los acuerdos de refinanciaci贸n, as铆 como a otros preceptos de la misma Ley relacionados con dichos aspectos.
La parte dispositiva de esta Ley consta de un 煤nico art铆culo, dividido a su vez en cuatro apartados, en cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, Ley Concursal), relativos al convenio concursal, a la fase de liquidaci贸n, a la calificaci贸n del concurso, al acuerdo extrajudicial de pagos y a los acuerdos de refinanciaci贸n, as铆 como a otros preceptos de la misma Ley relacionados con dichos aspectos.
Respecto al convenio concursal, se introducen, en primer lugar, previsiones an谩logas a las de la disposici贸n adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacci贸n dada por la Ley 17/2014) relativas a la valoraci贸n de las garant铆as sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se modifican los art铆culos 90 y 94 de la Ley Concursal.

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Nuevos tr谩mites para constituir una sociedad laboral

18/05/15

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisi贸n a las Cortes Generales de dos Proyectos de Ley para fomentar el trabajo aut贸nomo y la econom铆a social e impulsar el emprendimiento, tras recibir el dictamen y la valoraci贸n global positiva del Consejo Econ贸mico y Social. Para la tramitaci贸n parlamentaria de ambos textos ser谩 solicitado el procedimiento de urgencia.
Se trata del Proyecto de Ley por el que se modifica y actualiza toda la normativa en materia de autoempleo, y se adoptan medidas de fomento y promoci贸n del trabajo aut贸nomo y de la Econom铆a Social, y del Proyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas. Con este nuevo paquete de medidas y conforme a las previsiones de crecimiento, el Gobierno estima que el autoempleo pueda crecer en 550.000 personas hasta 2019.

AUT脫NOMOS Y ECONOM脥A SOCIAL

El Proyecto de Ley de Aut贸nomos y Econom铆a Social modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo. Los diferentes incentivos en vigor que hasta ahora se encontraban dispersos en diversas normas se recoger谩n en un 煤nico texto que se incluir谩 en el t铆tulo V de la Ley del Estatuto del Trabajo Aut贸nomo y en la Ley de Econom铆a Social.

La nueva Ley ampl铆a, adem谩s, algunos incentivos ya existentes a otros colectivos y pone en marcha nuevas medidas para impulsar el autoempleo, ya sea individual o colectivo, y para apoyar el trabajo aut贸nomo y la Econom铆a Social.

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Se consolida: las empresas en concurso disminuyen

11/05/15

El n煤mero de deudores concursados alcanza la cifra de 1.560 en el primer trimestre de 2015, lo que supone una disminuci贸n del 26,6% respecto al mismo periodo del a帽o anterior.
Seg煤n los datos oficiales del INE, por tipo de concurso, 1.460 son voluntarios (un 26,5% menos que en el primer trimestre de 2014) y 100 necesarios (un 28,6% menos). Atendiendo a la clase de procedimiento, los ordinarios disminuyen un 24,7% y los abreviados un 27,0%.

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El Senado aprueba el C贸digo Penal de la prisi贸n permanente revisable

13/03/15

El Pleno del Senado ha aprobado la reforma del C贸digo Penal que introduce en Espa帽a la prisi贸n permanente revisable, reduce las penas de los piquetes de las huelgas y fija penas de c谩rcel para los dirigentes pol铆ticos que acepten donaciones ilegales superiores a 500.000 euros. Tras un largo debate que se ha prolongado durante m谩s de siete horas, la c谩mara alta ha dado luz verde, con 148 votos a favor, a este proyecto legislativo que ser谩 ahora remitido de nuevo al Congreso de los Diputados para su examen definitivo.
La norma, para cuya modificaci贸n se introdujeron 1.044 enmiendas, incluye finalmente varias transaccionales que modifican distintos art铆culos. Se han incluido penas de hasta ocho a帽os para quienes incurran en la trata de seres humanos para imponerles la esclavitud, servidumbre, servicios forzados u otras pr谩cticas similares a las anteriores, incluida la mendicidad.
Tambi茅n ha agregado al articulado una enmienda que permitir谩 multar a aquellos que falten al respeto y la consideraci贸n debida a la autoridad y ha a帽adido la paralizaci贸n del derribo de viviendas ilegales hasta que los propietarios que compraron de buena fe y sin conocer las irregularidades cobren las indemnizaciones.
Adem谩s, eleva de uno a dos a帽os la condena m铆nima para quienes inciten a la prostituci贸n a menores discapacitados y especifica la posibilidad de introducir la libertad vigilada para aquellos maltratadores que provoquen lesiones a sus parejas.
El nuevo C贸digo Penal sigue la senda de otros pa铆ses europeos en la aplicaci贸n de la prisi贸n permanente, que podr谩 ser impuesta en casos de excepcional gravedad, como el homicidio del Rey o su heredero, de jefes de Estado extranjeros, genocidio, asesinatos en serie, cometidos en el seno de una organizaci贸n criminal o contra menores de 16 a帽os o personas especialmente vulnerables. La medida ha levantado la cr铆tica un谩nime de toda la oposici贸n que la considera como una cadena perpetua encubierta.
La prisi贸n permanente prev茅 que las penas sean revisadas, tras el cumplimiento de 25 a 35 a帽os, para verificar si el pron贸stico es favorable a la reinserci贸n social. Los jueces examinar谩n si debe mantenerse la prisi贸n cada dos a帽os de oficio o a petici贸n del recluso, si bien puede no dar curso a nuevas solicitudes durante un a帽o.
Penas de corrupci贸n
El C贸digo Penal dificulta adem谩s el acceso la libertad condicional a los corruptos que no hayan reparado el da帽o causado, fija en 500.000 euros la cuant铆a para imponer c谩rcel por financiaci贸n ilegal 鈥搒alvo que sea extranjero que ser谩 de 100.000鈥 y mantiene el l铆mite de 120.000 euros para hablar de fraude fiscal.
Las personas que participan en 鈥渆structuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiaci贸n de partidos pol铆ticos鈥 al margen de la ley ser谩n castigadas con una pena de prisi贸n de uno a cinco a帽os de c谩rcel, con independencia de la cuant铆a de la comisi贸n.
El texto ampl铆a, adem谩s, el decomiso para que los jueces puedan ordenar la intervenci贸n de bienes del condenado procedentes de otras actividades delictivas siempre que existan indicios de su procedencia il铆cita, como puede ser la desproporci贸n entre el patrimonio y su medio de vida o el recurso de para铆sos fiscales o empresas interpuestas.
Adem谩s, se regula la Oficina de Recuperaci贸n y Gesti贸n de activos procedentes del delito y se reduce la pena de c谩rcel a quienes dificultan o impiden el ejercicio de huelga y a los piquetes que, no obstante, seguir谩n teniendo castigos m谩s duros cuando act煤en con violencia.
Modifica la Ley del Indulto
De otro lado, la norma modifica la Ley del Indulto para que un alto cargo del Ministerio de Justicia comparezca sobre estos expedientes cada seis meses. Asimismo, suprime el Libro III relativo a las faltas, para convertirlas en delitos leves o sanciones administrativas.
Por otra parte, se mantiene la idea de fijar el consentimiento sexual en 16 a帽os y se aumenta la persecuci贸n del maltrato, abandono y explotaci贸n sexual de animales.
Se tipifican nuevos delitos como el matrimonio forzado, el hostigamiento, la divulgaci贸n no autorizada de im谩genes o grabaciones 铆ntimas obtenidas con la anuencia de la persona afectada o la manipulaci贸n de los dispositivos de control que sirven para vigilar el cumplimiento de las penas. Tambi茅n se trasponen decisiones europeas sobre pornograf铆a infantil, explotaci贸n sexual de menores, trata de seres humanos o inmigraci贸n ilegal.

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Es apropiaci贸n indebida el uso de la VISA de empresa para gastos particulares

28/01/15

El Tribunal Supremo destaca que "el m谩s elemental sentido com煤n impone al titular de una tarjeta de empresa excluir su utilizaci贸n para gastos personales", aunque no exista limitaci贸n expresa por parte de quien haya autorizado su uso
Adem谩s, el alto tribunal establece que ese uso constituye delito de apropiaci贸n indebida cuando se realiza "con vocaci贸n de apropiaci贸n permanente", lo que se deduce de la naturaleza particular del gasto (en el caso examinado, el pago de la instalaci贸n de aire acondicionado en la casa del acusado) y de la inexistencia de gesti贸n alguna para liquidar o devolver los fondos destinados a usos manifiestamente ajenos a los que corresponden en la pr谩ctica mercantil a una tarjeta de empresa, que son los destinados a gastos de representaci贸n u otros relacionados con la empresa.

La sentencia del Supremo se refiere al administrador solidario de tres empresas de venta y alquiler de coches, y a su esposa, que trabajaba de administrativa en las mismas, que cargaron en las cuentas de las sociedades gastos estrictamente personales, como comidas de fines de semana, muebles, viajes y un sistema de aire acondicionado para su domicilio particular, por importe superior a los 450.000 euros.

El TS confirma una pena de 4 a帽os y medio de c谩rcel a cada uno de ellos por delito continuado de falsedad como medio para cometer otro tambi茅n continuado de apropiaci贸n indebida, donde se integra el uso delictivo de las tarjetas junto a otras pr谩cticas. La sentencia condena al hombre a otros 4 a帽os y 8 meses de prisi贸n por falsedad y estafa (en relaci贸n a hechos distintos a los del uso de la VISA). Otras dos personas implicadas en los hechos son condenadas.

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Se anulan los acuerdos de la una Junta que proh铆be la cesi贸n onerosa del derecho al voto

12/01/15

La sentencia estima en parte el recurso planteado por Residencial Monte Carmelo S.A., que ten铆a cuando se celebr贸 la controvertida Junta el 6,1 % del capital social de Iberdrola, y que estaba integraba en el grupo ACS, que en conjunto ten铆a un 19,026 % de ese capital social, porcentaje no superado en esa fecha por ning煤n otro socio.

Monte Carmelo recurri贸 varios de los acuerdos de aquella Junta. Un Juzgado Mercantil de Bilbao rechaz贸 la demanda, pero la Audiencia Provincial de Vizcaya, ante quien se plante贸 apelaci贸n, dio la raz贸n a Monte Carmelo por los acuerdos de la Junta de la compa帽铆a el茅ctrica que introduc铆an causas gen茅ricas para denegar informaci贸n a los accionistas o privarles, por conflicto de intereses, del derecho al voto.

El Supremo anula m谩s acuerdos de aquella Junta, como los que prohib铆an la cesi贸n onerosa del derecho al voto u otorgaban "gran discrecionalidad" -se帽ala la resoluci贸n- al presidente para no reconocer ese derecho.
(Comunicaci贸n Poder Judicial)

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Grabar al jefe sin su consentimiento no atenta contra su intimidad

08/01/15

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del apoderado de una empresa que quer铆a que una trabajadora despedida le indemnizara con 3.000 euros por grabarle con el tel茅fono m贸vil sin su consentimiento, al considerar lesionado su derecho constitucional a la intimidad.

La sentencia indica que la conducta de la empleada -quien se consideraba sometida a un hostigamiento laboral continuado, incluyendo ofensas verbales y escritas- no supuso una intromisi贸n ileg铆tima en la intimidad personal del apoderado, ya que en la grabaci贸n realizada por la trabajadora con su m贸vil no hab铆a nada que pudiera considerarse como concerniente a su vida 铆ntima o intimidad personal, ya que 茅l actu贸 como representante de la empresa y en el ejercicio de facultades disciplinarias respecto de ella, "sin que eso suponga una manifestaci贸n de su intimidad". Agrega el Supremo que la existencia de una previa situaci贸n de conflicto entre las partes a帽ade "una nota de razonabilidad a la conducta de la demandada".

La conversaci贸n grabada se desarroll贸 en la puerta de la empresa en agosto de 2009, y cuando el apoderado le daba a la demandada una carta de amonestaci贸n y sanci贸n de suspensi贸n de empleo y sueldo. (Comunicaci贸n Poder Judicial)

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