El Supremo plantea cuesti贸n prejudicial sobre el sistema de compensaci贸n econ贸mica por copia privada

19/09/14

En su escrito, los jueces explican que hasta ahora el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea no se ha pronunciado sobre esta forma de compensaci贸n econ贸mica. La Sala entiende que la compensaci贸n tiene que ser equitativa y debe reflejar el perjuicio sufrido, guardando un justo equilibrio entre los intereses de los titulares de los derechos de autor y de los usuarios, pero tambi茅n afirma que no es claro que cargar dicha compensaci贸n a los Presupuestos Generales impida alcanzar esos objetivos, pues el inter茅s econ贸mico de los titulares de derechos de autor puede quedar satisfecho por esta v铆a, por no mencionar que los usuarios resultan obviamente beneficiados.

La Sala no alcanza a ver con claridad que 鈥渓a compensaci贸n equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado tenga una incidencia negativa sobre el mercado interior, pues no se trata de una ayuda estatal a una actividad empresarial鈥 y tampoco que el mercado interior resulte distorsionado por la disparidad de condiciones en materia de copia privada que existe entre unos Estados miembros y otros.

El Tribunal Supremo ha dejado en suspenso la resoluci贸n de los recursos presentados por Entidad de Gesti贸n de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), de Derechos de Autos de Medios Audiovisuales (DAMA) y de Visual, Entidad de Gesti贸n de Artistas Pl谩sticos (VEGAP) contra Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, que regula el procedimiento para el pago de la compensaci贸n por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

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Crecen los conflictos legales de las apps con una jurisprudencia muy variada

15/09/14

Injurias realizadas a trav茅s de Twitter, mensajes de WhatsApp utilizados en juicios como prueba, robos de informaci贸n o fotograf铆as personales realizados en perfiles de Facebook.

Las defensas que realicen los letrados en este tipo de asuntos deber谩n ser novedosas, pero siempre tendr谩n que ce帽irse a la realidad normativa de su pa铆s y usar las armas legales de las que disponen, a la espera de que la legislaci贸n evolucione para hacer frente a las nuevas realidades del mundo virtual.

Uno de los mayores problemas de este nuevo universo legal es que las sentencias de los jueces var铆an demasiado entre tribunales, lo que provoca que no sea f谩cil crear una jurisprudencia clara y establecer herramientas 煤nicas para solucionar los mismos conflictos en diferentes territorios.

La Constituci贸n espa帽ola no hace ninguna referencia al anonimato. En estos asuntos, los jueces espa帽oles s贸lo podr谩n contraponer la libertad de expresi贸n de la persona que ha emitido el mensaje frente al derecho a la intimidad de aquel que se sienta perjudicado", explica Alonso Hurtado, socio del 谩rea de tecnolog铆as de la informaci贸n de Ecija.

Frente a la posibilidad de prohibir la aplicaci贸n, Alonso piensa que s贸lo se podr铆a plantear si fuera "un foco de comisi贸n de delitos o il铆citos claro. Sin embargo, esta posibilidad es bastante improbable. El verdadero problema en este asunto es que si la aplicaci贸n cumple los requisitos legales no existe ning煤n argumento para solicitar su cierre. En la mayor parte de los casos, el software se ci帽e a la normativa vigente y lo que es ilegal es el mal uso del mismo.

Otro de los problemas que engendran estas aplicaciones m贸viles es la limitaci贸n territorial de las decisiones de los tribunales. Es decir, que una aplicaci贸n puede estar prohibida en un pa铆s y ser completamente legal en el estado vecino porque las legislaciones son diferentes.

No siempre las aplicaciones tienen que llegar a los tribunales para ser prohibidas. Tambi茅n se dan casos en los que se incumplen derechos de propiedad intelectual o industrial y aplicaciones que son eliminadas por las plataformas virtuales porque incumplen los t茅rminos de servicio o porque son peligrosas, ya sea porque exaltan la violencia, incitan al consumo de alcohol o drogas o violan la intimidad de los usuarios. Existen infinidad de aplicaciones que han sido eliminadas por las tiendas virtuales Apple Store o Google Play.

La pol茅mica ha llegado hasta Espa帽a y la Uni贸n de Consumidores de Andaluc铆a ya ha solicitado la creaci贸n de regulaci贸n restrictiva en cuanto a las posibilidades de descargar estos programas.

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Confirmada la nulidad de un ERE por falta de causa legal e incumplimiento del procedimiento

03/09/14

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo aprecia fraude de ley, falta de causa legal e incumplimiento de los requisitos procedimentales en el expediente de regulaci贸n de empleo de la Agencia de Protecci贸n de Datos de la Comunidad de Madrid.
El despido colectivo que afect贸 a toda la plantilla -16 trabajadores- se inici贸 por extinci贸n de la personalidad jur铆dica de la Agencia de Protecci贸n de Datos de la Comunidad de Madrid, seg煤n la sentencia, cuando dicha extinci贸n jur铆dicamente todav铆a no se hab铆a producido. En este caso, se帽ala tambi茅n que no se entreg贸 ning煤n documento contable sobre la situaci贸n econ贸mica y financiera de la Agencia, s贸lo una Memoria Explicativa, y que las causas concretas que justifican el despido colectivo no pueden ser sustituidas por la mera invocaci贸n a la mala situaci贸n de la econom铆a en general, a la reducci贸n del gasto en el sector p煤blico y al ahorro que supone la extinci贸n.

La Sala de lo Social declara la responsabilidad solidaria de la Agencia y de la Comunidad de Madrid, y se帽ala que antes de que por ley se extinga, "se toma la decisi贸n de despedir colectivamente -con el incumplimiento palmario de los requisitos legales y procedimentales- a toda la plantilla de la misma para evitar que el 贸rgano administrativo que asuma sus funciones tenga que hacerse cargo del personal".
(Comunicaci贸n Poder Judicial)

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Se simplifica el proceso constitutivo de las fundaciones

01/09/14

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de Fundaciones que sustituir谩 a la vigente Ley del 26 de diciembre de 2002, con el objetivo de garantizar un mejor ejercicio del derecho de fundaci贸n y del cumplimiento de las obligaciones que de 茅l se derivan, tanto respecto de la sociedad -a trav茅s de los fines que justifican su existencia-, como de las administraciones p煤blicas, al supervisar su actuaci贸n y otorgar, cuando corresponde, beneficios fiscales.

El anteproyecto, formado por 44 art铆culos distribuidos en 10 cap铆tulos, garantiza la agilizaci贸n de la constituci贸n de las fundaciones mediante el asesoramiento que proporcionar谩 el Protectorado 煤nico en el 谩mbito de la Administraci贸n General del Estado. Con 茅l se acabar谩 con la dispersi贸n existente con distintos protectorados en funci贸n de los fines de la fundaci贸n, lo que genera dudas sobre a cu谩l acudir.

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Casi 270.000 personas se convierten en aut贸nomos con la tarifa plana de 50 euros

19/08/14

Un total de 267.964 personas se han aprovechado de la tarifa plana de 50 euros de cotizaci贸n a la Seguridad Social para convertirse en aut贸nomos, de los que casi el 41%, en concreto, 109.287, son j贸venes menores de 30 a帽os, seg煤n informa el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La tarifa plana de 50 euros para nuevos aut贸nomos se introdujo en el Real Decreto-ley de apoyo al emprendedor y de est铆mulo al crecimiento y a la creaci贸n de empleo aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2013, en el marco de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016.

Esta estrategia contempla una serie de medidas destinadas a impulsar la contrataci贸n juvenil y el emprendimiento para contribuir a reducir el paro en los menores de 30 a帽os.

Posteriormente, la Ley de Emprendedores ampli贸 el 谩mbito de aplicaci贸n de la tarifa plana de 50 euros a todos los nuevos aut贸nomos, con independencia de su edad.

Esta medida consiste en que durante los seis meses siguientes a la fecha de alta en el R茅gimen Especial de Trabajadores Aut贸nomos (RETA), los nuevos emprendedores se beneficiar谩n de una reducci贸n del 80% de la cuota, de forma que el nuevo aut贸nomo podr谩 cotizar durante el primer semestre por 50 euros, frente a los 250 euros que cotiza habitualmente de media. Posteriormente, y durante los siguientes seis meses, se aplicar谩 una nueva reducci贸n sobre la base m铆nima de un 50%.

Transcurrido este periodo, los aut贸nomos de 30 o m谩s a帽os se beneficiar谩n de una reducci贸n del 30% en su cotizaci贸n durante los seis meses siguientes. Por su parte, los hombres de hasta 30 a帽os y las mujeres de hasta 35 se beneficiar谩n del mantenimiento de una reducci贸n y una bonificaci贸n en sus cotizaciones de un 30% durante los siguientes 18 meses.

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Espa帽a ratifica el Convenio Iberoamericano sobre uso de la videoconferencia en la Cooperaci贸n Internacional entre Sistemas de Justicia

13/08/14

Instrumento de ratificaci贸n del Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la Cooperaci贸n Internacional entre Sistemas de Justicia, hecho en Mar del Plata el 3 de diciembre de 2010. (BOE n煤m. 196, de 13 de agosto de 2014)

El d铆a 3 de diciembre de 2010, el Plenipotenciario de Espa帽a, nombrado en buena y debida forma al efecto, firm贸 en Mar del Plata (Argentina) el Convenio Iberoamericano sobre el uso de la Videoconferencia en la Cooperaci贸n Internacional entre Sistemas de Justicia y Protocolo Adicional al Convenio Iberoamericano sobre el uso de videoconferencia en la Cooperaci贸n Internacional entre Sistemas de Justicia relacionado con los costos, r茅gimen ling眉铆stico y remisi贸n de solicitudes, hechos en el mismo lugar y fecha.

El presente Convenio favorece el uso de la videoconferencia entre las autoridades competentes de las Partes como un medio concreto para fortalecer y agilizar la cooperaci贸n mutua en materia civil, comercial y penal, y en otras materias que las Partes
acuerden de manera expresa.

Se tender谩 por 芦videoconferencia禄, en el 谩mbito de este Convenio, un sistema interactivo de comunicaci贸n que transmita, de forma simult谩nea y en tiempo real, imagen, sonido y datos a distancia de una o m谩s personas que presten declaraci贸n, ubicadas en un lugar distinto de la autoridad competente, para un proceso, con el fin de permitir la toma de declaraciones en los t茅rminos del derecho aplicable de los Estados involucrados.

El presente Convenio y Protocolo entraron en vigor de forma general y para Espa帽a el 17 de julio de 2014, de conformidad con lo dispuesto en sus art铆culos 11 y 4, respectivamente.

Puede leer el texto completo de la norma en www.bdifusion.es

El TS fija doctrina sobre el r茅gimen jur铆dico de la cl谩usula rebus sic stantibus

07/08/14

La Sala Primera del TS ha dictado una sentencia el 30 de junio de 2014 por la que establece los criterios de aplicaci贸n de la cl谩usula rebus sic stantibus, y la relevancia de la actual cr铆sis econ贸mica para la apreciaci贸n de su concurrencia

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Aprobado el Proyecto de Jurisdicci贸n Voluntaria

04/08/14

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisi贸n a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Jurisdicci贸n Voluntaria que sistematiza la dispersa normativa existente en la materia, y cuyo objetivo es simplificar y actualizar los procedimientos en aquellos asuntos en los que no hay controversia, pero s铆 se necesita que intervenga un 贸rgano judicial para la tutela de determinados derechos e intereses relativos al Derecho Civil y Mercantil.

El Proyecto de Ley cumple con el mandato que la Ley de Enjuiciamiento Civil, del 7 de enero del 2000, daba al Gobierno para el desarrollo de una Ley de Jurisdicci贸n Voluntaria. El texto aprobado hoy, que cuenta con mejoras t茅cnicas tras estudiar los informes emitidos por los 贸rganos consultivos, distingue entre lo que es propiamente jurisdicci贸n voluntaria, en la que los expedientes son tramitados en sede judicial por jueces o secretarios judiciales (detallados en los 134 art铆culos del Proyecto de Ley), y aquellos otros asuntos que pasar谩n a ser expedientes notariales y registrales. Estos se regular谩n en otras leyes, seg煤n se establece en las disposiciones adicionales del texto, y son encomendados a notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

Con esta distinci贸n entre expedientes se da un paso m谩s en la consecuci贸n de uno de los objetivos del Ministerio de Justicia, que es lograr que los jueces y magistrados puedan centrarse en su verdadera funci贸n: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Adem谩s, se reducen costes para el ciudadano y se agilizan los tr谩mites ya que, al ordenar los procedimientos referidos a la jurisdicci贸n voluntaria que se mantienen en sede judicial, se hace posible que en muchos de ellos deje de ser necesaria la presencia de abogado y procurador.

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El Ministro presenta el nuevo Estatuto de la V铆ctima del Delito

31/07/14

Es fundamental ofrecer a la v铆ctima directa, y tambi茅n a la indirecta (los familiares en caso de fallecimiento o desaparici贸n, entre los que por primera vez se incluir谩 a los hijos de su pareja si conviv铆an con ella), las m谩ximas facilidades para el ejercicio y tutela de sus derechos. Eso se conseguir谩 reduciendo los tr谩mites innecesarios que supongan una segunda victimizaci贸n (por ejemplo, eliminando declaraciones que puedan ser prescindibles y que puedan producirle alg煤n trauma) y otorg谩ndole informaci贸n y orientaci贸n sobre los derechos y servicios que le corresponden.

Para hacer efectivas estas actuaciones, siempre orientadas a la persona, lo que exige una evaluaci贸n y un trato individualizado de toda v铆ctima, es imprescindible la m谩xima colaboraci贸n entre las distintas Administraciones P煤blicas, el Poder Judicial, los colectivos de v铆ctimas, los profesionales que las atienden y el conjunto de la sociedad a trav茅s de protocolos de actuaci贸n, como, por ejemplo, los firmados la semana pasada sobre Menores Extranjeros No Acompa帽ados (MENAs) o el de Desplazamientos de v铆ctimas de violencia de g茅nero y sus hijos entre casas de acogida. El proyecto de ley prev茅 que "toda v铆ctima tiene derecho a la protecci贸n, informaci贸n, apoyo, asistencia y atenci贸n [鈥 desde su primer contacto con la autoridad [鈥, a lo largo de todo el proceso penal y por un periodo de tiempo adecuado despu茅s de su conclusi贸n". Por eso tambi茅n se promover谩n las Oficinas de Asistencia a las V铆ctimas, tanto del Ministerio como de las Comunidades Aut贸nomas, a las que tendr谩n que ser derivadas las v铆ctimas que lo necesiten en funci贸n de la gravedad del delito o cuando lo soliciten.

El art铆culo 10 del proyecto de ley incluye tambi茅n una importante novedad que consiste en que los hijos menores que se encuentran en un entorno de violencia de g茅nero o de violencia dom茅stica tendr谩n derecho a las mismas medidas de asistencia y protecci贸n que las v铆ctimas de estos delitos.

Derechos de la v铆ctima

El nuevo Estatuto atribuye una serie de derechos a las v铆ctimas est茅n o no personadas en el proceso penal. As铆, todas ellas tendr谩n derecho a que se les proporcione informaci贸n en un lenguaje comprensible sobre c贸mo interponer una denuncia, los servicios asistenciales de los que dispone y c贸mo pueden acceder a medidas de protecci贸n y a asesoramiento legal, as铆 como a la traducci贸n de las resoluciones que se produzcan.

Se reconoce el derecho de la v铆ctima a estar acompa帽ada por la persona que designe y a ser informada sobre la causa abierta por el delito que sufri贸 aunque no est茅 personada. Se le informar谩 de cu谩ndo se celebrar谩 el juicio, se le notificar谩n las sentencias y los sobreseimientos, as铆 como la adopci贸n de medidas cautelares y de libertad del encausado y las resoluciones de las autoridades judiciales o penitenciarias que puedan poner en riesgo la seguridad de la v铆ctima (permisos de salida, por ejemplo), siempre y cuando lo solicite previamente y exista una situaci贸n de peligro. En el caso de v铆ctimas de violencia de g茅nero, estas ser谩n informadas de la situaci贸n en la que se encuentre el encausado (puesta en libertad, fuga o medidas cautelares) incluso sin que lo hayan solicitado, salvo que manifiesten su voluntad expresa de no ser notificadas.

En los casos de grandes cat谩strofes, los abogados y procuradores no podr谩n dirigirse a las v铆ctimas para ofrecerles sus servicios profesionales hasta que no haya transcurrido un mes desde el suceso. Esta prohibici贸n quedar谩 sin efecto en el caso de que la prestaci贸n de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la v铆ctima.

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El Supremo declara la competencia espa帽ola en materia internacional

28/07/14

El Tribunal Supremo reconoce as铆, la jurisdicci贸n espa帽ola para apresar barcos en alta mar que lleven droga, siempre que los tratados internacionales otorguen competencia para el apresamiento
La Sala ha revocado as铆 la decisi贸n de sobreseer la causa adoptada por la Audiencia Nacional al entender que Espa帽a es competente en virtud del art铆culo 23.4.d de la Ley Org谩nica del Poder Judicial en los casos de abordaje por supuesto delito de tr谩fico de drogas en el 谩mbito marino. El apartado d del citado precepto reconoce la jurisdicci贸n para apresar barcos en alta mar que lleven droga, siempre que los tratados internacionales otorguen competencia para el apresamiento. Los magistrados del Supremo han entendido que en este caso -y en todos en los que se den las mismas circunstancias- la jurisdicci贸n viene otorgada por la Convenci贸n de Viena de 1988 y por los acuerdos del mar de Montego Bay de 1982. (Comunicaci贸n Poder Judicial)

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Un paso m谩s hacia la nueva Ley de Propiedad Intelectual

23/07/14

El Congreso aprob贸 ayer la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que solo queda el tr谩mite en el Senado, que se espera sea este oto帽o para que la ley entre en vigor a partir del 2015.

Durante la tramitaci贸n parlamentaria se han presentado 169 enmiendas al texto que aprob贸 el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero.

La norma recog铆a entre otras, la compensaci贸n econ贸mica que se debe dar a los autores de las noticias por la explotaci贸n de su informaci贸n en el 谩mbito de los agregadores de noticias en internet, es decir, la "tasa google".

No obstante, y a la espera de la normativa comunitaria sobre protecci贸n de datos, se prev茅 que la citada reforma sufra importantes cambios antes de su entrada en vigor.

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La Abogac铆a en bloque se manifestar谩 el 24 de julio en Madrid en protesta por las reformas en Justicia y Colegios Profesionales impulsadas por el Gobierno

18/07/14

La abogac铆a institucional ha convocado una concentraci贸n en Madrid el pr贸ximo jueves, 24 de julio, para manifestar su rechazo al proyecto de Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita y al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Los 14 Colegios de Abogados Catalanes participar谩n en la concentraci贸n de los decanos y de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de todo el Estado, en protesta por estas y otras normas que promueve el Gobierno estatal, y especialmente el Ministerio de Justicia, por considerar que alejan la Justicia y afectan a la defensa de los derechos de los ciudadanos.

La concentraci贸n reunir谩 a los m谩ximos representantes -decanos y dem谩s miembros de las Juntas de Gobierno- de los 83 Colegios de Abogados de todo el Estado Espa帽ol -entre los cuales los 14 catalanes- en el Consejo General de la Abogac铆a Espa帽ola (CGAE), para recorrer juntos el trayecto que separa la sede del CGAE del Ministerio de Justicia. La Abogac铆a manifestar谩 de esta forma su m谩s rotundo rechazo al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, a punto de ser aprobado por el Consejo de Ministros, y al proyecto de Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita, que ya ha recibido luz verde por el Consejo de Ministros y pendiente s贸lo de ser debatido en el Senado para su aprobaci贸n definitiva.

La manifestaci贸n pretende tambi茅n extender el rechazo del colectivo de la Abogac铆a al resto de reformas en materia de Justicia impulsadas por el ministro Alberto Ruiz- Gallard贸n, como la controvertida Ley de Tasas Judiciales -en vigor desde noviembre de 2012, y pendiente de varios recursos de inconstitucionalidad- o el anteproyecto de Ley Org谩nica del Poder Judicial (LOPJ) aprobado el pasado mes de abril por el Consejo de Ministros, que prev茅 la desaparici贸n de los actuales partidos judiciales y la centralizaci贸n en las capitales de cada provincia de los 贸rganos judiciales.

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