Anulada la medida de localización permanente de deportistas para controles antidopaje por desproporcionada

26/09/16

El Tribunal Supremo la considera “desproporcionada y contraria al derecho a la intimidad”
La Sala III del Tribunal Supremo ha ratificado la anulación parcial de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 4 de febrero de 2013, al considerar que el formulario de localización de deportistas que establece, dentro del Plan Individualizado de Controles Antidopaje, vulnera su derecho a la intimidad. El alto tribunal destaca que no está en cuestión la represión del dopaje, sino el nivel de localización que la citada Resolución del CSD exige a los deportistas, que no puede calificarse de ‘localización habitual’ sino ‘localización permanente’, ya que alcanza a todos los días y horas del año, lo que resulta desproporcionado.
El Supremo rechaza el recurso de la Administración General del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que estimó un recurso de la Asociación de Ciclistas Profesionales, y anuló parcialmente el anexo II de la resolución mencionada, que es donde se regula el formulario de localización. Anulación que ahora se confirma.
Para el Supremo, “se trata de una medida que somete al deportista a un control permanente durante todas las jornadas y horas del año, excediendo así de lo que pueda considerarse como “habitual o frecuente”, y debe calificarse de medida desproporcionada y contraria al derecho a la intimidad, equiparable (…) a medidas de carácter penal de localización permanente, sin que exista la comisión de un delito”.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Arozamena, recuerda que el artículo 5.3 de la Ley Orgánica 7/2007, de 21 de noviembre, de lucha contra el dopaje en el deporte, prevé una localización habitual pero no permanente. Y el anexo II de la resolución excede de esa previsión legal y de la reglamentaria que le da cobertura, siendo contrario al derecho a la intimidad protegido por el artículo 18 de la Constitución.
La sentencia señala que una cosa es la represión del dopaje deportivo y otra el límite de lo tolerable para lograr ese objetivo de lo que se ha dado en denominar “buen orden deportivo”. “La realización de los controles fuera de competición parece requerir contar con información sobre el paradero habitual de los deportistas; se impone por ello a estos últimos la obligación de declararlo”, señalan los magistrados, que advierten a continuación: “Ahora bien, si no todo vale para competir –y de eso no cabe duda- tampoco vale todo para controlar”.

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El TJUE establece la misma indemnización para fijos y temporales

21/09/16

En su sentencia, el TJUE ha visto el caso de una trabajadora interina que no tenía derecho a indemnización por despido. El tribunal ha declarado que esta diferenciación con respecto a los trabajadores fijos es contraria al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada de la Directiva 1999/70 en tanto supone una discriminación que no puede justificarse por causas objetivas. Pero ha ido más allá, y ha aseverado que la diferente indemnización entre temporales y fijos, 12 días para trabajadores de duración determinada y 20 para los fijos, también supone una discriminación no justificada en tanto se apoya únicamente en la diferente duración del contrato.
El TJUE responde así a las preguntas manifestadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que vio el recurso interpuesto por la trabajadora interina a la que se le denegaba la indemnización tras trabajar 7 años en el mismo lugar de trabajo. En la sentencia, el tribunal recuerda que la cláusula 1 del Acuerdo marco tiene por objeto impedir la discriminación del trabajo de duración determinada, así como establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de contratos temporales encadenados. La discriminación no debe producirse en las condiciones de trabajo, no debiendo ser estas peores que las de los trabajadores fijos.
El Tribunal resuelve, en primer lugar, sobre la cuestión de si la indemnización por finalización de contrato entra dentro del concepto “condiciones de trabajo”. Al respecto señala que la indemnización, dado que se concede al trabajador por razón de la finalización del contrato de trabajo que le vincula a su empresario, está incluida en el concepto de condiciones de trabajo.
En relación con el Acuerdo marco, el TJUE recuerda que “su apartado 1 establece una prohibición, en lo que respecta a las condiciones de trabajo, de tratar a los trabajadores con contrato de duración determinada de manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.”
Por tanto, existiendo una desigualdad en el trato, deberá estarse a la comparabilidad de las situaciones controvertidas y a la existencia de una posible justificación objetiva para determinar si tal desigualdad es discriminatoria o estaría por el contrario justificada.

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El Consejo de la UE aprueba la Directiva sobre accesibilidad web del sector público

21/07/16

El objeto de la Directiva es que los productos y servicios digitales sean accesibles a todos los usuarios Para ello, la Directiva simplificará en gran medida la accesibilidad y el uso de los servicios por las personas con discapacidad.
Así, los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles de las administraciones, hospitales públicos, tribunales y otros organismos públicos deberán cumplir normas europeas de accesibilidad comunes. La Directiva establece condiciones mínimas y permite que los Estados miembros establezcan requisitos aún más estrictos. También pueden aplicar estos requisitos u otros adicionales a los sitios web y a las aplicaciones para dispositivos móviles de otros tipos de organizaciones.
Los usuarios podrán solicitar información específica si el contenido no está accesible, o informar sobre problemas de conformidad, simplemente pulsando en un enlace para información de retorno.
Para asegurarse de que las normas se ponen en práctica, los Estados miembros deben supervisar la conformidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de su sector público. Un mecanismo de ejecución garantizará que las solicitudes y notificaciones reciben debida respuesta.
Se espera que un conjunto armonizado de medidas suponga un impulso para el desarrollo y la venta de más productos de accesibilidad automatizados e innovadores.
Mas información en http://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/el-consejo-de-la-ue-apr...

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El Supremo señala que los progenitores no tienen legitimidad para plantear una demanda de paternidad en nombre de sus hijos si hay intereses contrapuestos

06/07/16

La resolución del Tribunal Supremo recoge la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que legitima los límites que la ley establezca para la satisfacción del interés del hijo cuando existe conflicto de interés entre el del progenitor a ver declarada su paternidad y la situación familiar que vive el hijo
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha confirmado la falta de legitimación de una madre para, como representante de su hija, plantear una demanda de reclamación de paternidad extramatrimonial de la niña e impugnación de la filiación matrimonial, debido a que, en el caso examinado, existen intereses contrapuestos entre madre e hija.
El procedimiento se inició cuando la madre, como representante legal de su hija, interpuso una demanda en la que reclamaba la paternidad de quien afirmaba que era el padre biológico y, complementariamente, impugnaba la filiación matrimonial de su exmarido, que constaba formalmente en el Registro Civil como progenitor, alegando que la filiación registral se había determinado por un reconocimiento de complacencia y que debía fijarse la filiación acorde con la verdad biológica.
La sentencia de primera instancia estimó la demanda por considerar, sustancialmente, que la filiación biológica extramatrimonial no había sido discutida por las partes y que existía, además,prueba directa de la paternidad.
Posteriormente, la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación interpuesto por el padre registral al considerar que, frente a la línea jurisprudencial tendente a dar prevalencia a la verdad biológica, en este caso tenían mayor peso específico las razones que amparan la tesis de la irrevocabilidad del reconocimiento de complacencia, por entender que el bien de la hija estaba precisamente en el mantenimiento de la paternidad impugnada, y que la madre atendía a intereses puramente particulares y ajenos al interés superior de la menor.
La sentencia del Tribunal Supremo, aunque desestima el recurso de casación, considera que la razón de la desestimación de la demanda no debe ser la irrevocabilidad del reconocimiento de complacencia. Esta cuestión sólo sería relevante en la acción de impugnación de la filiación extramatrimonial, que no es la que se había ejercitado con carácter principal, porque por su propia naturaleza está subordinada al éxito de la acción de reclamación de la filiación matrimonial.
La Sala considera, en cambio, que falta la legitimación de la madre para ejercitar en nombre de su hija las acciones de filiación por el conflicto de intereses apreciado y que ésta es la razón por la que debe desestimarse su demanda
La sentencia explica los principios generales que inspiran el ejercicio de las acciones de filiación y la protección del interés de los menores y se hace eco de los riesgos que puede causar la colisión entre el derecho de los progenitores y el de los hijos cuando el ejercicio de este tipo de acciones irrumpe en una realidad familiar ya asentada, por contraposición entre la verdad biológica y la preservación de la paz familiar en interés del hijo si se encuentra en una situación consolidada de familia que ha podido formarse al margen de la biológica.

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La inversión en Justicia Gratuita se mantiene estable en 2015 con una leve reducción del 0,3%

05/07/16

905.000 solicitudes de Justicia Gratuita en 2015, de las cuales 621.000 se tramitaron a través del Expediente Electrónico
Una vez pasado el impacto de las tasas judiciales tras su derogación para los ciudadanos en febrero de 2015 se ha producido una leve disminución del 0,3% del gasto en Justicia Gratuita con respecto a 2014, alcanzando una inversión de 227,1 millones de euros frente a los 227,8 millones de 2014. Esta es una de la conclusiones del X Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita en España, elaborado por Abogacía Española y Wolters Kluwer, y presentado hoy por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; la presidenta de Wolters Kluwer,Rosalina Díaz; el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, Antonio Morán, y la directora adjunta y analista de Metroscopia, Silvia Bravo.
Victoria Ortega ha destacado que la Ley de Justicia Gratuita ha sido muy positiva “pero tras 20 años de funcionamiento necesita una mejora” ya que se necesita un “impulso para utilizar el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita, establecer los servicios de vigilancia penitenciaria, realizar una dotación presupuestaria suficiente para que los abogados del turno de oficio tengan un cobro digno, prestar asesoramiento a los refugiados, son todas, entre otras, las reformas necesarias”.
Por su parte, Antonio Morán ha pedido que se regule de forma actualizada el marco legal de la Justicia Gratuita, recordando que uno de los elementos fundamentales que integran el Pacto de Estado por la Justicia es la reforma del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Durán ha recordado que la Justicia Gratuita apenas representa el 6,5% de los presupuestos de Justicia de todo el Estado.

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El Supremo clarifica la prelación del pago de los honorarios de la administración concursal cuando hay insuficiencia de masa activa

01/07/16

El Tribunal Supremo determina en su Sentencia de 8 de junio de 2016 el orden de prelación de pagos del concurso cuando existe insuficiencia de masa activa, en relación al crédito generado por los honorarios de la administración concursal.
Al respecto, el Supremo señala que dado que el artículo 176 bis 2, que es el que dispone el orden de prelación, no hace mención expresa a los honorarios de la administración concursal, se genera la duda de si deben incluirse en el apartado residual del número 5 (“los demás créditos contra la masa”) o pueden asimilarse a las costas y gastos judiciales, que se encuentran en el apartado cuarto.
La Sentencia recurrida que da lugar a la Sentencia del Tribunal Supremo, había considerado que los honorarios debían asimilarse a las costas y gastos judiciales, al considerar que no debían postergarse como si fueran de peor condición que la de los demás profesionales cuyas minutas se incluyen dentro de tal concepto.
El Tribunal Supremo realiza una diferenciación entre los gastos judiciales y las retribuciones de la administración concursal. En los primeros describe que se trata de los indispensables para el desarrollo del procedimiento, como los derivados de incidentes concursales e incluso de costas y gastos ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o de los acreedores en los juicios que, en interés de la masa inicien o continuén de acuerdo con la propia ley.
Por otro lado, los honorarios de la administración concursal los considera como gastos de administración, que deberán incluirse entre los demás créditos contra la masa del apartado cinco del 176 bis 2 LC.
Por lo que, concluye “habrá actuaciones de la administración concursal que puedan ser consideradas costas y gastos de justicia, en los términos expuestos, pero los honorarios corresponden a otro concepto, que es el de gastos de administración.”
No todos los actos de la administración concursal reciben el tratamiento singular del 176 bis 2 LC
El Supremo atribuye a la administración concursal la cualidad de órgano imprescindible del concurso, sin cuya actuación el procedimiento “devendría imposible y encallaría sin solución”.
Sin embargo, recuerda que el 176 bis 2 LC establece un matiz, pues no da tratamiento singular a todos los actos de la administración generadores del derecho a honorarios, sino únicamente “a aquellos que tengan el carácter de imprescindibles, una vez que se ha comunicado la insuficiencia de masa activa. Por ello, a falta de identificación legal expresa, resulta exigible que sea la propia administración concursal quien identifique con precisión qué actuaciones son estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el pago, y cuál es su importe, para que el juez del concurso, con audiencia del resto de acreedores contra la masa ( art. 188.2 LC ), valore aquellas circunstancias que justifiquen un pago prededucible.”

Puede leer la Sentencia en www.casosreales.es número de marginal: 69743196

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La Abogacía denuncia que la CNMC podría estar protegiendo los intereses de Bankia al pretender controlar la adecuación a derecho de las resoluciones judiciales

28/06/16

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española en su reunión celebrada el viernes 24 de junio aprobó una declaración institucional mostrando su indignación por el expediente sancionador abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra nueve Colegios de Abogados que realizaron -a requerimiento de los tribunales- informes no vinculantes y ajustados a derecho sobre las costas procesales en el caso Bankia

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El Gobierno refuerza el apoyo tecnológico a la actividad judicial

05/10/15

Esta encomienda permitirá impulsar técnicamente las plataformas y sistemas de información y otras actuaciones relacionadas con la modernización tecnológica de la Administración de Justicia para cumplir con los compromisos establecidos en el Plan 2015 para la aceleración de la Justicia en entornos digitales. La entidad TRAGSATEC desarrollará está encomienda por un periodo de un año.

El grado de especialización y la complejidad de los planes estratégicos aprobados en esta Legislatura para el desarrollo de la modernización tecnológica de la Administración de Justicia exigen el mantenimiento, la evolución funcional e interoperabilidad del Sistema Integral de Registros Judiciales (SIRAJ), así como la mejora de la arquitectura técnica global de plataformas judiciales como el Expediente Judicial Electrónico de la Audiencia Nacional, la Firma Electrónica y portafirmas del Ministerio de Justicia o la integración de los servicios judiciales en un punto único de acceso para todos los operadores.

La encomienda incluye, entre otras actuaciones, la adaptación del Sistema de Información del Ministerio Fiscal, el soporte técnico y funcional a la Fiscalía General del Estado y la mejora del actual archivo judicial del Tribunal Supremo.

(LaMoncloa

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Las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal son públicas

14/09/15

En el artículo único se introduce en pesta Ley Orgánica un nuevo artículo 235 ter en la
Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo primer apartado reconoce el carácter público del
acceso al fallo de las sentencias condenatorias firmes en materias especialmente
relevantes para el control fiscal: delitos contra la Hacienda Pública, delitos de insolvencia
punible, cuando el acreedor sea el erario público o, finalmente, los delitos de contrabando,
permitiendo en estos supuestos el acceso público a determinados datos personales del
condenado o del responsable civil.
En el apartado segundo se desarrolla la anterior previsión, estableciendo que el acceso
público se efectuará mediante la publicación de un extracto del fallo condenatorio que
contenga únicamente los datos que permitan la identificación del proceso, del condenado
y del responsable civil, el delito por el que lo haya sido, así como la pena y la cuantía de la
responsabilidad civil impuesta. De este modo quedan plenamente salvaguardados los
derechos a la protección de datos de otras personas que hubieran podido participar en el
proceso, pero que no resulten afectadas por la condena, limitando el ámbito de la
publicidad a aquello que es estrictamente necesario para cumplir con la finalidad
perseguida. El extracto y la publicidad se efectuarán por el Secretario Judicial, quien, de
conformidad con lo señalado en los artículos 452 y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, asume en exclusiva la función de fe pública judicial e
igualmente ha asumido importantes funciones en materia de ejecución de las sentencias
en los términos establecidos por las leyes procesales.
La publicidad se efectuará a través del «Boletín Oficial del Estado», por lo que los
datos gozarán de la garantía adicional que supone la aplicación de su normativa específica,
impidiendo un tratamiento indebido de los mismos gracias a la desindexación de los datos

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Aprobada la Ley de Seguridad Nacional

11/09/15

Esta Ley es la primera que en el ordenamiento jurídico español aborda la Seguridad Nacional de forma integral implicando a todas las Administraciones Públicas y a la sociedad en general. Su elaboración se inició en 2013, fruto de la necesidad de incorporar la Seguridad Nacional en el ordenamiento jurídico español mediante una norma legal, en cumplimiento de lo establecido en la Estrategia de Seguridad Nacional.

La Ley es una respuesta a los nuevos retos a la seguridad que afectan a la sociedad del siglo XXI. Define la Seguridad Nacional y refuerza las capacidades del Estado para ofrecer soluciones a estos desafíos de forma rápida, eficaz y coordinada.

Para hacer frente a las crisis de forma tanto preventiva como reactiva, el Consejo de Seguridad Nacional dirige y coordina las actuaciones pertinentes, y estará asistido por un Comité Especializado de gestión de crisis, que busca mejorar la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas para favorecer la rapidez y flexibilidad en la respuesta a estas situaciones.

Situaciones de interés para la Seguridad Nacional

Una novedad importante de la Ley es la regulación de las situaciones de interés para la Seguridad Nacional, que viene a rellenar un vacío normativo existente entre las crisis más graves contempladas en la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio, y aquellas otras que se afrontan con los medios y recursos habituales de las autoridades competentes.

En esta nueva situación no se ven afectados los derechos fundamentales y libertades públicas, pues su finalidad es permitir una coordinación más eficiente en el uso de los instrumentos del Estado, ni implica la alteración del desempeño ordinario de las respectivas atribuciones por parte de las autoridades competentes, que actuarán, desde la declaración de la situación por el presidente del Gobierno, bajo la dirección del Gobierno.

El funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional se basa, principalmente, en el ejercicio responsable y solidario del conjunto de las Administraciones Públicas de los principios de coordinación y cooperación en los respectivos ámbitos competenciales.

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El Constitucional podrá multar y suspender a las Administraciones que no cumplan sus resoluciones

02/09/15

El Partido Popular ha presentado una proposición de ley de reforma del TC para multar e incluso suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplan sus sentencias y resoluciones, una iniciativa aplicable a todas las Administraciones

Con este trámite de urgencia se evita que tengan que pronunciarse de manera preceptiva el Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.

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Más de 60 millones de euros para eliminar el papel en la Administración de Justicia

24/08/15

El Ministerio de Justicia tendrá, en 2016, 64,6 millones de euros para su plan de modernización tecnológica, es decir, 17 millones más que en 2015, lo que representa un incremento del 26%. Esta cuantía permitirá avanzar en conseguir una justicia sin papel y una mejora en el intercambio de información online entre las administraciones.
La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, ha destacado durante la presentación de las cuentas de su departamento para 2016, en la Comisión de Presupuestos del Congreso, los 64,6 millones que se invertirán en alcanzar el papel cero en la Administración de Justicia.
El ministerio de Justicia contará en 2016 con un presupuesto total de 1.577 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,2 % al aumentar en 106,5 millones con respecto a los de este año.
De esa cifra, 97,9 millones se corresponden al capítulo de inversiones, el que experimenta un mayor aumento (20 millones más), que engloba el plan de modernización de la justicia en los entornos digitales, al que se destinan 17 millones más.
Esta modernización tendrá tres vertientes, según ha indicado la secretaria de Estado. Una de ellas es la que pretende conseguir la tan buscada justicia sin papel, valiéndose de aplicaciones para compartir datos con abogados y otras personas del ámbito jurídico.
La segunda será la justicia en red, con registros que engloben al conjunto de administraciones públicas, y la última buscará facilitar el intercambio internacional de información por Internet.
La mayor parte del presupuesto -1.303 millones de euros- se destinará al departamento de personal, que se ha visto incrementado en un 7%.
Sánchez-Cortés ha explicado que, en 2016, se mantendrá la oferta pública de empleo en jueces y fiscales, en torno a 100 plazas, y también la del resto del personal, más de 2.000, lo que implica avanzar para conseguir la profesionalización de la justicia y que haya menos jueces sustitutos e interinos.

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