El Consejo de la UE aprueba la Directiva sobre accesibilidad web del sector p煤blico

21/07/16

El objeto de la Directiva es que los productos y servicios digitales sean accesibles a todos los usuarios Para ello, la Directiva simplificar谩 en gran medida la accesibilidad y el uso de los servicios por las personas con discapacidad.
As铆, los sitios web y las aplicaciones para dispositivos m贸viles de las administraciones, hospitales p煤blicos, tribunales y otros organismos p煤blicos deber谩n cumplir normas europeas de accesibilidad comunes. La Directiva establece condiciones m铆nimas y permite que los Estados miembros establezcan requisitos a煤n m谩s estrictos. Tambi茅n pueden aplicar estos requisitos u otros adicionales a los sitios web y a las aplicaciones para dispositivos m贸viles de otros tipos de organizaciones.
Los usuarios podr谩n solicitar informaci贸n espec铆fica si el contenido no est谩 accesible, o informar sobre problemas de conformidad, simplemente pulsando en un enlace para informaci贸n de retorno.
Para asegurarse de que las normas se ponen en pr谩ctica, los Estados miembros deben supervisar la conformidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos m贸viles de su sector p煤blico. Un mecanismo de ejecuci贸n garantizar谩 que las solicitudes y notificaciones reciben debida respuesta.
Se espera que un conjunto armonizado de medidas suponga un impulso para el desarrollo y la venta de m谩s productos de accesibilidad automatizados e innovadores.
Mas informaci贸n en http://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/el-consejo-de-la-ue-apr...

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El Supremo se帽ala que los progenitores no tienen legitimidad para plantear una demanda de paternidad en nombre de sus hijos si hay intereses contrapuestos

06/07/16

La resoluci贸n del Tribunal Supremo recoge la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que legitima los l铆mites que la ley establezca para la satisfacci贸n del inter茅s del hijo cuando existe conflicto de inter茅s entre el del progenitor a ver declarada su paternidad y la situaci贸n familiar que vive el hijo
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha confirmado la falta de legitimaci贸n de una madre para, como representante de su hija, plantear una demanda de reclamaci贸n de paternidad extramatrimonial de la ni帽a e impugnaci贸n de la filiaci贸n matrimonial, debido a que, en el caso examinado, existen intereses contrapuestos entre madre e hija.
El procedimiento se inici贸 cuando la madre, como representante legal de su hija, interpuso una demanda en la que reclamaba la paternidad de quien afirmaba que era el padre biol贸gico y, complementariamente, impugnaba la filiaci贸n matrimonial de su exmarido, que constaba formalmente en el Registro Civil como progenitor, alegando que la filiaci贸n registral se hab铆a determinado por un reconocimiento de complacencia y que deb铆a fijarse la filiaci贸n acorde con la verdad biol贸gica.
La sentencia de primera instancia estim贸 la demanda por considerar, sustancialmente, que la filiaci贸n biol贸gica extramatrimonial no hab铆a sido discutida por las partes y que exist铆a, adem谩s,prueba directa de la paternidad.
Posteriormente, la Audiencia Provincial estim贸 el recurso de apelaci贸n interpuesto por el padre registral al considerar que, frente a la l铆nea jurisprudencial tendente a dar prevalencia a la verdad biol贸gica, en este caso ten铆an mayor peso espec铆fico las razones que amparan la tesis de la irrevocabilidad del reconocimiento de complacencia, por entender que el bien de la hija estaba precisamente en el mantenimiento de la paternidad impugnada, y que la madre atend铆a a intereses puramente particulares y ajenos al inter茅s superior de la menor.
La sentencia del Tribunal Supremo, aunque desestima el recurso de casaci贸n, considera que la raz贸n de la desestimaci贸n de la demanda no debe ser la irrevocabilidad del reconocimiento de complacencia. Esta cuesti贸n s贸lo ser铆a relevante en la acci贸n de impugnaci贸n de la filiaci贸n extramatrimonial, que no es la que se hab铆a ejercitado con car谩cter principal, porque por su propia naturaleza est谩 subordinada al 茅xito de la acci贸n de reclamaci贸n de la filiaci贸n matrimonial.
La Sala considera, en cambio, que falta la legitimaci贸n de la madre para ejercitar en nombre de su hija las acciones de filiaci贸n por el conflicto de intereses apreciado y que 茅sta es la raz贸n por la que debe desestimarse su demanda
La sentencia explica los principios generales que inspiran el ejercicio de las acciones de filiaci贸n y la protecci贸n del inter茅s de los menores y se hace eco de los riesgos que puede causar la colisi贸n entre el derecho de los progenitores y el de los hijos cuando el ejercicio de este tipo de acciones irrumpe en una realidad familiar ya asentada, por contraposici贸n entre la verdad biol贸gica y la preservaci贸n de la paz familiar en inter茅s del hijo si se encuentra en una situaci贸n consolidada de familia que ha podido formarse al margen de la biol贸gica.

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La inversi贸n en Justicia Gratuita se mantiene estable en 2015 con una leve reducci贸n del 0,3%

05/07/16

905.000 solicitudes de Justicia Gratuita en 2015, de las cuales 621.000 se tramitaron a trav茅s del Expediente Electr贸nico
Una vez pasado el impacto de las tasas judiciales tras su derogaci贸n para los ciudadanos en febrero de 2015 se ha producido una leve disminuci贸n del 0,3% del gasto en Justicia Gratuita con respecto a 2014, alcanzando una inversi贸n de 227,1 millones de euros frente a los 227,8 millones de 2014. Esta es una de la conclusiones del X Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita en Espa帽a, elaborado por Abogac铆a Espa帽ola y Wolters Kluwer, y presentado hoy por la presidenta del Consejo General de la Abogac铆a Espa帽ola, Victoria Ortega; la presidenta de Wolters Kluwer,Rosalina D铆az; el presidente de la Comisi贸n de Asistencia Jur铆dica Gratuita del Consejo General de la Abogac铆a Espa帽ola, Antonio Mor谩n, y la directora adjunta y analista de Metroscopia, Silvia Bravo.
Victoria Ortega ha destacado que la Ley de Justicia Gratuita ha sido muy positiva 鈥減ero tras 20 a帽os de funcionamiento necesita una mejora鈥 ya que se necesita un 鈥渋mpulso para utilizar el Expediente Electr贸nico de Justicia Gratuita, establecer los servicios de vigilancia penitenciaria, realizar una dotaci贸n presupuestaria suficiente para que los abogados del turno de oficio tengan un cobro digno, prestar asesoramiento a los refugiados, son todas, entre otras, las reformas necesarias鈥.
Por su parte, Antonio Mor谩n ha pedido que se regule de forma actualizada el marco legal de la Justicia Gratuita, recordando que uno de los elementos fundamentales que integran el Pacto de Estado por la Justicia es la reforma del Servicio de Asistencia Jur铆dica Gratuita. Dur谩n ha recordado que la Justicia Gratuita apenas representa el 6,5% de los presupuestos de Justicia de todo el Estado.

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El Supremo clarifica la prelaci贸n del pago de los honorarios de la administraci贸n concursal cuando hay insuficiencia de masa activa

01/07/16

El Tribunal Supremo determina en su Sentencia de 8 de junio de 2016 el orden de prelaci贸n de pagos del concurso cuando existe insuficiencia de masa activa, en relaci贸n al cr茅dito generado por los honorarios de la administraci贸n concursal.
Al respecto, el Supremo se帽ala que dado que el art铆culo 176 bis 2, que es el que dispone el orden de prelaci贸n, no hace menci贸n expresa a los honorarios de la administraci贸n concursal, se genera la duda de si deben incluirse en el apartado residual del n煤mero 5 (鈥渓os dem谩s cr茅ditos contra la masa鈥) o pueden asimilarse a las costas y gastos judiciales, que se encuentran en el apartado cuarto.
La Sentencia recurrida que da lugar a la Sentencia del Tribunal Supremo, hab铆a considerado que los honorarios deb铆an asimilarse a las costas y gastos judiciales, al considerar que no deb铆an postergarse como si fueran de peor condici贸n que la de los dem谩s profesionales cuyas minutas se incluyen dentro de tal concepto.
El Tribunal Supremo realiza una diferenciaci贸n entre los gastos judiciales y las retribuciones de la administraci贸n concursal. En los primeros describe que se trata de los indispensables para el desarrollo del procedimiento, como los derivados de incidentes concursales e incluso de costas y gastos ocasionados por la asistencia y representaci贸n del deudor, de la administraci贸n concursal o de los acreedores en los juicios que, en inter茅s de la masa inicien o continu茅n de acuerdo con la propia ley.
Por otro lado, los honorarios de la administraci贸n concursal los considera como gastos de administraci贸n, que deber谩n incluirse entre los dem谩s cr茅ditos contra la masa del apartado cinco del 176 bis 2 LC.
Por lo que, concluye 鈥渉abr谩 actuaciones de la administraci贸n concursal que puedan ser consideradas costas y gastos de justicia, en los t茅rminos expuestos, pero los honorarios corresponden a otro concepto, que es el de gastos de administraci贸n.鈥
No todos los actos de la administraci贸n concursal reciben el tratamiento singular del 176 bis 2 LC
El Supremo atribuye a la administraci贸n concursal la cualidad de 贸rgano imprescindible del concurso, sin cuya actuaci贸n el procedimiento 鈥渄evendr铆a imposible y encallar铆a sin soluci贸n鈥.
Sin embargo, recuerda que el 176 bis 2 LC establece un matiz, pues no da tratamiento singular a todos los actos de la administraci贸n generadores del derecho a honorarios, sino 煤nicamente 鈥渁 aquellos que tengan el car谩cter de imprescindibles, una vez que se ha comunicado la insuficiencia de masa activa. Por ello, a falta de identificaci贸n legal expresa, resulta exigible que sea la propia administraci贸n concursal quien identifique con precisi贸n qu茅 actuaciones son estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidaci贸n y el pago, y cu谩l es su importe, para que el juez del concurso, con audiencia del resto de acreedores contra la masa ( art. 188.2 LC ), valore aquellas circunstancias que justifiquen un pago prededucible.鈥

Puede leer la Sentencia en www.casosreales.es n煤mero de marginal: 69743196

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La Abogac铆a denuncia que la CNMC podr铆a estar protegiendo los intereses de Bankia al pretender controlar la adecuaci贸n a derecho de las resoluciones judiciales

28/06/16

El Pleno del Consejo General de la Abogac铆a Espa帽ola en su reuni贸n celebrada el viernes 24 de junio aprob贸 una declaraci贸n institucional mostrando su indignaci贸n por el expediente sancionador abierto por la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia contra nueve Colegios de Abogados que realizaron -a requerimiento de los tribunales- informes no vinculantes y ajustados a derecho sobre las costas procesales en el caso Bankia

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El Gobierno refuerza el apoyo tecnol贸gico a la actividad judicial

05/10/15

Esta encomienda permitir谩 impulsar t茅cnicamente las plataformas y sistemas de informaci贸n y otras actuaciones relacionadas con la modernizaci贸n tecnol贸gica de la Administraci贸n de Justicia para cumplir con los compromisos establecidos en el Plan 2015 para la aceleraci贸n de la Justicia en entornos digitales. La entidad TRAGSATEC desarrollar谩 est谩 encomienda por un periodo de un a帽o.

El grado de especializaci贸n y la complejidad de los planes estrat茅gicos aprobados en esta Legislatura para el desarrollo de la modernizaci贸n tecnol贸gica de la Administraci贸n de Justicia exigen el mantenimiento, la evoluci贸n funcional e interoperabilidad del Sistema Integral de Registros Judiciales (SIRAJ), as铆 como la mejora de la arquitectura t茅cnica global de plataformas judiciales como el Expediente Judicial Electr贸nico de la Audiencia Nacional, la Firma Electr贸nica y portafirmas del Ministerio de Justicia o la integraci贸n de los servicios judiciales en un punto 煤nico de acceso para todos los operadores.

La encomienda incluye, entre otras actuaciones, la adaptaci贸n del Sistema de Informaci贸n del Ministerio Fiscal, el soporte t茅cnico y funcional a la Fiscal铆a General del Estado y la mejora del actual archivo judicial del Tribunal Supremo.

(LaMoncloa

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Las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal son p煤blicas

14/09/15

En el art铆culo 煤nico se introduce en pesta Ley Org谩nica un nuevo art铆culo 235 ter en la
Ley Org谩nica del Poder Judicial, cuyo primer apartado reconoce el car谩cter p煤blico del
acceso al fallo de las sentencias condenatorias firmes en materias especialmente
relevantes para el control fiscal: delitos contra la Hacienda P煤blica, delitos de insolvencia
punible, cuando el acreedor sea el erario p煤blico o, finalmente, los delitos de contrabando,
permitiendo en estos supuestos el acceso p煤blico a determinados datos personales del
condenado o del responsable civil.
En el apartado segundo se desarrolla la anterior previsi贸n, estableciendo que el acceso
p煤blico se efectuar谩 mediante la publicaci贸n de un extracto del fallo condenatorio que
contenga 煤nicamente los datos que permitan la identificaci贸n del proceso, del condenado
y del responsable civil, el delito por el que lo haya sido, as铆 como la pena y la cuant铆a de la
responsabilidad civil impuesta. De este modo quedan plenamente salvaguardados los
derechos a la protecci贸n de datos de otras personas que hubieran podido participar en el
proceso, pero que no resulten afectadas por la condena, limitando el 谩mbito de la
publicidad a aquello que es estrictamente necesario para cumplir con la finalidad
perseguida. El extracto y la publicidad se efectuar谩n por el Secretario Judicial, quien, de
conformidad con lo se帽alado en los art铆culos 452 y siguientes de la Ley Org谩nica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, asume en exclusiva la funci贸n de fe p煤blica judicial e
igualmente ha asumido importantes funciones en materia de ejecuci贸n de las sentencias
en los t茅rminos establecidos por las leyes procesales.
La publicidad se efectuar谩 a trav茅s del 芦Bolet铆n Oficial del Estado禄, por lo que los
datos gozar谩n de la garant铆a adicional que supone la aplicaci贸n de su normativa espec铆fica,
impidiendo un tratamiento indebido de los mismos gracias a la desindexaci贸n de los datos

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Aprobada la Ley de Seguridad Nacional

11/09/15

Esta Ley es la primera que en el ordenamiento jur铆dico espa帽ol aborda la Seguridad Nacional de forma integral implicando a todas las Administraciones P煤blicas y a la sociedad en general. Su elaboraci贸n se inici贸 en 2013, fruto de la necesidad de incorporar la Seguridad Nacional en el ordenamiento jur铆dico espa帽ol mediante una norma legal, en cumplimiento de lo establecido en la Estrategia de Seguridad Nacional.

La Ley es una respuesta a los nuevos retos a la seguridad que afectan a la sociedad del siglo XXI. Define la Seguridad Nacional y refuerza las capacidades del Estado para ofrecer soluciones a estos desaf铆os de forma r谩pida, eficaz y coordinada.

Para hacer frente a las crisis de forma tanto preventiva como reactiva, el Consejo de Seguridad Nacional dirige y coordina las actuaciones pertinentes, y estar谩 asistido por un Comit茅 Especializado de gesti贸n de crisis, que busca mejorar la coordinaci贸n entre las distintas Administraciones P煤blicas para favorecer la rapidez y flexibilidad en la respuesta a estas situaciones.

Situaciones de inter茅s para la Seguridad Nacional

Una novedad importante de la Ley es la regulaci贸n de las situaciones de inter茅s para la Seguridad Nacional, que viene a rellenar un vac铆o normativo existente entre las crisis m谩s graves contempladas en la Ley Org谩nica 4/1981, de los estados de alarma, excepci贸n y sitio, y aquellas otras que se afrontan con los medios y recursos habituales de las autoridades competentes.

En esta nueva situaci贸n no se ven afectados los derechos fundamentales y libertades p煤blicas, pues su finalidad es permitir una coordinaci贸n m谩s eficiente en el uso de los instrumentos del Estado, ni implica la alteraci贸n del desempe帽o ordinario de las respectivas atribuciones por parte de las autoridades competentes, que actuar谩n, desde la declaraci贸n de la situaci贸n por el presidente del Gobierno, bajo la direcci贸n del Gobierno.

El funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional se basa, principalmente, en el ejercicio responsable y solidario del conjunto de las Administraciones P煤blicas de los principios de coordinaci贸n y cooperaci贸n en los respectivos 谩mbitos competenciales.

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El Constitucional podr谩 multar y suspender a las Administraciones que no cumplan sus resoluciones

02/09/15

El Partido Popular ha presentado una proposici贸n de ley de reforma del TC para multar e incluso suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplan sus sentencias y resoluciones, una iniciativa aplicable a todas las Administraciones

Con este tr谩mite de urgencia se evita que tengan que pronunciarse de manera preceptiva el Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.

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M谩s de 60 millones de euros para eliminar el papel en la Administraci贸n de Justicia

24/08/15

El Ministerio de Justicia tendr谩, en 2016, 64,6 millones de euros para su plan de modernizaci贸n tecnol贸gica, es decir, 17 millones m谩s que en 2015, lo que representa un incremento del 26%. Esta cuant铆a permitir谩 avanzar en conseguir una justicia sin papel y una mejora en el intercambio de informaci贸n online entre las administraciones.
La secretaria de Estado de Justicia, Carmen S谩nchez-Cort茅s, ha destacado durante la presentaci贸n de las cuentas de su departamento para 2016, en la Comisi贸n de Presupuestos del Congreso, los 64,6 millones que se invertir谩n en alcanzar el papel cero en la Administraci贸n de Justicia.
El ministerio de Justicia contar谩 en 2016 con un presupuesto total de 1.577 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,2 % al aumentar en 106,5 millones con respecto a los de este a帽o.
De esa cifra, 97,9 millones se corresponden al cap铆tulo de inversiones, el que experimenta un mayor aumento (20 millones m谩s), que engloba el plan de modernizaci贸n de la justicia en los entornos digitales, al que se destinan 17 millones m谩s.
Esta modernizaci贸n tendr谩 tres vertientes, seg煤n ha indicado la secretaria de Estado. Una de ellas es la que pretende conseguir la tan buscada justicia sin papel, vali茅ndose de aplicaciones para compartir datos con abogados y otras personas del 谩mbito jur铆dico.
La segunda ser谩 la justicia en red, con registros que engloben al conjunto de administraciones p煤blicas, y la 煤ltima buscar谩 facilitar el intercambio internacional de informaci贸n por Internet.
La mayor parte del presupuesto -1.303 millones de euros- se destinar谩 al departamento de personal, que se ha visto incrementado en un 7%.
S谩nchez-Cort茅s ha explicado que, en 2016, se mantendr谩 la oferta p煤blica de empleo en jueces y fiscales, en torno a 100 plazas, y tambi茅n la del resto del personal, m谩s de 2.000, lo que implica avanzar para conseguir la profesionalizaci贸n de la justicia y que haya menos jueces sustitutos e interinos.

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No es aplicable a la v铆a administrativa el 鈥淒铆a de gracia鈥 para la presentaci贸n de escritos prevista en el art. 135 de la LEC

14/07/15

En su Sentencia dictada en fecha 19 de noviembre de 2014, el Tribunal Supremo se帽ala que no existe previsi贸n normativa alguna en la Ley de Enjuiciamiento Civil o en la Ley 30/1992 que permita deducir que la Ley Procesal tiene car谩cter supletorio respecto a la Ley Administrativa.

Esta doctrina se mantiene 煤nicamente en los escritos de interposici贸n de un recurso administrativo de reposici贸n.

Seg煤n el tenor literal de la Sentencia, no se infringe el derecho a la igualdad proclamado en el Art. 14 CE ya que no existe 芦un t茅rmino v谩lido de comparaci贸n entre la regulaci贸n de las formalidades procedimentales exigidas para la presentaci贸n de escritos ante la Administraci贸n P煤blica, en que, como recuerda el Abogado del Estado, la Ley procedimental administrativa autoriza que se efect煤e ante cualquier dependencia administrativa o registro administrativo, y la regulaci贸n establecida para ordenar las actuaciones procesales de parte, y, significativamente, para la presentaci贸n de escritos sometidos a plazo, que obedece a presupuestos y objetivos claramente diferenciados禄.

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El r茅gimen de gananciales subsiste mientras los c贸nyuges vivan juntos, seg煤n el Supremo

06/07/15

El Supremo considera que debe existir voluntad efectiva de romper para que se considere separada de hecho a una pareja.

El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casaci贸n interpuestos por el hijo de su padre fallecido contra la sentencia que establec铆a la permanencia del v铆nculo econ贸mico en el matrimonio.

El Alto Tribunal ha dictado una sentencia en la que establece que el r茅gimen de gananciales de un matrimonio no se disuelve mientras exista convivencia aunque de facto, la relaci贸n se haya roto tiempo atr谩s, ya que entiende que para considerar separada de hecho a una pareja tiene que existir 芦voluntad efectiva de romper la relaci贸n conyugal禄.

La sentencia hace referencia al caso de una pareja en la que el marido empez贸 a tener relaciones extramatrimoniales en 1969 aunque la separaci贸n f铆sica no lleg贸 hasta 1981. El hijo ped铆a que la sociedad de gananciales se considerase disuelta en la primera fecha y que desde entonces, los bienes adquiridos por su padre fuesen considerados exclusivamente suyos y no parte de los gananciales del matrimonio.

El Supremo dice que si bien la doctrina jurisprudencial establece que 芦acreditada una ruptura seria y prolongada de la relaci贸n conyugal no se exige, por innecesario, el requisito previo de la declaraci贸n judicial para declarar extinguida la sociedad de gananciales禄, esta premisa 芦no puede aplicarse de un modo dogm谩tico o absoluto, desprovista del necesario an谩lisis de las circunstancias del caso禄.

Esto, seg煤n el Supremo, 芦comportar铆a, entre otros extremos, una injustificada aplicaci贸n de esta doctrina en aquellos supuestos en que pese a existir una separaci贸n de hecho, no obstante, no hay o no se constata una voluntad efectiva e inequ铆voca de romper la relaci贸n conyugal a estos efectos, bien por razones de 铆ndole econ贸mica, o bien por razones afectivas禄.

芦En el presente caso esto es lo que ocurre, dado que la sentencia recurrida, tras la valoraci贸n conjunta de la prueba, concluye que los c贸nyuges, pese a estar separados de hecho, quisieron mantener sus v铆nculos econ贸micos conforme al r茅gimen de ganancialidad禄, y as铆 lo hicieron entre 1969, cuando empezaron las relaciones extramatrimoniales y 1981, cuando finalmente se separaron, conforme detalla la sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Francisco Javier Ordu帽a Moreno.

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