Reforzar la confianza de la ciudadanía en la Justicia uno de los objetivos del Gobierno

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, ha subrayado que la Justicia del futuro necesita un nuevo modelo penal que responda a las necesidades sociales y que contribuya a reforzar la confianza de la ciudadanía en la Administración de Justicia y ha apostado por afrontar el reto de una transformación tecnológica que sea respetuosa con el sistema de garantías de nuestro ordenamiento jurídico

Reforma procesal y penal
La revisión de nuestra normativa procesal y penal debe partir de un “estudio sosegado” de las reformas acometidas en los últimos años y guiarse por criterios jurídicos y no por el “oportunismo político”, ha afirmado el secretario de Estado. Dolz ha reiterado el compromiso del Gobierno “por la defensa de los derechos de las mujeres”, especialmente en lo que se refiere a los delitos sexuales.

El secretario de Estado de Justicia ha defendido que la mejora del modelo penal redundará en una mayor seguridad jurídica, “entendida como confianza hacia nuestro ordenamiento jurídico”, por lo que contribuirá también al desarrollo económico: “El buen funcionamiento de los sistemas judiciales promueve el desarrollo de los mercados financieros” e “impacta positivamente” en la capacidad de crecimiento de las empresas. Para devolver a la sociedad la confianza en la Justicia “es necesario garantizar la tutela judicial efectiva”, protegiendo los derechos de la ciudadanía “y resolviendo de forma rápida y eficiente sus litigios y controversias, ofreciendo seguridad jurídica”.

Protección de los colectivos vulnerables
En su discurso, Dolz ha recordado que “la Justicia no puede ser tal si no se preocupa especialmente por los más vulnerables”, como son los menores, los discapacitados o las víctimas de la violencia de género. No bastan las palabras, ha asegurado, sino que deben desarrollarse medidas concretas, como las “salas amigables” para evitar la “revictimización” de los menores mediante la reiteración de declaraciones sobre las agresiones sufridas o como la reforma de la legislación civil basada en el “respeto a la voluntad y preferencias de las personas discapacitadas”, como regla general en la toma de sus propias decisiones.

Desafíos profesionales, tecnológicos y organizativos
Los retos a los que se enfrenta la Justicia del futuro deben afrontarse de la mano de todos los colectivos profesionales implicados y el elemento clave, que constituye la “máxima prioridad” del Ministerio, es “la implantación de tecnologías de la información y la comunicación”, ha subrayado Dolz. El equipo que dirige la ministra Delgado apuesta “por una transformación tecnológica” que no “reduzca los niveles de protección jurídica existentes”. Este trabajo solo será posible superando “la actual situación de bloqueo” y recuperando el diálogo con las asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, con las organizaciones sindicales y con todos los colectivos afectados.

El secretario de Estado se ha referido también a la necesidad de seguir avanzando en la construcción de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia y ha apostado por la jurisdicción universal como un elemento imprescindible para luchar contra la delincuencia organizada internacional y evitar la existencia de espacios de impunidad.

 

(Fuente: LaMoncloa)

 

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