La modificación de la RPT fue validada por sentencia, teniendo valor probatorio

Se declara ajustado a derecho por concurrir causas organizativas y no violarse las garantías de indemnidad y el principio de igualdad

La sentencia recurrida estima que no se ha probado la concurrencia de causas organizativas porque no constan las modificaciones operadas en las Unidades en que estaban empleados los afectados, ni las modificaciones operadas en la nueva RPT con relación a la anterior, pero estas razones no son acogibles porque, aparte que en la Memoria entregada a la RPT si constan esos datos, así como en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 7 de junio de 2013, donde se publicó la nueva RPT, resulta que no se puede olvidar la existencia de la nueva RPT que fue impugnada, incluso en la relación puestos trabajo laborales, ante la jurisdicción contencioso-administrativa por CC.OO. y otros recayendo sentencia firme el 30 de septiembre de 2015 , unida a los autos decisión de la Sala en Auto de 1 de febrero de 2017. En esta sentencia se razona que hubo, previamente, real negociación con la RLP, que se reconoció por todos la necesidad de que la UPM redujera gastos que las medidas adoptadas al efecto eran adecuadas, así como que la amortización de las 301 vacantes que suponía era razonable y proporcionada, al igual que la decisión de amortizar las vacantes ocupadas por personal temporal con menos de siete años de antigüedad.

Sentado lo anterior, debe señalarse que la elaboración de una RPT es una función inherente a la potestad organizativa de la Administración (art. 7-4 EBEP) sujeta al control de la jurisdicción contencioso administrativa, cual muestran la reiterada jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo  (S.TS. (3ª) de 26 de enero de 2011), entre otras y los Autos de la Sala de Conflictos de Competencia de 12 de abril de 2011 (Conflicto 26/2010) y 5 de diciembre de 2014 (Conflicto 30/2014). En el último de estos autos se dice: «La relación de puestos de trabajo, en cuanto instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto (art. 15 de la Ley 30/1984 y 74 de la Ley 7/2007 ) y las previsiones que se adopten en relación con su retribución y las funciones que se asignan a los diferentes puestos de trabajo es un acto administrativo sujeto administrativo -( SSTS de 5 de febrero de 2014 (rec. 2986/2012 ) y 6 de noviembre de 2014 (rec. 524/2013 )- y los actos que la modifiquen tienen la misma consideración.

Así se pronunció la Sala de conflictos en sentencia de 12 de abril de 2011 (conflicto de competencia nº 26/2010 ) en la que se recogía la sentencia del STS de 7 de diciembre de 2010 (Rec 1818/2009 ) afirmando que en ” las relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado son instrumentos públicos, a tenor con lo dispuesto en el art. 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , por la que se aprobó el Estatuto del Empleado Público y deben ser aprobadas necesariamente por la CECIR, de conformidad con los preceptos citados más arriba, siendo irrelevante, a estos efectos, que la RPT modificada afecte a personal laboral, puesto que la resolución de la CECIR es una resolución administrativa, sometida a derecho administrativo, que debe ser impugnada obligatoriamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, quien podrá enjuiciar, siquiera prejudicialmente, las infracciones laborales que hubieran podido producirse en la tramitación de la modificación de la RPT del Ministerio de Defensa “.».

Por todo ello, resulta acreditada la causa organizativa alegada y la razonabilidad de la misma, pues no se debe olvidar que los problemas de déficit presupuestario que motivaron la modificación de la RPT, se arreglaron con una reducción de plantilla y una reorganización de los servicios y del personal empleado en ellos que constituye una causa organizativa que razonablemente justifica el despido colectivo, por cuanto, existe una íntima relación entre las razones presupuestarias y las organizativas porque una mejor organización, de los servicios los hace más eficientes y a la par permite mejorar sus costes. Consecuentemente, procede, como ha informado el Ministerio Fiscal, estimar el recurso de la UPM, casar la sentencia recurrida y desestimar las demandas.

Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal: 70390642

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