Los costes sociales de la prisión provisional

Una mirada crítica con la excesiva y estandarizada aplicación de la medida cautelar

 

Por Borja Boluda Crespo | ZB&P Abogados

Es más que lógico pensar que el paso por prisión por parte de cualquier persona, aunque sea con carácter provisional, genera en la misma una serie de consecuencias y costes, más aún, si se trata de personas sobre las que finalmente recae un fallo absolutorio y que desde el inicio del procedimiento penal clamaron por su inocencia. Los principales problemas a los que se enfrenta la persona que injustamente padece la prisión provisional son el riesgo de exclusión en primer término y la estigmatización en segundo término, riesgos que pueden derivar a su vez en otros muchos.

 

Cabrera Cabrera[1] habla de los distintos espacios de exclusión social que se pueden dar, desde barrios marginales hasta manicomios pasando por los centros penitenciarios. De todos ellos llega a decir que la cárcel “es sin duda el lugar privilegiado en el que la exclusión social se quintaesencia y condensa hasta sus últimas consecuencias”. La persona investigada sobre la que recae la medida de prisión preventiva es apartada de la circulación social, desterrada a los angostos límites de una celda en el interior de un centro penitenciario que, desde entonces, controlará cada minuto, cada objeto y cada intercambio que se establezca con el exterior. Recordemos que el concepto de exclusión no se puede entender sin una referencia a, como dice Tezanos Tortajada[2] “aquello de lo que se es excluido, es decir, del nivel de vida y del modo de inserción laboral y social propio de un sistema de vida civilizado y avanzado”, en consecuencia, dicha privación de libertad supone, para alguien que no hace de la delincuencia su modo de vida (por lo tanto ajeno a la vida carcelaria), una experiencia traumática ya que implica la separación trágica de su familia y de su entorno social, de sus amistades, la pérdida del puesto de trabajo y el comienzo de una nueva vida en aislamiento, con control de horarios, pautas, comidas, actividades etc. que evidentemente puede conllevar el desarrollo de patologías o trastornos psicológicos e incluso físicos. Pensemos, por ejemplo, en una persona inmersa en un procedimiento penal (por un delito sexual) que se sabe inocente, pero sobre el que a juicio del Juez Instructor recaen indicios de criminalidad, dictando, puesto que así lo entiende conveniente y dada la gravedad de la pena, un auto de prisión provisional comunicada y sin fianza. Imaginemos ahora el proceso de adaptación que necesitará esa persona en un medio que claramente percibe como desfavorable y hostil (más aún con supuestos delincuentes sexuales), y la grave disonancia cognoscitiva, rechazo, suspicacia y desconfianza que le generará el propio personal penitenciario y el propio centro. De obtener una sentencia absolutoria en la que se demuestre su inocencia de manera clara y rotunda, ¿cómo habrá afectado y afectará a su psique, estado y desarrollo emocional su paso por prisión provisional?, y no menos importante ¿cómo afectará a todas sus relaciones sociales, laborales y familiares haber permanecido en prisión preventiva?, preguntas cuya respuesta se nos antoja enormemente complicada pero que seguro afectan gravemente a su dignidad como persona, pues el paso por prisión le imprimirá, sin posibilidad de evitarlo, la marca de un estigma que probablemente le acompañará el resto de su vida.

 

La estigmatización padecida por el paso por prisión provoca casi de manera inevitable el rechazo social, colocando al sujeto en una situación de vulnerabilidad donde no podrá ejercer plenamente su ciudadanía y perderá oportunidades de desarrollar su vida social y laboral, sobre todo cuando la permanencia en prisión (provisional o no) se extiende en el tiempo.

 

En un tercer plano, y en clara relación con los costes sociales que genera la medida de prisión provisional, estaría la entrada en contacto con la subcultura carcelaria lo que supone un elemento potencialmente “criminógeno” para quien la sufre, esto es, el riesgo claro de sufrir una contaminación carcelaria, al estar en todo momento en contacto con presuntos delincuentes (en prisión preventiva), e incluso con población reclusa en cumplimiento de pena (lo que, en teoría no debería ocurrir, pero ocurre en la realidad). De acuerdo con Cid Moliné[3] en su estudio-publicación titulado ¿Es la prisión criminógena? “el carácter criminógeno del ingreso en prisión es de un doble orden: en primer lugar, la prisión, suponiendo una degradación de la persona, favorecerá el surgimiento en su seno de formas de socialización alternativa, en particular de subculturas delictivas; en segundo lugar, el sentido de injusticia de la persona, se reforzará cuando salga de la cárcel y advierta que su condición de persona ex-reclusa le dificulta el acceso al trabajo, que la policía la conoce y compruebe las dificultades de relación con personas no delincuentes.”

 

La desconexión del entorno social, familiar y laboral que se produce con el ingreso en el centro penitenciario es sustituida paulatinamente por lo que, como señala Rubio Arribas[4] se conoce como “amistades de situación”, es decir, aquellas relaciones personales de adaptación al entorno carcelario, porque al estar encerradas estas personas tienen una necesidad imperiosa de comunicación e intercambio relacional, no solo con el exterior (familia, parejas, hijos o amigos), sino de iniciarlas, tenerlas y mantenerlas dentro, lo que no deja de ser un claro rasgo de la naturaleza social del individuo. En muchos casos, estas “nuevas” relaciones implican de manera directa el contacto con diferentes y muy diversos tipos de delincuentes y excluidos sociales.

 

Además, de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias existe un claro hacinamiento en las cárceles españolas, el sistema tiene actualmente una tasa de ocupación de alrededor del 140%, esto es, hay más de 18 mil personas encarceladas por encima de la capacidad oficial construida. Esta sobreocupación es la más alta de toda Europa después de Italia, donde se roza el 150%. El hacinamiento no puede sino traducirse en deterioro de las condiciones de vida y desde luego va en detrimento de cualquier actuación resocializadora.

 

En definitiva, tal y como se observa en los párrafos anteriores los costes sociales del paso por prisión provisional son muy elevados. No en vano hemos hablado en términos de exclusión social, experiencia traumática, estigmatización, subcultura carcelaria y hacinamiento. Términos suficientemente claros per se para hacernos una idea de lo que supone para una persona la aplicación de la medida cautelar de manera taxativa, cuando existen otros medios con mucha menor afectación de Derechos Fundamentales como la libertad, la intimidad y la dignidad de la persona.

 

[1] CABRERA CABRERA, Pedro J. Exclusión Social y Prisiones.Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Nº 35, 2002 (Ejemplar dedicado a: Asuntos Sociales), págs. 83-120. ISSN 1137-5868. Disponible en: http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/35/estudio5.pdf [Última consulta 3 julio 2017].

 

[2] TEZANOS TORTAJADA, José Félix. 2005. Tendencias en exclusión social y políticas de solidaridad. VIII Foro sobre Tendencias Sociales, Editorial Sistema, Madrid, ISBN: 84-86497-65-5.

[3] CID MOLINÉ, Josep. REVISTA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA., Nº 19, 2007, págs. 427-456, ED. Universidad Nacional de Educación a Distancia. ISSN 1132-9955.

[4]RUBIO ARRIBAS, Javier. Aspectos Psicosiológicos de las personas encarceladas y/o excarceladas. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Complutense de Madrid. ISSN 1578-6730.

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