Limitaciones al ejercicio de actividades privadas en el periodo de cesantía

El Alto Tribunal rechaza que el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2016 infrinja la garantía « nullum crimen nulla poena sine lege » del artículo 25 de la Constitución, pues no apreciamos ninguna quiebra del principio de legalidad ni del principio de tipicidad

 

El Alto Tribunal rechaza que el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2016 infrinja la garantía « nullum crimen nulla poena sine lege » del artículo 25 de la Constitución, pues no apreciamos ninguna quiebra del principio de legalidad ni del principio de tipicidad, en la medida que la conducta imputada (incumplimiento del deber jurídico de efectuar declaración de las actividades que vaya a realizar ante la Oficina de Conflictos de Intereses de carácter previo a su inicio) es subsumible en la infracción muy grave tipificada en el artículo 17.1 a) de la Ley 5/2006, de 10 de abril , de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del estado.

Procede subrayar al respecto, que no cabe eludir que el tipo infractor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 a) de la Ley 5/2006, en relación con lo previsto en el artículo 8.4 del citado texto legal, está configurado por el incumplimiento de la obligación de efectuar una declaración ante la Oficina de Conflictos de Intereses de las actividades privadas que vaya a realizar, con carácter previo a su inicio, que se impone a aquellas personas que hubieren desempeñado alguno de los cargos comprendidos en el artículo 3 de la referida Ley , durante el periodo de dos años siguientes a la fecha de su cese.

En este sentido, cabe poner de relieve que la obligación de efectuar ante la Oficina de Conflictos de Intereses declaración de las actividades profesionales que se pretende realizar, a la que se refiere el artículo 8.4 de la Ley 5/2006, es de carácter formal, por lo que resulta irrelevante que la actividad profesional efectivamente desempeñada por cuenta propia o ajena en el sector privado sea esporádica u ocasional o que haya generado o no retribución (aunque a los efectos de apreciar la culpabilidad del infractor haya que ponderar la naturaleza jurídica de la actividad profesional que se pretende realizar y si la prestación de servicios profesionales tiene carácter accidental).

Por ello, entendemos que no resulta convincente el argumento de que no cabe sancionar a la demandante, porque, según se desprende del régimen jurídico establecido en la Ley 5/2006, , de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, y en el Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla la Ley 5/2006 , de 10 de abril, solo procede comunicar las actividades a desarrollar cuando se trate de actividades remuneradas.

Cabe señalar que la finalidad intrínseca de esta regulación, que establece limitaciones al ejercicio de actividades privadas en el periodo de cesantía, es garantizar la imparcialidad y objetividad en el ejercicio de las funciones públicas cuando se desempeñan y prevenir conflictos de intereses que pudieran surgir tras el cese, así como evitar cualquier riesgo de aprovechamiento ilegítimo ex post de los conocimientos adquiridos o de las informaciones privilegiadas obtenidas en el ejercicio de la funciones públicas como alto cargo de la Administración pública.

Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal: 70423381

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