Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (BOE de 22 de julio de 2011)

22/07/11

I. La importancia del Registro Civil demanda la adopci贸n de un nuevo modelo que se ajuste tanto a los valores consagrados en la Constituci贸n de 1978 como a la realidad actual de la sociedad espa帽ola.
Aunque la vigente Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, ha dado muestras de su calidad t茅cnica y de su capacidad de adaptaci贸n a lo largo de estos a帽os, es innegable que la relevancia de las transformaciones habidas en nuestro pa铆s exige un cambio normativo en profundidad que, recogiendo los aspectos m谩s valiosos de la instituci贸n registral, la acomode plenamente a la Espa帽a de hoy, cuya realidad pol铆tica, social y tecnol贸gica es completamente distinta a la de entonces.
La Constituci贸n de 1978 sit煤a a las personas y a sus derechos en el centro de la acci贸n p煤blica. Y ese inequ铆voco reconocimiento de la dignidad y la igualdad ha supuesto el progresivo abandono de construcciones jur铆dicas de 茅pocas pasadas que configuraban el estado civil a partir del estado social, la religi贸n, el sexo, la filiaci贸n o el matrimonio.
Un Registro Civil coherente con la Constituci贸n ha de asumir que las personas iguales en dignidad y derechos- son su 煤nica raz贸n de ser, no s贸lo desde una perspectiva individual y subjetiva sino tambi茅n en su dimensi贸n objetiva, como miembros de una comunidad pol铆ticamente organizada.
Por este motivo, la Ley abandona la vieja preocupaci贸n por la constataci贸n territorial de los hechos concernientes a las personas, sustituy茅ndola por un modelo radicalmente distinto que prioriza el historial de cada individuo, liber谩ndolo de cargas administrativas y equilibrando la necesaria protecci贸n de su derecho fundamental a la intimidad con el car谩cter p煤blico del Registro Civil.
En este sentido, la Ley suprime el tradicional sistema de divisi贸n del Registro Civil en Secciones -nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales- y crea un registro individual para cada persona a la que desde la primera inscripci贸n que se practique se le asigna un c贸digo personal.
Asimismo, en la presente Ley se incorpora tanto la Convenci贸n de los derechos del ni帽o de 20 de noviembre de 1989, ratificada por Espa帽a el 30 de noviembre de 1990, como la Convenci贸n sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, ratificada por Espa帽a el 23 de noviembre de 2007.II. La modernizaci贸n del Registro Civil tambi茅n hace pertinente que su llevanza sea asumida por funcionarios p煤blicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado, cuyo cometido constitucional es juzgar y ejecutar lo juzgado.
En efecto, la aplicaci贸n al Registro Civil de t茅cnicas organizativas y de gesti贸n de naturaleza administrativa permitir谩 una mayor uniformidad de criterios y una tramitaci贸n m谩s 谩gil y eficiente de los distintos expedientes, sin merma alguna del derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva, pues todos los actos del Registro Civil quedan sujetos a control judicial.
Esta Ley deslinda con claridad las tradicionales funciones gubernativas y judiciales que por inercia hist贸rica todav铆a aparecen entremezcladas en el sistema de la Ley de 1957, y aproxima nuestro modelo de Registro Civil al existente en otros pa铆ses de nuestro entorno, en los que tambi茅n se ha optado por un 贸rgano o entidad de naturaleza administrativa con el fin de prestar un servicio p煤blico de mayor calidad, sin perjuicio de la garant铆a judicial de los derechos de los ciudadanos.
Puesto que la materia a la que el funcionamiento del Registro Civil se refiere es el estado civil de las personas y en ciertos aspectos, el derecho de familia, la jurisdicci贸n competente es la civil. No obstante, se except煤a la nacionalidad por residencia, respecto de la que persisten las razones que aconsejaron trasladar esta materia a la jurisdicci贸n contencioso-administrativa con la entrada en vigor de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, de reforma del C贸digo Civil.III. Esa misma vocaci贸n modernizadora hace que en la Ley se dise帽e un Registro Civil 煤nico para toda Espa帽a, informatizado y accesible electr贸nicamente.
El Registro Civil se configura como una base de datos 煤nica que permite compaginar la unidad de la informaci贸n con la gesti贸n territorializada y la universalidad en el acceso. Este salto conceptual, que implica la superaci贸n del Registro f铆sicamente articulado en libros custodiados en oficinas distribuidas por toda Espa帽a, obliga a un replanteamiento de toda su estructura organizativa, que ahora ha de tener por objetivo principal eximir al ciudadano de la carga de tener que acudir presencialmente a las oficinas del Registro.
Un Registro Civil electr贸nico exige una estructura organizativa bien distinta de la actual. Estructura que, adem谩s, ha de tener presente a las Comunidades Aut贸nomas.
A todo ello se dedica el t铆tulo III de esta Ley, en el que se contempla una organizaci贸n del Registro Civil mucho m谩s sencilla que la anterior, diferenci谩ndose entre Oficinas Generales, Oficina Central y Oficinas Consulares, dotadas de funciones y competencias propias, aunque dependiendo de la Direcci贸n General de los Registros y del Notariado en tanto que centro superior directivo, consultivo y responsable 煤ltimo del Registro Civil.
Existir谩 una Oficina General por cada Comunidad o Ciudad Aut贸noma y otra m谩s por cada 500.000 habitantes, al frente de la cual se encontrar谩 un Encargado al que se le asignan las funciones de recepci贸n de declaraciones y solicitudes, la tramitaci贸n y resoluci贸n de expedientes, la pr谩ctica de inscripciones y, en su caso, la expedici贸n de certificaciones. A la Oficina Central le corresponde, entre otras funciones, practicar las inscripciones derivadas de resoluciones dictadas por la Direcci贸n General de los Registros y del Notariado en los expedientes que son de su competencia. En cuanto a las Oficinas Consulares, su r茅gimen jur铆dico no difiere sustancialmente del vigente.
La unidad de actuaci贸n queda garantizada mediante el car谩cter vinculante de las instrucciones, resoluciones y circulares de la Direcci贸n General de los Registros y del Notariado, as铆 como por el establecimiento de un sistema de recursos que sigue las reglas generales de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R茅gimen Jur铆dico de las Administraciones P煤blicas y del Procedimiento Administrativo Com煤n, con la previsi贸n expresa de un recurso ante la mencionada Direcci贸n General.IV. La Ley concibe el Registro Civil como un registro electr贸nico, en el que se practican asientos inform谩ticos, que organiza la publicidad y da fe de los hechos y actos del estado civil. Desde esta concepci贸n se incorpora el uso de las nuevas tecnolog铆as y de la firma electr贸nica.
El r茅gimen de la publicidad del Registro Civil se articula a partir de dos instrumentos: la certificaci贸n electr贸nica y el acceso de la Administraci贸n, en el ejercicio de sus funciones p煤blicas, a la informaci贸n registral. Este 煤ltimo se concibe como el instrumento preferente de publicidad, de tal forma que s贸lo en casos excepcionales el ciudadano deber谩 presentar certificaciones de datos del Registro Civil.
El car谩cter electr贸nico del Registro Civil no significa alterar la garant铆a de privacidad de los datos contenidos en el mismo. Aunque el Registro Civil est谩 excluido del 谩mbito de aplicaci贸n de la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci贸n de Datos de Car谩cter Personal, se presta una especial protecci贸n a los datos, en tanto contengan informaci贸n que afecta a la esfera de la intimidad de la persona. Lo relevante es que los datos protegidos s贸lo pertenecen a su titular y a 茅l corresponde autorizar que sean facilitados a terceros.V. En relaci贸n con los aspectos sustantivos de la Ley, merece una menci贸n especial el t铆tulo VI, relativo a hechos y actos inscribibles. Respecto de la inscripci贸n de nacimiento, se mantienen los criterios generales y se prev茅 la remisi贸n de los datos del nacido a trav茅s de un documento oficial por los responsables de los centros sanitarios. A cada nacido se le abrir谩 un registro individual y le ser谩 asignado un c贸digo personal.
El nombre y apellidos se configura como un elemento de identidad del nacido derivado del derecho de la personalidad y como tal se incorpora a la inscripci贸n de nacimiento. Con el fin de avanzar en la igualdad de g茅nero se prescinde de la hist贸rica prevalencia del apellido paterno frente al materno permitiendo que ambos progenitores sean los que decidan el orden de los apellidos. Igualmente se sistematiza y agiliza el procedimiento de cambio de nombres y apellidos y se somete, como regla general, a la competencia del Encargado del Registro Civil. En cuanto a la filiaci贸n, se elimina toda referencia a la no matrimonial, con plena equiparaci贸n a la matrimonial.
La instrucci贸n del expediente matrimonial y la celebraci贸n del matrimonio compete a los Ayuntamientos, los cuales deber谩n remitir de oficio la documentaci贸n preceptiva al Registro Civil. Los C贸nsules autorizar谩n, celebrar谩n e inscribir谩n los matrimonios de espa帽oles en el extranjero. No se modifica la comunicaci贸n al Registro Civil de los matrimonios celebrados en forma religiosa.
De modo similar a la del nacimiento se regula la inscripci贸n de la defunci贸n mediante la remisi贸n del documento oficial, acompa帽ado de parte m茅dico, por los centros sanitarios. Se mantiene el requisito de la pr谩ctica previa de la inscripci贸n de fallecimiento para proceder a la inhumaci贸n o incineraci贸n.
La descentralizaci贸n introducida por la Constituci贸n de 1978 est谩 presente, no s贸lo desde el punto de vista territorial, sino tambi茅n desde la perspectiva de la distribuci贸n de competencias. As铆, se contempla el acceso al Registro Civil de actos regulados en algunos Derechos civiles especiales como, por ejemplo, las autotutelas, apoderamientos preventivos o especialidades en materia de r茅gimen econ贸mico del matrimonio. Igualmente, se prev茅 la utilizaci贸n de las lenguas cooficiales, tanto en la inscripci贸n como en la expedici贸n de certificaciones. Adem谩s, la Ley garantiza la adecuada coexistencia de la competencia estatal sobre Registro Civil y las de car谩cter ejecutivo que corresponden a las Comunidades Aut贸nomas.VI. La normativa de Derecho internacional privado se contiene en el t铆tulo X de la Ley con una actualizaci贸n de las soluciones jur铆dicas influidas por el avance de la legislaci贸n europea y la creciente importancia del elemento extranjero con acceso al Registro Civil. La coherencia del modelo exige a este respecto mantener la unidad, dentro de las particularidades inherentes a cada sector.
Una de las mayores novedades se centra en la inscripci贸n de documentos judiciales extranjeros. De este modo, se permite no s贸lo la inscripci贸n previo exequ谩tur sino tambi茅n la posibilidad de que el Encargado del Registro Civil realice la inscripci贸n tras proceder a un reconocimiento incidental.
La complejidad inherente a las situaciones internacionales justifica que la inscripci贸n de documentos extranjeros judiciales y no judiciales, as铆 como de certificaciones extranjeras, corresponda con car谩cter exclusivo a la Oficina Central del Registro. La Oficina Central se configura adem谩s como la autoridad encargada en materia de cooperaci贸n internacional en todas aquellas materias sometidas a la Ley.VII. El articulado se completa con disposiciones adicionales, transitorias y finales, as铆 como con una disposici贸n derogatoria.
Se deroga la Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957 que, no obstante, seguir谩 siendo aplicada en tanto quede extinguido el complejo r茅gimen transitorio previsto en la Ley. De este modo se prev茅 un r茅gimen de incorporaci贸n progresiva de los registros individuales y se mantienen temporalmente los efectos que el ordenamiento vigente atribuye al Libro de Familia. Igualmente se derogan expresamente los preceptos del C贸digo civil que resultan incompatibles con las previsiones de la presente Ley.
En efecto, puesto que se prescindir谩 del Libro de Familia que pierde sentido dentro del modelo moderno que se ha configurado en la presente Ley se ha previsto que en cada registro individual conste una hoja o extracto en la que figuren los datos personales de la vida del individuo. Consecuentemente con este dise帽o de la hoja individual, y en la b煤squeda de una mayor simplicidad y eficiencia del sistema, la Ley distingue entre las inscripciones, las anotaciones registrales y, por 煤ltimo, el asiento de cancelaci贸n.
Se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a fin de determinar el 贸rgano judicial y el procedimiento para conocer de los recursos frente a las resoluciones de la Direcci贸n General de los Registros y del Notariado en materia de estado civil. Dichas previsiones no ser谩n de aplicaci贸n a los recursos frente a resoluciones relativas a la adquisici贸n de nacionalidad por residencia, cuya regulaci贸n y competencia judicial no se modifica.
La desjudicializaci贸n del Registro Civil impone la derogaci贸n del art铆culo 86 de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial que se lleva a cabo a trav茅s de Ley Org谩nica complementaria, y de lo previsto en la Ley 38/1998, de 28 de diciembre, de Planta y Demarcaci贸n Judicial, respecto a los Registros Civiles.
La complejidad de la Ley y el cambio radical respecto al modelo anterior aconsejan un extenso plazo de vacatio legis, que se ha fijado en tres a帽os, para permitir la progresiva puesta en marcha del nuevo modelo, evitando disfunciones en el tratamiento de la informaci贸n registral y la implementaci贸n de la nueva estructura organizativa.

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