La protección de los mayores

D. José Ricardo Pardo Gato, Ganador del Premio Economist & Jurist 2018, en la categoría de Big Data Jurist

Desde que nacemos, envejecemos. Y aunque la idea de lo que es la vejez cambia con los tiempos, cada vez se sitúa en una edad más elevada. Es un tema que a todos preocupa y a muchos desvela.

La baja natalidad, y no contar con hijos o familiares directos que se ocupen de nosotros; no disponer de la situación económica que permita disfrutar de una vejez digna; o que las instituciones públicas no puedan prestarnos su apoyo, son algunos de los interrogantes que se ciernen al respecto.

Aspiramos a hacernos mayores de la mejor forma, en las condiciones más favorables y con los medios más avanzados. Pero en el día a día nos sobrevienen situaciones nada alentadoras: fallecimientos en soledad, desatenciones familiares, centros asistenciales que no prestan los cuidados precisos o la propia indiferencia de los poderes públicos.

En este contexto, el acceso a las residencias de mayores, públicas o privadas, es cada vez más demandado. Y nuestros ancianos ponen toda su confianza en que tales entidades van a dispensarles las mejores atenciones. Su coste lleva implícito en ocasiones el importe íntegro de la pensión, cuando no el legado de los bienes.

Noticias de dejaciones o malos tratos empañan, sin embargo, la labor dispensada. Por lo que se antoja necesario valorar posibles salidas o garantías jurídicas.

Ante todo, la preservación de la dignidad de la persona, con independencia de su estado psicofísico, debe quedar siempre salvaguardada. La privación del ejercicio de sus derechos, aun existiendo deterioro cognitivo y funcional, solo puede determinarla un juez y por causas objetivables, nunca por razones arbitrarias.

Con independencia de la capacidad de obrar, bajo tutela o sin ella, los familiares deben prestar un seguimiento del estado del mayor, que alcanza la supervisión en los geriátricos. Su implicación no puede quedarse solo en el mero cumplimento de la obligación de alimentos entre familiares.

Si no se cuenta con personas allegadas, o bien si existe dejación, sin perjuicio de exigir responsabilidades, las Administraciones vienen obligadas a suplir tales vacíos. La Xunta, como el resto de Gobiernos autonómicos, contempla y regula el régimen de registro, autorización, acreditación e inspección de servicios sociales, así como las sanciones a imponer en su caso. Estas inspecciones han de ser cada vez más extendidas y exhaustivas.

Además del ámbito punitivo, ha de otorgarse mayor virtualidad a instituciones que favorezcan el acogimiento, así como a contratos como los de vitalicio, por el que una o varias personas se obligan respecto a otra u otras a prestar alimentos, a cambio de la cesión de determinados bienes o derechos, y que en Galicia conlleva la connotación de afectividad o cariño. Incentivos fiscales harían, sin duda, más atractiva su utilización.

Estas y otras medidas nos dirigen, en último término, hacia un derecho de la vejez, con la correspondiente consideración jurídica del mayor como alto valor a proteger.

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