La importancia del informe médico para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación

La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, establece, en su art. 37, la necesidad de contar con un informe médico ajustado a la normativa del sistema que permita determinar, medir y valorar el alcance de las lesiones permanentes y temporales, así como la incidencia de las mismas en “todas las consecuencias personales” de la víctima del accidente.

 

 Andrés Rodríguez. Abogado de TRAFICOAYUDA.es

 

Como es sabido tradicionalmente, el informe médico se constituirá como piedra angular sobre la que asentar los principios esenciales de la cuantía indemnizatoria por razón del daño corporal y,  sobre el mismo, se vertebrarán además otros conceptos indemnizatorios relacionados de suma importancia, así como todos a los que la ley refiere en su art 55 y siguientes,  como gastos de asistencia sanitaria, entre los que se incluyen los del propio tratamiento médico, rehabilitador, transporte, medicamentos, futuras intervenciones médicas, mantenimiento y sustitución del material ortésico y protésico, ayudas auxiliares, técnicas e incluso de tercera persona, adecuación del domicilio, auto, renovación de vestuario, pérdida del disfrute o del placer en los actos ordinarios de la vida. De ahí la importancia capital de un informe médico completo que expresamente relacione la necesidad de atender, cuando fuere preceptivo, todos estos conceptos indemnizatorios, ya que en el caso de no mencionarlos y de no constar expresamente su necesidad y su relación causal con las lesiones que presenta la víctima, su reclamación podría verse seriamente comprometida.

 

Desde el mismo momento de la reclamación extrajudicial u oferta motivada, requisito previo para la interposición de demanda, habrá de vigilarse con sumo celo el detallado contenido del informe médico, tanto en el caso de que cursemos nosotros la reclamación, como en el caso de que la compañía nos lo adjunte con la oferta motivada, sin cuyo informe, la misma carecerá de validez y eficacia jurídica alguna.

 

Sabida la capital importancia del informe médico a la luz específica de la Ley 35/2015, se nos plantea la tesitura de qué médico o centro médico recomendar a nuestros clientes víctimas de un accidente de tráfico, en especial, cuando su cuadro lesivo pueda resultar  de larga duración o vitalicio, que requiera posteriores intervenciones de por vida con una previsible agravación de secuelas y, en su caso, aparición de nuevas patologías derivadas, probablemente, de las ya existentes y que un buen informe médico realizado con rigor, debe necesariamente contemplar. Nosotros, en TRAFICOAYUDA.es, como testigos privilegiados de excepción, en los que durante más de 25 años, hemos tenido ocasión de comprobar todos los cambios que se han ido sucediendo en la materia que nos incumbe, recomendamos como mejor opción para nuestros clientes, víctimas de accidentes de tráfico, recurrir a un servicio médico que disponga de la especialidad en accidentes de tráfico y además, a ser posible, que no sea económicamente dependiente de ninguna compañía aseguradora, sin perjuicio de que sea público, privado o semipúblico y de que esté o no adscrito al convenio UNESPA, ya que entendemos que de este modo tutelamos con mayor celo profesional todas las necesidades del cliente que nos ha realizado la encomienda de la legítima defensa de sus intereses, procurándoles así, tanto una asistencia médica especializada que contribuya a su mejor recuperación, como la emisión de un informe que contemple, como dice la ley, “todas sus circunstancias personales” presentes y futuras.

 

Ni qué decir tiene que,  al tratarse de un centro médico especializado en accidentes de tráfico, garantizaremos también a nuestros clientes posibles problemas de coberturas económicas que no obstante invitamos a supervisar rigurosamente, en atención a las circunstancias en las que haya tenido lugar el accidente del que se derive la nota culpabilista o responsabilidad, así como las coberturas propias y muy especialmente y para el caso de constituirnos como damnificados, las del contrario y no sólo las del seguro obligatorio a que específicamente se refiere la L 35/2015, sino las de responsabilidad civil voluntaria si las hubiere, ya que comúnmente tienden a olvidarse en la práctica judicial ordinaria, requiriéndolas por escrito, a la compañía aseguradora responsable, deduciendo incluso si fuere necesario, un procedimiento de diligencias preliminares para juicio, ya que ésto nos permitirá agotar, en caso de resultar necesario, las previsiones mínimas de la L 35/2015, previstas para la suscripción de la responsabilidad civil obligatoria  enriqueciéndolas, para el caso de precisarse, con las previsiones establecidas en la responsabilidad civil voluntaria.

 

Confiando en el que el presente artículo haya resultado de su agrado, quedamos por completo a su disposición para aclarar o detallar con el rigor jurídico que fuere deseable, cualesquiera conceptos que así lo precisen o que pudieran resultar de su interés particular a cualquier caso concreto y la que no invita la necesaria y comedida extensión del presente artículo.

 

 

 

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