La gestión de despachos: ¿Qué modelo elegir para ejercer?”

Decía uno de los grandes pensadores y filósofos de nuestra historia: “Es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él. Pues quien cojea en el camino, aunque avance poco, se acerca a la meta, mientras que quien va fuera de él, cuanto más corre, más se aleja”.

Por Isaías González García. Socio y responsable del departamento de Derecho Tributario de ARGO Asociados Abogados y Asesores Tributarios, S.L.P.

 

Y es que, realmente, si existe una fórmula mágica a la hora de seleccionar el mejor sistema para dar los primeros pasos en el ejercicio profesional de la abogacía, ésta sólo tendría tres compuestos básicos: (i) minimizar nuestras obligaciones formales (especialmente las relacionadas con el ámbito mercantil, contable y fiscal), (ii) reducir al máximo el impacto fiscal del rendimiento del negocio y (iii) delimitar el alcance de nuestra responsabilidad en el ejercicio de la actividad profesional.

 

La decisión de iniciar una aventura profesional de manera autónoma o colectiva debe venir acompañada, pues, de reflexión y prudencia. Además, debe permitir ir recorriendo un largo camino que facilite el cumplimiento de las líneas básicas del plan de negocio que hayamos proyectado y que dé respuesta a las estrategias emergentes que vayan surgiendo a lo largo del mismo.

 

Todos reconocemos que el ejercicio individual de la abogacía puede ser realizado mediante unos sencillos trámites ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el Colegio Profesional y, en su caso, ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

 

Este modelo profesional simplifica el cumplimiento de nuestras obligaciones contables y fiscales, dado que la normativa tributaria facilita el registro de las operaciones derivadas del negocio a través de unos sencillos libros-registro, en los que se relacionarán cronológicamente los ingresos y gastos correspondientes a la actividad[1]; también se deberá mantener un libro-registro de bienes de inversión y un libro en el que anotar las provisiones de fondos y suplidos derivados del negocio.

 

Si nos referimos a su fiscalidad, el profesional encontrará, en sus inicios, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas un refugio tributario que tendrá en cuenta sus circunstancias personales y familiares, así como esa tortuosa y frenética senda que supone la construcción de una cartera de clientes y la consecuente generación de rendimientos derivados de esta; y es que el carácter progresivo de este impuesto permitirá, inicialmente, una tributación acorde y sensible con esos primeros ejercicios de su larga y exitosa trayectoria profesional, en cuanto a que a medida que se vaya incrementando el rendimiento, mayor será la tributación.

 

¿Pero qué ocurre cuando queremos emprender la actividad junto a otros/as socios/as? ¿Tenemos necesariamente que constituir una sociedad de capital y complicarnos con tediosas obligaciones mercantiles y contables, con una fiscalidad de mayor complejidad y, con ello, apartarnos del sencillo modelo al que puede acogerse aquel/aquella compañero/a que decide iniciarse de modo individual?.

 

La respuesta ante esta consulta, que suele ser más habitual de lo que se puede presumir, es negativa. La solución la encontraremos en la constitución de una sociedad civil; eso sí, de carácter profesional y, en consecuencia, (i) adaptada a la Ley 2/2007, de 15 de marzo (BOE del 16) de sociedades profesionales, (ii) inscrita  en el Registro Mercantil y en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio correspondiente.

 

En este contexto, los/as nuevos/as emprendedores/as podrán ejercer la profesión en común, atribuyéndose a la sociedad las sencillas reglas contables que se le imponen al profesional individual. Asimismo, a efectos de tributación directa se imputará a cada socio el rendimiento obtenido en proporción al régimen de reparto de beneficios y pérdidas que se adopte, prevaleciendo la proporcionalidad con la participación en caso de no establecerse nada al respecto. Ello permitirá acogerse a los beneficios derivados de un impuesto como el de la renta que, como se indicaba, es de carácter subjetivo y progresivo.

 

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la Ley de Sociedades Profesionales establece una responsabilidad personal de los profesionales, socios o no, que hayan intervenido en la prestación del servicio respecto a las deudas que en éste tengan su origen, lo que supone reforzar la garantía de los usuarios o clientes de la sociedad profesional. Ello implica que debamos ser reflexivos y prudentes a la hora de dar el paso definitivo para transformar la sociedad civil profesional en una sociedad de carácter mercantil (o constituyendo la misma desde el inicio); y es que a medida que vaya creciendo la actividad, se irán asumiendo mayores responsabilidades fruto de la asunción de crecientes y dispares obligaciones que aconsejarán dar ese salto y asumir mayores cargas en relación a requerimientos de tipo mercantil y contable.

 

También aceptar una fiscalidad de mayor complejidad, dado que la sociedad de capital sujetará sus rendimientos a las reglas de tributación del Impuesto sobre Sociedades y a la cada día más exigente y disparatada regulación de la relación socio-sociedad.

 

A duro trabajo se enfrenta el abogado/a emprendedor/a para seleccionar el mejor sistema para iniciar su actividad. ¡Y todo sin haber sonado el timbre del nuevo despacho!.

 

[1] Siempre que el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio inmediato anterior sea inferior a 600.000 euros. Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año (artículo 28 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero