La gestión del ICAM

En unos días se celebran las elecciones para renovar la Junta de Gobierno del ICAM y varias candidaturas se postulan, entre ellas la liderada por Javier Íscar, candidatura que representa a la actual Junta y gestión de lCAM

Hace unos meses el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid abría diligencias previas contra Gumpert y los miembros de su Junta de Gobierno, entre ellos, uno de los candidatos a dirigir la nueva Junta, Javier Íscar. Esta denuncia fue presentada precisamente por el vicedecano del ICAM Manuel Valero Yáñez, por un presunto delito de prevaricación continuada de los funcionarios públicos, ya que entendía que podía incumplir con el artículo 88.4 del Estatuto General de la Abogacía Española.

 

El mismo Valero, en una carta hecha pública hace unos días “Los colegiados deben saber…”, denuncia la gestión de la actual Junta del ICAM, dirigida por Sonia Gumpert y de la que forma parte Javier Íscar, llevando a la ruina al patrimonio del Colegio. Nada más entrar en el Colegio solicitaron una auditoria de las cuentas que no llevó a nada y por la que el Colegio pagó 163.834 euros, además retrasó el traspaso del servicio médico a la Mutua Sanitaria hasta mayo del 2014 lo que supuso un déficit de 521.564 euros del servicio médico, a esto se le añade los 264.409 euros por tres informes que no sirvieron para nada, tal y como indica Valero en su carta.

 

Se gastaron 44.360 euros para instrumentalizar el voto electrónico a día de hoy no se ha materializado. En esta legislatura se han despedido a 27 personas y contratado a 19 pero sin embargo la partida dedicado a esto ha aumentado 22.380 euros en este capítulo, siendo Íscar el encargado de los despidos y subida de sueldos a cargos directivos. Además en viajes y actividades internacionales el gasto del Colegio se ha incrementado en 124.674 euros respecto a la anterior legislatura.

 

Otra de las denuncias que hace Valero en su carta es la pésima gestión de la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Madrid.

 

Valero, señala que la Corte de Arbitraje del Colegio en 2016, ingresó 46.186 euros, es decir, 11.656 euros menos que en 2012, y en cambio el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), cuyo secretario general es Javier Íscar de Hoyos, ha recibido subvenciones por el Colegio por 74.452 euros, además de estar domiciliado en el Icam y prestarle la infraestructura del Colegio para su funcionamiento.

 

Hace unos días el diario Libremercado publicaba que el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR),cuya secretaría general ostenta Javier Íscar, candidato a decano del ICAM y actual miembro de su Junta, centro de carácter privado, compuesto por 63 entidades de 21 países iberoamericanos diferentes, entre ellos el ICAM, que alberga la sede de su secretaría general y constituido en junio del 2015, recibió subvenciones por parte del ICAM incluso antes de su constitución, sin tener claro su repercusión en beneficio de la institución colegial.

 

Precisamente el tema del arbitraje ha sido el más polémico desde el principio de la legislatura ya que según publicó el diario ABC, Íscar en unos correos, en su calidad de diputado de la Junta de Gobierno del Icam, habría escrito a un abogado de una firma multinacional para decirle que estaba pensando en incluirle dentro de una Comisión arbitral del ICAM, puesto de gran ayuda para el posicionamiento y prestigio profesional de un abogado. En esos mismos correos, Íscar le solicitaba al abogado que incluyera en los contratos de su firma una cláusula de sumisión a AEADE, corte arbitral propiedad y de la que Íscar es Secretario General, en lugar de remitirle a la Corte del propio Colegio de Abogados de Madrid al que estaba representando. En el mismo email Íscar estaba proponiendo al abogado un cargo en el Colegio y solicitando un favor que nada tenía que ver con la institución, esto podría llevar a Javier Íscar a incurrir en un claro conflicto de intereses en detrimento de la institución que quiere liderar.

 

Además, según publica OKDIARIO, el candidato Javier Íscar, ha sido denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos por la presunta utilización de datos personales sin consentimiento. El Director de la Agencia conoció que los pasados 6 y 13 de noviembre, varios colegiados recibieron en su correo electrónico personal comunicaciones de la candidatura de Íscar, comunicaciones supondrían un tratamiento de datos personales sin consentimiento previo de los letrados lo que implicaría una vulneración de los artículos 6 Y 11 de la LOPD.

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