La crisis de la familia nos afecta a todos

Hoy entrevistamos a D. Eduardo Rodríguez de Brujón y Fernández y a D. Jorge Martínez Martínez, socios directores del bufete de abogados Superbia-Quercus Jurídico.

Quercus Jurídico Socio de Legal Touch, es una marca especialista en Derecho Bancario, Mercantil Concursal del bufete de abogados Superbia-Quercus Jurídico.

Superbia Jurídico Socio de Legal Touch, es una marca especialista en Derecho de Familia y Derecho Penal de Familia del bufete de abogados Superbia-Quercus Jurídico

 

1-. En una palabra, ¿cuál es la situación del Derecho de Familia hoy?

Caos. El Derecho de Familia es el gran olvidado. Sigue pensándose, y no sin razón, que todo está predeterminado antes de empezar y, en esas condiciones, es muy complicado que se pueda conciliar. Qué duda cabe que la mediación sería un sistema magnífico para resolver los conflictos, pero la idiosincrasia de nuestro sistema la convierte, por desgracia, en algo residual.

La gran pena es que los niños son los que padecen de pleno el sistema. Los progenitores están ante una situación de gran estrés que no siempre consiguen controlar y los niños, que deberían quedar totalmente al margen de la disputa, se convierten en un ariete mutuo. Cierto es que no podemos generalizar, pero el sistema no ayuda.

 

2-. Muchas rupturas se inician con una denuncia por violencia doméstica. ¿Es un abuso de derecho?

Negar que existe violencia sería un atrevimiento. Existe, por la aparente voluntad del ser humano en buscar conflictos para defender o imponer su criterio. Pero, al menos desde nuestra experiencia, no es extraño que se busque un beneficio civil con la utilización de los mecanismos penales. Y, nuevamente, esa utilización interesada perjudica a los hijos.

Nuevamente sin generalizar, pero muchos progenitores entienden que sus hijos, como arietes, son “un cajero automático”, una pensión y un montón de ladrillos. La guarda y custodia se convierte en una excusa para una obtención de privilegios. Por ello, resulta imprescindible que de las medidas personales se separen las medidas económicas: un procedimiento de Familia son componente se resolvería en menos de 10 minutos.

La medida más sangrante tiene que ver con la vivienda familiar. La sobreprotección a una parte genera la correlativa desprotección de la otra y, una vez más, los perjudicados son los niños. Para un padre, el varón, ver cómo tiene que pagar una pensión muchas veces desorbitada para sus medios y que en la casa donde vivió la familia entren otros mientras él debe seguir pagando la hipoteca que, por lo general, existe, cronifica y recrudece el conflicto y, por desgracia, puede terminar en situaciones dantescas. En el despacho hemos tenido la desgracia de ver como algunos clientes se han quitado la vida por no poder soportar el agravio.

 

3-. Enlazando con lo anterior. Como consecuencia de los procedimientos penales que dan lugar a las separaciones, ¿quien padece el mayor perjuicio?

Todos los implicados: padres, hijos, tíos, abuelos, dueños de empresas y empleados de éstas… Y da cual la condición social: tanto en los estratos más bajos como en las altas esferas, el daño se produce.

La ruptura no solo es un fracaso personal y familiar, sino que también puede convertirse en un fracaso empresarial o laboral. Sirva como ejemplo que muchas de las pequeñas empresas y autónomos sufren las consecuencias de sentencias que terminan por ser la crónica de una muerte anunciada empresarial. Así, la adjudicación de participaciones a los excónyuges en el procedimiento de liquidación del patrimonio familiar, que han estado alejados de la gestión de la empresa, lleva el litigio de Familia al ámbito empresarial, convirtiéndose las asambleas de socios o las juntas de accionistas en la prolongación del pleito de Familia, tomándose decisiones que, para perjudicar al excónyuge, termina perjudicando realmente a empleados, proveedores, etc. En ese escenario, la crisis empresarial está asegurada y el futuro cierre de la empresa, casi garantizado.

 

4-. Un tema muy candente es el de las presuntas denuncias falsas. Desde el Observatorio de Violencia se dice que son más que residuales. ¿Qué opinión tienen al respecto?

Tema interesante éste. La “denuncia falsa” se contempla en el Código Penal y tiene unos requisitos concretos. Si nos quedamos con los datos estadísticos del Observatorio, la conclusión que se alcanza es que las denuncias falsas son más residuales. Pero ¿y las denuncias instrumentales? Las denuncias instrumentales son las que se emplean para conseguir un propósito en el corto plazo, un beneficio en la próxima contienda de Familia civil. Ese es el verdadero problema: la utilización con fines perversos del mecanismo judicial penal para llegar a un beneficio civil.

Ejemplo claro: si el pasado año hubo unas 130.000 denuncias relacionadas con la violencia doméstica (casi 350 denuncias diarias) y sólo hubo unas 4.000 sentencias condenatorias, parece claro que algo falla. Y todo ello sin comparar el ratio de mujeres asesinadas (47 el pasado año, 17 de nacionalidad no española y al menos 5 asesinos de mujeres españoles de nacionalidad extranjera) y el de suicidios (las cifras hablan de unos 800). El problema es más grave de lo que parece y, visto está, la solución no es la actual norma.

Nadie tiene en cuenta el verdadero problema: los asesinatos de hijos. Según publicó el diario ABC el día 16 de mayo de este año, el 70% de los filicidios son cometidos por las madres, pudiendo llegar al 95%, según dice la noticia, cuando de neonaticidios se trata (cometidos en las primeras 24 horas de vida). Esto es, también según recoge ABC, “Las mujeres matan mucho más que los hombres en el ámbito del hogar, a miembros de la familia”. Pero, por desgracia, no encontraremos un Pacto de Estado para proteger a esas víctimas.

Ejemplos de lo anterior tenemos a montones. Cuando un padre manifiesta su deseo de ejercer la guarda compartida tiene el riesgo de padecer una denunciacasi a reglón seguido de manifestar esa voluntad. Por tanto, ¿a quien se perjudica? Es evidente que los niños son los grandes damnificados de esa utilización interesada del mecanismo de la denuncia.

 

5-. ¿Con qué experiencias os habéis encontrado en el despacho?

De todo tipo. Pero la más sangrante es lo que llamamos la “bala de plata”, con la que se denuncia a los padres por abuso sexual para evitar la relación con sus hijos. Se ha convertido de un tiempo a esta parte en algo desgraciadamente frecuente y tiene consecuencias devastadoras para los hijos: se les priva del contacto con un progenitor, se les somete a pruebas de todo tipo y, si finalmente se demuestra la falsedad, ese tiempo no se recupera.

También nos hemos encontrado con casos muy parecidos a los que recientemente han salido en los medios, como el de Juana Rivas e las asesoras de “Infancia Libre”. Niños absolutamente destrozados emocionalmente, desescolarizados, secuestrados y aislados del mundo y con el único fin de apartarles del padre y su familia.

Concretamente, recuerdo un caso en el que los niños no llamaban a su padre “papá” sino por su nombre de pila: esto fue el resultado de 3 años de “secuestro”, tras los cuales estos niños llamaban “papá” a la nueva pareja de su madre. Durante ese tiempo, el juzgado en cuestión no atendió nuestros requerimientos para que se cumpliera el régimen fijado, lo que terminó por dejar a esos niños “huérfanos de padre en vida”. La “alienación parental”, manipulación o cómo lo queramos llamar es una realidad, éste o no contemplada en el catálogo médico que corresponda.

 

6-. ¿Ayuda el sistema judicial a rehacerse tras una ruptura?

No, al contrario. No ayuda porque no fomenta el acuerdo y convierte a los excónyuges en enemigos de por vida. Desde la imposibilidad de cancelar una cuenta bancaria común a tener una carga hipotecaria de una casa que no se habita, pasando por seguir siendo socios de una empresa en la que un cónyuge no se ha involucrado, encontramos que en lugar de dar solución al problema se agranda. Una posible solución, que no única sería que el banco que dio el préstamo hipotecario fuese llamado al procedimiento de liquidación para hacer valer sus derechos, ya que el contrato suscrito, al haber cambiado por la asignación de uso, puede ser vencido anticipadamente por el banco.

Una vez más tirando de experiencia, nos hemos encontrado con muchísimos concursos voluntarios de acreedores, tanto de personas físicas como de pequeños empresarios, que han llegado a la ruina más absoluta como consecuencia de unas pensiones desorbitadas fijadas judicialmente y que han dado al traste con el futuro de sus empresas. Como se ve, los perjudicados también son los trabajadores de éstas: en conclusión, el procedimiento de Familia perjudica a los directamente implicados y a todos aquellos a quienes alcanza por proximidad.

Un pequeño empresario cliente del despacho, víctima de constantes denuncias por su exmujer, era detenido en su negocio, delante de empleados y clientes. La consecuencia fue que tuvo que cerrar, ya que la imagen de la Policía en su negocio casi a diario y saliendo esposado por el protocolo policial, provocó que la clientela no volviera.

 

7-. Por lo que cuentan, el sistema judicial debe mejorarse. ¿Qué propondrían?

Es imprescindible crear una jurisdicción exclusiva de Familia. La especialización es fundamental, pero sin un sistema específico termina diluyéndose. Una separación tiene muchas aristas (hijos, vivienda, empresa, trabajo, créditos, etc.) que no pueden ser tratados convenientemente con la actual Ley de Enjuiciamiento Civil. Una jurisdicción propia, con jueces dedicados exclusivamente a la materia y un protocolo de actuación claro debería ser una reforma prioritaria del Gobierno de turno.

La reforma del Código Civil sigue siendo una asignatura pendiente. Tenemos una ocasión magnífica de poder hacerlo porque el Tribunal Supremo ha desarrollado qué es lo menos malo para los hijos de padres separados, como es la custodia compartida. Resulta paradójico que algunos grupos políticos sean proclives a la custodia compartida de las mascotas, pero se nieguen rotundamente a que los hijos crezcan bajo la crianza conjunta.

También está pendiente la elaboración de una Ley Integral de Violencia Doméstica, donde se proteja a todos por igual, tanto hombres como mujeres, como hijos, como abuelos y familiares. Esto sería una solución magnífica, ya que estamos seguros de que ante mecanismos judiciales fuertes se fomentaría el diálogo entre los afectados.

 

8-. Hablan de la reforma del Código Civil aprovechando que el Tribunal Supremo ha definido como regla general la custodia compartida. ¿Se está aplicando?

Ojalá se aplicara con la claridad con que el Tribunal Supremo habla en sus sentencias. Desde que en el año 2013 (STS 257/2013) se fijó la regla general, cierto es que la situación ha mejorado, pero apenas se llega al 30% de resoluciones de custodia compartida. Si una regla general se aplica como si fuera excepcional, ¿de qué sirve el Tribunal Supremo? Sigue denostándose la custodia compartida por motivos arcaicos (niños pequeños, mala relación, etc.), lo que no hace sino reforzar el comportamiento de aquel progenitor que no quiere el diálogo.

 

9-. Un tema muy de moda es la existencia de “chiringuitos de género”, a colación de las elecciones andaluzas. ¿Es algo residual o generalizado?

El problema es muy grande. Hay que tener en cuenta que la materia es tan sensible que es el único punto en el que todos los grupos políticos se pusieron de acuerdo en un Pacto de Estado. Las subvenciones y prebendas recibidas de los Fondos Europeos de Igualdad han convertido la materia en una forma de vida de muchos colectivos. De ahí que erradicar esos “chiringuitos de género” sea casi imposible sin voluntad política.

Según consta, por ejemplo, en El País del 24 de enero de 2019, la Junta de Andalucía destinó 33,5 millones de Euros a subvenciones a través del Instituto Andaluz de la Mujer, subvenciones gestionadas en gran medida por los Ayuntamientos. Casi un 30% del total (9,7 millones de Euros) lo recibieron directamente asociaciones de mujeres sin que llegara ni un céntimo a las afectadas. También según datos de El País, 20,8 millones de Euros los gestionan los consistorios directamente. Lo bien cierto es que solo 1 de cada 10 mujeres ha recibido ayudas públicas, pero hay 170 centros municipales de información y asesoramiento en igualdad y violencia de género que se “comen” el presupuesto y donde acuden cada vez más adolescentes de origen extranjero.

En contrapartida, por ejemplo, la Congregación del Convento de Santa Isabel y la Comunidad de Adoratrices, con sede en distintas ciudades de Andalucía y dedicadas a la atención a las mujeres víctimas de violencia desde hace más de 100 años, apenas han recibido 380.000€ una y 90.000€ la otra en dos años.

En resumen, solo el 2,8% de lo que gastó la Junta de Andalucía en la lucha contra la violencia de género son ayudas directas a las mujeres maltratadas. En contraposición, el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer fue de 42 millones de Euros en el 2018, destinándose 9,5 millones de Euros en pagar al personal de los servicios centrales: esto es, los funcionarios autonómicos reciben más que las víctimas.

Lo anterior es solo ejemplo territorial, punta del iceberg de lo que puede ocurrir en el resto de España.

 

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