La Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) califica a Javier Íscar como un conflicto de intereses permanente en perjuicio del ICAM

Javier Íscar ha rechazado comentar los pormenores del informe elaborado por ALA, cuya candidata, la letrada Luz Elena Jara, compite con Íscar en las elecciones a decano del ICAM

En un informe elaborado por ALA se analiza cómo Íscar se ha beneficiado profesionalmente de ser diputado de la Junta de Gobierno saliente.

ALA en su informe le reprocha al candidato Íscar que, después de más de 20 años de ejercicio profesional, sólo “haya 24 sentencias de Audiencias Provinciales o Tribunales Superiores de Justicia que lo citan como abogado de alguna de las partes intervinientes”.

Asimismo ALA reprocha a Íscar que desde el año 2000 se haya dedicado a “promocionar las bondades del arbitraje” desde la Asociación Europea de Arbitraje y Equidad (AEADE), con la que realiza arbitrajes vinculados a la telefonía móvil y arrendamiento de pisos, y que su pertenencia a la Junta del Gobierno del ICAM le ha ayudado de forma clara en hacer prosperar sus negocios.

“Lástima que algunos afectados, disconformes con los arbitrajes realizados con AEADE impugnen los laudos obligando a la Justicia a pronunciarse”, afirma ALA, citando por su numeración 11 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (3 de 2104, 3 de 2015, 1 de 2016, 4 de 2017) y una del TSJ de la Comunidad Valenciana (de 2017), “entre otras y por citar sólo las más recientes, anulando los arbitrajes de AEADE”.

ALA no niega el derecho a emprender de Íscar pero no ve con buenos ojos que el objeto social de las sociedades creadas por Javier Íscar sea el arbitraje y la formación, materias que también prestaba el ICAM mediante su Corte de Arbitraje y Centro de Formación.

“Queda fuera de duda la honradez del candidato -quede esto claro- pero entonces no entendemos por qué razón cuando ALA solicitó de la Junta de Gobierno el 28 de noviembre de 2016 las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de la Junta de Gobierno”, recibió la callada como respuesta de la Junta de Gobierno del ICAM.

“Tras recurrir ese silencio de la Junta de Gobierno del ICAM ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y obtener de este organismo (encargado del cumplimiento de la Ley de Transparencia) la resolución de 26 de abril de 2017, que ordenaba al ICAM la entrega de dicha información la Junta de Gobierno acordó recurrir esa resolución para evitar su cumplimiento, desconociendo al día de la fecha esa información”, dice ALA.

“Mientras tanto la Corte de arbitraje del ICAM languidece desde la llegada a la Junta de Gobierno del tándem Gumpert/Íscar; un Diputado de la Junta de Gobierno del ICAM, Javier Íscar, es Secretario General de una asociación privada de arbitraje (CIAR) cuyos gastos, personal y medios materiales sufraga el ICAM, además de una cantidad anual que es un 2.000 % superior a la cuota anual que está establecida para los socios del CIAR”.

Y prosiguen: “no tenemos tampoco noticia de que Javier Íscar se haya abstenido de participar en los debates de la Junta de Gobierno referidos a CIAR. Todo ello coloca al ICAM, además, en una situación peligrosa pues este trato de favor al CIAR, desde una corporación de derecho público como el ICAM, podría ser visto como una limitación al derecho de competencia desde otras asociaciones o entidades de arbitraje lo que podría acarrear un eventual daño patrimonial al ICAM”.

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