La Abogacía Española respalda al ICAM en su amparo a un letrado por la grabación de conversaciones telefónicas mantenidas con su cliente

En línea con el reciente amparo colegial concedido por el Colegio de Abogados de Madrid a un letrado después de que se autorizara la grabación de conversaciones privadas con su cliente, el empresario Villar Mir, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha condenado la violación del Derecho a la Defensa y del secreto profesional en la investigación judicial del ‘caso Lezo’.

 

En un comunicado, la Comisión Permanente del CGAE considera que “es un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho y que estos procedimientos, que la ley reserva de forma claramente restrictiva para casos de terrorismo o en supuestos en los que el abogado pueda estar implicado, no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia, ya que ponen en peligro el Derecho a la Defensa, recogido en el artículo 24 de la Constitución, y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales que no pueden limitarse o someterse a ponderación en aras de la investigación penal”.

 

De esta manera, la Abogacía respalda el amparo colegial que el Colegio de Abogados de Madrid concedió al letrado el pasado 2 de julio ya que “el secreto profesional como parte esencial del derecho de defensa tiene una vertiente de tutela de la intimidad del cliente que, además, adquiere una dimensión pública al constituir un instrumento para salvaguardar la confianza en la profesión de abogado”. El abogado, según ha manifestado, “está eximido de denunciar y declarar como testigo en relación con los hechos que su cliente le hubiera confiado en su calidad de defensor, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

 

Para evitar que vuelvan a producirse estos hechos, y en línea con lo manifestado reiteradamente por el ICAM, el CGAE considera urgente la promulgación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que desarrolle el sistema de defensa jurídica, y emplaza a la ministra de Justicia a poner en marcha la tramitación del Anteproyecto presentado al anterior equipo ministerial. “Sin defensa efectiva no puede haber contradicción ni igualdad de las partes en el proceso ni, por tanto, Justicia y sin Justicia no puede haber Estado de Derecho, no puede haber ni siquiera democracia”, concluye el comunicado.

 

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