Jurisdicción competente por asuntos relativos al daño a la reputación causado por publicaciones en Internet

Sobre ello tratan las conclusiones del Abogado General Bobek en el asunto C-194/16. Bobek considera que una empresa que alega que sus derechos de la personalidad han sido vulnerados por la publicación de información en Internet puede ejercitar acciones en el Estado miembro en el que se halla su centro de intereses por la totalidad del daño supuestamente sufrido.

El caso versa sobre una empresa con sede principal en Estonia que recibe difamaciones vía internet de una página web sueca, dónde también opera la empresa.  Los afectados acuden a los tribunales estonios para solicitar el cese de las publicaciones y una indemnización por daños y perjuicios.

La norma general que regula la competencia internacional con arreglo al Derecho de la Unión es que la acción contra el demandado ha de interponerse en el domicilio de éste, que en este caso sería Suecia. Sin embargo la empresa acude a una excepción para acudir a la jurisdicción de Estonia y la de acudir a los tribunales del Estado miembro donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso.  El Tribunal de Justicia ha declarado anteriormente que, en las acciones ejercitadas por personas físicas, el lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso es el Estado en que esta persona tenga su «centro de intereses».
La norma de competencia especial basada en el centro de intereses permite a un demandante ejercitar una acción de indemnización de los daños sufridos en el resto de Estados de la Unión ante los tribunales de un único Estado miembro. En caso contrario, tendría que acudir a los tribunales de cada Estado miembro de que se trate por separado.

En este caso, se está requiriendo al tribunal estonio, y así lo defiende el abogado general, que aplique la norma de competencia especial basada en el centro de intereses a una persona jurídica y que el tribunal entiende que el centro de intereses principal está en Estonia.
Para determinar cuál es el centro de intereses de las personas jurídicas, el Abogado General sugiere que la actividad comercial principal u otras actividades profesionales que se establecen con precisión atendiendo al volumen de negocios o al número de clientes u otros contactos profesionales pueden ser indicios pertinentes. El Abogado General afirma que el domicilio social de la persona jurídica puede tenerse en cuenta, pero ello no puede conducir a que se determine que el centro de intereses se encuentra en ese Estado miembro si la persona jurídica no lleva a cabo actividades profesionales y no registra ningún volumen de negocios en dicho Estado. El Abogado General reconoce que las personas físicas y jurídicas pueden tener más de un centro de intereses, pero que incumbe al demandante elegir el Estado miembro en el que decide interponer la acción; una vez que ha realizado esta elección, y mientras el asunto siga pendiente, no puede demandar en ningún otro lugar.
Por último, el Abogado General considera que el tribunal que conozca del asunto ha de tener competencia plena, pronunciándose sobre la totalidad del daño supuestamente causado y decidiendo qué medidas de reparación se han de adoptar ―incluida, como en el presente asunto, una orden de rectificación y supresión de la información controvertida―.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

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