Financiación de la corporación de radio y televisión española: impugnación del real decreto 1004/2010, de 5 de agosto

Dado los términos en los que se desarrolla la controversia entre las partes, parece necesario dilucidar la naturaleza jurídica de las aportaciones económicas exigidas a las entidades obligadas, puesto que su delimitación ayudará a dar respuesta a los diversos interrogantes que propone la parte demandante.

El Abogado del Estado se opone a la solicitud de nulidad cursada por la parte demandante al entender que el CATSI sí informó el proyecto del Real Decreto y otorgó a sus miembros plazo oportuno para que formularan alegaciones por escrito, como así hicieron.

En la práctica, se comprueba que el Gobierno aplicó el procedimiento de urgencia al trámite de audiencia al CATSI, pese a las quejas expuestas por algunos asistentes (ASIMELEC y ONO), y a la evacuación de los demás informes, pero no a la tramitación de todo el procedimiento.

Sin embargo, el Tribunal considera que la aportación prevista en el artículo 5 de la Ley 8/2009 para los operadores de telecomunicaciones, desarrollada en el artículo 4 del Real Decreto 1004/2010 , no vulnera el artículo 12 de la Directiva de Autorización , por encontrarse fuera de su ámbito de aplicación . Ni tiene la naturaleza tributaria de tasa; ni recae sobre todos los operadores de telecomunicaciones inscritos en el Registro de Operadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, porque excluye a aquéllos cuyo ámbito geográfico de actuación no sea superior al de una Comunidad Autónoma; ni siquiera su exacción se anuda a la mera inscripción en el mencionado Registro, porque resulta imprescindible prestar servicios telefónicos, fijos o móviles, o proveer de acceso a Internet y, simultáneamente, algún servicio audiovisual u otro que incluya publicidad, y si bien no está legalmente prevista la repercusión del importe de esta aportación en los usuarios finales, para calcularla se excluyen los ingresos brutos “obtenidos en el mercado de referencia al por mayor” , lo que implica su contracción a los ingresos brutos facturados ” en el mercado de referencia al por menor” , en definitiva, a los ingresos obtenidos de los usuarios finales.

Por ello, en el fondo, el demandante pretende socavar principios esenciales como la soberanía fiscal, con el pretexto de que la regulación específica de este sector debería extender sus efectos al conjunto de los restantes ámbitos. Nótese, por lo demás, que su argumentación en este punto se dirige una vez más a impugnar subrepticiamente una norma con rango de Ley, no exponiendo causa alguna de incompatibilidad en lo que respecta al Real Decreto objeto del recurso.

No obstante, las operadoras privadas de televisión y telecomunicaciones no pueden hacerse cargo de la totalidad de los ingresos que la Corporación RTVE deja de percibir por su renuncia al mercado publicitario y a los contenidos de pago ya que, de ser así, no se conseguiría el efecto dinamizador del sector que también pretende esta medida. Por ello se ha optado por aplicar, al igual que en otros países de nuestro entorno, un porcentaje sobre los ingresos de los operadores del 3% para los de televisión comercial en abierto, del 1,5% para los operadores de televisión de pago y del 0,9% para los de telecomunicaciones».

A juicio de la Sala, no se produce la vulneración del principio de reserva de Ley, en tanto que el añadido que se comprende en los preceptos reglamentarios cuestionados es simplemente formal, carece de contenido material alguno, nada innova y menos aún produce la ampliación que denuncia la parte recurrente. La mera aplicación de los preceptos legales conforme a la interpretación de las reglas que inspiran el art. 13 de la LGT ,«Las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez», plasman su resultado exegético en los términos que se pronuncia el Real Decreto para los grupos societarios del art. 42 del Código de Comercio.

Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal: 70388369

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