Explotación de una central hidroeléctrica puesta en marcha antes de finalizar el plazo de transposición de la Directiva

Procedimiento prejudicial: La Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales

Esta petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. La Directiva recoge que las personas que se hayan visto o puedan verse afectadas negativamente por daños medioambientales deben poder solicitar a la autoridad competente que adopte medidas. No obstante, la protección del medio ambiente es un interés difuso en el nombre del cual no siempre actúan las personas o no siempre están en condiciones de actuar. Por lo tanto, procede otorgar asimismo a las organizaciones no gubernamentales que fomentan la protección del medio ambiente la posibilidad de contribuir adecuadamente a una aplicación efectiva de la presente Directiva.

El artículo 12 de la Directiva 2004/35, titulado «Solicitud de acción», establece:

  1. Una persona física o jurídica que:
  2. a) se vea o pueda verse afectada por un daño medioambiental, o bien
  3. b) tenga un interés suficiente en la toma de decisiones de carácter medioambiental relativas al daño, o bien
  4. c) alegue la vulneración de un derecho, si así lo exige como requisito previo la legislación de procedimiento administrativo de un Estado miembro podrá presentar a la autoridad competente observaciones en relación con los casos de daño medioambiental o de amenaza inminente de tal daño que obren en su conocimiento, y podrá solicitar a la autoridad competente que actúe en virtud de la presente Directiva.

El Tribunal manifiesta que corresponderá a los Estados miembros determinar lo que constituye “interés suficiente” y “vulneración de un derecho”.

Consecuentemente, con el fin mencionado, se considerará suficiente, a efectos de lo dispuesto en la letra b), el interés de las organizaciones no gubernamentales que trabajen en la protección del medio ambiente y que cumplan los requisitos establecidos por la legislación nacional. Se considerará asimismo que dichas organizaciones tienen derechos que pueden ser vulnerados a efectos de lo dispuesto en la letra c).

No obstante, la Directiva objeto de cuestiones prejudiciales no se aplicará cuando:

– los daños causados por una emisión, suceso o incidente que se hayan producido antes de la fecha indicada en el apartado 1 del artículo 19;

– los daños causados por una emisión, suceso o incidente que se hayan producido después de la fecha indicada en el apartado 1 del artículo 19, cuando éstos se deriven de una actividad específica realizada y concluida antes de dicha fecha;

– los daños, si han transcurrido más de 30 años desde que tuvo lugar la emisión, suceso o incidente que los produjo.

Con respecto a las cuestiones prejudiciales conviene destacar el artículo 17 de la Directiva 2004/35, ya que debe interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio de las comprobaciones que debe realizar el órgano jurisdiccional remitente, dicha Directiva es aplicable ratione temporis a los daños ambientales producidos después del 30 de abril de 2007, pero que han sido ocasionados por la explotación de una instalación autorizada de conformidad con la normativa de aguas y puesta en marcha antes de esa fecha.

El Tribunal matiza que no se considerará que los Estados miembros han infringido esa Directiva cuando el hecho de no lograr un buen estado de las aguas subterráneas, un buen estado ecológico o, en su caso, un buen potencial ecológico, o de no evitar el deterioro del estado de una masa de agua superficial o subterránea se deba a nuevas modificaciones de las características físicas de una masa de agua superficial o a alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea. Tampoco cabe apreciar infracción alguna imputable a los Estados miembros cuando el hecho de no evitar el deterioro desde el excelente estado al buen estado de una masa de agua superficial se deba a nuevas actividades humanas de desarrollo sostenible.

Por todo ello, para apreciar si un proyecto ha sido autorizado sin infringir lo dispuesto en la Directiva 2000/60, un tribunal puede controlar la observancia por parte de la autoridad que ha concedido la autorización de los requisitos establecidos en el artículo 4, apartado 7, letras a) a d), de esta Directiva comprobando, en primer lugar, si se han adoptado todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos de esas actividades en el estado de la masa de agua afectada; en segundo lugar, si las razones que dan origen a esas actividades han sido expresamente indicadas y motivadas; en tercer lugar, si tales actividades responden a un interés público superior y/o si los beneficios para el medio ambiente y la sociedad ligados al logro de los objetivos previstos en el artículo 4, apartado 1, de esa Directiva son inferiores a los beneficios para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible derivados de la ejecución de esas actividades y, en cuarto lugar, si los objetivos beneficiosos perseguidos por las citadas actividades no podían conseguirse, por razones de viabilidad técnica o de costes desproporcionados, por otros medios que constituyeran una opción medioambiental significativamente mejor.

Puede consultar el texto completo de la sentencia en www.casosreales.es Marginal: 70382947

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