Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética

El Gobierno ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que ofrece por primera vez una definición oficial de esta situación y pretende que la población afectada se reduzca al menos en un 25% antes del año 2025.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente energéticamente.

La Estrategia establece cuatro indicadores, que ha expuesto la ministra.

El gasto desproporcionado se asocia con los hogares (8,1 millones de personas) cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble de la media nacional. La pobreza energética escondida afecta a 5,1 millones de personas, cuyo gasto energético absoluto es inferior a la media nacional ya que no pueden consumir energía para garantizar un confort mínimo porque no tienen ingresos para ello. Además, unos 3,7 millones de ciudadanos no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada y 3,5 millones se retrasan en el pago de las facturas.

Teniendo en cuenta estos datos, Teresa Ribera ha afirmado que el objetivo del Gobierno es reducir, al menos en un 25%, con una meta del 50%, la población afectada por alguno de estos indicadores antes de 2025. Con este fin se establecen cuatro ejes de actuación con 19 acciones concretas.

Entre ellas, la ministra ha destacado que se mejorará el diagnóstico de los hogares vulnerables y se elaborará un nuevo bono social eléctrico, universal para todos los suministros, tanto térmicos como eléctricos. Su concesión se automatizará, a través de la colaboración entre administraciones, y se tendrán en cuenta, como principios básicos, el criterio de renta, la situación de los perceptores y la zona climática en la que se ubique la vivienda.

La Estrategia prohíbe el corte de suministro en situaciones climatológicas extremas y amplía en cuatro meses el periodo previo de suministro en caso de impago, con lo que se sitúa en ocho. Otro de sus ejes se centra en mejorar las condiciones de aislamiento de las viviendas y potenciar la rehabilitación de edificios. Asimismo, prevé la adopción de medidas para informar y proteger a los consumidores y evitar que lleguen a la situación de pobreza energética.

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