Entrevistamos a Martín J. Urrea Salazar, abogado, Doctor en Derecho y miembro de Legal Touch

“Un trato personalizado, inmediato y de calidad con el cliente es lo que permite en numerosas ocasiones a los pequeños despachos que ofrecen servicios jurídicos de calidad competir con los despachos de gran tamaño”

Martín J. Urrea Salazar, Doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos, previa licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid, y abogado en ejercicio en distintos ámbitos del Derecho, nos da su opinión sobre diversas cuestiones de interés para el mundo de la Abogacía y la Economía. Además, Urrea Salazar es miembro de Legal Touch.

En su opinión, ¿el nivel de calidad de la abogacía española está al mismo nivel que la de los países de nuestro entorno?

Sin duda. Existe una tendencia a “minusvalorar” nuestro sistema desde una perspectiva comparativa, a pensar que lo que existente en nuestro país es inferior a lo que existe en el exterior. Por ejemplo, hace unos años sobrevalorábamos el sistema universitario de otros países europeos en detrimento del español. Sin embargo los profesionales formados en nuestras aulas gozaban de una sólida formación y una amplia reputación fuera de nuestras fronteras. Desde luego que el marco universitario actual armonizado se adapta mejor a la nueva realidad del mundo globalizado. Pero no “desvaloriza” nuestro anterior sistema. Con la abogacía sucede algo similar. Tenemos muy buenos profesionales y bien formados. Ahora hemos añadido requisitos adicionales para el acceso a la profesión, en consonancia con los sistemas comparados de acceso a la abogacía. Pero no es más que dar forma legal a lo que en la práctica venía sucediendo. Nuestros licenciados en Derecho al finalizar sus estudios se incorporaban a un despacho para realizar su pasantía o complementaban su formación práctica mediante un programa master o cursos de especialización.

En última instancia es el sistema legal y jurisprudencial de cada Estado el que de manera directa o indirecta fija los requerimientos y requisitos de los profesionales que desenvuelven su actividad en el ámbito jurídico. Y en su faceta de prestación de servicios, el mercado ajusta los estándares de calidad y la formación de los profesionales a la realidad.

Todos los letrados buscan una justicia rápida y de calidad. Pero si ha de elegir entre una justicia más lenta pero de mayor calidad o una justicia más rápida pero de menor calidad ¿con cuál se queda?

En mi opinión hay que buscar el término medio. Y no es por caer en el tópico de los extremos. Lo que sucede es que la justicia aparece también condicionada por el elemento temporal. El administrado, cliente o ciudadano, como queramos denominarlo, precisa una satisfacción a su problema o situación. Y quiere o necesita que sea lo más rápida posible. Las demoras en las soluciones han de estar justificadas en el necesario conocimiento o instrucción de un asunto y no en la falta de medios de la Administración de justicia o en otros requerimientos ajenos al derecho. Por ejemplo en un asunto civil y en materia contractual, la necesidad de obtener una Sentencia declarativa y el eventual proceso posterior de ejecución de esa Sentencia pueden demorar la satisfacción final del solicitante de tutela judicial. Y esto puede generar un perjuicio irreparable. Igualmente un error de la Administración puede dar al traste con un proyecto empresarial si no existen medios rápidos de tutela ante la eventual actuación errónea.   

En este sentido, los métodos alternativos de solución de conflictos pueden colaborar en una justicia óptima y satisfactoria. Lo que sucede es que en España no tenemos aún esa cultura. La mediación se ha producido tradicionalmente en los despachos de abogados. En no pocos asuntos en los que he tenido ocasión de participar, la solución acordada se ha alcanzado mediante una negociación entre las partes y una vez iniciado el procedimiento judicial.

En “ultimísima” instancia y para asuntos exclusivamente patrimoniales, prefiero la segunda opción. Es decir, una justicia más rápida pero de menor calidad. He tenido ocasión de contemplar la quiebra irreparable de una empresa mientras diversos procedimientos judiciales estaban en curso. A veces la reputación o la falta de liquidez pueden requerir una decisión judicial o extrajudicial rápida del conflicto.

Desde su experiencia ¿qué es lo que más valora un cliente de un despacho de abogados? 

En mi opinión, lo que el cliente busca es un resultado final favorable a sus intereses. Pero entiende que además de la cualificación del profesional o profesionales jurídicos, sus intereses estarán mejor representados si están en manos de uno o varios letrados cercanos y accesibles para él. Es decir, mediante un trato personalizado, inmediato y de calidad. Y esto es lo que permite en numerosas ocasiones a los pequeños despachos que ofrecen servicios jurídicos de calidad, competir con los despachos de gran tamaño. El desarrollo de las nuevas tecnologías hace que los profesionales tengan acceso a la mayor parte de los recursos necesarios para realizar su trabajo, casi en cualquier lugar. Hoy en día las bibliotecas y los despachos físicos han relegado su importancia en el ejercicio profesional. También ocurre en el ámbito de la investigación universitaria. Las publicaciones mejor valoradas están en formato digital, y luego estarán también o no en soporte papel. Los recursos bibliográficos pueden pedirse mediante préstamo inter-bibliotecario, son accesibles mediante bases de datos o por web. Estamos sin duda en una nueva época del ejercicio de la abogacía, que potencia las aptitudes y la creatividad del profesional frente a los recursos materiales. Creo que este nuevo escenario es muy beneficioso para los jóvenes letrados, que se encuentran ante una infinidad de posibilidades y retos en el escenario nacional e internacional.

En líneas generales ¿piensa que el derecho de la Unión Europea, influye positivamente o negativamente a nuestro ordenamiento jurídico?

A nivel personal estoy convencido que influye de manera muy positiva. Adapta nuestro ordenamiento jurídico a la realidad de la integración europea y del nuevo escenario económico, jurídico y social global en el que vivimos. Como profesional, nosotros trabajamos en el marco jurídico que nos viene dado. Y podemos afirmar que el cincuenta por ciento de las normas jurídicas de nuestro ordenamiento jurídico tienen su origen en las instituciones de la Unión Europea. Esto refleja la importancia del proceso de integración acometido en el seno de la Unión. Los abogados trabajamos con las normas jurídicas y con las decisiones de los juzgados y tribunales.

¿Desde un punto de vista jurídico el Brexit tendrá consecuencias importantes para los empresarios españoles?

Yo creo que el denominado “Brexit” no ha de tener consecuencias negativas ni para los empresarios españoles, ni en general para la sociedad española y europea. Reino Unido no fue uno de los países fundadores de la integración europea y siempre se ha opuesto a los avances en la integración. Sin duda que es un Estado importante e influyente en el entorno europeo. Podemos afirmar que es junto a Francia, el único país que podía “permitirse” una ruptura así con Europa. Sus socios y sus relaciones económicas extra Unión Europea le sitúan en esa situación privilegiada. Pero el resto de Estados han de continuar profundizando, aún con más fuerza, en el proceso de integración. Creo que esa es la perspectiva que además reina en la Unión Europea en la que los euroescépticos representan una minoría.

Desde el punto de vista jurídico, la articulación de la salida de Reino Unido del proceso integrador no ha de entrañar una especial complejidad.

¿Qué opina de la función del procurador de los Tribunales en nuestra Administración de Justicia?

Creo que cumple una función importante. Permite que el letrado se centre en la dirección técnica del asunto, a la vez que coadyuva con él en asuntos especialmente complejos desde el punto de vista procesal. Cuando comencé mi ejercicio profesional era algo escéptico respecto a su papel, pero con el tiempo he ido valorando mucho sus funciones, que además creo que pueden y deben ir “acrecentándose” en importancia.

¿Nos puede decir el caso que en su carrera profesional más satisfacción le haya dado?

Como abogado, he tenido que asumir la dirección de asuntos que a priori veía difícilmente defendibles o “postulables”. He oído comentar a personas ajenas a la profesión sobre su eventual dificultad o imposibilidad para “defender cualquier cosa”, o “asuntos que a priori parecen perdidos”. Me quedo con dos casos, uno de esos asuntos en los que se aplicó el derecho histórico español y que pese a su extraordinaria dificultad, creo que el resultado fue materialmente injusto. Se trataba del supuesto de una ciudadana norteamericana cuyos antepasados eran de Puerto Rico, y que solicitaba el reconocimiento de la nacionalidad española de origen por considerar que habían sido injustamente privados de ella en virtud del Tratado de París de 10 de diciembre de 1898 entre los Estados Unidos de América y el Reino de España. Y un proceso ejecutivo instado por un fondo de los denominados  “buitre” frente a un cliente del turno de oficio cuya oposición finalmente prosperó.

¿Qué consejo le daría a un abogado joven para triunfar en la abogacía?

Creo que estamos ante una coyuntura muy buena para el ejercicio profesional del derecho, la globalización y las nuevas tecnologías permiten la libre competencia y el ejercicio profesional sin fronteras. Mi recomendación iría destinada a potenciar sus habilidades personales. Vocación y formación, un buen manejo de las herramientas informáticas y el conocimiento de idiomas.

¿Se atreve a darnos el nombre de un juez y un abogado que admire de forma especial?

Creo que los jueces son funcionarios muy cualificados y con una fundamental dosis vocacional. En su respectivo papel, lo compararía con la profesión médica. El 14 de diciembre por ejemplo asistí a una jornada formativa en la que participó el Magistrado del Tribunal Supremo D. José Antonio Seijas Quintana, que nos habló de la responsabilidad civil médica en la jurisprudencia del Alto Tribunal. Sin duda que fue interesante, pero no puedo hablar de un juez que admire de forma especial. Contemplo a los jueces y magistrados como parte de la Administración de Justicia, esencial en el funcionamiento de nuestro Estado y de cualquier Estado desarrollado. En el ámbito de la abogacía, tendría que señalar una larga lista de profesionales, hay muchos y muy buenos. Dar un nombre sería simplificar mucho.

¿Su pronóstico para la economía española en los próximos años?

Mi pronóstico es bueno, aunque yo no soy economista Me considero una persona optimista por naturaleza, pero creo que nuestra economía tiene mucho potencial de crecimiento. Soy en general más partidario de la iniciativa privada, y de un modelo neoliberal. No creo que el Estado deba desaparecer ni mucho menos, pero no debe suplir al sector privado. La iniciativa empresarial es la que en definitiva genera riqueza, empleo y hace crecer el Estado. La Administración ha de garantizar que eso sea posible y la existencia y vigencia de unas reglas y de un marco de convivencia. Creo que la economía española tiene un gran potencial en los países iberoamericanos y también en el emergente continente africano. Hay sin duda que atraer empresas extranjeras, hacer nuestro que nuestro país sea atractivo a la inversión extranjera. Pero también es básico promover la internacionalización de las empresas españolas. Vivimos en un mundo globlal, que “engulle” incluso a las integraciones regionales o parciales. Tenemos que tomar plena conciencia de la existencia de un “Mercado Global” en el que las empresas y particulares han de prestar sus servicios y consumir. En el ámbito de la práctica jurídica por ejemplo, es frecuente suscribir contratos de marketing o de servicios añadidos, con empresas radicadas en otros países recibiendo clientes localizados en cualquier lugar del mundo.

¿Qué opina del anuncio del Consejo General de la Abogacía en el sentido de dejar fuera de servicio Lexnet después de la inversión realizada?

Creo que se trata de dejar una única plataforma en funcionamiento. La oficial del Ministerio de Justicia. Si Lexnet abogacía ha cumplido su función como vehículo de transición, no tiene sentido mantenerla. Pero no creo que haya sido un derroche de recursos. Probablemente nos ha ayudado a todos a adaptarnos a la plataforma oficial y a la “justicia digital”. Y creo que tanto el Consejo General como los Colegios de abogados han participado en nuestra necesaria formación.     .