Entrevista a Bárbara Royo que nos da su opinión en materia de eutanasia, de violencia de género y de la ley del menor

Desde que Bárbara fundó su propio despacho se ha encargado con éxito de numerosos asuntos de gran trascendencia jurídica y mediática, tanto ejerciendo la acusación como la defensa.

Hoy entrevistamos a la Abogada Bárbara Royo García, licenciada en Derecho por el Real Colegio Universitario Mª Cristina, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (abogada ejerciente y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) y criminóloga por la Universidad Complutense de Madrid, DEA (Diploma de Estudios Avanzados otorgado por la Universidad Complutense de Madrid), Master en Derecho penal, Deontología profesional y asistencia jurídica al detenido (Centro de Estudios Superiores – CESEJ) con innumerables cursos y seminarios de Derecho penal, procesal penal, penitenciario, constitucional y Criminología. Además, en el ámbito docente universitario, Bárbara Royo García ha sido profesora de “Prevención y tratamiento de la delincuencia” y de “Política criminal” (2005-2006), así como de “Política criminal” y de “Derecho procesal penal” (2006-2012) del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela. También ha impartido diversas ponencias, cursos e intervenciones en diferentes seminarios y congresos relacionados con la Criminología y el Derecho penal/penitenciario, tanto en la Universidad Camilo José Cela, como en la Universidad Europea de Madrid y en la Dirección General de la Policía.

Bárbara comenzó su andadura profesional en el año 2003, tras haber formado parte desde el año 1999, del prestigioso Despacho profesional especializado en Derecho penal “Manuel Cobo Del Rosal”. Desde entonces, Bárbara Royo García se dedica a la rama del Derecho Penal y Penitenciario, especialidades en las que la experiencia (en el mundo de la delincuencia, de la cárcel, de los distintos tribunales de justicia y de las precisas herramientas jurídicas, distinta a otros ámbitos del Derecho) y la exclusividad marcan la diferencia con los despachos generalistas.

Desde el pasado mes de enero Bárabara está colaborando a diario y compartiendo generosamente su valioso expertise en la obra de Casos Reales.net y Global Economist & Jurist, mentorizando para ello a dos jovenes juristas y concuriendo así a la nominación en la categoría de “Profesora de Caoss Reales” en el III certamen de los premios Economist & Jurist, que se celebrará a finales de 2019 en Madrid.

Recientemente Bárbara se ha incorporado a la firma del Bufete Urraza, Medieta & Asociados, en su nueva sede de Madrid.

 

  1. En materia de EUTANASIA, a raíz del caso actual de Ángel y Mª José, ante la decisión libremente adoptada por un ser humano absolutamente sano desde el punto de vista mental y sin presiones de ningún tipo, de acabar con su vida, ¿crees que es legítima la intervención del Estado castigando a aquel que le ayude a llevar a cabo lo que él, por sus propios medios, no puede hacer?

 

La vida humana constituye el bien jurídico fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Su “indisponibilidad” por parte del ciudadano, como dogma inatacable del Derecho penal es, en la actualidad, cuestionado. En España, con un sistema constitucional no confesional, el fundamento de dicha indisponibilidad de la vida está relacionado con los riesgos que comportaría el hecho de despenalizar ciertas conductas atentatorias contra la vida como la contemplada en el precepto que tipifica la eutanasia y, en ningún caso, con fundamentos religiosos o filosóficos, por más que muchos se empeñen en conducir el debate por esos derroteros.

Nuestro ordenamiento jurídico otorga mayor valor a la vida que a la libertad de su titular para poder acabar con ella. Sin embargo, hoy en día, la mayoría opina que impedir que una persona que desea acabar con su vida, de forma permanente, en su sano juicio y con absoluta libertad, lleve a cabo su deseo a través de otro, es directamente atacar el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana del que pretende acabar con su vida. Se argumenta que, con ello, se protege la vida de esa persona, pero no el derecho a la vida deseada y a una muerte digna.

Sin embargo, desde mi pinto de vista, habría que plantearse el fundamento que explica por qué el C.P. no permite la eutanasia: si el Estado permitiese que un ciudadano auxiliase a otro a quitarse la vida, aunque sea una decisión libremente adoptada, estaría transmitiendo la idea y reflejando en la conciencia del ciudadano que el bien jurídico vida se está desprotegiendo legalmente. Y ello podría suponer un riesgo.

Por tanto, el fundamento del legislador, como digo, responde a cuestiones pragmáticas y no morales. Sin embargo, el propio legislador sí reconoce las connotaciones éticas, morales y de toda índole que conducen a una persona a acabar con la vida de quien así se lo solicita y por ello, estos supuestos extraordinarios encuentran con la actual regulación penal respuestas también extraordinarias, al poder considerarse, incluso, amparadas bajo una causa de inexigibilidad de un comportamiento distinto, a través del estado de necesidad exculpante. Se podría evitar, por tanto, que en estas circunstancias los sujetos fuesen sancionables penalmente.

Otra respuesta al conflicto, viene determinada en el propio tipo penal de la eutanasia: la rebaja de la pena en uno o dos grados, de tal manera que, al  no superar la pena los dos años de prisión, ésta se podría suspender, siendo esta posibilidad la que con mayor frecuencia se está aplicando por nuestros tribunales. Así, por un lado, el Estado no trasmite a la sociedad la idea de desprotección del bien jurídico vida y, por el otro, la persona que por motivos morales, éticos, en definitiva, humanos, acabe con la vida de aquel que, en un acto de absoluta libertad y conciencia, lo solicita, no cumpliría condena.

 

2. En materia de VIOLENCIA DE GÉNERO, ¿qué opinas a raíz de la polémica social suscitada en relación al caso de Juana Rivas?

 

Me preocupa la sinrazón del discurso “postjurídico” que se está llevando a cabo en la mayoría de los foros sociales. Me preocupa la incomprensión, los insultos, las presiones, la marabunta en definitiva, alentada y jaleada por nuestros gobernantes y pretendientes a serlo, que no solo entierran día tras día a Montesquieu sino que lo pisotean una y otra vez, demostrando de una forma aterradora su ignorancia política y evidenciando sus verdaderas tendencias absolutistas.

Todo maltratador debe ser castigado duramente y de hecho la regulación actual así lo dispone. Sin embargo, el clima social que estamos viviendo propicia que muchos hombres que jamás han maltratado a una mujer estén sufriendo consecuencias irreparables.

Cada vez se evidencia más la cantidad de denuncias falsas que se interponen por parte de mujeres que se han hecho fuertes gracias al aliento popular y político. Las estadísticas del CGPJ no reflejan la realidad. Solo contabilizan como denuncias falsas aquellos casos en los que se ha abierto un proceso al respecto y ha recaído condena firme para la que denunció falsamente. Y sabemos que la mayoría de los casos en los que esto sucede, lo único que se consigue es una Sentencia absolutoria para el supuesto maltratador por “faltas de pruebas”, sin solicitud de deducción de testimonio por parte de fiscalía. Pero en este caso,  Creo que si los fiscales hiciesen esto en todos aquellos casos en que se demuestre la denuncia es falsa, dichas estadísticas asustarían. El problema es que también se acabarían todos aquellos discursos populistas que están dando de comer a muchos.

Seamos francos: no se puede acabar con la violencia de género al igual que no se puede erradicar la delincuencia urbanística, patrimonial, sexual etc, pues el crimen es la otra cara de la sociedad y pretender su exterminio es una utopía que pugna con la normalidad del fenómeno criminal. El control de la criminalidad no justifica, en absoluto, leyes especiales que, en su desvirtuada aplicación, ponen en entredicho nuestro Estado de derecho, convirtiéndolo en un Estado en el que todo vale, en el que por el simple hecho de que una mujer refiera tener miedo se eche a su pareja de casa y se la etiquete ya no sólo de delincuente, sino lo que es peor: de maltratador o “cobarde”. ¿Cuántos de esos “cobardes” han maltratado realmente a su pareja? Quizá habría que preguntárselo (ahora ya, por fin lo reconocen) a los jueces, fiscales y fuerzas de seguridad  que día tras día presencian la tormentosa situación de muchos hombres que jamás han maltratado a su pareja, en vez de preguntárselo a periodistas, presidentas de asociaciones o oportunistas que hacen de la demagogia su minuto de gloria, convirtiendo la violencia de género en algo que excede de lo que objetivamente es: una parcela más de la criminalidad. Ni más ni menos, y como tal ha de ser tratada.

 

3.- Y de la Ley del Menor ¿qué opinas? En mi opinión es ineficaz, insuficiente y no disuade. No estoy en absoluto de acuerdo en la escasa penalidad que conllevan determinados hechos cometidos por auténticas bombas de relojería. El Problema es que cuando hemos llegado a tener que aplicar la Ley del menor es porque  han fallado todos los mecanismos de prevención primaria previos y necesarios para que un niño no acabe siendo un delincuente. Y eso no es función del Derecho penal. La prevención debe ser anterior.

Yo me llevo las manos a la cabeza cada vez que me preguntan ¿por qué? La típica pregunta que todos se hacen cuando un adolescente o un niño, “en apariencia” indefenso y del que erróneamente asumimos su intrínseca bondad por el hecho de ser niño, mata a sangre fría a  sus compañeros de instituto, a sus padres o hermanos. Inevitablemente, me vienen a la cabeza “angelitos” como Brenda Spencer que cuando, a los 16 años, le preguntaron por qué había cogido “su” rifle para liarse a tiros contra una escuela frente su casa (hirió a varias personas y mató a dos), contestó: “No me gustan los lunes. Lo hice para animarme el día, sólo fue por divertirme”.  Niños o adolescentes como José Rabadán, que con 16 años asesinó a sus padres y hermana con una catana, o Adan Lanza, que protagonizó la masacre de la Escuela Primaria de Sandy Hook, nos enfrentan a cuestiones cuyas respuestas son duras de asumir por una sociedad que no acepta el mal sin razones. Una sociedad que prefiere ignorar que la maldad existe en igual medida que la bondad y que ni siquiera los niños se libran de ella por el hecho de ser niños.

 

Pero regresemos al epicentro del problema, ¿por qué un menor de edad, en teoría, sin maldad, es capaz de asesinar? Algunos afirman que se debe a que tiene acceso a las armas. Se trata de un análisis simplista porque, en realidad, eso sólo responde a la siguiente pregunta: ¿podían hacerlo? Más allá del yermo debate acerca de las armas, de la seguridad, de la oportunidad, yo prefiero centrarme en la motivación. En las raíces, en este caso en las raíces del mal. Y lo hago, divagando, por ejemplo, acerca ya no de ese niño que fue Adam Lanza -dicen retraído, asocial, ausente, con problemas- sino de esos padres del niño retraído, asocial, ausente, con problemas. De esos y de todos aquellos padres que conocen perfectamente a sus hijos y saben, muy dentro de sí, y muy secretamente, que sus hijos se están convirtiendo en enfermos del alma, enfermos de la emoción. Pero no quieren creerlo, no quieren pensarlo, no quieren decirlo, no quieren calificarlo.

Reconozco que a mí tampoco me gusta hacerlo. ¿Para qué? Hasta el DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría American Psychiatric Association, APA, que contiene descripciones, síntomas y otros criterios para diagnosticar trastornos mentales) lo evita, suena mal, es un término condenado, criminalizado, a veces ciertamente sin razón pues en muchas ocasiones no se relaciona con delito alguno. Pero algo tendrá el término para que nos produzca tanto horror. Y sí, lo tiene. Es cierto que no todos los que son calificados como tales son asesinos, la mayoría ni siquiera delinquen ni entran en contacto con el Derecho penal. Tan solo amargan la vida de cuantos tienen a su alrededor. También es cierto que hay muchas clases de ellos y no todos con la misma sintomatología. Pero el distanciamiento emocional, la incapacidad para sentir empatía, la frialdad afectiva, la manipulación y la mentira son características que están presentes en todo diagnóstico al respecto. Cuando digo llana y sencillamente: “Es una forma de ser”, para evitar la confusión con la enfermedad mental, me llaman simple. Intento explicar las cosas de la manera más sencilla. También suelo decir al respecto algo tan sencillo como que hay personas capaces de pasar por encima del cadáver de su madre sin sentir ningún tipo de emoción interna. Es sencillo de entender y describe al personaje. Sin embargo, siempre hay quien prefiere perderse en palabras y explicaciones rimbombantes y peliculeras, incluso, huyendo de mensajes simplificadores. Pero volvamos a esos padres que quieren creer que su niño gritón, mentiroso, agresivo, egoísta, insensible, plano emocionalmente, que pega a sus hermanos y compañeros, que se frustra si no consigue lo que quiere, va a cambiar con la edad. Esos padres que pretenden que la falta de atención y el desprecio por el mundo y las personas que muestra su hijo sea una característica normal de la niñez. Padres que observan que cuando el niño va creciendo se va aislando, no se relaciona bien con sus iguales, su ira aumenta, su frustración ante las adversidades se acentúa y dicen: “Es la edad”. Esos padres que por su incapacidad para actuar, por su cobardía para asumir la realidad, están creando uno de esos que nos negamos a calificar. Uno de esos psicópatas.

Todos nacemos con un sustrato de personalidad determinado: nuestro temperamento, nuestro disco duro. Algunos son defectuosos desde el principio, otros se vuelven defectuosos con el tiempo, por diversas causas (los científicos hablan de disfunciones prefrontales,  sistema límbico, etc.) ¿Determinista? No, no lo soy. Precisamente abogo por neutralizar y no creo en la predeterminación y menos en la positivista. Pero hasta la corriente más sociológica de la Criminología acepta la confluencia de factores, aunque dándole más importancia, en coherencia con sus tesis, a los factores ambientales y sociales. Lo que pretendo decir es que por muy defectuoso que sea nuestro disco duro, si metemos programas de socialización, esos rasgos antisociales de temperamento no se convertirán en trastornos. La confluencia de factores biológicos y ambientales es un hecho. Por ello, es tan sumamente importante el ambiente, el entorno, la socialización y que a la más mínima señal de alarma padres y profesores llamen a las cosas por su nombre y busquen ayuda. Para no tener que acudir al Derecho Penal.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here