Doctrina constitucional sobre el art. 18.2 de la CE respecto de las personas jurídicas

En la sede de la empresa inspeccionada se encuentra un local arrendado a otra entidad, bajo contrato de arrendamiento de uso distinto de vivienda, siendo el derecho a la inviolabilidad del domicilio extensible a las personas jurídicas, aunque gozando de una intensidad menor con respecto a las personas físicas.

Cabe entender que el núcleo esencial del domicilio constitucionalmente protegido es el domicilio en cuanto morada de las personas físicas y reducto último de su intimidad personal y familiar. Si bien existen otros ámbitos que gozan de una intensidad menor de protección, como ocurre en el caso de las personas jurídicas, precisamente por faltar esa estrecha vinculación con un ámbito de intimidad en su sentido originario; esto es, el referido a la vida personal y familiar, sólo predicable de las personas físicas. De suerte que, en atención a la naturaleza y la especificidad de los fines de los entes aquí considerados, ha de entenderse que en este ámbito la protección constitucional del domicilio de las personas jurídicas y, en lo que aquí importa, de las sociedades mercantiles, sólo se extiende a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas, por constituir el centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la misma o servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento que quedan reservados al conocimiento de terceros.

No concurren las notas que caracterizan la condición de domicilio constitucionalmente protegido en el despacho arrendado, por más que fuera su sede social, ya que aquel despacho constituye un pequeño reducto situado en el interior del local donde tiene su sede la empresa inspeccionada,  del que no se ha acreditado más que su destino al servicio de la misma, y desde luego, se ha constatado que no es un espacio del que la arrendataria, haya constituido un espacio cerrado y con exclusión de terceros, para tener la custodia de su documentación y desarrollar en el mismo los aspectos propios de su gestión societaria o mercantil. De hecho, en dicho despacho, lleva la contabilidad de la inspeccionada y está integrado en la organización de la vida de dicha sociedad, pues tiene conocimiento de la identidad de los socios y apoderados, se comunica con todos los socios, es reconocido por el resto de los trabajadores y tiene conocimiento exacto del organigrama y estructura de la empresa, y la documentación incautada se refiere a la primera y no a la segunda.

Por todo ello, se trataba de un espacio sometido a la orden de investigación y el acceso fue autorizado por quién representaba a la sociedad que realmente tenía la disposición del despacho, no existiendo, por tanto, vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones consagrados en el art. 18.2 y 3 de la Constitución española.

Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal: 70372942

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