Derechos de españoles y británicos ante un Brexit sin acuerdo

De entre todas las iniciativas, Josep Borrell ha destacado, en especial, las que afectan a los intereses españoles en el Campo de Gibraltar y a los 9.000 trabajadores transfronterizos que cruzan a diario la Verja.

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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas de contingencia ante una posible retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin el acuerdo previsto en el artículo 50 de Tratado de la Unión. La norma solo entraría en vigor si se produjera esa retirada sin acuerdo.

La medida tiene como finalidad garantizar los derechos de los ciudadanos españoles y de los 300.000 británicos residentes en España, su seguridad jurídica, así como su protección en materia de Seguridad Social y asistencia sanitaria.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha recordado que el Parlamento británico votará en los próximos días si acepta el Tratado de Retirada, si sale de la UE sin acuerdo o si solicita una prórroga para decidir.

Borrell ha precisado que, en el caso de que el Reino Unido decida salir sin acuerdo, España aplicaría la norma aprobada hoy. El Real Decreto-ley, ha dicho, moviliza recursos humanos, normativos y materiales. Contempla actuaciones de carácter logístico, como la contratación de personas, con el fin de preservar los intereses de los ciudadanos españoles y británicos que “ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada” y “preservar el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y de los intereses económicos de España”.

Estas medidas, ha resaltado el ministro, “tienen carácter unilateral”, aunque están condicionadas a que Reino Unido garantice un tratamiento recíproco a los españoles resientes en su territorio y Gibraltar.

De entre todas las iniciativas, Josep Borrell ha destacado, en especial, las que afectan a los intereses españoles en el Campo de Gibraltar y a los 9.000 trabajadores transfronterizos que cruzan a diario la Verja.

El ministro también ha señalado que la norma regula el ejercicio de la actividad profesional y el acceso al empleo público. En relación con la asistencia sanitaria, Borrell ha revelado que las condiciones son “extremadamente generosas para que no haya una ruptura respecto a la situación actual”.

Además, se regulan el acceso a la universidad española de los alumnos procedentes de los sistemas educativos del Reino Unido o Gibraltar, las actividades económicas, los servicios financieros, el transporte terrestre y las aduanas, entre otros asuntos.

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