El Defensor del Pueblo alega cambios para la protección social de distintos colectivos

Durante el Pleno del Senado de la semana pasada donde el Defensor del Pueblo presentaba el Informe Anual del organismo ha reclamado un avance en la protección social de los colectivas más vulnerables económicamente.

A través de su intervención, el Defensor ha solicitado tramitar la acogida de inmigrantes con la creación de infraestructuras idóneas y la mejora de la colaboración entre las administraciones públicas.  Para afrontar esta situación cree que no sólo es necesario un control de las fronteras sino también de una “voluntad política, una dotación de recursos suficientes, una colaboración institucional y social imprescindible y ciertos cambios legislativos”. Con su visita a las instalaciones y centros que hay en España, la Institución formuló una serie de propuestas para atender a las personas que llegaron en pateras. Recalca que la situación en países africanos donde las condiciones de vida son insoportables ha producido un “efecto expulsión” del continente y que, por ello, “es lógico que quieran venir como sea a esta parte del mundo para intentar tener una vida digna”. Destaca que una de sus prioridades es garantizar la defensa de los derechos de los menores, reclamándola creación de un sistema de acogida para los niños y niñas con recursos suficientes para que su protección se extienda hasta los 18 años.

Otras preocupaciones ha sido la situación de la mujer con problemas como la brecha salarial o la violencia machista. Destaca que desde 2003, más de mil mujeres han sido asesinadas y cada año deja a muchos menores huérfanos. También la defensa de los derechos de las personas mayores es uno de los objetivos de la Institución. Considera como algo urgente la adaptación de un sistema social para una sociedad cada vez más envejecida. Esto, puede incluir, una serie de pautas de actuación en la atención social para ofrecer ayudas y ofrecer un modelo para que estas personas puedan estar el mayor tiempo posible en su entorno. Alerta de la situación de soledad que muchos mayores sufren.

Asimismo, insiste en la necesidad de revisar el actual modelo de copago farmacéutico para poder proteger a los colectivos vulnerables y que puedan acceder a cualquier medicamento. En esta línea, destaca los problemas de los centros penitenciarios españoles donde en muchos de ellos no hay un servicio de psiquiatría donde puedan conllevar una enfermedad mental. Solicita una red adecuada de recursos terapéuticos y asistenciales para atender a los internos. Considera adecuado, llevar una política activa de discriminación positiva para poder mejorar la situación de las mujeres internas en los centros penitenciarios.

Por último, concluye que otro problema es el mercado inmobiliario, en relación a los elevados precios de venta y la cifra baja de viviendas en alquiler. Esta segunda causa hace que sea poco accesible la vivienda a muchas personas, incluidos jóvenes. Según indica, el gasto público que se destina a ayudas para el acceso a la vivienda es reducido y que las disponibilidades de viviendas sociales de las administraciones territoriales son escasas.

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