CSIF exige una investigación completa y veraz de lo sucedido con LexNET

Para CSIF el problema fundamental es que el sistema de gestión procesal del Ministerio de Justicia con todos sus programas está obsoleto, es opaco y es tan cerrado que no permite la interoperabilidad. A esto se le debe sumar la doble brecha de seguridad detectada en LexNET en estos días, que nos es más que la punta del iceberg del grave problema que CSIF viene denunciando en materia de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.

Para CSIF es esencial que se realice una investigación en profundidad sobre lo sucedido y que se depuren todo tipo de responsabilidades dentro y fuera del Ministerio de Justicia.
Esa investigación debe ser transparente y sus conclusiones públicas porque todos los ciudadanos, especialmente, los afectados tienen derecho a saber con detalle qué ha pasado, porqué ha pasado, qué datos se han visto comprometidos y quienes son los responsables tanto del acceso como de no haber tomado las medidas necesarias para evitarlo. Teniendo claro que estamos hablando de dos tipos de problemas y de accesos a información: a los buzones de los usuarios del sistema y, por otro lado, a documentación sobre el funcionamiento de LexNET y otros programas usados en el ámbito de gestión tecnológica al que da soporte el Ministerio de Justicia.

Así, desde CSIF rechazan la falta de información clara y precisa ofrecida por el Ministerio de Justicia desde que se dio a conocer el primero de los problemas de seguridad. En segundo lugar, rechazan que este asunto se despache como si no hubiera sido nada calificando la parada de LexNET como una parada programada cuando, la realidad, es que se suspendió el servicio porque no se podía controlar el problema manteniendo el servicio. También consideran que se debe explicar porqué el día 31 de julio, cuando se decía que todo estaba resuelto, LexNET volvió a fallar en muchas sedes judiciales.

El futuro de Justicia Digital no puede imponerse como hasta ahora

Para CSIF estos dos graves incidentes ponen en tela de juicio las formas en las que se está implantando el proyecto de papel cero, ahora llamado, Justicia Digital. Es imprescindible que se paralice el proceso de implantación de Justicia digital al estar soportado por unas herramientas informáticas obsoletas que no están sirviendo para mejorar y agilizar la Administración de Justicia, sino al contrario, la hacen vulnerable y la ralentizan. A partir de ese momento hay que ponerse a trabajar en varios frentes:
En primer lugar, es necesario que se abra un debate transparente sobre el futuro de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia empezando porque el Ministerio comparta con todos el llamado Informe Gartner sobre el que ha basado su propuesta de un nuevo programa informático único para toda la Administración de Justicia.
Este informe ha sido duramente criticado por algunas CCAA que recibieron los traspasos de la gestión de medios personales y materiales de la Administración de Justicia, tanto por su conclusión que afecta al ámbito competencial propio de cada una de ellas, como por su contenido y justificación.
Para CSIF el debate entre si es mejor un programa único o varios programas que sean interoperables entre sí es falso pues la técnica permite uno u otro sistema y será la realidad la que nos indique hacia donde debemos ir. El sistema de gestión procesal único podría ser factible si, en su momento, la competencia sobre estos programas hubiera quedado en la esfera del Estado con la justificación de que, en realidad, son la cara “b” de las normas procesales comunes en todo el Estado. Una vez que se cedió las CCAA la competencia sobre la elección y desarrollo de los sistemas de gestión procesal intentar volver al programa único se antoja muy complicado por razones políticas pero también porque no se puede pedir a una Comunidad autónoma que aparque sin más un sistema de Gestión procesal que ha costado mucho dinero y tiempo implantar y que funciona por la promesa de un programa mejor que ni siquiera existe como versión beta. Y más cuando, como ocurre con tres sistemas en funcionamiento en Navarra, Cantabria y Canarias son los únicos de los que se utilizan en la Administración de Justicia que cumplen con todos y cada uno de los requisitos de interoperabilidad exigidos.
En segundo lugar, hay que abrir un debate sobre quién y cómo deben gestionarse los datos personales y judiciales recogidos en el o los sistemas de gestión procesal en relación con la independencia judicial. CSIF advierte que no se puede culpar al Ministerio, olvidando que hay CCAA que juegan el mismo papel que el Ministerio de Justicia en relación con los SGP y con los datos que se recogen a través de los mismos. Existen varias alternativas, pero en todo caso debe primar la transparencia de quién, cómo y dónde se gestionan estos datos así como los mecanismos de control de seguridad.
En tercer lugar, es imprescindible contar con el personal de Justicia sin exclusiones en el proceso de diseño, desarrollo e implantación de la Justicia Digital. Para asegurar el éxito de la implantación de la Justicia digital hay que alejarse de la imposición, la falta de formación y la falta de información para conseguir la implicación del personal de Justicia y abrir las mesas de negociación compartiendo información de forma transparente, planificando la formación adecuada y reconociendo el esfuerzo de adaptación y de cambio de formas de trabajar, tareas y funciones aprovechando al máximo el valor añadido que cada cuerpo puede aportar a esta nueva Justicia digital. Solo así se podrá evitar un mal uso de los programas que lleven a la corrupción de los datos o que aparezca la resistencia al cambio de forma generalizada.
Nada de esto se ha hecho hasta ahora, por este Gobierno y por los anteriores, por eso CSIF no ha cesado en denunciar la instrumentalización de la Justicia y de su modernización con meros objetivos publicitarios y electorales. Por esta razón, CSIF se ha levantado de los grupos de trabajo creados por el Ministerio para aparentar que sí se estaba haciendo algo.
Por todo lo anterior, CSIF exige responsabilidad a todos los agentes jurídicos para intentar que, de una vez por todas, se empiece a caminar hacia la Justicia digital desde la transparencia, la cooperación y el sentido común.

Fuente: Nota de prensa de Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

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