CONEDE se pronuncia con respecto a la prueba de acceso a la profesión de Abogado

 

 

Desde el Consejo Nacional de Estudiantes de DerechoCONEDE, a tenor de la celebración de la prueba de acceso a la profesión de abogado el pasado día 6 de abril, deseamos poner de relieve y aclarar diversas cuestiones de suma importancia al respecto.

 

En primer término, respecto a la reducción del contenido deontológico y el cambio en la forma de las preguntas del examen, nos encontramos en proceso de estudiar todas las preguntas para analizar si concuerdan con las materias expresadas en la orden de convocatoria de la prueba y, por tanto, si son acordes a los criterios recogidos en la normativa aplicable. En este sentido, nuestra voluntad -que será trasladada al Ministerio de Justicia y cuantas instancias resulten convenientes- es la de que se clarifiquen y concreten exactamente los límites de la materia en los apartados del temario a evaluar en la prueba, con la finalidad esencial de facilitar a los estudiantes su preparación.

 

En segundo lugar, respecto a la forma y redacción de muchas de las cuestiones, queremos mostrar nuestro más enérgico rechazo a las preguntas que han tenido una extensión fuera de lo razonable y, en muchos casos, ambiguas y carentes de una corrección formal y lingüística que debería resultar evidente en una prueba de este tipo. Esta falta de rigor a la hora de redactar las preguntas -que no debe solo atribuirse al Ministerio, sino también al resto de entidades que colaboraron en la redacción de la prueba- ha producido la desvirtuación total del examen de acceso y, por tanto, la alteración de las legítimas expectativas de todos los estudiantes examinados el 6 de abril.

 

Inicialmente, y de acuerdo con la normativa vigente, el examen se contempla como una prueba teórico-práctica de respuestas múltiples, sin embargo, y por lo anteriormente expresado, podría llegar a parecer que de este sorpresivo cambio en el planteamiento del examen resulta una vía de transformación del examen hacia una prueba plenamente práctica, realizándose esto de forma indirecta y sin tener en consideración a los estudiantes y al resto de la comunidad universitaria. Puede apreciarse en preguntas que, más que tipo test, resultan ser extensos casos prácticos con opciones de respuesta múltiple. Esto, por tanto, hace que esta institución, como entidad defensora de los derechos de los estudiantes de derecho se plantee la necesidad de recordar que la prueba debe ceñirse al temario publicado y la legislación debe ser cumplida en todo momento, ya que la inobservancia de los preceptos legales puede llegar a dejar sin efecto una prueba de estas características, de la que -conviene recordar- depende el futuro de miles de estudiantes. Es por eso que, ante las numerosas impugnaciones que, previsiblemente, se tramitarán por parte de los afectados, desde el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho, analizaremos las opciones legales que tienen todas las personas que han visto limitado de manera injustificada el acceso a una profesión liberal como es la abogacía. Estas opciones serán tratadas con todos los organismos pertinentes a fin de garantizar, en última instancia, el respeto por los derechos de los estudiantes -que creemos no se han garantizado el día 6 de abril.

Asimismo, este cambio sorpresivo solo puede entenderse desde la perspectiva de querer desincentivar a todos aquellos extranjeros que anualmente se examinan en España, produciendo esto, en primer lugar y como anteriormente se ha dicho, una limitación desmedida en el acceso a la abogacía y, en segundo lugar, la transformación del modelo de la prueba en una serie de casos prácticos con respuestas múltiples y con un temario amplísimo y no tipificado correctamente, lo que es, a todas luces, atentatorio contra las legítimas expectativas de los aspirantes.

Por todo esto, desde CONEDE consideramos absolutamente necesario revisar en profundidad el contenido y desarrollo de dicha prueba para asegurar -por los cauces jurídicos oportunos- el estricto cumplimiento de la normativa y la publicidad y clarificación del temario, como vías para garantizar los derechos de todos los aspirantes.

En otra línea de prioridades, respecto a la fuerte y -en ocasiones- desmesurada respuesta en redes sociales y medios de comunicación, deseamos, por un lado, poner de relieve la necesidad de hacer que imperen las vías diplomáticas en la resolución de este tipo de cuestiones, quedando CONEDE a total disposición de los afectados, a quienes se irá informando de los eventuales avances, a los que ya estamos representando como ente que tiene como fin primordial la mejora en las condiciones relativas a los estudiantes de Derecho y su acceso al mundo profesional. Conviene recordar, en este sentido, que la única institución legitimada para la representación y defensa de los intereses de los estudiantes de Derecho es CONEDE -como acredita la negociación de estas cuestiones con las instituciones pertinentes-. En este sentido cabe destacar que la generación de una alarma generalizada a través de información no contrastada solo produce perjuicios para los estudiantes afectados, generando a los aspirantes una inquietud innecesaria y una inseguridad inaceptable y de todo punto censurable.

 

Es por ello que deseamos trasladar un mensaje de tranquilidad ante los numerosos rumores, artículos periodísticos y mensajes carentes de fundamentación que tratan de hacer creer que la implantación de una prueba de acceso de tipo oral es inminente. Tales afirmaciones son rotundamente falsas, como puede deducirse de la situación política actual -con la celebración de unas elecciones generales muy próximamente- y como se evidencia ante la necesidad, en primer lugar, de reformar la Ley 34/2006 para su adaptación a la legislación europea y, posteriormente, de cambiar también el Reglamento de desarrollo de la citada Ley, debiendo darse estos dos últimos extremos con unas condiciones de consenso que tanto el Ministerio como los demás operadores jurídicos afectados han garantizado que se buscará en todo momento en pro de los estudiantes y el sistema de justicia.

 

Por todo ello, desde CONEDE reiteramos nuestra puesta a disposición, en primer lugar, de los afectados por los hechos citados y, en segundo término, del Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española, para la búsqueda conjunta de vías de resolución del conflicto y en aras de que el acceso a la profesión de abogado siga siendo libre, conforme a Derecho y consensuado con todos los operadores jurídicos involucrados.

Fuente institucional: CONEDE

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