Comentario a la Directiva 2017/1132 de 14 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos del Derecho de Sociedades

Por Lourdes Amigó de Bonet, abogada en Roca Junyent

Para entender la codificación que se realiza en la directiva que voy a comentar, hay que remontarse al año 2012, fecha en que la Comisión europea aprobó el plan de acción relativo al derecho de sociedades europeo y gobierno corporativo, con la intención de regular un marco jurídico moderno para una mayor participación de los accionistas y la viabilidad de las empresas, fijando una serie de líneas concretas de actuación en el ámbito del Derecho de sociedades y el gobierno corporativo, para garantizar nuevas mejoras en estos ámbitos. A modo de ejemplo cabe citar, en particular, iniciativas para fomentar el nivel de transparencia entre las empresas y sus accionistas, e iniciativas encaminadas a fomentar y facilitar la implicación a largo plazo de los accionistas y el apoyo a las empresas europeas, en su crecimiento y competitividad.

En lo que se refiere al Derecho de sociedades, las iniciativas propuestas se centraban particularmente en ofrecer más seguridad jurídica a las empresas, y garantizar que el marco de la Unión Europea en materia de Derecho de sociedades y gobierno corporativo contribuyera al objetivo de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

En línea con este plan, se ha aprobado la Directiva 2017/1132 de 14 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos del Derecho de Sociedades (la “Directiva”), que fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 30 de junio de 2017, y su entrada en vigor se prevé para el día 20 de julio de 2017.

La misma consta de 168 artículos, repartidos en 2 títulos, y 4 anexos. El título 1 tiene por objeto la regulación general, constitución y funcionamiento de las sociedades de capital, y el título 2 tiene por objeto las fusiones y escisiones de sociedades de capital.

La única finalidad de la Directiva es codificar en una sola norma las siguientes 6 directivas, que quedan derogadas con la entrada en vigor de la Directiva:

  • Sexta directiva 82/891/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y referente a la escisión de sociedades anónimas.
  • Undécima directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la publicidad de las sucursales constituidas en un Estado miembro por determinadas formas de sociedades sometidas al Derecho de otro Estado.
  • Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005 relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital.
  • Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades
  • definidas en el artículo 48, párrafo segundo, del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros.
  • Directiva 2011/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a las fusiones de las sociedades anónimas.
  • Directiva 2012/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, definidas en el artículo 54, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital.

En atención a lo anterior, la Directiva regula:

  • la coordinación de las garantías que, para proteger los intereses de socios y terceros, se exigen en los Estados miembros a las sociedades, en lo relativo a la publicidad, a la validez de las obligaciones contraídas por las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, y a la nulidad de dichas sociedades,
  • los requisitos de publicidad en relación con las sucursales constituidas en un Estado miembro por determinadas formas de sociedades sujetas a la normativa de otro Estado,
  • las fusiones de sociedades anónimas,
  • las fusiones transfronterizas de sociedades de capital, y
  • la escisión de sociedades anónimas.

De esta manera se pretende aportar certidumbre y seguridad jurídica, pues las mencionadas 6 directivas han sido modificadas en repetidas ocasiones, y así, los juristas solo deberán manejar el nuevo texto legal, aglutinador de las mismas.

Para una mejor interpretación, el Anexo 4 de la Directiva contiene una tabla en la que se incluye la correspondencia entre los artículos de las derogadas directivas y la nueva.

Cabe destacar, como hemos dicho anteriormente, que la Directiva únicamente codifica el contenido de las derogadas directivas, sin mejorar su contenido, ni incluir modificaciones sustanciales, pues simplemente incluye cambios formales. Es por ello que no se fija un plazo para su transposición, sino que el Anexo 3 se limita a recordar los plazos para la trasposición de las directivas que se derogan.

No obstante y, a pesar del ánimo codificador de la Directiva, cabe destacar que ésta es parcial, ya que no se ha incluido, entre otras, el contenido de las siguientes directivas que también regulan el derecho de sociedades:

  • Directiva 2007/36/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.
  • Directiva 2004//25/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición.
  • Directiva 2010/76/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por la que se modifican las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE en lo que respecta a los requisitos de capital para la cartera de negociación y las retitulizaciones, y a la supervisión de las políticas de remuneración.

En mi opinión, la codificación de éstas en la Directiva hubiera mejorado la efectividad de la misma al aportar más coherencia y unificación en la dispersa legislación europea. Entiendo que no se han incluido al no haber sido modificadas en tantas ocasiones como las directivas que sí se han aglutinado en la codificación; no obstante, eso no justificaría su no inclusión en la regulación pues, sin duda, la hubiera dotado de mayor contenido.

 

 

 

 

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