¿Cuándo empezamos a contar los plazos procesales, desde el traslado o desde la notificación? Ni siquiera en este punto hay unanimidad entre los profesionales de la Justicia. A continuación ofrecemos la opinión de tres expertos en la materia.

30/06/09

 DESDE EL TRASLADO.
Dr. RicardoYáñez Velasco. Juez 

 En esta materia es útil plantearse, de modo preliminar, la corroboración o no de la apuesta legisladora efectuada mediante el contenido del artículo 278 LEC, guiando con ello una interpretación de conjunto que soslaye el contenido literalmente incompatible de algún otro precepto de esa misma ley. En cierto modo ocurre esto en materia de recursos, particularmente en el de reposición. En sí mismo, el artículo 278 no deja lugar a dudas cuando afirma que el acto del que se haya dado traslado determina: la apertura de un plazo para llevar a cabo una actuación procesal, y que el plazo comenzará su curso sin intervención del tribunal. Por consiguiente, el órgano judicial no se activa para trasladar copias de los escritos y documentos a ellos anejos, y tampoco en orden a determinar el dies a quo del plazo (ya) abierto al resto de partes.
 Presupuesto ineludible de ese modo de computar reside en que todas litigantes se encuentren personados en la causa a través de procurador, sea este obligatorio o no; una parte que no lo estuviere sin ser preceptivo impedirá la aplicación del precepto. Conviene, sin embargo, excluir a los declarados rebeldes, que tras comunicárseles su rebeldía no recibirán otra notificación sino la de la resolución que ponga fin al proceso. Pues, carecería de sentido que hasta el dictado de esa resolución final el rebelde recibiera traslado alguno de los actos efectuados por otros litigantes, porque aun de no existir el art. 278 siquiera sería notificado por el tribunal de la decisión judicial consecuente con aquellos actos de las partes. De ahí resulta que el rebelde no será tenido en cuenta en lo que ahora interesa. No se olvide, por otra parte, que el traslado entre procuradores sólo puede operar si están comparecidos y, por consiguiente, si ya existe un procedimiento en curso, lo que elimina que, paralelamente al dicho traslado, entren en juego las normas de reparto de los arts. 68 y ss. LEC.
 El trámite del recurso de reposición contiene, expresamente, una consecuencia procesal derivada de su admisión por el juez: conceder al resto de partes, para su impugnación, un plazo de cinco días (artículo 453.1 LEC). No cambia las cosas el empleo de la forma impersonal (Admitido... se concederá...): sea el juez o fuese un traslado entre procuradores el que articulase esa concesión la misma sólo aparecería después de admitir, según ese tenor literal. Esta norma es especial (por circunscrita a ese tipo específico de impugnación; mientras, el art. 278, ubicado como disposición común a los procesos declarativos (Título I, Libro II), supone una norma general, siempre y cuando se cumpla el presupuesto antes mencionado. De ahí que, en principio, parece debiera prevalecer el art. 453.1 por especialidad y suponer una excepción al cómputo de plazos por traslado entre procuradores ex art. 278. El particular supondría que la regla del cómputo de plazos sin intervención del tribunal quedaría seriamente vaciada, sólo viable en aquellos supuestos en los que el tribunal no toma una decisión relativa a la procedibilidad. Naturalmente, a salvo quedaría el ahorro de tareas burocráticas relativas al traslado físico de las copias de escritos y documentos (art. 276 LEC), pero la activación del art. 278 se reduciría hasta convertirse en norma residual, de mera recogida. En efecto, debe pensarse que en la inmensa mayoría de supuestos la sucesión de plazos no es automática sino que el tribunal actúa de algún modo en el devenir procedimental (aunque sólo lo fuera a efectos del art. 31.1 i.f. LEC). Y si tenemos en cuenta la Exposición de Motivos de la LEC y el alcance extensivo que el legislador pretende con el art. 278, concluiríamos en una seria contradicción con la pretensión de eliminar los tiempos muertos para agilizar el proceder, pues aunque seguiría suprimida una tarea burocrática (el traslado), los plazos computarían a partir del día siguiente al que se recibe la notificación de la resolución judicial que abre el incidente, la cuestión, un particular debate impugnativo o la audiencia del resto de partes para resolver alguna solicitud. Porque casi siempre es una norma procesal particular la que regula los concretos actos que propician la actividad procesal del litigante.
Surge una distorsión cuando el trámite iniciado convoca a un sujeto que no había sido parte hasta entonces y que, de haberlo sido, tampoco hubiera recibido traslado en virtud del art. 278: el Ministerio fiscal igual que para el Abogado del Estado o letrados públicos análogos. Nótese que, en otros supuestos (la intervención del tercero, por ejemplo), el acto procesal que plantea el debate escapa, en puridad, a las reglas de cómputo del art. 278, precisamente porque pueda originar la primera comparecencia en juicio (art. 276.3). Sería interesante profundizar en este tipo de casos para concluir en que las partes ya personadas podrían trasladarse entre sí los escritos pertinentes y el tribunal ocuparse de la comunicación oportuna a ese nuevo sujeto (el tercero, en el ejemplo), precisando de las correspondientes copias de la parte instante, aportadas directamente al tribunal. Esto nunca ocurrirá con el recurso de reposición que ocupa analizar, por lo que habrá que reservar la cuestión para otro momento. Con respecto al Ministerio fiscal o letrados públicos el primero, salvo excepciones, parte en sentido propio, con independencia de ciertos privilegios procesales se orilla la hipótesis del art. 276 por resultar técnicamente inviable; de ahí que no pueda tenérseles en cuenta a esos efectos, correspondiendo al tribunal la comunicación y traslado de copias pero no el traslado físico o material de la causa toda, y que lamentablemente tiene lugar en algunos juzgados generando habitualmente una enorme dilación, obviamente indebida, porque el fiscal no suele ser consciente de la preclusión que también le afecta ni el tribunal aplica el art. 136 LEC y sus concordantes.
Desde la perspectiva sistemática, sin embargo, lo que acaba de exponerse muestra un argumento para contrarrestar el carácter especial del art. 453, y es la excepción recogida en el mismo art. 276.3 (que el acto procesal no genere primera comparecencia en juicio) y que impide el funcionamiento del art. 278. De modo que frente a una excepción casi total a la aplicación de este último la derivada de que el juez tenga que admitir, como ocurre con el recurso, la propia norma muestra una excepción y, con ello, a nuestro modo de ver limita cualquier otra excepción y la preeminencia de una norma específica en contra de la regla de cómputo del art. 278. Y a lo anterior ha de sumarse el fin teleológico la agilización del trámite y la más pronta solución de los litigios conjugado con la expresa intención legisladora, no en vano se incide especialmente en ello tanto en la Exposición de Motivos de la LEC como en diferentes normas que a lo largo de su texto ahondan en el impulso procesal y la celeridad, entre otros aspectos, para fructificar en una tutela judicial pronta y eficaz.
Todo lo anterior inclina a concluir en la preeminencia del art. 278 sobre el art. 453, y los mismos argumentos son válidos en relación con el recurso de apelación y el art. 461 LEC, donde sin embargo se introduce algo más, pues se contiene, precisamente, el traslado junto con el emplazamiento: ...se dará traslado a las demás partes, emplazándolas por diez días. La redacción gramatical concretamente el gerundio empleado implica que el emplazamiento se anuda al traslado y que, por tanto, ambas cosas tienen lugar al mismo tiempo. Despejando lo inútil de dos traslados el efectuado entre procuradores y el que haría el tribunal, el emplazamiento no deja de ser el establecimiento de un plazo, al igual que ocurría con la reposición. Sin embargo, la redacción varía sustancialmente del art. 453.1, y ello porque el recurso de apelación ya habrá sido admitido y, del mismo modo que ocurre en el art. 461.4 LEC (...se dará traslado al apelante principal para que en el plazo de diez días...), la forma impersonal permite sostener que no tiene que ser el tribunal, precisamente, quien se ocupe de trasladar las copias de los escritos presentados y, consecuentemente, tampoco de emplazar a nadie que ya lo esté a través del traslado de copias (arts. 276 y 278). Es claro que no existe en la apelación el mismo escollo de redacción observado para el trámite de la reposición que por otra parte no incorporaba traslado alguno: en éste el plazo de cinco días se daba una vez admitido a trámite, pero en la apelación el art. 461 sólo se aplica cuando el recurso ya está preparado, su admisión ha sido dictada por providencia y ha sido presentado escrito de interposición. Nada impide, pues, servirse de la redacción impersonal del precepto para entender que el traslado es uno y único, previo a la presentación del escrito en el tribunal, y que el emplazamiento o inicio del cómputo del plazo ya comenzó desde el traslado de copias, de conformidad con el art. 278. El art. 485 LEC contiene elementos tanto de la reposición (la admisión) como de la apelación (el traslado), pero sus particularidades excederían este comentario.
Retomando la preparación del recurso de apelación, nótese que es perfectamente válido el traslado entre procuradores, sin mediar ningún trámite de alegaciones de los litigantes no recurrentes. También se advierte un emplazamiento, pero esta vez corresponde a quien presenta el recurso (art. 457.3 LEC), de modo que el cómputo por traslado previo (art. 278) no puede entrar en funcionamiento porque, claro está, atiende a las partes que reciben las copias entregadas (art. 278), es decir, nunca a la propia parte (sería un absurdo monumental computar plazo alguno por traslado a uno mismo del escrito presentado). En este caso el recurrente ha de esperar la resolución de admisión del juzgador, quien evidentemente le emplazará por veinte días si admite la preparación, tiempo a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución de admisión; sin olvidar que el resto de partes nada podría hacer porque la providencia que admite la preparación es irrecurrible (457.5 LEC) y el auto que la inadmite (art. 457.4 LEC) sólo plantearía gravamen contra el recurrente. El particular vuelve a facilitar la aplicación del art. 278 en la apelación más fácilmente que con relación a la reposición, y ello porque además de lo ya indicado sobre la redacción impersonal del art. 461, la apelación no se admite dos veces: si quien preparó el recurso no lo interpone en veinte días, o incumple lo preceptuado en el art. 459 LEC, se declarará desierto.
La técnica legislativa empleada en la redacción del art. 453 LEC es inadecuada porque su literalidad pugna irremediablemente con un cómputo de plazos iniciado antes o, con mucho, al tiempo de dictarse la resolución de admisión. No obstante hemos visto cómo ese concreto inconveniente no tiene lugar respecto de la apelación, lo que nuevamente aporta un argumento sistemático a favor del cómputo de plazos por traslado de copias en la reposición, pues a fortiori se recoge en un recurso de más entidad como es el de efecto devolutivo.
Inconveniente obvio es que, dada la preclusión de los plazos, las partes que reciban el traslado deberán presentar sus propios escritos con igual traslado de copias antes de saber si el recurso ha sido admitido. Y esto ocurre tanto en la reposición como en la apelación; incluso, podrán efectuar alegaciones defendiendo la inadmisión. El juzgador puede resolver en el mismo momento que reciba el escrito de interposición del recurso (sea reposición, sea apelación) o al momento de recibir la impugnación a la apelación. Pero si no tuviera lugar tal inmediatez común en la práctica, nada impediría que al estudiar la admisión de la interposición de la reposición o de proseguir el trámite a quo de la apelación (respecto de la interposición de ésta o su impugnación) el juez ya disponga de los escritos (de impugnación a la reposición o a la apelación, de oposición a la apelación, o de oposición a la impugnación a la apelación), y de ese modo pueda sopesar todos los argumentos elaborados por las partes sobre la cuestión, enriqueciendo la motivación que proceda. Si finalmente se acordara la inadmisión de la reposición o se declarase desierta la apelación, se afrontará la eventual inutilidad de la labor desplegada por el resto de partes.
En primer lugar, cuando el juez haya tenido a disposición todos los escritos indicados, es posible justificar su influencia en una decisión judicial de esa índole (inadmisión de la reposición, apelación desierta), a sabiendas de que no hará falta oír a la parte contraria para resolver (igual que ocurre con el 457.3, o con el art. 228.1 III LEC). Única particularidad: si computa el traslado de copias y se emite impugnación u oposición antes de recibir notificación del tribunal sobre resolución que aborda la interposición del recurso de reposición o apelación (o su impugnación, en la apelación), se desconocerá cuándo fue presentado al tribunal el escrito previamente trasladado entre procuradores y, así, si está en plazo: sólo se sabría sobre su extemporaneidad si a fecha del traslado ya se encontrase fuera de plazo de presentación ante el tribunal (contando con el art. 135.1 LEC).
En segundo lugar, debe reconocerse que, aunque los profesionales actuantes tienen la curiosa costumbre de apurar al máximo los plazos, también suelen presentar sus escritos a tiempo y normalmente cumpliendo, además, los requisitos formales adicionales. Y si los recursos son admitidos el riesgo práctico presentado decae sin remedio.
Por último, cuando efectivamente se advierta que el escrito presentado por el recurrido refiere exclusivamente al fondo de la cuestión objeto del debate impugnativo que nunca tendrá lugar, asistiremos a un precio relativamente insignificante en relación con el acortamiento de los tiempos muertos que guían al legislador en la construcción del art. 278. Otra cuestión la tardanza del juez en resolver, penosidad procesal que no dependerá del traslado de copias ni de la preclusión de plazos para las partes. Naturalmente deberá tenerse en cuenta que si el fondo del recurso no se resuelve dictando una decisión a la que se anuden costas por vencimiento, no puede esquivarse que las partes recurridas también tienen derecho al cobro de las costas generadas el vencimiento no deja de existir, en puridad, si el recurso se inadmite por no poder considerar inútil o superflua la actuación del procurador (y en su caso del abogado).
No es posible extendernos más en las múltiples particularidades que se suscitan, pero es básico subrayar que, dada la importancia del cómputo operado por el traslado de copias y los efectos preclusivos de los plazos así contabilizados, no cabe desvirtuar los sistemas establecidos en la comunicación procesal, particularmente en cuanto a la sala de recepción de notificaciones (y de las copias de escritos y documentos que sean entregados por los procuradores para su traslado) del Colegio de Procuradores (art. 28.3 LEC, en relación con el art. 272 LOPJ). Si bien compete a este organismo colegial establecer el calendario de días y horas en que funciona dicha sala (en relación con el art. 81.ñ de su Estatuto, RD 1281/2002) y que tendrían que comunicarse a los tribunales mensual o anualmente, la entrada en esa sala, de cualquier notificación o copia de escrito o documento, impone el sellado el día en que se recibe no el siguiente como a veces ocurre, lo que por demás supone delito de falsedad documental por alterar elemento esencial (la fecha) al posdatar. Con respecto a las notificaciones de resoluciones judiciales es de aplicación el art. 151.2 LEC, teniendo en cuenta que el art. 28.3 menciona que la comunicación en ese servicio surtirá plenos efectos. Un ejemplo: el lunes 1 se entrega y se sella (con fecha del lunes día 1, obviamente), el martes 2 se entenderá efectuada la notificación al procurador destinatario (es ficción legal, no importa que efectivamente la haya recibido) y el plazo que corresponda contará desde el miércoles 3, inclusive. El legislador ha valorado, pues, que aunque conste la fecha de recepción en lunes (siguiendo el ejemplo), como puede sellarse tanto a primera como a última hora de ese día, es posible que no sea factible la recepción del procurador destinatario ese mismo día aunque éste pase a diario por esa sala, de manera que la LEC pospone la consideración formal de la notificación al día siguiente (martes en el ejemplo), en el que se encontrará la notificación desde primera hora, siendo el miércoles el primer día de plazo. Si la comunicación es directa e individual al procurador por ejemplo en el mismo tribunal o por medios técnicos (art. 135.5 LEC) el cómputo comenzará el día siguiente al de la notificación (art. 133.1 LEC). Cuando no se trata de una notificación del tribunal sino de un traslado entre procuradores, el art. 278 parece eludir la regla antes expuesta porque expresamente impone computar desde el día siguiente a la fecha de recepción de copias. Creemos, sin embargo, que como se actúa a través del mismo servicio de recepción del Colegio de Procuradores, la motivación expuesta no puede cambiar y, también, debe aplicarse el contenido del art. 151.2. Recuérdese, para finalizar, que donde no existe un servicio común de notificaciones (art. 163 LEC, no confudir con el previsto en el art. 28.3, aunque ambos se recogen en el art. 272 LOPJ), tampoco puede actuar ningún secretario u oficial habilitado que selle las copias aportadas por los procuradores que cuando sí actúa tampoco las verifica con el original para que se presenten con tal diligencia de fecha y hora en el servicio de recepción del Colegio de Procuradores y, de éste, vayan al tribunal destinatario. En esos casos los procuradores efectuarán el traslado en la sala del art. 28.3 y luego presentarán los originales con el sello del Colegio que justifica el traslado en el tribunal al que van dirigidos, que no los debe admitir sin esa constancia de traslado previo aunque podría coincidir la fecha si todo se hace el mismo día por orden del art. 277 LEC. No podrá cumplirse, pues, lo previsto en el art. 276.2 LEC porque no estaría activado lo previsto en el citado art. 163 (precepto éste que no es de cumplimiento obligatorio, a diferencia de la sala establecida en el art. 28.3).

DESDE LA NOTIFICACION DEL JUZGADO.
Efraín Fernández Martinez. Secretario Judicial.
Uno de los numerosos propósitos y además confesado de la Ley de Enjuiciamiento civil 1/2000 (en adelante LEC), es el de eliminar tiempos muertos en la tramitación del proceso. La exposición de motivos alude de manera explícita en el apartado IX a esta idea, con las siguientes palabras:

Y se pretende que, en su propio interés, los litigantes y sus representantes asuman un papel más activo y eficaz, descargando de paso a los tribunales de un injustificado trabajo gestor y, sobre todo eliminando <<tiempos muertos>>, que retrasan la tramitación.
Pieza importante de este nuevo diseño son los Procuradores de los Tribunales, que, por su condición de representantes de las partes  y de profesionales con conocimientos técnicos del proceso, están en condiciones de recibir notificaciones y de llevar a cabo el traslado a la parte contraria de muchos escritos y documentos.

En consonancia con la Exposición de Motivos, el novedoso art. 276.1 de la LEC dispone:

Cuando todas las partes estuvieren representadas por Procurador, cada uno de estos deberá trasladar con carácter previo a los Procuradores de las restantes partes  las copias de los escritos y documentos que vaya a presentar al Tribunal.

Es decir impone una carga procesal al Procurador, que consiste en acreditar que el escrito y /o documento que presenta ha sido recibido por las demás partes.
Obsérvese que la ley no dice a la parte contraria sino a las restantes partes.
El matiz resulta importante porque conlleva la obligación de trasladar el escrito incluso a los colitigantes, se hallen en la posición demandante o demandada y siempre que cuenten con representación propia.

A renglón seguido, en el art. 278, que se titula Efectos del traslado respecto del curso y cómputo de plazos, el texto procesal establece:

Cuando el acto del que se haya dado traslado en la forma establecida en el art. 276 determine, según la ley, la apertura de un plazo para llevar a cabo una actuación procesal, el plazo comenzará su curso sin intervención del tribunal y deberá computarse desde el día siguiente al de la fecha que se haya hecho constar en las copias entregadas.

Este artículo ha dado lugar a interpretaciones contradictorias en relación con los recursos. En efecto, la cuestión más polémica estriba en si es necesario  que el tribunal se pronuncie sobre la admisión a trámite del recurso de que se trate o si las partes a las que se haya dado traslado ex art. 276 del recurso han de entender abierto el plazo de impugnación u oposición al día siguiente de recibir la copia del recurso sin esperar a resolución alguna del tribunal.

 

En un primer momento, y dados los términos categóricos en los que se expresaba la Ley, no fueron pocos los Juzgados de Primera Instancia que se inclinaron por interpretar el artículo en la segunda opción de las que se manejan en el párrafo anterior, es decir, las partes deben considerar que el cómputo del plazo para responder impugnar, oponerse- al recurso de que se trate, se inicia al día siguiente del traslado de copias.

Sin embargo,  pronto se advirtió que esta rigurosa interpretación producía algunas consecuencias imprevistas y entre ellas la de qué hacer en aquellos casos en los que el tribunal acababa por no admitir a trámite el recurso preparado o interpuesto.
En estos casos resultaba que la parte a la que se hubiera trasladado el recurso y hubiera respondido al mismo incurría en una actuación superflua, que además, y esto es importante, genera costas.

Con el paso del tiempo, y aunque no existe todavía Jurisprudencia del Tribunal Supremo, aunque sí jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales,  se ha ido imponiendo la tesis de que entre el recurso y la respuesta de las otras partes debe mediar una resolución judicial que admita a trámite el mismo y abra formalmente el plazo para contestar, impugnar u oponerse al mismo.
Esta interpretación se basa en la literalidad del propio artículo 278 LEC, que dispone que el acto determine, según la ley, la apertura de un plazo  No parece que en los recursos, la ley determine la apertura de un plazo sin que antes el tribunal examine los requisitos de tiempo y forma al que todos ellos están sujetos. Así,  el de reposición viene delimitado por un plazo de cinco días desde la notificación de la resolución y la necesidad de expresar la infracción en que la resolución hubiere incurrido. Otro tanto ocurre con los de apelación y casación.
Pero además hay que añadir que  esta interpretación es la más conforme con el criterio sistemático de interpretación, pues el art. 453.1 LEC, dedicado especialmente a la cuestión, señala que Admitido a trámite el recurso de reposición, se concederá a las demás partes personadas un plazo común de cinco días para impugnarlo, si lo estiman conveniente y los arts. 461.1 y 485 del mismo texto disponen lo mismo para los de apelación y casación respectivamente.
¿Supone esto dejar vacío de contenido el art. 278 LEC?. En absoluto. El artículo está pensado para otros casos, que exceden de este artículo de opinión. A modo de ejemplo, el plazo al que alude el art. 818.2 LEc, comienza a correr sin intervención del tribunal, y también puede ocurrir en los casos de oposición a la ejecución de los arts. 559 y 560 LEC y los supuestos de tercerías recogidos en los art. 596 y 615 de la misma norma.

En definitiva, y en lo que atañe a los recursos, cabe concluir que la apertura del plazo para impugnar, alegar u oponerse se inicia al día siguiente de notificada la resolución, generalmente una providencia, por la que se da traslado formal del recurso formulado.

DEPENDE (RECURSOS u OTRA ACTUACION). Isabel Fernández Boya. Abogada. Rodríguez-Quiroga Abogados

Una de las novedades (entre las muchas) de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que más dudas planteó en su aplicación práctica al inicio de su entrada en vigor, es la relativa a que se encomienda a los Procuradores el traslado a las demás partes de las copias de los escritos y documentos que se presentan.

En concreto, según dispone el artículo 276 de la LEC, cuando todas las partes estén representadas por Procurador, cada una de éstas deberá trasladar con carácter previo a los Procuradores de las restantes partes las copias de los escritos y documentos que vaya a presentar al Tribunal.

Y dicha exigencia de traslado a través de los Procuradores se aplica en todos los casos en que las partes estén representadas con dicho profesional (aunque su intervención no sea preceptiva), con la excepción del traslado de la demanda o de cualquier otro escrito que pueda originar la comparecencia en juicio, tal y como establece el apartado 3 del mismo artículo 276. Es de destacar, además, que los Procuradores deben efectuar el traslado a todas las demás partes, es decir, no sólo a la que ocupa la posición contraria, sino también a los colitigantes, siempre que estén representados con Procurador.

Pero sobre todo deben resaltarse las dos importantes consecuencias que en la Ley se anudan al régimen instaurado de traslado de escritos y documentos cuando todas las partes ostentan la representación a través de Procurador:

- En primer lugar, en el artículo 277 se dispone que no se admitirá la presentación de escritos y documentos si no consta que se ha realizado el traslado a las demás partes personadas.

- Y en segundo lugar, el artículo 278 dispone textualmente que cuando el acto del que se haya dado traslado en la forma establecida en el artículo 276 determine, según la ley, la apertura de un plazo para llevar a cabo una actuación procesal, el plazo comenzará su curso sin intervención del Tribunal y deberá computarse desde el día siguiente al de la fecha que se haya hecho constar en las copias entregadas.

Nos centraremos en este caso en la cuestión relativa a los efectos del traslado respecto al cómputo de los plazos, que es la que se nos ha sometido a consideración, dejando aparte la primera consecuencia a que hemos hecho referencia, no obstante sus indudables consecuencias prácticas de gran trascendencia, puesto que el incumplimiento de la carga procesal del artículo 276 de la LEC está sancionada con la rigurosa sanción de la inadmisión.

Por lo que respecta a los efectos del traslado en el cómputo de los plazos, atendiendo al tenor literal del artículo 278 de la LEC, parece deducirse ab initio que en todos los supuestos el traslado de copias de escritos y documentos determina el inicio del cómputo del plazo procesal correspondiente (que se contaría al día siguiente de recibir la copia del escrito de que se trate), sin necesidad de que recaiga la pertinente resolución del Tribunal dando traslado o emplazando a las partes.

Y el sistema, así contemplado, es patente que posibilita una mayor agilidad y celeridad en la tramitación de los procedimientos judiciales, que en la Exposición de Motivos de la LEC se erigía como objetivo del nuevo sistema instaurado, ya que obliga a los profesionales del Derecho que actúan en interés de la parte (Abogados y Procuradores) a una pronta respuesta a los escritos de los demás litigantes, sin esperar a que por el órgano judicial se nos confiera el oportuno traslado.

Ahora bien, el automatismo en la aplicación de este precepto, entendiendo que resulta aplicable a todos los plazos procesales (con la única excepción de los supuestos previstos en el apartado 3 del propio artículo 276) podría dar lugar a que se efectuaran actuaciones procesales inútiles y superfluas, como puede acontecer en aquellos casos en que sea necesaria una decisión judicial declarando expresamente la admisibilidad del acto procesal de que se trate.

Piénsese en el caso de que las partes no recurrentes presenten escrito impugnando el recurso del que se le hubiera dado traslado dentro del plazo legal oportuno contado desde el siguiente al traslado, y posteriormente, una vez presentadas por todas las partes los correspondientes escritos, el Tribunal decidiera inadmitir dicho recurso por no cumplir los preceptivos requisitos de tiempo y forma. Es obvio que, en ese caso, los escritos de las demás partes devienen innecesarios.

 

Precisamente en materia de recursos, y aun cuando no podemos obviar que existen opiniones discrepantes, el cómputo de los plazos para impugnar u oponerse al recurso de que se trate no se efectúa a partir del traslado efectuado por el Procurador de la parte recurrente, sino que debe mediar una previa resolución judicial de admisión a trámite del mismo.

Y no sólo razones que podríamos calificar de índole práctica (a las que hemos hecho anteriormente referencia) avalan lo anteriormente expuesto, sino que el propio tenor literal de la LEC permite acoger la interpretación expuesta. Así, el artículo 453.1, relativo específicamente al recurso de reposición, establece expresamente que "Admitido a trámite el recurso de reposición, se concederá a las partes personadas un plazo común de cinco días para impugnarlo, si lo estiman conveniente". De dicho artículo se deduce que es necesario que recaiga resolución admitiendo a trámite el recurso, cuya notificación es la que abrirá el plazo para impugnar u oponerse al mismo, ya de si se entendiera aplicable en este caso el artículo 278 entendemos que no se habría dispuesto expresamente que "se concederá a las partes un plazo", puesto que el inicio del plazo ya vendría determinado por el traslado sin necesidad de "concesión" del mismo.

Y lo mismo establecen los artículos 461.1. y 485 de la LEC para los recursos de apelación y casación, respectivamente.

Además, en contraposición a la regulación que en materia de recursos se establece sobre la cuestión que nos ha sido planteada, sí resultan del texto de la propia LEC otros casos en que de forma patente los plazos empiezan a correr sin la intervención del Tribunal, pudiendo citar a título de ejemplo el artículo 379.2 (oposición a la tacha de un testigo) o el artículo 560 (en materia de oposición a la ejecución).

Y amparando la interpretación que estamos acogiendo cabe citar resoluciones de Audiencias Provinciales. Así, a modo de ejemplo, la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Cuarta, en su Auto de 4 de Junio de 2.001, establece que del claro tenor literal del artículo 276 "no puede deducirse, en modo alguno, que la entrega de la copia determine el inicio del cómputo de todo plazo procesal - cuando todas las partes se encuentren representadas por Procurador-, pues ello sólo ocurrirá cuando, conforme a la ley, la apertura del plazo para realizar la actuación procesal venga determinada precisamente por la realización del acto procesal de parte del que se da el traslado. Así ocurre, por ejemplo, respecto del plazo para deducir oposición a la tacha de un testigo formulada por la contraparte, previsto en el artículo 379-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil", concluyendo en el Fundamento de Derecho Tercero que "el plazo para deducir oposición al escrito de interposición de un recurso de apelación o, en su caso, para impugnar la resolución apelada en lo que resulte desfavorable, deriva del acto procesal del órgano judicial emplazando a las demás partes por diez días - como cabe inferir del tenor literal del artículo 461 de la LEC-, y no del acto procesal de parte de interposición del recurso. Por tanto, será la notificación de la resolución judicial que acuerde tal emplazamiento la que determine la apertura de aquel plazo procesal".

En conclusión, el artículo 278 de la LEC supone la norma que podríamos calificar de general respecto a la apertura del plazo para llevar a cabo una concreta actuación procesal, apertura que tiene lugar sin necesidad de intervención judicial, si bien dicho precepto no resulta de aplicación en el régimen de recursos establecido en la propia Ley Procesal Civil, donde se exige una previa decisión del órgano judicial en que se hayan examinado los presupuestos de admisibilidad del recurso de que se trate, siendo la notificación de dicha resolución la que determina el inicio del plazo para la formulación de la impugnación u oposición al recurso de que se trate.

 

 

 

 

 

 

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